Otra necesaria reflexión sobre el momento. A propósito de la posesión de Santrich

La izquierda y los agrupamientos democráticos adolecen, como el grueso de la población del país, del efecto tabú que el complejo mediático norteamericano y su subordinado colombiano han logrado incubar en la opinión pública de vastos sectores del mundo y en particular en nuestra nación, y que ha residido en que quien cuestione la política antinarcóticos norteamericana y en especial el procedimiento y los efectos de la extradición de colombianos a los Estados Unidos se expone a ser considerado, sin más, como apologista de los carteles del narcotráfico o a sueldo de los mismos. 

Por Marcelo Torres

La Picota, 11 de junio de 2019

Voceros del gobierno, congresistas y periodistas de diversos medios claman, con motivo de la posesión de Jesús Santrich como representante a la Cámara este 10 de junio, su airado repudio. Apreciaciones tales como que es equiparable a la llegada de Pablo Escobar a la misma corporación, que es una “vergüenza nacional” en tratándose de un “narco-asesino”, “mafioso extraditable”, y varias otras expresiones del mismo jaez, al igual que la indignación dramatizada del presidente Duque. Representantes hubo que anunciaron su no asistencia a la próxima sesión de esa corporación.

Hay una triple macartización en tales calificaciones que revelan:

1) Una especie de extendido y deplorable consenso público consistente en que quienquiera que sea pedido en extradición por Estados Unidos es automática e inapelablemente culpable de narcotráfico por anticipado, antes de cualquier juicio, y se convierte, por tanto, en un apestado social.

2) Una corriente de opinión que pregona como corroborado con este hecho que los acuerdos de paz de La Habana efectivamente extendieron un manto de impunidad sobre los exintegrantes de las Farc como organización armada respecto del delito de narcotráfico, lo cual se dirige claramente a desprestigiar el proceso de paz y sus acuerdos.

3) La voluntad de crear una especie de clima de linchamiento contra la Corte Suprema, como ya se ha hecho contra la JEP; se estimula con ello las expresiones públicas de repudio a ambas instancias judiciales. Se secunda la convocatoria de Uribe que llama a movilizarse contra los dos tribunales de justicia, al margen de los procedimientos previstos en un Estado de derecho, de hecho, mediante la fuerza, el método predilecto del fascismo.

Los voceros de los partidos del establecimiento, cuando luego de oponerse a las objeciones del gobierno a la Ley Estatutaria de la JEP y de mantener por consiguiente intacta la competencia de ésta derivada de los acuerdos de La Habana, al rechazar, rasgándose las vestiduras, la presencia de Santrich en la Cámara, denotan una inconsecuencia absoluta con sus propios criterios y procederes. Debe exceptuarse un pequeño número, en el que sobresale Roy Barreras, quien rechazó de tajo la comparación con Escobar.

La izquierda y otros agrupamientos democráticos se quedan cortos al afrontar la lluvia de denuestos de modo exclusivamente defensivo. Es correcto defender la presunción de inocencia de Santrich mientras no sea vencido en un juicio justo, como mandan los cánones democráticos universales. También lo es replicar a esos altos cargos del gobierno, y a políticos y periodistas a quienes se les ve la camiseta del pro-gringuismo, ya que, a diferencia del procedimiento ordinario de las extradiciones hacia Estados Unidos, a Santrich y a todos los acogidos a los acuerdos de paz los cobija un pacto entre el Estado colombiano y las desmovilizadas Farc que tiene rango constitucional y está plenamente vigente en Colombia. Y asimismo es pertinente recordar que en las cámaras legislativas tienen asiento quienes tienen a cuenta investigaciones judiciales abiertas por la presunción de conductas delictivas mil veces más calificables de lesa humanidad, y sin embargo, el desatado fariseísmo de hoy, ni se mosquea ni se cabrea con ello. Son las naturales respuestas –casi obvias– ante la arremetida en curso de la más peligrosa corriente en acción, la que maneja al gobierno y a buena parte de la opinión pública, contra los acuerdos de paz y de cualquier vestigio de democracia en Colombia. Que con lo justas que son no bastan, no son suficientes, para contrarrestar dicha amenaza y pasar a la ofensiva en la decisiva batalla ideológica y política que hoy se libra por la favorabilidad de las grandes mayorías del país, que es de lo que se trata.

La izquierda y los agrupamientos democráticos adolecen, como el grueso de la población del país, del efecto tabú que el complejo mediático norteamericano y su subordinado colombiano han logrado incubar en la opinión pública de vastos sectores del mundo y en particular en nuestra nación, y que ha residido en que quien cuestione la política antinarcóticos norteamericana y en especial el procedimiento y los efectos de la extradición de colombianos a los Estados Unidos se expone a ser considerado, sin más, como apologista de los carteles del narcotráfico o a sueldo de los mismos. Y el que ose cuestionar que Estados Unidos encarne la más pura motivación como preservador y salvador de la democracia, o poner en tela de juicio que ese sea su principal papel en el mundo de hoy, tiene como horripilante consecuencia ser arrojado entre las filas de la izquierda “dinosáurica”, anterior a la caída del Muro de Berlín, o como la derecha ha establecido hoy, a ser clasificado como “castrochavista”. Pero en el caso de la izquierda, la observancia del tabú no parece obedecer, a juzgar por todos los indicios, a ignorancia alguna sino a cálculo político ─electoral─ o a conveniencias del momento. A lo cual, por supuesto, no puede ser ajena ninguna fuerza que en serio luche por el poder político. La cuestión es si la realidad actual justifica la inhibición o si, lejos de ello, esta se convierte en ventaja gratuita para los enemigos de la paz y la soberanía del país. El deslinde de Gustavo Petro con el gobierno de Venezuela, por ejemplo, no salvó la campaña presidencial del más avanzado exponente de las transformaciones que Colombia necesita, de constituirse en blanco de la invectiva principal de la derecha para atajarlo: que encarnaba el “peligro castrochavista”.

A la vocinglería del uribismo y al inconsecuente racimo de sectores que arrastra, puede responderse hoy con mayor eficacia. Nuestra propia realidad está ofreciendo materiales propicios e insustituibles. La injerencia gringa en nuestros asuntos, a propósito de las objeciones del gobierno a la JEP y del pedido de extradición de Santrich, es ocasión sin par para ello, que proporciona valiosos e incontrovertibles argumentos:

• La JEP, el tribunal de justicia transicional cuya Ley Estatutaria acaba de ser aprobada tras memorable batalla política y jurídica, señaló en su providencia sobre Santrich, de modo inequívoco, que las pruebas contra este fueron obtenidas por “agentes encubiertos” del extranjero, cuya práctica o recolección no fue aprobada por autoridad judicial alguna del país (hecho que fue aceptado por el fiscal fugado, de modo explícito en entrevista reciente); que la Fiscalía colaboró en esa operación adelantada ilegalmente y que por tanto debe ser investigada. De lo cual se desprenden varias interesantes preguntas: ¿Es que la DEA opera así de modo habitual en suelo colombiano, sin autorización judicial?, ¿Es que el gobierno respalda la enorme irregularidad de que pruebas recogidas ilegalmente sean tenidas como válidas en un proceso judicial?, ¿Cuándo se va a iniciar la investigación para establecer quién o quiénes son los responsables principales de la presunta complicidad de personal de la Fiscalía con los “agentes encubiertos”? Interrogantes que ameritarían respuestas claras de los ministros de Relaciones Exteriores, Justicia e Interior en el Congreso. La oposición puede citarlos y ofrecer un plato fuerte a la opinión colombiana, trocando a los acusadores en acusados. ¿por qué no lo hace?

• También el ministro de Relaciones Exteriores merecería ser citado a que responda: ¿por qué el gobierno no sale de su silencio mudo ante la intentona de un embajador extranjero de torcer parlamentarios y magistrados del país en favor de unas enmiendas contra la legislación de paz?

•  Quizá entonces muchos colombianos confundidos podrían hallar sentido al reclamo del presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Luis Antonio Hernández, cuando hace un año dijo: mientras que Colombia ha sido “absolutamente generosa en la extradición”, “Ese país [Estados Unidos] lleva casi cuatro años estudiando la extradición de un exministro condenado por corrupción”. Es decir, en tanto que la justicia norteamericana examina de modo indefinido con lupa un caso ya juzgado en Colombia, el gobierno gringo se negó a suministrar cualquier presunta prueba sobre Santrich durante el plazo y su prórroga, fijado por la JEP para su envío, y pretende su extradición exprés.

• Sin olvidar el criterio que en buena hora fijó la Corte Suprema, en el sentido de que la extradición por narcotráfico a Estados Unidos debe subordinarse al interés principal de las víctimas de la violencia en nuestro país. Es precisamente lo contrario lo que ha ocurrido: el servilismo y la complacencia de los gobiernos ante las exigencias gringas, dejando de lado los intereses de las víctimas. Uribe extraditó los jefes de las AUC, impidiendo así que el país conociera sus revelaciones sobre la violencia en Colombia. El “Tuso Sierra”, extraditado en 2008 y salido de prisión en Estados Unidos en 2014, nunca retornó al país. A semejanza de la solicitud colombiana de extradición de Yair Klein, el mercenario israelí que a pesar de haber sido condenado por sus crímenes en Colombia, como instructor de paramilitares a mediados de los años 80, y de que Israel es el principal aliado de Estados Unidos, o por lo menos el más íntimo, no ha habido resultado positivo alguno. Si se examinan estos hechos, los colombianos podrán hacerse un juicio objetivo sobre el asunto y calar el fondo de quienes se desgañitan contra la JEP en nombre de las víctimas de la guerrilla.

• Estados Unidos invadió Irak en 2003 con el argumento de que este país tenía armas de destrucción masiva. Versión interesada que, como quedó al descubierto después, resultó completamente falsa; y como consecuencia, un país fue destruido, ocupado por tropas estadounidenses por casi dos décadas, sus víctimas ascienden a más de un millón de muertos y hoy se sigue desangrando en lucha contra la invasión foránea y en conflictos civiles. El campeón mundial de la democracia se apoderó, por supuesto, de los ricos yacimientos petrolíferos iraquíes, con una de las más grandes reservas del mundo. Si el gobierno de Washington hizo todo eso, ¿qué es una raya más para un tigre? ¿por qué no extraditar a un colombiano más, sobre todo si con ello se golpea al proceso de paz que altera su inapelable mandato de extraditar colombianos sin chistar?

• Lo que al gobierno norteamericano le preocupa no es el interés de las víctimas de la violencia en Colombia como puede colegirse del montón de experiencias padecidas por el mundo debido al gran respeto de Estados Unidos por los derechos humanos. La prisión de Guantánamo es un ejemplo; los vejámenes a los prisioneros de la cárcel de Abu Ghraib es otro; los "sitios negros", diseminados por Europa Oriental y el Norte de África, donde la CIA tortura y ejecuta sospechosos de terrorismo, es otro más.

• Y las resoluciones de la ONU sobre Israel, alrededor de 800, condenatorias de sus acciones de anexión territorial y conquista, fruto de sus agresiones militares, campañas de exterminio, campos de concentración, ocupación ilegal de territorios y despojo de tierras, demolición arbitraria de viviendas, impedimento del acceso al servicio al agua potable, hostilización y humillación permanente de la población. Amén de los bombardeos sobre blancos civiles. Todo ello contra el pueblo inerme de Palestina y países vecinos. Acciones todas perpetradas con el padrinazgo y las armas suministradas por Estados Unidos, al tiempo que ha impedido el cumplimiento de tantas resoluciones de condenas de las Naciones Unidas.

Estos son apenas algunos ejemplos seleccionados. No se ve la conveniencia de silenciarlos cuando la extrema derecha llama a destruir la JEP y a desmantelar las Cortes. No puede postergarse la pugna por la opinión pública en defensa de la democracia y la paz. Y que no se diga que no había con qué librarla.