Sobre la crisis de la Universidad del Atlántico

Carlos Julio Giraldo

Juventud Patriótica Regional Atlántico

La crisis que afronta hoy la Universidad del Atlántico, el principal centro académico del Caribe colombiano se remonta al año 2001, cuando el entonces ministro de Educación, Francisco Lloreda, en clara violación a la autonomía universitaria y con la anuencia de una mayoría en el Consejo Superior, suspendió el proceso democrático de designación de rector con la participación de estudiantes y profesores. El descarte del procedimiento democrático impidió así que el rector que venía transformando de modo profundo la Universidad, Ubaldo Enrique Meza, fuera reelegido por estudiantes y profesores. Se trataba de lograr, a través del nombramiento de un rector encargado, que este accediera a las presiones del Ministerio de Hacienda para que la Universidad desconociera los derechos adquiridos de profesores y trabajadores beneficiarios de la convención colectiva de 1976, principalmente en materia pensional y demás beneficios extralegales.

Ubaldo Enrique Meza se negóa desconocer la convención colectiva que aún hoy se encuentra vigente, a la vez que se opuso a la firma de un convenio de concurrencia que imponía a la Universidad el tener que asumir las pensiones convencionales para evitar la situación que la llevaría a la asfixia financiera. La estrategia de imponer un rector por encargo se vislumbró así como el camino para lograr que prosperaran dichas pretensiones. Esto quedó demostrado cuando Juan Romero Mendoza, actuando como rector encargado y con el apoyo del entonces gobernador Ventura Díaz, firmó el convenio de concurrencia en el año 2002, que significó la asfixia presupuestal obligando a la Universidad tuviera a acogerse indignamente a la ley de quiebras (Ley 550), situación que ha comprometido financieramente a la institución hasta el año 2020.

Desde ese momento se inició un largo periodo de ausencia de democracia e inestabilidad institucional en el que ha habido un desfile de rectores encargados. Ana Sofía Mesa de Cuervo, fue impuesta por el entonces presidente Álvaro Uribe, desde el 2006 hasta el año 2010, para luego ser designada en propiedad hasta el año 2014, con el lamentable voto del representante de los estudiantes. Luego de la salida de la señora Mesa de Cuervo, quien se mantuvo en el cargo a pesar de estar en edad de retiro forzoso, ha habido otros dos rectores encargados: Rafael Castillo y Rafaela Vos Obeso, quien actualmente se encuentra ocupando el cargo. ¡En 16 años han pasado 9 rectores!

Pero, sin lugar a dudas fue durante la gestión de Ana Sofía Mesa que la Universidad sufrió el embate de la aplicación a rajatabla del modelo neoliberal. Bajo el pretexto de sanearla financieramente, se adelantó una estrategia funesta. Se basó en el aumento de matrículas, la reducción de la inversión en temas sensibles para el desarrollo de la academia, el despido de más de 400 trabajadores de planta violando sus derechos laborales, la eliminación de primas extralegales de los docentes y del personal administrativo, la demanda a las pensiones convencionales y la pretensión de vender la sede de la 43.

Esta turbia estrategia, lamentablemente fue apoyada por un sector minoritario de profesores y contó con el respaldo de los medios de comunicación de Barranquilla y el silencio cómplice de los gobernadores de turno. Ha venido siendo derrotada por los distintos fallos judiciales que le han dado la razón a los profesores, trabajadores y jubilados, a quienes se les ha reconocido la legalidad de sus derechos adquiridos. De este modo ha sido reintegrado un importante número de funcionarios despedidos, con costosas indemnizaciones que debe asumir la Universidad, situación que se complica toda vez que en la actualidad la Universidad cuenta con 800 personas con funciones administrativas, de las cuales 176 corresponden a carrera y provisionales (22%), 81 son reintegrados (10%) y 543 son contratistas (68%).

Así mismo, la justicia contenciosa administrativa ha reconocido que la convención colectiva continúa vigente y por tanto las pensiones convencionales han sido declaradas legales, como se expresa en las más de 200 sentencias del Consejo de Estado1.

De igual modo, en el fallo de segunda instancia del Tribunal Administrativo del Atlántico, del 5 de octubre de 20122, en el que se dirimió una acción popular impetrada por la Asociación de Jubilados de la Universidad contra el entonces ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla restableció el derecho de los demandantes. El fallo ordenó la modificación del convenio de concurrencia, exigiendo, tanto al Ministerio de Hacienda, como al departamento del Atlántico, a que concurran en el pago de la totalidad de los pensionados de la Universidad del Atlántico, de conformidad a lo preceptuado por el artículo 131 de la Ley 100 de 1993, actualizándose los correspondientes cálculos actuariales, incluyendo el costo real del pasivo pensional de la totalidad de los pensionados. El fallo hizo patente la naturaleza regresiva y predatoria de la política neoliberal, en este caso aplicada por el gobierno Pastrana contra la educación pública.

El resultado del proceder neoliberal es la asfixia financiera de la Universidad, el pago de millonarias indemnizaciones, la vinculación de un costoso equipo de abogados y asesores, la creación de una nómina paralela, la ingobernabilidad, la destrucción del tejido social y, lo que es peor, el raquitismo académico que tiene a la Universidad relegada de los grandes debates del departamento y de la región Caribe, y abandonó por completo los programas y proyectos que lideraba la institución 16 años atrás, como los estudios sobre el agua y el río Magdalena, los programas en Telecaribe, el Fondo Editorial, los convenios internacionales, el proceso de acreditación de programas y la aprobación y apertura del programa de Medicina, entre otros.

Indudablemente, el principal responsable de esta crisis ha sido el Ministerio de Hacienda quien, a pesar de los contundentes fallos y sentencias de la justicia contenciosa administrativa, se empeña en su nefasta estrategia contra la Universidad, pretendiendo que la institución continúe con las fallidas demandas a los jubilados, insistiendo en la práctica oficial que amenaza volverse crónica en Colombia, la de judicializar sin fundamento y perseguir mediante medidas administrativas o disciplinarias de los organismos de control a aquellos mandatarios territoriales o jefes de entidades públicas que hayan osado no someterse al modelo neoliberal y tomar decisiones en contravía del mismo. El Ministerio de Hacienda ha presionado indebidamente, induciendo a error a la justicia para lograr la condena del exrector Ubaldo Enrique Meza. Claramente se trata de cobrarle su negativa a la firma del mencionado convenio de concurrencia entre la Universidad y el Ministerio, con el cual este pretendía descargar sobre el claustro la pesada deuda pensional.

Esta crisis también ha conllevado al actual ambiente de pugnacidad que hoy vivimos por cuenta del proceso de designación de rector en propiedad, en donde el debate de ideas y propuestas ha sido reemplazado por los insultos, las amenazas y la indebida intromisión del acalde de Barranquilla, quien exige al gobernador que se “amarre los pantalones” porque no ha logrado que su candidato haya sido escogido como rector.

De los tres candidatos sobre los que el Consejo Superior debe escoger al rector en propiedad, Carlos Prasca Muñoz fue ternado gracias a una figura que es abiertamente antidemocrática: la de que un consejero puede postular un candidato distinto a los que se presentaron al proceso de consulta ante profesores y estudiantes. El señor Prasca Muñoz fue postulado por el representante de los egresados, Leyton Barrios, mientras que los otros dos ternados, Rafael Castillo Pacheco y Salim Mattar Velilla, sí pusieron su nombre a consideración de la comunidad universitaria.

Es bueno recordar que en el año de 2011, la inmensa mayoría de las comunidades universitarias y de amplios sectores sociales rechazábamos el proyecto de reforma a la Ley 30 que imponía el ánimo de lucro y abría las puertas a la privatización de las universidades públicas. Este proyecto logró ser detenido gracias a la portentosa movilización de los estudiantes y profesores, pero Carlos Prasca fue de los pocos que estuvo a favor de la fallida reforma, al señalar: “La reforma es integral. Cuando se les otorga autonomía a todas las instituciones, la universidad pierde privilegios” y “Las universidades temen que los ingresos en las regiones no se vayan a dar de la misma manera”3.

Es por ello que tanto la Juventud Pa-triótica, como el regional Atlántico del Partido del Trabajo de Colombia, señalamos que el rector en propiedad debe expresar el genuino interés de la Universidad y su carácter público, con un alto perfil académico, que tenga como prioridad sacar a la institución del actual raquitismo académico. Que defienda los derechos de estudiantes, docentes, trabajadores y egresados, respetando el ordenamiento jurídico y rechazando, por ende, el desacato en el que actualmente se encuentra el Ministerio de Hacienda frente a lo ordenado por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en el sentido de reintegrar los dineros dejados de enviar a la Universidad por cuenta del nefasto convenio de concurrencia.

Además, se requiere, con suma urgencia, construir un nuevo proyecto de universidad, encaminado a lograr la acreditación institucional, a mejorar los procesos de investigación, fortalecer la docencia y retomar el liderazgo que otrora le permitía opinar sobre los asuntos trascendentes de la región y del país. A la vez que debemos recuperar la antigua sede de la carrera 43, que es nuestro patrimonio, donde nació la Universidad, que hoy se encuentra en ruinas. Esto solo será posible si el Consejo Superior designa al rector con el perfil académico y la trayectoria que le permita encarar este reto, sin intromisiones de una familia de comerciantes y constructores quienes hoy pretenden apoderarse de la institución con el único propósito de sumar otro preciado botín a la campaña vargasllerista.

Finalmente, consideramos que nos corresponde hacer un gran frente en defensa de la Universidad del Atlántico con los diferentes estamentos y con amplios sectores de Barranquilla, el Atlántico y el Caribe, en defensa de su dignidad, de su estabilidad y su acreditación institucional, de la recuperación financiera y por último, retomar el rumbo académico, permitiéndole con ello que se garantice una Universidad con calidad, pertinencia y responsabilidad social con los jóvenes de la localidad y de la región Caribe.

Notas

1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Consejero Ponente: Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila, sentencia del 29 de septiembre de 2011, expediente con radicado 080012331000200502866 03 y número interno 2434-2010.
2. La sentencia se puede consultar en la siguiente dirección: http://apolo.uniatlantico.edu.co:8006/academiaua/pdf/fallo_segunda_inst…
3. “La reforma es necesaria para el país”: Carlos Prasca. El Espectador, 07 de julio de 2011. Recuperado de: http://www.elespectador.com/content/la-reforma-es-necesaria-para-el-pa%C3%ADs-carlos-prasca.