La política monetaria recesiva del Banco de la República y la inflación

De acuerdo con el DANE, la inflación en Colombia cerró en 5,2% en 2024, mientras el crecimiento económico se recuperaba ese mismo año subiendo a 1,7% anual (desde 0,7% en 2023) y los pronósticos sobre el aumento del PIB para 2025 giran alrededor de 2,6%. Lo anterior refleja la buena salud de la economía. Para algunos lo más notable es que el año pasado el país logró bajar la inflación un significativo 4,08% respecto a 2023, cuando fue de 9,28%, luego de alcanzar en 2022 un nivel máximo de 13,12% en diciembre.

Parece haber un consenso tácito entre los analistas económicos ortodoxos, empezando por la mayoría de los miembros de la junta del Banco de la República, de que ese avance es resultado de la política contraccionista de la autoridad monetaria. Apoyado en esa premisa, el banco central mantiene todavía el nivel de su tasa de intervención en 9,5%, casi doblando el incremento anual del Índice de Precios al Consumidor, IPC, que ya ha bajado hasta 5,08% en marzo pasado. Eso, sin considerar que otras economías importantes de la región, como las de Brasil y Chile, también presentan índices de inflación entre 4% y 5%. Pero según el gerente del Emisor, Leonardo Villar, predomina la idea de que no es posible disminuir sustancialmente la enorme brecha interna con la tasa de interés mientras la inflación no se aproxime más a la cifra cabalística de 3%, que es la meta adoptada unilateralmente por el Banco. 

Sin embargo, hay razones para pensar que los supuestos en que se basa esa política son equivocados en gran parte. No se discute que el encarecimiento del crédito que fomenta el banco central provoca efectivamente una caída de la demanda que suele debilitar la tendencia al incremento de los precios. Seguramente eso resultó eficaz para frenar la demanda amplificada de vivienda, vehículos o bienes y servicios suntuarios, la cual pudo presentar un pico anómalo y disparar los precios en los días de crédito barato y gasolina subsidiada del gobierno de Duque. Sin duda la laxitud del Emisor, que patrocinó en esos tiempos tasas reales de interés negativas, contribuyó activamente a configurar ese escenario en el que se incubó parte del desbordamiento inflacionario que heredó el gobierno actual. Pero el factor crítico del aumento vertiginoso del IPC en 2021-2022 lo constituyó la inflación de alimentos, y ese fue ante todo un fenómeno de debilidad de la oferta agropecuaria. Una vez se empezó a sentir la recuperación del sector agrario, la inflación de alimentos cayó desde niveles que llegaron hasta 25% a casi cero, estabilizándose alrededor de 3-4%.

Por esa razón, la derrota de la inflación se debe fundamentalmente a la recuperación de ese sector productivo, impulsada por la inyección de recursos públicos a la producción alimentaria, junto con el control a la especulación con los insumos agrícolas importados y el impulso a la entrega de tierras a los campesinos productores. En una palabra, el instrumento determinante en la caída de la inflación ha sido la política fiscal del Gobierno y no la política monetaria del Banco. Lo mismo se puede decir del renovado crecimiento económico, cuyo elemento decisivo ha sido la recuperación de la capacidad de compra de los hogares. A su vez, esta recuperación es principalmente resultado del aumento del gasto público social, la política salarial redistributiva con aumentos sustanciales del salario mínimo y los avances en la tributación progresiva contenidos en la reforma tributaria de 2022.

Las comunicaciones del Banco no confirman ni niegan estas explicaciones en forma expresa. No obstante, es claro que el dogmatismo de la ortodoxia monetarista imperante y la creencia en la infalibilidad de conducir la economía con la estrategia de “meta de inflación” (inflation target), les impide entender que la inflación puede tener diferentes causas. Y que no todo fenómeno inflacionario se origina en un incremento intempestivo de la demanda, cuyo correctivo es frenarla mediante el encarecimiento del costo del dinero. La inflación puede también tener origen en un rezago de la oferta, como el que se presentó en Colombia a raíz de la pandemia con los bienes nacionales e importados y se agudizó en el terreno de la producción de alimentos.

En este caso, la fórmula acertada para combatirla es apoyar el aumento de la oferta productiva, asegurándose efectivamente que los estímulos monetarios y subsidios fiscales no se canalicen hacia la especulación, los oligopolios o el enriquecimiento ilícito, cosa que no se controló en el gobierno anterior: hasta el punto que no se sabe qué hizo el gobierno de Duque con el mayor endeudamiento público por cerca de $200 billones, si bien -además de los notorios despilfarros presidenciales y subsidios a las grandes empresas- se conocen casos aislados pero graves como el robo de $12 billones de dineros para la paz, la desviación de recursos públicos por la EPS por al menos $6 billones denunciada por la Contraloría, los cuantiosos sobreprecios en las ayudas alimentarias durante la pandemia y la entrega fraudulenta de anticipos a contratistas en ministerios como el MinTic, entre otros. Al respecto no sobra resaltar que mientras los dos gobiernos precedentes quedaron con las obligaciones de un endeudamiento mínimo heredado (de menos de 15%, en el de Santos, y de cerca de 30%, en el de Duque), el gobierno de Petro recibió obligaciones de pago correspondientes a más de 80% de la deuda total actual. 

Por otra parte, hay también otro tipo de inflación de precios que no nace de una escasez de oferta sino de la manipulación de los precios por quienes están en condiciones de abusar de su posición dominante en el mercado. Los estudios de casos europeos de este fenómeno detectado en la pospandemia llevaron a la caracterización de esa práctica que se conoce como “inflación de vendedores” (sellers inflation). Su rasgo distintivo es que las empresas que dominan el mercado no se contentan con trasladar en el precio al consumidor los aumentos de sus costos, sino que, para maximizar sus ganancias, se dan el lujo de imponer un sobreprecio injustificado en ausencia de competidores efectivos y/o regulaciones estatales que lo impidan.

Un estudio técnico del Ministerio de Hacienda sobre la composición del incremento de precios en el periodo 2021-2022 en Colombia mostró que “las utilidades de las firmas ha sido el factor que más ha aportado al aumento de la inflación, lo que estaría asociado, principalmente, a un mayor poder de mercado luego de la pandemia… (es decir) las firmas aumentaron los precios aprovechando un mayor poder de mercado”. Como se recuerda, la reacción automática el año pasado de los voceros empresariales, como Bruce MacMaster y Jaime Alberto Cabal, fue rechazar sin más este hallazgo investigativo sobre la incidencia en nuestro país de la inflación de vendedores y rasgarse las vestiduras acusando al gobierno de enviar mensajes que “desincentivan la inversión”.

Ahora bien, en lo que se refiere a incremento sectorial de los precios en Colombia, podríamos identificar esos dos tipos de inflación mencionados que no son resultado de un exceso de demanda. Uno caso es el siguiente: pese a la demanda deprimida por los altos costos del crédito, hay inflación de oferta en el sector de la vivienda donde los precios de los inmuebles han venido creciendo aceleradamente debido los altos costos, entre ellos los costos financieros para los constructores, al tiempo que los inventarios de vivienda en general permanecen relativamente estancados. Además de un bajo crecimiento del sector, esto repercute en el aumento de precios de otros rubros relacionados con la vivienda que están contribuyendo significativamente al índice general de inflación. Tal es el caso de los arrendamientos, que representaron 0,91% de la variación anual del PIB en 2024. En este caso, es la política monetaria del Banco de la República que fomenta el crédito excesivamente costoso un ingrediente claro del incremento de la inflación, no de su disminución como suponen sus directores.

Así mismo, según observa la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, “en 2024, la división de alojamiento, agua y electricidad fue la que más aportó a la inflación en Colombia”. Precisamente, el desbordado aumento de las tarifas de la energía eléctrica, un componente con participación cada vez más alta en el aumento del IPC, se pude catalogar a su vez como un caso de inflación de vendedores. En ese sector, donde un puñado de empresas oligopólicas controlan la generación de energía, hay condiciones evidentes para el abuso de la posición dominante en la determinación de las tarifas del servicio. Ante la falta de una adecuada competencia del sector público en esta etapa clave de la cadena energética– debido a que, por iniciativa de Vargas Lleras y Mauricio Cárdenas, en el gobierno de Santos la nación vendió su estratégica generadora eléctrica Isagen- la regulación estatal es el único medio para impedir el abuso de la posición dominante por las empresas generadoras privadas y semiprivadas.

Sin embargo, tanto la estructura normativa de la Comisión de Regulación de la Energía y el Gas, CREG, que prioriza el interés empresarial frente al del usuario, como el bloqueo del Consejo de Estado a una intervención efectiva del Presidente, han impedido aplicar controles apropiados en este caso típico de inflación de vendedores. El incremento desproporcionado de las tarifas eléctricas residenciales, que entre 2021 y 2024 crecieron un promedio anual de 15,3% -el ritmo de incremento más alto desde el año 2000- contribuye cada vez más a la variación anual del IPC como indicador del aumento general de precios.

Hay, adicionalmente, otra justificación del Banco de la República para mantener una política de contracción monetaria: la influencia de la tasa interna de interés en el ingreso o salida de capitales del país. Se trata, desde luego, esencialmente de inversiones de portafolio o “capitales golondrina”, y su influencia macroeconómica es una de las secuelas del modelo neoliberal que le ha ocasionado al país un considerable grado de dependencia de ellos para financiar el desequilibrio crónico de nuestra balanza comercial, resultante también de ese funesto modelo. Se argumenta que el menor o mayor diferencial entre nuestra tasa de interés y las definidas en EE.UU por la Reserva Federal, determina la salida o entrada de capitales y con ello la devaluación, con consecuencias en el costo de los bienes importados, lo cual puede contribuir a la inflación.

A ese razonamiento se puede responder que hay otros factores que influyen en el precio de dólar. Algunos más decisivos, tales como el precio del barril de petróleo, que depende enteramente de circunstancias internacionales ajenas a nuestro control. Así mismo, hay que recordar que en la financiación del déficit comercial en la cuenta corriente -cuyo saldo es muy relevante en la percepción de la economía del país por los inversores- contribuyen en mayor grado ingresos independientes como las remesas en dólares y los gastos de los turistas extranjeros, adicionalmente a las entradas por las exportaciones. Los dos primeros han venido creciendo sostenidamente. Y el tercero se ha visto beneficiado con la diversificación de la oferta exportable, aunque ésta todavía depende mucho de las ventas minero-energéticas, sometidas a la volatilidad de los precios internacionales.

En todo caso, las recientes oscilaciones del precio del dólar a raíz de la irracional ofensiva arancelaria de Trump demuestran que el nivel de nuestra tasa de interés no se puede concebir como factor principal de la apreciación o depreciación de la tasa de cambio, en un mercado donde la especulación tiene un papel determinante. La verdadera solidez y estabilidad de la moneda nacional está vinculada a un fortalecimiento de las finanzas públicas y la economía real, una diversificación progresiva del comercio exterior y la disminución consistente del déficit comercial. 

Lo expuesto anteriormente permite afirmar que la obsesión del Emisor por mantener altas tasas de intervención como instrumento antiinflacionario se apoya en raciocinios engañosos y sus resultados hoy son contraproducentes. No solo desestimula la inversión y obstaculiza el mayor crecimiento de la economía al fomentar un crédito costoso, sino encarece la financiación interna de la enorme deuda legada al gobierno de Petro por los gobiernos anteriores, generadora de desequilibrio fiscal. E, incluso, acentúa el fenómeno inflacionario que dice combatir en numerosos casos como el de la vivienda. 

En el contexto de un panorama mundial donde el riesgo de una recesión -o de algo peor- es una amenaza creciente, es imperativo que el Banco de la República abandone el culto a las rigideces dogmáticas que obstruyen el crecimiento económico. Es claro que la política monetaria actual termina, por esa vía, perjudicando la gestión económica y social del Gobierno. Los codirectores de la junta del Banco sostienen que sus decisiones se basan en consideraciones exclusivamente técnicas y no políticas. Pero es inevitable notar el contraste entre el celo que actualmente muestran frente a la gradualidad en la disminución del IPC y la preocupación tardía que ostentaron durante el gobierno anterior, cuando el incremento de la inflación se veía verdaderamente descontrolado.