De la reprimarización a la reindustrialización

A raíz de la mentira que se ha venido propalando de que el gobierno del presidente Petro en dos años acabó con lo construido en las últimas décadas −calumnia orquestada por sectores de derecha y hasta por despistados opinadores desde el lado de la izquierda−, vale la pena ojear la situación de la industria en Colombia, una de las verdaderas muestras de cómo los gobiernos neoliberales destruyeron en 30 años un siglo de trabajo.

De los embustes a la cruda realidad

Quizá el daño más grave ocasionado por el neoliberalismo y su materialización en Colombia, la apertura económica, es haber conducido la débil industria nacional a su virtual desaparición. Durante la década de 1990 las barreras arancelarias se desmontaron a la par que las instituciones que daban soporte a los productores nacionales, ante todo los bancos de fomento y otras instituciones como el Instituto de Fomento Industrial, IFI.
Así, en menos de una década el país desandó el duro camino de su industrialización iniciada en los albores del siglo XX. El ejemplo del sector automotriz es indicativo. Después de que había logrado instalar hasta fábricas de motores, la etapa productiva más sofisticada en ese momento, tales factorías en Envigado y Duitama se cerraron con la apertura, al igual que un amplio conjunto de actividades encadenadas, los autopartistas, hasta que finalmente también las ensambladoras hicieron maletas y se fueron.

Igual suerte corrieron otras industrias insignias del país como las textileras y de confecciones, algunas de cuyas supervivientes hoy apenas sí son maquiladoras de cadenas internacionales.

A la arremetida de los años 90 contra la industria nacional se sumó el impulso al sector minero-energético durante el inicio de este siglo, lo que acarreó otra consecuencia, la llamada enfermedad holandesa, que no es otra cosa que sustituir diversas actividades productivas por una sola, la extractivista, de fuertes connotaciones rentísticas. La dependencia minero-energética acarreó más problemas para el resto de actividades productivas, entre otros la revaluación del peso, la caída de la participación laboral en el producto interno, la dependencia de la demanda mundial −que muestra muchas subidas y bajadas haciendo imposible planear con cuánto capital se contará−, entre otras muchas consecuencias ampliamente estudiadas.

Por la misma política neoliberal y aperturista la producción agraria también padeció lo suyo, con el resultado de que el país empezó a importar crecientes cantidades de alimentos y, por supuesto, la actividad agroindustrial se debilitó aún más.

Sin agotar la lista de efectos nefastos de la apertura económica, otro que debe destacarse fue la desnacionalización de la producción nacional. Como consecuencia de la liberación financiera −que impuso el Consenso de Washington−, la inversión extranjera tomó nuevos bríos y, como reflejo de los problemas de largo alcance del capitalismo, esa inversión en vez de dirigirse a crear nuevos negocios se encarnizó en las fusiones y adquisiciones de cuanta empresa rentable hubiera en el planeta, del sector público −a través de las masivas privatizaciones− y del sector privado. El último botón de muestra en Colombia fue la compra de la más sólida industria nacional que subsistía, Nutresa, por capitales asentados en los Emiratos Árabes.

Este fue el vergonzoso legado que recibió el presidente Petro que puede verse en la gráfica 1. La parte ascendente de la curva corresponde al impulso derivado de la aplicación de políticas industriales durante el gobierno de Lleras Restrepo (1966-70), y la abrupta caída se inicia con la apertura del gobierno Gaviria en 1990. La segunda leve subida de los primeros años del siglo XXI corresponde a la inversión minero-energética, una de cuyas características es que al inicio del proyecto hay una gran absorción de capital, pero luego cae (lo cual no significa que no deje de sacar durante muchos años y hasta décadas ganancias de los pozos y minas que explota).

Gráfica 1. Valor agregado por industria como porcentaje del PIB.

La política de reindustrialización de Petro

Durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, Petro insistió en la necesidad de reindustrializar al país, única vía posible para sacar a Colombia del atraso. Su llamado fue ridiculizado afirmando que era volver atrás en la historia, pero mientras los obtusos políticos patrios dejaban ver su analfabetismo económico, en el mundo tomó fuerza la necesidad de retomar el camino de la industria, empezando por las potencias mundiales, Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido.

Se oyeron voces de los productores respaldando la política, entre otras, irónicamente, la del presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, quien, en un foro universitario, sentado junto a prestigiosos académicos coreanos y coordinado por el economista Beethoven Herrera, afirmó que los industriales habían mordido el anzuelo engañoso de la apertura económica y que estaban pagando el error todavía treinta años después. Concluyó su comentario afirmando que, aunque tenía reparos contra las políticas de Petro, la ANDI apoyaba totalmente la idea de la reindustrialización propuesta por el recientemente iniciado gobierno progresista.

Pero la feroz oposición que se fue enconando contra el gobierno hizo que la élite opositora emprendiera el camino de enfrentar irracionalmente todas las propuestas gubernamentales sin siquiera tomarse el trabajo de discutirlas como se observó en el sabotaje parlamentario que se tradujo en impedir siquiera el cuórum para empezar a debatir.

En este escenario económico −desindustrialización y reprimarización− y político −oposición irracional al gobierno− Petro expidió el documento de política pública de reindustrialización identificado como Conpes 4129, de diciembre de 2023.

Las líneas específicas de ese Conpes han sido analizadas en anteriores ediciones de La Bagatela, y a manera de síntesis se pueden identificar los siguientes aspectos. En primer lugar, no se contempla como modelo de industrialización volver a las viejas fábricas de chimeneas que caracterizaron los desarrollos manufactureros de la primera y segunda revoluciones industriales de los siglos XVIII, XIX y buena parte del XX. Por razones cuyo análisis desbordan estas páginas, ese tipo de industrialización ya no es el camino para un país como Colombia. Lo que se impone, establece el Conpes, es abordar nuevos tipos de industria, particularmente la relacionada con las nuevas energías que tiene relación no solo con la producción de energías limpias y renovables sino en la manufactura de los componentes que las hacen posible como por ejemplo los paneles solares. Otros ejemplos de nuevos negocios son los relacionados con la atención de salud y el turismo.

No descarta el documento que el país se inserte en eslabones de las cadenas globales de suministros, pero a condición de que las negociaciones permitan el conocimiento y adopción de nuevas tecnologías −promesa que se hizo en la apertura de 1990 y nunca se cumplió− para así poder aspirar a no ser simples ensambladores de cajas negras elaboradas en otras latitudes.

Hay dos condiciones para poder poner en marcha esta política, descontada la necesidad de que los interesados la acojan, en particular la ANDI y sus varias cámaras sectoriales: Recursos e infraestructura.

Problema agobiante del país es la falta de capital para invertir dado que el ahorro nacional es bajo por el vergonzoso escaso ingreso de casi la totalidad de los colombianos y porque la ganancia que obtienen los empresarios en general se convierte en pagos por el servicio de deuda y la repatriación de utilidades de los inversionistas extranjeros, dueños de casi todas las actividades o empresas más importantes del país: minero-energética (salvo Ecopetrol), empresas de energía eléctrica y gas, grandes superficies comerciales, floricultura, comercialización externa del café, todos estos en manos de inversionistas extranjeros casi en su cien por ciento. Finalmente, el Estado tampoco tiene recursos a causa del gran endeudamiento improductivo hecho recientemente, que obliga a dedicar una parte muy grande del presupuesto nacional al servicio de esa asfixiante deuda.

Por eso el gobierno Petro propuso las inversiones forzosas que fueron tachadas poco menos que de diabólicas −a pesar del buen suceso que tuvieron en la economía colombiana en las décadas de 1950 y 1970− hasta por los que se beneficiarían como la ANDI y Acopi, debido a la campaña desinformativa emprendida por el sector financiero.

De paso, anotar que los banqueros fueron el único sector que salió indemne de la apertura de los 90 gracias a las fuertes medidas proteccionistas que se traducen en la casi imposibilidad de crear nuevos bancos y en las grandes restricciones a la inversión extranjera en este campo. Ante la fiera oposición a las inversiones forzosas el gobierno logró una segunda opción, el “Pacto por el crédito”, que promete desembolsar 250 billones de pesos, monto cercano a la mitad del monto del presupuesto anual de la nación.

La otra condición necesaria es la adecuación de la infraestructura nacional. Como resultado de la apertura de Gaviria buena parte de las obras civiles emprendidas por los gobiernos neoliberales apuntan a facilitar el comercio exterior desde dos o tres centros productivos (infraestructura radial), pero casi ninguna carretera tiene la finalidad de promover e integrar el mercado interno (infraestructura transversal). De ahí la importancia de impulsar las llamadas vías terciarias y llevar internet a las zonas periféricas del país.

Pero la condición básica para emprender una sólida política de reindustrialización es que el país alcance los necesarios niveles de soberanía económica, como lo avizoró Francisco Mosquera −fundador del PTC− en sus escritos de finales de los años 1980 hasta su muerte.

Epílogo

De manera que fue la derecha neoliberal y sus apoyos legales e ilegales la que destruyó en pocas décadas el trabajo que los pioneros de la industria construyeron en cien años. Y ahora, a pesar de la indudable necesidad que tiene Colombia de retomar la senda industrial, la oposición política y su máscara de proa, los gremios, se oponen de manera cerril, irracional, a que el gobierno lleve a buen suceso el inicio de esa etapa nueva que requerirá varios lustros para arrojar resultados, como ocurrió con el modelo que rigió lo que se conoce como la Edad de oro del capitalismo, el modelo de industrialización guiada por el Estado.