Edición 79

Desde el pasado 20 de julio, fueron radicados en el Congreso los 10 proyectos legislativos elaborados a instancias del Comité Nacional de Paro. Resumen los mismos los reclamos de fondo, en el terreno económico y social, de decenas de millones de colombianos que constituyen el grueso de la población del país. Reside su valor no sólo en que recogen la inconformidad generada por los 30 años y más de brutal neoliberalismo, y por las tropelías oficiales, sino en que señalan, en apretadas y precisas formulaciones, la salida al descontento social del presente.

En desarrollo del Paro Nacional, el Comité Nacional de Paro radicó un proyecto de ley sobre renta básica, el cual ya había sido presentado en otras legislaturas sin que los congresistas lo hayan debatido.

Las luchas del movimiento estudiantil han sido diversas y victoriosas: como la del cogobierno en 1971, que democratizó la dirección de la universidad de manera temporal en cabeza de la Juventud Patriótica, la que archivó la reforma de la ley 30 (que mercantilizaba la educación) en cabeza de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil -Mane- en 2011 y la más reciente, la de 2018 por financiación adecuada -protagonizada por el Frente Amplio en Defensa de la Educación Superior -FADES- donde sobresalieron la UNEES y la ACREES-* cuya portentosa movilización social y civilista obligó al gobierno a sentar

Colombia es uno de los países de la región y del mundo que ha salido peor librado de la crisis global provocada por la pandemia. En su respuesta a la emergencia sanitaria el país figura entre los peores de América Latina y del planeta en términos de contagios y muertes por cada 100.000 habitantes, según las evaluaciones internacionales. Pero más que de incompetente se puede calificar de funesta la gestión del gobierno de Duque frente a la quiebra de las pequeñas y medianas empresas y la actual catástrofe nacional de desempleo con desbordamiento de la pobreza.

El Comité Nacional de Paro, con ocasión de la última legislatura del Congreso en este gobierno, radicó varios proyectos de ley que intentan recoger las principales demandas que desencadenaron las poderosas movilizaciones del Paro Nacional que inició el pasado 28 de abril, y que tienen arraigo en históricas deudas del Estado colombiano con los sectores sociales más desfavorecidos.

Los sectores que venían registrando el más alto crecimiento en la economía de Estados Unidos antes del covid-19, el de las tecnologías de la información y las comunicaciones y el financiero, tomaron una ventaja mucho mayor con dicho virus.

El gobierno nacional ha sido obtusamente renuente a utilizar al Banco de la República para obtener recursos a fin de paliar la grave crisis por la que atraviesa Colombia. Uno de los argumentos más usados para sacarle el cuerpo a la propuesta es afirmar que apelar al Banco de la República implica un empujón a la creciente inflación pues sería emitir billetes para prestárselos al gobierno nacional, horror de los horrores para la cartilla neoliberal.

Hiede la oficina de la ministra Karen Abudinen, y el olor se expande a todo el país cuando Duque, el mandadero de Uribe, sale en su defensa. Si fuera "pulcra y de gran capacidad administrativa" ya hubiera presentado su renuncia, pidiendo excusas públicas al país, por su ineficiencia administrativa.

Con el propósito de conocer cómo funciona, qué labores respalda y qué alcances tiene, entrevistamos a Juliana Ortiz, directora de planeación y proyectos de Proimágenes, institución que maneja el FDC (Fondo para el desarrollo Cinematográfico de Colombia).

Luis Guillermo Cardona: Juliana ¿Los concursos de guion del FDC (Fondo para el Desarrollo Cinematográfico) tienen la misma limitante de otros concursos, en los que, si uno ya participó en otras convocatorias ya no puede volver a participar?

El gobierno de Iván Duque podría caracterizarse como el de un sordo en una interminable carrera de desaciertos. Su casi inaguantable verborrea, sus pronunciamientos rimbombantes y sus propuestas puramente cosméticas y vacías, son el pan de cada día; esto tenemos que soportar millones de colombianos inconformes con una administración tan incompetente, que parece inverosímil. Como decía en un reciente ensayo Juan Carlos Orrego, refiriéndose al presidente actual, “aunque sea máster de Georgetown University, da la impresión de tener la cultura de un bachiller”[1].

Se realizó en Bogotá el lanzamiento del libro La huelga después de la huelga, una oportuna y completa recopilación de diferentes aspectos de este valioso instrumento de los trabajadores, incluidas las consideraciones de la OIT, su comportamiento en el mundo y el derecho de huelga en Colombia. El autor, Edwin Palma, actual presidente de la USO, es un estudioso del tema y tiene una larga y consagrada trayectoria en defensa de las organizaciones sindicales y de la vida de los trabajadores.

Hasta el 2018, México se había colocado en la estela de gobiernos conservadores de la región. Formando parte del grupo “de Lima”, la nación mexicana vio una profundización del neoliberalismo como forma de organizar la economía, el Estado y el sentido común de la sociedad. Sin embargo, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2018 abrió la puerta para pensar un horizonte no neoliberal de gestión del gobierno y de transformación de la sociedad.

Colombia es un país de pactos, aunque la mayoría de ellos se hayan firmado de espaldas a la sociedad o sin que las comunidades lograran comprender los alcances reales de esos pactos. Entre los más destacados están: La Liga, Unión Republicana, Partido Nacional, Concentración Nacional, Unión Nacional, Golpe de Opinión, Frente Civil y el Frente Nacional. Pero hay otros. En general, los pactos se han presentado como un acuerdo que pretende evitar un mal peor del que ya se está viviendo.

La fotografía del avión norteamericano repleto de afganos huyendo de la furia talibán en el aeropuerto de Kabul, le ha dado la vuelta al mundo y desatado una tormenta de opiniones sobre este hecho, sin duda el más impactante del escenario internacional en dos años de pandemia.

En los días posteriores a la desesperada evacuación de las tropas estadounidenses de Afganistán, la prensa corporativa lanzó una campaña de propaganda internacional en la que se plantean preocupaciones por los “derechos humanos” de los residentes del país de Asia central.

Combatientes talibanes patrullan en el barrio de Wazir Akbar Khan en la ciudad de Kabul, Afganistán, el miércoles 18 de agosto de 2021.

A George Bush, el hombre cuyo principal elemento de campaña ha sido su capacidad para librar la guerra contra el terrorismo, le pudieron entregarle la cabeza de Osama bin Laden en bandeja en su primer día en el cargo, y la oferta se mantuvo válida hasta el 2 de febrero de 2002. Esta es la acusación formulada por un afgano estadounidense que había sido contratado por el gobierno de Estados Unidos como intermediario entre los talibanes y las administraciones de Clinton y Bush.

En medio de la gran agitación social en Colombia en los últimos meses, es muy curioso encontrar en la historia medieval ejemplos de estallidos sociales similares a los que ha vivido el país desde finales del 2019.