Declaración del PTC
En defensa del gobierno popular y contra los traidores a la patria
La intentona golpista del excanciller Álvaro Leyva no fue una locura solitaria. Desde hace dos décadas, América Latina ha padecido la sucesión de golpes de Estado por vía parlamentaria contra gobiernos progresistas, o la persecución judicial a quienes los presidieron. Esto revela una política de golpes “blandos” o lawfare —guerra jurídica— adelantada en el subcontinente contra procesos de cambio por las fuerzas oligárquicas de nuestros países, con el concurso, apoyo y bajo la dirección de Estados Unidos. Ahora se trata de hacerlo en Colombia.
Antes y después de las cartas difamatorias de Leyva y sus actuaciones contra el presidente Gustavo Petro, tuvieron lugar una serie de sucesos claramente y de modo concomitante enfilados al derrocamiento de su gobierno. Un parlamentario de la oposición utilizó los libelos para intentar abrirle un proceso acusatorio en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, al tiempo que exigía examen y dictamen médico sobre su estado mental o de supuesta drogadicción. Otro grupo de opositores, de las mismas corrientes políticas que archivaron sin discusión el proyecto de reforma laboral, negaron al pueblo colombiano la opción de pronunciarse sobre la misma en consulta popular convocada por el presidente Petro, y pretendieron en gavilla convocar a las Fuerzas Armadas a espaldas y en desconocimiento del primer mandatario. Felizmente, estas ignoraron el llamado sedicioso y mantienen, conforme a la Constitución, acatamiento al presidente de la República como su supremo comandante.
El rechazo de los partidos de oposición a asistir a la Comisión de Garantías Electorales citada por el presidente, corroboró la negativa de los intereses oligárquicos a toda transacción y acuerdo. Leyva fue a Estados Unidos en procura de respaldo de los sectores más reaccionarios del establecimiento norteamericano para sus planes golpistas. Conectó con su intriga a dos grupos ilegales armados de Colombia. Una cuadrilla parlamentaria colombiana, encabezada por el cabecilla de la oposición a las reformas, el presidente conservador del Senado, viajó a Washington a entrevistarse con miembros del Congreso norteamericano de la derecha más extrema. Tanto Leyva como los parlamentarios viajeros, en ostensible acto de traición a la patria, buscaron el activo apoyo del gobierno gringo. Por su lado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe de la facción más ultraderechista del país, a quien Trump había exaltado antes como “héroe”, también visitó la capital del imperio para entrevistarse con similares personajes.
Para salirle al paso y embaucar a la movilización de obreros, maestros y pueblo puesta en marcha por la convocatoria del presidente a la consulta popular, la corriente política que orientó el hundimiento de la reforma laboral en el Senado, presentó un proyecto de reforma laboral amañada. En vano, porque jalonadas por la convocatoria de la consulta popular, como en muchos otros lugares de la geografía colombiana, tuvieron lugar las concentraciones multitudinarias de los cabildos populares en Barranquilla, Cali y Medellín. Cuyo éxito fue preparado por las marchas nacionales masivas convocadas por las centrales obreras, con la CUT a la cabeza, del 18 de marzo, la grandiosa del 1º de mayo y el paro del 28 y 29 de mayo.
A la campaña pro golpe de los medios de comunicación de los grupos económicos oligárquicos, se sumaron, de hecho, los atentados con explosivos en Cali, el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Y el execrable atentado contra el senador Miguel Uribe, que cayó como rayo en el cielo nada sereno de Colombia, aprovechado para que arreciara el vocerío que responsabilizó del crimen al Gobierno Petro. Coadyuvado por el Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, quien acusó a su “retórica incendiaria”. Hasta con un grotesco remedo de la original “marcha del silencio” en la cual la extrema derecha exhibió su odio y furia contra el presidente y el proceso de cambio, todo secundado por personajes del centro político y renegados de ayer y de la víspera.
Pero el fiel de la balanza, el potente torrente popular, inclinado del lado de la reforma laboral y en defensa del gobierno del cambio, decidió el pleito entablado con una gran victoria de los trabajadores y el pueblo, derrotó el golpe de Estado que venía fraguándose y sacó airoso de la crisis al presidente Petro.
Compartimos su apreciación de que, a pesar de las buenas noticias, el país nacional ha de ser consciente de que los peligros reales se acrecientan. En el viejo tormento del país, la violencia, se opera una trascendente y regresiva mutación. Entre sus protagonistas se opacan, hasta casi desaparecer, los objetivos de justicia social y de alcanzar una sociedad más igualitaria. Alcanzan mayor peso, móviles delincuenciales ajenos a una política de transformación y progreso. Y peor: con un componente foráneo prácticamente predominante, el de la presencia en nuestro suelo de destacamentos extranjeros —mexicanos, albaneses, ecuatorianos, paraguayos, turcos, y otros—, integrantes de una confederación mundial delictiva y mafiosa que controla el tráfico de cocaína, fentanilo, el contrabando de oro, de armas, de órganos humanos, la trata y la esclavización de mujeres y de niños, y la internet profunda u oscura. Con una junta con sede en Dubái, ha develado el presidente Petro, con fuertes entrelazamientos con entidades del Estado, y en especial con sus aduanas y la Fiscalía y sus jefaturas —hasta antes de la actual Fiscal—, que ha planeado varios atentados contra el presidente de Colombia, por fortuna frustrados, porque éste ha denunciado las maniobras de la dirección de la Fiscalía anterior para que quede en la impunidad el asesinato del fiscal del Paraguay, Pecci, en Cartagena, perpetrado por el ramal de la mafia que allí opera.
El presidente Petro, siempre basado en una atenta percepción de la real correlación de fuerzas, de la complejidad y riesgos del momento, y exento de toda temeridad, ha declarado que ni el gobierno estadounidense ni su Secretario de Estado participaron del complot golpista contra su gobierno y ya debelado. Que Colombia, que es la que pone los muertos resultantes del flagelo del narcotráfico, está dispuesta a unir fuerzas en pie de igualdad con los servicios de inteligencia de Estados Unidos y sus socios para defenderse de la violencia acarreada por el ilícito tráfico mundial. Aclaró, eso sí, que no sería para reprimir al campesinado sino para combatir los grandes capos y sus bienes. Que no ignora que ese gobierno sólo persigue a las mafias que vulneran sus intereses, deja actuar a las que no los afectan, y negocia con las que pueden servirle. Y que, si la superpotencia imperial se negara a esta conjunción de esfuerzos, tendría la opción de hacerlo con Europa.
Ahora la lucha continúa. Por las reformas sociales, por la de la salud, por la adecuada legislación del gran logro del movimiento de masas del magisterio y del Gobierno Petro, que imprimió un sello progresivo a la reforma del Sistema General de Participaciones, y por la ley de jurisdicción agraria.
Partido del Trabajo de Colombia- PTC
Comité Ejecutivo Central
Marcelo Torres Benavides (Secretario General)
Yezid R. García Abello (Subsecretario General)
Bogotá, 10 de julio de 2025
