Reconstruir la economía:  La opción social diferencial vs. la falaz reactivación económica de Duque

Colombia es uno de los países de la región y del mundo que ha salido peor librado de la crisis global provocada por la pandemia. En su respuesta a la emergencia sanitaria el país figura entre los peores de América Latina y del planeta en términos de contagios y muertes por cada 100.000 habitantes, según las evaluaciones internacionales. Pero más que de incompetente se puede calificar de funesta la gestión del gobierno de Duque frente a la quiebra de las pequeñas y medianas empresas y la actual catástrofe nacional de desempleo con desbordamiento de la pobreza. El año pasado se cerraron cerca de 600 mil empresas mientras el presidente y su ministro Carrasquilla esperaban lo improbable: que los bancos privados, fuertemente subvencionados por el Estado pero fieles a su lógica de precaución y lucro, salvaran a las MiPymes y preservaran la mayoría de los puestos de trabajo ligados a éstas. Al final, cuando fue evidente que nadie en el sector privado cumple el papel del Estado, salieron con un subsidio indiscriminado, insuficiente y tardío para los empresarios, incapaz de remediar el daño.

Comparado con el segundo semestre de 2019 se perdieron cerca de 5 millones de empleos para el segundo semestre de 2020, 72% de la población cayó en la pobreza o se deslizó al borde de esta en condición vulnerable y el ingreso promedio se derrumbó a la mitad. Lo mismo que con los auxilios sociales de emergencia, la morosidad y cicatería calculada de Duque sólo ha alcanzado para aparentar que afronta el problema sin hacerlo. El gasto social compensatorio no llega a 3% del PIB, entre los más bajos de Latinoamérica. Así, ha dejado que el desastre golpee sin misericordia a casi todas las capas sociales y logró atizar el descontento que oleadas de jóvenes y legiones de damnificados han expresado enfáticamente en las calles de todo el país desde el pasado 28 de abril.

La ilusoria reactivación económica

El presidente Duque, que desde su posesión ha elegido actuar como gobernante de un país imaginario, equitativo y sin conflictos sociales, sin masacres ni violadores de derechos humanos, también ha adoptado como respuesta al hundimiento de la sociedad colombiana el retorno a una supuesta normalidad por cuenta de la acción automática de las fuerzas del mercado. Bajo esta idea neoliberal (que descarta todo esfuerzo de progreso social) estima que ahora es suficiente con destrabar la economía de las restricciones establecidas para el control de la pandemia, sin tener en cuenta que la vacunación está aún lejos de lograr la inmunización de un 70% de la población (menos aun del 90% que ahora se requiere), y posiblemente vendrán picos de infección aún más críticos que los anteriores. Y supone así mismo, sin fundamento alguno, que las empresas destruidas se van a reconstruir por sí solas, los puestos de trabajo brotarán por montones sin ayuda alguna, la caída en los ingresos ocurrida en 2020 se va a revertir, la gente milagrosamente recobrará su nivel de consumo y los capitales perdidos van a reaparecer para devolver la vida a los negocios cerrados. Un regreso mágico al pasado pre pandémico supuestamente maravilloso.

Por eso, el Gobierno aspira a una prolongación apenas hasta diciembre de los desfasados   subsidios a la nómina, más bien como una concesión a los reclamos de los empresarios y a las críticas de los comentaristas económicos que como una política de preservación del empleo. E Igualmente se propone prolongar hacia al futuro el raquítico “ingreso solidario”, más como una reafirmación del asistencialismo mezquino e ineficaz implantado por los gobiernos neoliberales que como la renta básica de emergencia que hoy requiere la sociedad para su recuperación, tal como exigen los sectores populares, las organizaciones sociales y el sindicalismo. Escasamente en los planes del gobierno se incluye un incentivo de 25% del salario mínimo a las empresas privadas para la contratación de jóvenes. Pero, por otro lado, bajo el pretexto falaz y desacreditado de la austeridad fiscal, se congela la creación de empleos públicos, excepto para la fronda burocrática de la Presidencia y de   organismos como la Contraloría y la Fiscalía, convertidos hoy en instrumentos de poder al servicio del Ejecutivo.

¿Qué le espera al país bajo esta estéril y desafortunada política económica? Los centros de estudios prevén un crecimiento este año de la actividad económica (entre 4,8% y 7,2%) que en el mejor de los casos nos devuelve al PIB de 2019. Pero algunos investigadores, como los de Fedesarrollo y del Observatorio Fiscal de la U. Javeriana, advierten que, a menos que este rebote se acompañe con políticas de inversión pública orientadas a la creación masiva de puestos de trabajo, será un crecimiento sin empleo (o con poco empleo, pero informal) como en 2019. Es difícil esperar algo distinto de una estructura económica como la de Colombia, donde la industria y la agricultura -mayores creadoras de empleo formal- han sido relegadas a un lugar subalterno en la creación de riqueza frente al petróleo y el resto de la actividad extractivista, al sector financiero, la construcción y la proliferación de diversos servicios del sector terciario dominados por las importaciones y el trabajo informal. Mucho menos en un país donde el Estado se limita a llenar de privilegios a los grandes capitales al tiempo que renuncia a su tarea de promover activamente un desarrollo económico con progreso y equidad social.

Mientras tanto, hoy la acentuada devaluación del peso, y no propiamente la emisión monetaria controlada por el Emisor, amenaza con desanclar la inflación y rebajar aún más los mermados ingresos que le ha dejado la recesión a la mayoría de los colombianos. El desplome de nuestra moneda frente al dólar es ante todo resultado de la imagen que tiene el mundo de la precariedad de la economía colombiana y su déficit crónico en la cuenta corriente de la balanza de pagos que ya ni los mayores precios del petróleo pueden contrarrestar.

Es paradójico que una élite que no oculta su admiración por todo lo que provenga de la potencia del norte y se extralimita en su obsecuencia, se niegue a tomar nota del activismo fiscal del gobierno de Biden con sus efectivas subvenciones sociales de emergencia y un megaplan de inversión pública en infraestructura destinado a propulsar el empleo productivo y fortalecer la demanda agregada. En lugar del papel activo del Estado, Duque y su séquito se quedaron en la escena del neoliberalismo pro ricos de los gobiernos republicanos como el de Trump y son incapaces de ver el retorno a la política del New Deal del gobierno actual en Estados Unidos. Debido a sus taras doctrinarias y a los estrechos intereses sociales que representa, la política económica de Duque para el año que le resta de gobierno no ofrece ninguna respuesta real a la protesta social -la más amplia, prolongada y enérgica que se haya presentado en la historia reciente del país- cuyos motivos básicos son el desempleo y la falta de oportunidades, la agudización de la pobreza y la desigualdad social, con el agravio de la represión brutal y la violación de los derechos humanos por los organismos del Estado.

La voz de la protesta social en el Congreso

En mayo pasado, durante la etapa más aguda del Paro Nacional, el gobierno de Duque hizo el amague de abrir un diálogo con los manifestantes e invitó al Comité del Paro. Pero cuando los voceros del Comité dejaron clara su determinación de entablar una verdadera negociación y Uribe y su partido vociferaban llamando al uso de las armas por el Estado en vez de conversaciones y acuerdos, Duque se retractó y con el pretexto de proscribir todo tipo de “bloqueos” desautorizó lo acordado por sus negociadores. Luego pasó a reafirmar el manejo autoritario de la protesta social dictado por Uribe con la promulgación del decreto inconstitucional 575 de 2021 que ordenó la militarización de varias ciudades y regiones[1]. Regresó entonces a su conocido discurso de engaño destinado a encubrir el abuso de la fuerza por la policía contra los manifestantes y a estigmatizar la protesta como “terrorismo urbano”.  Los crímenes de la fuerza pública contra la población inerme y de los grupos de civiles armados respaldados por ésta han quedado ampliamente documentados y han sido registrados por la Cidh, que finalmente pudo visitar el país después de múltiples trabas y dilaciones por parte del Gobierno. Pero las denuncias y recomendaciones de este alto organismo para asegurar el respeto a los derechos humanos han sido mal recibidas por la presidencia. 

Muy poca sorpresa ha causado la conducta autoritaria y la demagogia antidemocrática de este presidente. Puesta al descubierto la respuesta última a los reclamos sociales elegida por el Gobierno, la represión, el Comité Nacional del Paro (CNP) decidió no contribuir a la farsa en que quiso convertir Duque las negociaciones paralizadas y, sin renunciar a la movilización social, resolvió presentar su pliego de emergencia al Congreso en forma de proyectos de ley. Pasado el 20 de julio y la apertura del nuevo período legislativo, el CNP presentó al parlamento 10 proyectos que resumen las demandas del Paro Nacional. Uno de los que reviste mayor importancia es el referente al apoyo estatal a la microempresa y a la pequeña y mediana empresa, porque constituye una alternativa coherente planteada por la expresión organizada el movimiento social a la crisis económica y a la profunda devastación provocada por el desempleo. Se trata de un asunto sobre el cual los proyectos del Gobierno denotan un interés muy tibio y superficial que contrasta con la gravedad del desastre social y donde sus subsidios llegan hoy desproporcionadamente a quienes menos lo necesitan: las grandes empresas.

En Colombia, más del 90% del empleo lo crean los micronegocios y las pequeñas y medianas empresas. Como explican los autores del proyecto, Confecámaras certifica que la casi totalidad de empresas constituidas este año son microempresas y pequeñas empresas. Pero también se sabe que la sobrevivencia de las mismas no es muy alta debido en buena parte a las restricciones en las fuentes de financiación, la desmedida presión tributaria a que están sometidas y otros mecanismos de exclusión. Así mismo, tienen mayores dificultades para cumplir con sus obligaciones laborales y aportes legales relacionados. Estos últimos son motivo de inconformidad. Pero sus recargos más gravosos son consecuencia de la política pública de descargar sobre las empresas y los trabajadores el costo de la seguridad social, en vez de asumirla el Estado en el presupuesto nacional y sufragarla con impuestos por tratarse de un derecho constitucional.

Un tratamiento diferenciado para la recuperación económica

Por ende, una política de empleo debe empezar por crear condiciones propicias para el éxito de estas unidades empresariales que son la cuna de la mayoría de los puestos de trabajo y el origen de empresas más grandes. Por eso en el respectivo proyecto de ley presentado por el CNP se propone extender a las microempresas la línea de apoyo financiero del programa “Impulsa Colombia” de Bancoldex, destinado hasta ahora a las Pymes, y hacerlo en una cuantía de recursos adicionales equivalente al 50% de los actuales y con prioridad para los 5 sectores económicos con mayores pérdidas de empleo durante la pandemia.

Así mismo, en los tres casos más afectados (sector cultural y artístico, trabajo doméstico y restaurantes y bares) se propone un programa de emergencia con cargo al presupuesto nacional que destine recursos para créditos y subsidios por un valor equivalente a 60% de las pérdidas económicas sufridas por las personas naturales o jurídicas de estos sectores. La condición que deben cumplir para participar en este programa es haber tenido que cerrar su negocio durante la cuarentena y acreditar su funcionamiento por lo menos un año anterior al 12 de marzo de 2020, fecha de iniciación de la emergencia sanitaria.

En cuanto a gastos legales e impuestos, se propone establecer para la mipymes la gratuidad de los registros de industria y comercio y prorrogar sin recargos por tres meses la fecha de vencimiento de la declaración y pago del IVA. Pero también se considera que el Estado debe favorecer el desarrollo de estas empresas realizando ajustes regulatorios que faciliten y estimulen participación de las mismas en el importante mercado de las compras públicas. Así lo hacen muchos países de la región para apoyar las empresas nacionales y el empleo. Se trata de establecer una tasa de participación de las mipymes de 30% para las adquisiciones del nivel nacional y una escala que en 6 años alcance gradualmente ese porcentaje en las del nivel departamental y municipal; para esto, se harán convocatorias limitadas o específicas e, igualmente, sin sacrificar los estándares técnicos del objeto adjudicado, deberán flexibilizarse los criterios sobre suficiencia financiera que en Colombia constituyen un obstáculo insuperable para muchas pequeñas empresas. En la misma línea, este proyecto contempla también el necesario fomento de la provisión de bienes y servicios por “pequeños productores agropecuarios, campesinos, indígenas o sus organizaciones cooperativas” e igualmente estipula priorizar la contratación pública con la “población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración y sujetos de especial protección constitucional”.

En el aspecto de los estímulos directos al empleo, además de prorrogar el actual subsidio del Paef hasta diciembre (25% de salario mínimo por trabajador), el proyecto de ley establece para las mipymes que hayan conservado el 70% de su nómina durante la pandemia un incentivo adicional del 10% sobre los subsidios vigentes y de 5% para aquellas que estén en proceso de reapertura, como fomento a la recuperación de empleo. Y, por tratarse de un segmento de la población con los más elevados niveles de desempleo (23, 3%), se pone especial énfasis a la contratación de personas jóvenes (entre 18 y 28 años), estableciendo un subsidio de 30% del salario mínimo si se trata de mipymes. Estipula además que, en el marco del plan de empleo de emergencia y pensando en los jóvenes que no están estudiando ni trabajando, el gobierno nacional y los gobiernos regionales incrementen el empleo formal de mano de obra joven no calificada en actividades como “la construcción de obras civiles, en asuntos ambientales, agropecuarios, sociales, proyectos de turismo, con asignación de recursos por parte del gobierno nacional”.

Por otro lado, propone reformar el programa “Estado Joven” de prácticas laborales en el sector público para aumentar a 9 meses la financiación de estas prácticas y ampliar la oferta de plazas y vacantes para estudiantes en las convocatorias. Sumado a lo anterior está la obligación de que el Estado garantice a todos el derecho a una educación pública gratuita y de calidad, como piden los estudiantes, lo cual disminuirá el desempleo juvenil al retener en el sistema educativo una juventud que saldrá después más preparada y con mejores oportunidades para ingresar en el mercado laboral.  

Respecto a otro segmento de la población especialmente afectado por el desempleo, el de las mujeres, con el propósito de recuperación del empleo femenino el proyecto de ley contempla la financiación por 6 meses a las mipymes de la totalidad de la nómina de trabajadoras en el sector cultural y artístico, de comercio y alimentos, con los recursos del programa “Impulsa Colombia”. Forman parte de los sectores económicos priorizados para recuperar el trabajo femenino, además de los anteriores, el de restaurantes y bares y el servicio doméstico. En el caso de este último grupo de trabajadoras que perdieron el empleo durante la pandemia, se plantea un subsidio de desempleo de $300 mil mensuales por 6 meses.

Sin duda, en contraste con la pobreza de iniciativas del Gobierno para fomentar el empleo y la reconstrucción de las empresas que originan la mayor parte de éste, el proyecto de ley presentado por el Comité Nacional de Paro representa un conjunto importante de medidas enfocadas en los sectores económicos clave, con el fin de usar apropiadamente las capacidades y recursos del Estado en la urgente tarea de recuperar la economía, el trabajo y los ingresos del 90% de los colombianos. Esta meta no se cumplirá sin la intervención decidida y acertada del Estado, centrada en la generación de empleo decente. Contrario a lo que pretende el inquilino de la Casa de Nariño y su círculo palaciego al ofrecer un gasto escaso y mal orientado, resultado de la estrechez elitista y excluyente de sus políticas.

Agosto 23 de 2021