La alcaldía de Marcelo Torres en Magangué: Una reñida batalla por la democracia (I)

Arturo Villarreal Echeona*

Periodista y escritor Preámbulo

La lucha de los pueblos en todo el mundo por la soberanía, por la profundización de la democracia y por la resistencia civil contra los gobiernos ejecutores del modelo neoliberal y la dominación extranjera, casi invariablemente norteamericana, que ha tenido importantes capítulos en América Latina en estos comienzos del tercer milenio, se ha reflejado en Colombia de manera sobresaliente en la pugna por el establecimiento de gobiernos alternativos distintos a los partidos tradicionales en los municipios y en las entidades territoriales por medio de la vía electoral, a pesar de la guerra y la violencia política más irracional y desaforada.

Ha sido este un rasgo muy peculiar de la historia política contemporánea de Colombia, donde a pesar de que durante cerca de 60 años continuos los militares se han mantenido a la vera del poder, resignados al cogobierno desde los cuarteles, la democracia ha caminado todo el tiempo sobre el filo de las armas, secuestrada y constreñida en medio de una guerra sin límites del Estado y de facciones extremistas de izquierda y derecha, que ha arrojado a las fosas comunes más de 200 mil muertos, ha arruinado el agro y ha despojado de sus tierras a siete millones de campesinos, condenándolos a un éxodo más multitudinario, doloroso y humillante que todas las guerras del Medio Oriente. 

La contienda electoral, cuya intensidad y antagonismo sólo ha sido sobrepasada por el encarnizamiento de la violencia política que flagela al país, ha tenido en los tiempos recientes unos pocos escenarios resonantes. El primero en Bogotá, con la victoria de Gustavo Petro, donde las fuerzas de la derecha de consuno con la aristocracia más torcida de las finanzas y de la política, recuperaron finalmente el Potosí de la administración capitalina, cuya bolsa presupuestal aspira a llegar, en el cuatrienio, a los 89 billones de pesos, asalto que se hizo en medio de una retreta mediática, pérfida y eficaz que comenzó al día siguiente de la posesión del alcalde de la Bogotá Humana.

Magangué, con el triunfo electoral de Marcelo Torres en la alcaldía hace cuatro años, fue el otro tinglado singular donde nuestra democracia, guardadas las proporciones, de manera similar a la capital, comenzaron a respirarse nuevos aires, en medio de los estertores de violencia, corrupción y desgobierno que vive Colombia. Corazón y atalaya de la arteria principal de la patria, el río Magdalena, Magangué se había convertido bajo el imperio de Enilce López, ‘la Gata’, en extenso vecindario de amordazados, tierra del nunca jamás, donde el progreso y la democracia habían naufragado sin remisión. 

En ese contexto, la elección de Marcelo constituyó un capítulo notable en la gesta por la conquista de la paz en nuestra convulsionada historia. Curtido dirigente la izquierda colombiana; líder del legendario movimiento estudiantil de la década de los 70; cofundador, junto a Francisco Mosquera y un puñado de valientes obreros y universitarios, del Partido del Trabajo de Colombia; caracterizado vocero de esta corriente que desde los inicios de esta nunca cejó en la defensa de la tesis mosquerista de que en Colombia, desde las postrimerías de la Violencia liberal conservadora hasta hoy, nunca volvieron a cuajar condiciones para la lucha armada; senador, que junto con Jorge Santos, el reconocido líder de la USO, se opuso tanto a la desaforada intervención gringa en el país durante la crisis desencadenada en el gobierno Samper como a sus ejecutorias neoliberales; investigador profundo y escritor brillante, Marcelo, ante la demanda de ayuda de su tierra natal, no rehusó enfrentar aquel desafío que a más de uno pareció temeridad y hasta falta de juicio. 

Respaldado por el PTC, contando en las pujas iniciales con la valiosa ayuda de Gustavo Petro, con el esfuerzo directo de un contingente de paisanos, con el concurso de fuerzas políticas diversas, munido de su prestigio personal, sorteando todos los riesgos, pero sobre todo convencido de que las chispas de la sofrenada inconformidad podrían desembocar en una rebeldía generalizada contra la opresión, como finalmente sucedió, Marcelo pudo encabezar, en el tercer intento, la memorable reconquista popular de Magangué para la democracia. 

El que ni en la capital del país ni en Magan-gué pudiera proseguirse de inmediato la labor transformadora emprendida, no desdice de los líderes que presidieron los procesos ni puede dar pábulo al desánimo. Por el contrario, en Bogotá, ya la sucesión de yerros de Peñalosa, y de actos lesivos de su administración contra el patrimonio público, el medio ambiente, la salud de los bogotanos, la educación pública, la movilidad, la mujer, los vendedores ambulantes, los maestros, los trabajadores oficiales, los estudiantes, etcétera, empiezan a desatar no solo un encendido debate público contra el obtuso y reaccionario burgomaestre, sino una avalancha de protestas y movilizaciones públicas. Y en Magangué, tras las ruidosas cortinas de humo emergen los contornos de la realidad: una acusada oleada de inseguridad con un aumento de los homicidios, amenaza a comunicadores que se atreven a opinar libremente, circulación de amenazantes listas de la siniestra “limpieza social”.

Los obstáculos encontrados al iniciarse la nueva administración 

La importancia de los logros alcanzados en la gestión del Verdadero Cambio, como Marcelo bautizó justicieramente a su administración, no podría dimensionarse sin un conocimiento mínimo del estado en que el nuevo alcalde recibió el Municipio. Una rápida revista de esa situación, al comenzar el año 2012, no podría pasar por alto los aspectos negativos más protuberantes, que se enumeran a continuación:

1. Una precaria estructura presupuestaria y financiera derivada del nefasto endeudamiento a que fue sometido el municipio por anteriores administraciones, agravado por el hecho de que Magangué, a diferencia de los centros urbanos de mediano y gran tamaño, cuenta con un nivel muy bajo de captación de los recursos propios, por lo demás comprometidos en altos porcentajes para el pago de la deuda. Es así como del presupuesto del año 2012, el primero de la gestión, por un valor de 112 mil millones de pesos, lo disponible en definitiva para inversión se redujo a $800 millones, equivalentes a menos del 1% del total. Una suma insignificante frente a las necesidades del municipio en materia de obras civiles y en especial, ante las grandes expectativas de la población.

2. El lastre de una interminable deuda por causa del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos ordenado por la Ley 550, que en lugar de constituir como se piensa comúnmente, un alivio en el manejo de las finanzas municipales, no había sido para Magangué más que una fuente de corruptelas y de desangre de recursos. El pago de acreencias afectaba en algunos rubros casi hasta en un 100% los recursos propios del municipio que ingresaban, por ejemplo, por concepto de la sobretasa a la gasolina, el transporte de combustible de Ecopetrol, la asignación especial como municipio ribereño, la recuperación de títulos judiciales, el recaudo por la recuperación de cartera e intereses del impuesto predial e industria y comercio, o los recursos de libre inversión provenientes del Sistema General de Participaciones, entre otros recursos que se encuentran pignorados y comprometidos para el pago del Acuerdo de Pasivos. 

3. Descertificación en agua potable y saneamiento básico por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, cuyo efecto práctico consistía en que el municipio había perdido el manejo de esos recursos que pasaban a la gobernación del departamento. La sanción venía desde el año 2009 por el incumplimiento de algunos requerimientos que la ley impone a los entes territoriales en el manejo de información y de requisitos concernientes a la estratificación para efectos de la asignación tarifaria.

4. Suspensión de los giros de regalías y compensaciones expedida por el DNP desde el año 2010 por la ejecución de los recursos de regalías y compensaciones con destinación diferente a la permitida por la ley.

5. Deterioro del status legal e institucional. Marcelo encontró el municipio de Magangué en el sótano de la sexta categoría, en razón a que el monto de sus ingresos corrientes de libre destinación (Icld), no superaba los quince mil salarios mínimos mensuales vigentes (unos $8.700 millones) pese a tener cerca de 200 mil habitantes, cuarenta y dos corregimientos y una extensión de 119.700 hectáreas, de las cuales aproximadamente un 60% configura uno de los ecosistemas de humedales más importantes y estratégicos del país, integrante de la subregión de La Mojana.

6. Descertificación en proyectos de vivienda de interés social. El municipio de Magangué también se encontró sancionado por el Ministerio de Vivienda, como consecuencia del incumplimiento en la ejecución de los dos proyectos de vivienda de interés social, Nuevo Amanecer y La esperanza de un pueblo, iniciados de vieja data e interrumpidos en administraciones anteriores. Tal condición le impedía al municipio el acceso a los planes de vivienda de interés social y de las viviendas gratuitas (Aquí vale la pena aclarar que a pesar de este impedimento, la gestión de Marcelo permitió la construcción y entrega por el gobierno nacional de 730 viviendas palafíticas en las zonas del río y ciénagas aledañas, y una urbanización de 573 viviendas en el área urbana construidas por el Fondo de Adecuación para el Cambio Climático).

7. La pésima prestación de los servicios públicos domiciliarios. Los servicios públicos domiciliarios fundamentales, como alcantarillado, agua potable, aseo y energía y alumbrado público, al igual que el gas natural, se encontraron en manos de empresas privadas, mediante contratos de concesiones o de prestación de servicios públicos, que han venido lesionando el interés de la municipalidad y de los magangueleños, con mala o peor prestación de los servicios, tarifas y promedios de consumo ficticios, por encima de los estándares nacionales, incumplimientos de los objetos contractuales, cobros cuestionables e indebidos al municipio, en un claro perjuicio de los usuarios y detrimento del patrimonio público.

Magangué: laboratorio del posconflicto

En medio de la controversia nacional por la paz, los anatemas de los opositores a las negociaciones de La Habana, los actos temerarios de las guerrillas y las acciones violentas, los atentados y las amenazas a líderes populares, Magangué no fue ajeno al torbellino político de los días que corren. Con una población registrada de víctimas del desplazamiento del conflicto armado de cerca de 30.000 personas (más del 15% de la población total del municipio), que provenientes de otros municipios congestionaron desde años atrás la precaria infraestructura de servicios públicos domiciliarios, la red hospitalaria, la educación pública y aumentaron un déficit de vivienda ya de por sí abultado, puede decirse que una parte sustancial de la administración pública municipal en Magangué consiste en la atención de esta población vulnerable, bien a través de la Unidad Nacional de Víctimas, los programas sociales del gobierno nacional, el Sistema General de Participaciones (educación y salud) y con recursos propios del municipio. A ello deben añadirse los flagelos sociales presentes en el país: un alto desempleo (del 30%), una descomposición social acelerada por el microtráfico de estupefacientes, una considerable tasa de drogadicción y delincuencia juvenil, embarazos precoces de adolescentes y prostitución infantil. La administración de Marcelo Torres acometió el restablecimiento de la democracia y un esfuerzo por mejorar las condiciones del ochenta por ciento de la población compuesto por los estratos sociales 1 y 2 en distintos frentes de trabajo que incluyeron siempre a la población víctima del desplazamiento, hasta donde era posible con los recursos transferidos por la nación, los aportes del gobierno central y los magros recursos propios. 

En la parte correspondiente a los logros de esta administración se reseñará lo pertinente. Baste por ahora con registrar que, por un proyecto de iniciativa de la administración municipal y recursos de la Unidad Nacional de víctimas se adecuó, por primer vez en el Sur de Bolívar, un centro de atención de víctimas, cuyo funcionamiento y recursos humanos corren a cargo del municipio, en el área urbana de Magangué, que desde entonces atiende varios miles de ellas llegadas cada mes, suministrándoles alojamiento de paso, alimentación temporal, atención médica y sicológica especialmente para la niñez, adelantamiento de trámites y reclamos, y subsidios de transporte intermunicipal. Con toda justicia a Magangué se le reconoció por varios medios de comunicación como un ‘‘laboratorio del posconflicto’’. 

La administración de Marcelo Torres no sólo cumplió la difícil misión de rescatar la democracia, salvar el municipio del desahucio y desarrollar obras materiales de significativo impacto social, sino que habiendo conjurado el cerco político y económico de la ilegalidad y la violencia en una de las regiones más conflictivas y rezagadas del país, inició la configuración de una forma de administración democrática, moderna y ética, ajena por completo a la exclusión, al soborno y a todo tipo de extremismos, que constituye un genuino ensayo de administración para la paz, en el período histórico que se abre con los acuerdos que están a punto de celebrarse entre el Gobierno y los grupos armados. Se requerirá en todo el territorio nacional por parte de todas las personas y partidos una buena dosis de tolerancia, de voluntad de concertación por encima de las diferencias, de respeto y afianzamiento de la institucionalidad vigente en favor de la convivencia democrática y la civilidad, para que las expectativas de paz que inflaman el corazón de la inmensa mayoría de los colombianos, cuajen por fin en un país enfilado hacia una nueva era de civilización política, en la cual sea factible luchar, sin riesgos mortales, por progreso y bienestar para todos. Con Marcelo, Magangué nos ha dado un ejemplo pequeño pero potente de que ello es posible.

Nota

* Arturo Villarreal Echeona, oriundo de El Banco en la región del Pocabuy, investigador social y veterano promotor de las causas populares en el río Magdalena desde los tiempos de la Política de Pies Descalzos del PTC. Es escritor, Premio Nacional de Literatura en Colombia, y periodista laureado en México en 1990.