Se necesita ser muy cínico y hacerse el de la oreja mocha para seguir insistiendo, en contravía de los aberrantes hechos que rodean el accionar del Ejército y la Policía Nacional, que estas instituciones no necesitan cambios y reformas profundas. Una ligera mirada al gobierno de Duque muestra un inventario de violencia, irrespeto a los derechos humanos y brutalidad policial sin parangón.

La JEP precisa que ha encontrado 6.402 casos de “falsos positivos”, es decir, de jóvenes asesinados para cumplir el número de bajas que exigían sus superiores a cambio de permisos, compensaciones económicas y vacaciones. Bombardeo de campamentos donde estaba comprobada previamente la presencia de niños y niñas menores de edad, llamados después de muertos “máquinas de guerra” por el ministro de Defensa, atrocidad que no hubiera conocido la opinión pública de no mediar un extraordinario debate en el Congreso dado por la bancada de oposición. Asesinato a sangre fría en Bogotá por el ESMAD, en noviembre del 2019, del joven Dylan Cruz, estudiante de bachillerato, quien participaba en una protesta pacífica como comprobaron grabaciones y videos dados a conocer por los medios y decenas de transeúntes. Muerte a golpes dentro de un CAI, por policías adscritos a este sitio, del estudiante de derecho Javier Ordoñez en septiembre de 2020. Ante la justa protesta ciudadana por el crimen de Javier, la brutalidad policial cobró la vida de una docena de personas en Bogotá y Soacha, muertos a bala, lo que motivó no el rechazo del presidente Duque sino que éste saliera uniformado como los asesinos, a visitar los CAI y ofrecer respaldo a los culpables. Siete jóvenes, que estaban detenidos en una estación de policía de Soacha, murieron incinerados ante la indiferencia de sus guardianes y los gritos desgarradores de sus familiares. El inventario de muertes, desaparecidos, heridos, mutilados, víctimas de violencia sexual en las movilizaciones del Paro Nacional que inició el 28 de abril, es ampliamente conocido y escandaloso a los ojos de los demócratas y la comunidad internacional, tanto así que motivó una solicitud de visita especial de la CIDH, que el gobierno negó rotundamente hasta que la presión internacional lo llevó a recibir a sus visitantes no deseados.  

En el plano internacional, el panorama no es distinto. Abierto respaldo a un ridículo intento de invasión marítima a Venezuela, con un grupo mercenario dirigido por un aventurero gringo, que partió en dos lanchas desde La Guajira, con apoyo de clanes mafiosos, a “liberar” al hermano país de la presencia de Maduro; fracaso estruendoso que aún no ha sido explicado por el Gobierno Nacional. Fantasiosos inventos de la inteligencia oficial sobre supuestos “complots” contra Colombia orquestados por los gobiernos de Cuba y Rusia, que ocupan titulares de prensa por un día y nadie vuelve a hablar de ellos. La prensa internacional destacó la presencia de decenas de mercenarios colombianos, militares retirados decía la información, contratados por los Emiratos Árabes para participar en la invasión a Yemen. Y, no podía faltar la cereza del postre, 26 exmilitares que conformaron un comando armado para asesinar al presidente de Haití, una vez cometido el crimen, fueron capturados por la Policía de ese país. Ahora dicen algunos políticos de Haití, como si esto exculpara a los exmilitares colombianos, que no eran sicarios para asesinar al presidente, sino paramilitares para custodiarlo.

¿De qué se trata en el fondo? De que las fuerzas militares y de policía han sido formadas históricamente en la cultura del enemigo interno, cultura antidemocrática, que debió quedar totalmente relegada con la firma de la paz, que señala que la misión de soldados y policías no es preservar los derechos de todos sino los del gobierno y de un selecto grupo de “gente de bien”, que considera los Acuerdos de Paz la mayor de las ofensas y de las traiciones. Por ello, les parece natural que civiles, ante sus ojos, disparen a manifestantes, intimiden con poderosas armas de fuego a quienes protestan y se vanaglorien en las redes sociales. En esa dirección va la declaración de la senadora uribista que afirmó, sin siquiera ponerse colorada, que el Ejército estaba hecho “para disparar a matar”. En fin, jóvenes del pueblo formados para que consideren que otros jóvenes del pueblo, si no están uniformados, son su enemigo antagónico y deben eliminarse.  

Si hubiera propósito de enmienda, el valioso informe de la CIDH, bien escrito y mejor documentado, no hubiera recibido tantas protestas y amenazas del presidente Duque y el expresidente Uribe, de los círculos palaciegos y del Centro Democrático. Tachar de parcializado este informe es un grave error que muestra el fracaso de toda la política de seguridad democrática y las arbitrarias medidas dictatoriales en las que se basa. Las recomendaciones de la CIDH son de obligatorio cumplimiento por parte de los países miembros del Sistema de Derechos Humanos de la OEA, y más temprano que tarde, tendremos la presencia de la Comisión de Seguimiento de esas recomendaciones, así se infarte el expresidente Uribe. Al nuevo gobierno, a partir del siete de agosto de 2022, le tocará la misión de hacer las profundas reformas necesarias en las Fuerzas Armadas y de Policía, impulsar en ellas la cultura democrática y de respeto a los derechos humanos, establecer el carácter civil de la Policía y desvincularla del ministerio de Defensa, otorgar a los militares una carrera de ascensos por meritocracia, salarios y prestaciones que garanticen vivir dignamente, incluso después del retiro.

¡Definitivamente, es mejor exportar aguacates que mercenarios! 

Bogotá D.C., 9 de julio de 2021

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Del facebook de Yezid García

Julio 15. Los medios de comunicación uribistas, especialmente Semana y El Tiempo, han tratado de exculpar a los militares retirados colombianos convertidos en mercenarios y asesinos del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Pero la realidad de las confesiones y la crisis política desatada en ese pequeño país hicieron públicos los detalles de la criminal conspiración. El grupillo dirigente de los mercenarios sabía a qué iban en esa "misión", iban a matar al presidente y a su esposa. Entre los reclutadores había oficiales retirados, se trataba claramente de un golpe de Estado, las reuniones preparatorias se hicieron en Miami y Santo Domingo, la compañía de seguridad (Cut Security) utilizada para el reclutamiento y la planeación de la operación es gerenciada por el venezolano opositor Antonio Intriago, íntimo de Juan Guaidó, que fue quien organizó con Duque y el gobierno colombiano el famoso Concierto de la Frontera. Ya aparecieron las fotos del presidente Duque y el expresidente Uribe con este facho venezolano, hechos muy graves, así la Casa de Nariño pretenda restarles importancia a las evidencias.

Julio 15. La desfachatez de la canciller Martha Lucía Ramírez, que en un comunicado oficial pide al gobierno cubano respeto a la protesta social en la Isla, no tiene límites ni comparación. Claro que la protesta debe ser respetada y se debe escuchar y dialogar con los manifestantes. Pero, ¿qué autoridad moral tiene el gobierno de Duque para exigir en este terreno a otros países cuando el Pliego de Emergencia durmió un año el sueño de los justos engavetado sin respuesta en el escritorio del presidente; en las movilizaciones del Paro Nal se cuentan más de 50 muertos, un centenar de desaparecidos, miles de heridos, detenciones ilegales, torturas y abusos sexuales a causa de la brutalidad policial y la represión; nunca se sentó seriamente a dar garantías y negociar con los convocantes al Paro; trató de impedir la visita de una comisión de la CIDH y luego descalificó el informe presentado por ésta?

No se tiene autoridad para criticar a Cuba si se respalda el infame e imperial bloqueo que los Estados Unidos por más 50 años, hoy con la complacencia del uribismo y el gobierno de Duque, mantienen sobre un pequeño país y su pueblo, que ha entregado al mundo un invaluable ejemplo de soberanía y dignidad. La mayor solidaridad con el pueblo cubano es exigir el levantamiento del criminal bloque económico.