El Ministerio de Trabajo se rajó otra vez en la OIT

Después de 12 años, el gobierno colombiano fue llamado, con otros 24 países, a rendir cuentas a la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT por violaciones graves al Convenio 87 sobre libertad sindical. El importante trabajo de documentación realizado por las centrales sindicales colombianas, con fuerte apoyo del sindicalismo mundial y algunos gobiernos, dejaron al desnudo a Duque, que sigue cayendo en el desprestigio global por la violenta y descontrolada represión del Paro Nacional.

La cita tuvo lugar el pasado 15 de junio a la 1:45 de la tarde, hora de Europa Occidental. Empezaron las intervenciones del gobierno, que se hizo acompañar de la vicefiscal general de la nación para mostrar “los grandes avances” contra la impunidad en violaciones a la libertad sindical, considerado como delito en nuestro país. Cifras sobre procesos judiciales en curso acompañaron la presentación de la funcionaria del ente acusador, pero no se conocen recientes sentencias por violación del artículo 200 del Código Penal.

La violencia antisindical en el país persiste, y el gobierno y los empresarios se lavan las manos alegando que no tienen que ver en ella, sino que es el narcotráfico y los grupos al margen de la ley los responsables. Les faltó decir que es por “líos de faldas”, como lo han sugerido de puertas hacia adentro.

Los empresarios del mundo y el vocero de ellos en Colombia respaldaron al gobierno llamado a descargos y se atrevieron a decir que nuestro país era un “caso en progreso”. Se molestaron por las distintas intervenciones hechas por voceros de trabajadores con relación al paro nacional y pidieron borrarlas de las actas finales. El ministro, muy molesto, reclamó que algunas intervenciones tenían contenido “político”, como si los temas del trabajo y de la libertad sindical no fueran políticos.

Don Ángel Custudio Cabrera, (sin sonrojarse) dijo: “Quiero decirle al mundo entero que deben recordar que firmamos un acuerdo de paz”. El mismo gobierno que odia el proceso de paz, que acaba de dejar hundir la creación de la especialidad agraria y prometió hacer trizas los acuerdos en su campaña de 2018, promesa que están cumpliendo.

En el debate sobre los contratos sindicales tanto el gobierno como los empresarios señalaron que era una figura que generaba empleo, que era defendida por la CGT, que estaba amparada por el ordenamiento constitucional y legal interno, y que, si en todo caso fuera objeto de censura en la OIT, debería hacerse por el convenio 98 sobre negociación colectiva y no sobre el convenio 87. El gobierno mintió diciendo que había hecho todas las investigaciones sobre tercerización a través de contratos sindicales, pero lo cierto es que hay total impunidad, sobre todo, en el sector salud.

Sobre los reclamos de la Comisión de Expertos al gobierno colombiano alrededor de la incompatibilidad del derecho de huelga con la doctrina internacional del trabajo, ya sabemos que desde 2012 la postura que sostienen los empresarios del mundo y los gobiernos en el Consejo de Administración de OIT es que la huelga no está contenida en ningún instrumento internacional y por lo tanto proponen  “desestimar” las opiniones de los expertos sobre el particular. Nada más arrogante y arbitrario. Por fortuna la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia Colombiana, no ha caído en semejante trampa de los empresarios del mundo.

Dijo don Ángel Custodio, que no era cierto que aquí se violara la libertad sindical, y que muestra de ello es que entre 2018 y 2020 se habían creado 611 sindicatos, pero al mismo tiempo, señaló, tanto él como los empresarios, que debería revisarse el “carrusel sindical” como un caso de abuso del derecho de asociación. Poco o nada se dijo sobre los pactos colectivos que siguen aquí conviviendo con las convenciones colectivas en detrimento del derecho de asociación sindical. La vocera de los trabajadores españoles, italianos, holandeses, suizos, nórdicos y alemanes recordó que, en Colombia solo en 2019 se habían suscrito 222 pactos colectivos.

Se molestó el señor ministro porque se dijo que aquí se hacían reformas laborales y pensionales sin dialogo social y sin consultarlo con los sindicatos. “Olvidó” fácilmente que los decretos 488, 770 y 1174 de 2020 se construyeron con los abogados del Consejo Gremial y los sindicatos lo leyeron ya sancionados y publicados en el Diario Oficial.

El gobierno Duque otra vez quedó mal internacionalmente, repitió el libreto que durante años han leído empresarios y gobiernos colombianos en la OIT y que ya no le creen. Adaptar nuestras anacrónicas e inconstitucionales normas y prácticas laborales conforme a los estándares internacionales es todo un desafío y se requiere para ello un gobierno progresista y mayorías en el congreso. Sencillo.

ADENDA: El domingo por unanimidad se aprobó la conciliación del proyecto de ley de reducción de jornada. No quiero ser pesimista, pero es posible que Duque, por presión empresarial objete ese proyecto de ley que reduce progresivamente la jornada de trabajo en Colombia. Hay que guardar prudencia, ni el empresariado ni el gobierno están actuando con inteligencia.

Declaraciones de Edwin Palma sobre el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral