Editorial. Duque expone al país a que se dispare el contagio

Este editorial de LA BAGATELA subraya el interés del gobierno en reanudar la actividad de la economía por encima de la vida y de la salud. Afirma que las medidas del gobierno uribista a propósito de la pandemia han servido sólo a la élite de banqueros a la cual representa. Advierte que la reapertura de la economía puede disparar el contagio y malograr incluso la reactivación económica. Insiste en que la crisis del país evidenció el fracaso del modelo neoliberal y la necesidad de restablecer el carácter público de la salud y la necesidad de devolverle al Estado las funciones de interés general. Llama la atención sobre el enorme contraste entre los grandes regalos de recursos públicos a los bancos privados y los padecimientos, el desempleo y el hambre del pueblo. Alerta sobre la crisis económico-social sin precedentes que ya se empezó a soportar, en Colombia y en el mundo. Que aún en medio de las grandes dificultades, el gobierno podría ayudar al país, pero ese no es su interés. E insiste en que no habrá salida al hambre y los sufrimientos si no la conquista el pueblo.

Editorial

Se puso en marcha la decisión oficial de reanudar las actividades de más de 4,1 millones de trabajadores de la construcción y la industria en todo el país. Si a ellos sumamos varios otros millones de trabajadores informales e independientes, de los 11 millones que estiman cifras oficiales, amén de los trabajadores de servicios básicos exceptuados de la cuarentena, tendremos que una muy considerable proporción de la población se volcará a las calles y sitios de labor. El país dista mucho de haber adecuado y fortalecido en la proporción requerida la capacidad médico-hospitalaria, pero el círculo gobernante, en forma deliberada y consciente, ha resuelto exponer la vida y la salud de la población, corriendo el riesgo de que se dispare el contagio, de provocar la muerte de una proporción considerable de colombianos, y/o de someterlos al suplicio de verse infectados.

La decisión se ha adoptado mientras la curva del contagio todavía asciende, en lugar de haber esperado a que llegara a su pico o mayor expansión, prevista para mediados de junio. De dispararse el contagio como consecuencia, provocaría el resultado opuesto al buscado: lesionaría todavía más la afectada economía del país y postergaría su recuperación. Muy poco cambia con la prórroga nominal del confinamiento hasta el 31 de mayo, y de la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto. Todo lo hace el gobierno Duque en aras de evitar un mayor gasto público en proteger y preservar la vida, y de restablecer cuanto antes la reanudación de la actividad productiva, fuente real y originaria de los voluminosos beneficios del puñado de banqueros y otros superricos, depositarios de la riqueza y el poder real.

La alcaldesa de la capital, los alcaldes alternativos y otros mandatarios territoriales adoptaron medidas que denotan genuino interés por la preservación de la vida y el cuidado de la salud de la población. En Bogotá, la alcaldesa Claudia López reiteró que el gobierno nacional ha debido esperar a que primero se llegase al pico del contagio. Recalcó que el ascenso del volumen de la circulación de gente elevaba el peligro del contagio y volvía más rigurosas las medidas de protección personal, fijó el límite de pasajeros en Transmilenio en poco más de un tercio de la capacidad de este, un horario diario de turnos acordados con las empresas para el transporte de los trabajadores, amplió en centenares de kilómetros las ciclovías, y ordenó un estricto paquete de medidas de bioseguridad y protección del personal laborante a observar por los empresarios.

La crisis va dejando claras cuestiones de fondo. Una, el fracaso del privatizado sistema de salud colombiano impuesto por el modelo neoliberal. Afloró en toda su trágica dimensión la absoluta falta de preparación y capacidad médico–hospitalaria de nuestro sistema de salud ante cualquier emergencia, llámese epidemia, pandemia o desastre natural o social. Quedó en ostensible evidencia la necesidad de restablecer el carácter público del sistema de salud colombiano.

Otro hecho central de la crisis ha sido la intensa y continua intervención del Estado en los asuntos de mayor importancia nacional. Lo confirman de modo abrumador, la declaración de emergencia sanitaria, el establecimiento del confinamiento y sus prórrogas, las excepciones a este y el transporte autorizado, y la renovada declaración de emergencia económica nacional. La experiencia que vive Colombia y el mundo demuestra de manera contundente que cuanto mayor es la importancia de los asuntos de carácter general y más está en juego la suerte de sociedad, tanto más necesaria e inaplazable se torna la intervención del Estado.

Por supuesto, la cuestión decisiva es en manos de quién está el poder del Estado. La falta de tempranas medidas de control, como el no cierre preventivo del aeropuerto El Dorado, la pérdida de tiempo precioso para decretar la medida clave del confinamiento, la negligencia criminal ante la dramática falta de recursos de los hospitales públicos, frente a la absoluta precariedad de sus medios e insumos requeridos, y a la carencia de equipos de protección para médicos y el conjunto del personal sanitario, como la terrible expansión del contagio que afrontan hoy el Amazonas, Cartagena y la población carcelaria, son todas muestras de lo lejanas que se sitúan la vida y la salud del pueblo colombiano de las preocupaciones principales del “subpresidente”.

La declaratoria de emergencia económica por dos veces era ocasión propicia para fortalecer con recursos suficientes la capacidad médico-hospitalaria pública, meter en cintura a los negociantes de la salud de las EPS privadas, establecer un control de precios sobre los víveres de primera necesidad y medicamentos, prohibir desafueros patronales contra los trabajadores, y hacer llegar ayudas masivas tanto financieras y crediticias como en alimentos al pueblo trabajador y a los sectores productivos. Por el contrario, en lugar de ello, la emergencia, la cuarentena, la crisis, han sido utilizadas por el gobierno y los dueños del gran capital financiero para acentuar los aspectos más abominables del modelo económico imperante.

Simplemente, la decisión oficial fue que ni siquiera una crisis de la magnitud como la provocada por la pandemia podía alterar las proporciones prescritas en el esquema de la economía de mercado para las finanzas públicas, tanto para el gasto como para su recaudo. Lo destinado a atender la emergencia, apenas el 1.4% del PIB, está entre los más bajos y mezquinos de toda Latinoamérica. Quedaron abandonados de toda ayuda oficial, los despedidos masivamente ─que a fines de abril sumaban ya, junto con el resto de desempleados, más de 1,6 millones─, los obligados a tomar vacaciones forzosas, los nuevos despedidos dada la racha de quiebras y recortes de personal en curso de numerosas empresas, al igual que los millones de trabajadores informales e independientes.

En cambio, las declaratorias de emergencia han hecho fluir gruesos chorros de recursos públicos hacia los bancos privados mediante sus decretos, cuyo monto supera ya los 25 billones de pesos. A las EPS privadas, cuyo papel es de meros intermediarios financieros, les fueron girados 5.7 billones de pesos, que casi triplican los recursos dispuestos para las IPS ─clínicas y hospitales donde se prestan efectivamente servicios sanitarios─, entre las cuales las públicas siguen acogotas por los 11 billones que les adeudan los negociantes privados de la salud.

Los estrepitosos anuncios del gobierno sobre ayudas a la población chocan con la realidad. Incluidos aumentos, lo dispuesto para los sectores sociales 1 y 2 alcanza apenas el 0,67 por ciento del PIB. Los subsidios por 3 meses a las nóminas de las empresas no incluyen las de tipo informal, ni aquellas contrataciones diferentes al contrato laboral, ni a los trabajadores que tienen suspendidos sus contratos o están en las forzadas licencias no remuneradas. Las mipymes, se topan con la consabida negativa de los bancos y las deudas apenas se difieren, con sus altos intereses.

Un experto de la Universidad Nacional de Bogotá, el docente Jairo Orlando Villabona observó, certero, que la de Luis Carlos Sarmiento es una muy calculada filantropía; estimándose su fortuna en cerca de 53 billones de pesos, su donación de 80.000 mil millones representa el 0.15 por ciento de su riqueza. El flujo multibillonario llegado del Estado a sus arcas debió hacerle exclamar regocijado: ¡qué buen negocio que resultó el coronavirus!

Pero si el presente, con la extraordinaria emergencia provocada por la pandemia, es angustioso e incierto, el tramo que aguarda al país en lo inmediato no ofrece luz ni alivio alguno. Un sombrío panorama de crisis económica, prácticamente inevitable, la mayor desde el año 99 y acaso la peor por sufrir en el país en toda su historia. En el colmo de la cadena de atropellos, el gobierno suprimió en reciente decreto los aranceles a la importación de cereales, y en otro, la disposición de “adoptar medidas que facilitan compartir la carga entre el empleador y el empleado, incluyendo la posibilidad de re-negociones salariales, rotación de puestos y licencias, y pago por horas trabajadas.” Ademas, medidas sobre “costos y tarifas asociados” (alzas) a la prestación de los servicios públicos, “el establecimiento de nuevos turnos de trabajo”, y “enajenar la propiedad accionaria estatal”. El Consejo Gremial, a su turno, aprovechó para repetir propuestas del repertorio capitalista salvaje en regla; sólo le faltó el trabajo infantil.

El embate combinado de la pandemia y una recesión globales con sus efectos ubicuos, acelerados y profundos, suscitan el temor de que la crisis mundial que ya está en marcha se convierta en depresión, esta vez más devastadora para los países de la periferia. El Banco Mundial, en reciente comunicado, dio cuenta de que 60 millones de personas podrían caer en la pobreza extrema debido a la pandemia. Escalofriante mala nueva, si se tiene en cuenta que a finales de 2019, las personas con hambre aguda en el mundo ya ascendían a 135 millones y que ahora la ONU vaticina que ascenderán casi a 300 millones. Resulta legítima la conclusión de la Internacional Progresista ante el hecho: “El sistema no funciona. Es hora de forjar una nueva forma”.

Varios sectores, entre los cuales se cuenta el PTC, hemos planteado que el gobierno sí puede actuar de modo eficaz y positivo. Solicitando créditos al Banco de la República, directos al gobierno y no a los bancos, para dotar al sistema de salud pública de los equipos y el personal médico-hospitalario necesarios, con destino a los millones de trabajadores formales e informales urgidos de ayuda pública, y para irrigarlos a los sectores productivos de la ciudad y del campo más necesitados de recursos.

También puede romper la regla de subordinación a la metrópoli yanqui y disponer de una buena porción de las reservas internacionales, ¿acaso en el país hay algo más valioso que la vida de su población? Puede asimismo incrementar los impuestos al patrimonio de los supermagnates y suprimir los lesivos impuestos indirectos y regresivos como el IVA. La propuesta que han suscrito más de medio centenar de senadores para establecer un ingreso que denominan renta básica, mínima, o mínimo vital por tres meses, va en la dirección correcta y amerita el respaldo de las fuerzas políticas, organizaciones sindicales y sociales.

Los hechos indican que el gobierno del uribismo nada hará a ese respecto. Nada que implique un vuelco de fondo o una ruptura con el salvaje modelo antisocial vigente. No por su propia voluntad. Que sólo la acción y la voz de millones de colombianos podrá imponer cambios de fondo.

Nunca en tan poco tiempo se acumularon tantas y tan lesivas actuaciones contra las mayorías del país. Ñeñepolítica, carpetas secretas de la contrainteligencia del Ejército junto a las revelaciones de la Operación Bastón, continuidad de los asesinatos de líderes sociales y ex guerrilleros reincorporados a la vida civil, en medio de la más completa impunidad, el fiasco de la fallida invasión a Venezuela cuyos preparativos en la Guajira, dice la increíble versión oficial, no conoció el gobierno. Se trata de la traumática marcha del proyecto fascistoide gobernante encaminado a derruir por completo el Estado de derecho en Colombia.

El pueblo colombiano atravesó un largo proceso de asimilación de una dura y cruel experiencia de décadas de neoliberalismo para llegar a la erupción volcánica de su descontento el 21 de noviembre. Pero esta vez de seguro demorará mucho menos, y la justa sublevación desatará repercusiones más profundas.

Bogotá, 19 de mayo de 2020

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