Consulta popular contra el sabotaje

A lo largo de los casi tres años de mandato del presidente Petro las reformas sociales −laboral, salud y pensional− han ocupado el centro de atención del gobierno pero igualmente el punto de oposición más feroz contra el presidente.

Las tres reformas han sufrido todo tipo de sabotaje en el Congreso de la República y a duras penas se logró que la pensional fuera aprobada −aunque con sustanciales recortes frente a la propuesta inicial−, y se sabe que el presidente de la Corte Constitucional presentó ponencia para declararla inconstitucional.

La Corte Constitucional y el Congreso expresan en su mayoría los intereses de la élite económica que ha manejado a su antojo los destinos del país, usualmente a costa del empobrecimiento de la población. No de otra manera puede entenderse la oposición de unos y otros a los cambios que favorezcan a la gran mayoría, por insignificantes que sean los beneficios.

Ante este innegable e insalvable bloqueo institucional, Petro propuso la celebración de una consulta popular impulsada por cabildos populares para llevar de nuevo al Congreso la discusión de puntos centrales de las reformas laboral y de salud, en dieciséis puntos.

La casta económica dominante ha calado en que el descontento popular está creciendo de manera exponencial como se observa en las marchas y demás manifestaciones populares convocadas por los sectores sociales que respaldan al gobierno. Por ello, en una nueva jugarreta, ahora proponen una reforma laboral ajustada a sus intereses −haciéndola aparecer como un proyecto de consenso− para que sus congresistas la aprueben a las volandas con la esperanza de así desmovilizar a la población.

Los grandes medios de difusión, propiedad de la misma panda gobernante, se encargan ahora de presentar la reforma laboral patronal como la mejor opción para los trabajadores y la que a su juicio salvará la economía.
La primera pregunta que debería responder la oposición al gobierno es por qué en cinco legislaturas en que se ha discutido el asunto no usaron su mayoría en el Congreso para aprobarla a su medida, sino que sabotearon cualquier discusión y, ahora sí, cuando la población muestra su hastío y desconfianza, pretenden hacerlo.

Pero más allá del oportunismo flagrante que se ve en la jugada, conviene mirar los puntos que propone la reforma con la “venia de la ANDI” según manifestó, sin sonrojarse, Angélica Lozano , a nombre de sus secuaces. Debe subrayarse además que el proyecto se radicó en la Comisión IV del Senado, presidida por Lozano, donde tiene mayoría la oposición a Petro −y no en la VII como correspondía−, lo que significa que será aprobada o hundida según la conveniencia de los empresarios.

La primera gran concesión que se dignan hacer la ANDI y sus testaferros es que el pago de recargo nocturno sea a partir de las 7 de la noche pero apenas con un pago del 35%. El recargo dominical pasaría del 75% actual al 100%.
Y aparece una nueva trampa: la reforma se aplicaría a partir del año 2027 y no a todos los sectores económicos. Lo de la fecha esconde sin duda la esperanza de los neoliberales de que el próximo gobierno y Congreso le sean afectos a sus intereses y permitan una contrarreforma en la legislatura 2026-2027.

Otra arandela son los sectores excluidos. Dice el presidente de la ANDI −con cara de yo no fui−, que serán excluidos solo las empresas micro, pequeñas y medianas. Pero el problema es que estos tres sectores representan 17,7 millones de trabajadores mientras que el resto −la gran industria− acoge 5,4 millones (datos del año 2023 del Ministerio de Comercio, industria y turismo). Véase la tabla con las cifras desagregadas.

Es decir, de acuerdo con este recorte, la reforma no se aplicaría al 76% de los trabajadores. Pero la propuesta suma un nuevo recorte: No se aplicaría tampoco a los trabajadores del comercio (grandes superficies), la vigilancia y la hotelería. Estos tres subsectores excluidos están entre los que tiene mayor concentración de trabajadores en el tramo denominado gran empresa. Así, mientras el subsector manufacturero ocupa unos 450.000 trabajadores, las grandes superficies comerciales tienen más de 500.000 y el sector vigilancia unos 120.000 trabajadores. Es decir de los 5,4 millones vinculados a la gran empresa se excluyen más de 600.000 en este recorte. 

De manera que la reforma “que le sirve al empresariado” no se aplicaría ni siquiera al 20% de los trabajadores y sería a partir del año 2027.

Los argumentos contra la reforma laboral presentada por el gobierno Petro han sido ampliamente difundidos por los medios, no así sus grandes virtudes, como por ejemplo ampliar la demanda, mejorar la oferta de mano calificada al atraer estudiantes al SENA, entre otras muchas. La oposición gremial puede resumirse en que las reformas quebrarían al empresariado y que no se ataca la informalidad sino que eventualmente se inducirá su crecimiento.

Sobre el primer asunto, es conocida la lógica del empresariado. Por ejemplo, Fenalco viene diciendo desde el primer año del gobierno de Petro que unos 400.000 tenderos quebrarían por culpa del impuesto a las bebidas y alimentos no saludables. Como su profecía resultó ser un embuste, después dijo que la culpara sería por el mal gobierno, pero las cifras muestran que la mayor tasa de crecimiento está exactamente en el sector comercial. Ahora vuelve con la fábula de que quebrarán por la reforma laboral.

Sobre el problema de la informalidad queda claro en los treinta y pico años de economía neoliberal en Colombia que ese flagelo no depende de los costos salariales sino del proceso de desindustrialización que desató la apertura de Gaviria en 1990 y las medidas de trasladarle a los trabajadores los costos de salud y pensiones en cuantías imposibles de resistir por estos. De igual manera contribuyó el modelo minero-energético que absorbe poca cantidad de trabajadores mientras se abandonó otros sectores como el agrario a lo que se suma el descuido del sector educativo que no califica la mano de obra para tornarla más productiva, y otro problemas que merecen un análisis más amplio. Es decir, la informalidad es un problema que está poco asociado a los costos labores y mucho a la estructura productiva del país.

Corresponde a la clase obrera y demás sectores populares hacer claridad sobre la necesidad de la consulta popular, única opción de momento para mejorar las condiciones laborales de los asalariados y desenmascarar las jugaditas escondidas en reforma en cabeza de la ponente Angélica Lozano.

Tabla 1. Distribución del empleo total (formal + informal) por tamaño de empresa y sectores clave
(datos 2023-2024 (Cifras aproximadas en millones de trabajadores y porcentajes)

Fuentes y metodología:
1.    Cifras totales:
       o    Población ocupada total: 24.610.000 (DANE, GEIH 2024).
       o    Microempresas: Incluyen empleados informales (ej. tiendas de barrio, talleres).
      o    Grandes empresas: Datos de nómina electrónica (DIAN) y registros formales (Mintrabajo).
2.    Sectores en grandes empresas:
      o    Comercio: Fenalco reporta 500.000 empleos en retail formal.
      o    Vigilancia: Supervigilancia (2023) contabiliza 120.000 empleos registrados.
      o    Hotelería: DANE (Cuenta Satélite de Turismo) incluye empleos directos e indirectos.
3.    Fuentes:
      o    DANE - GEIH (2024).
      o    Fenalco - Estadísticas comercio (2023).