Repudio a la agresión militar, garantías a la protesta: exigencia universal

El gobierno nacional creyó que la gran movilización del 21N de 2019 “contra el paquetazo de Duque”, convertida en una vigorosa protesta, había sucumbido. La indiferencia y el desprecio con que trató las justas exigencias de amplios sectores levantados en protesta, sumadas a la pandemia en medio del temor al contagio, paralizaron temporalmente las aglomeraciones públicas. Sin embargo, la crisis social estaba viva. Faltaba una chispa para levantar el ánimo, para encender el ambiente. Fue el mismo Duque, con su genialidad de la reforma tributaria, quien 17 meses más tarde, provocara otro estallido aún más formidable que el anterior, logrando desbordar la indignación de la población. Los que pensaron que el levantamiento del 21N se había diluido y que ante las dificultades de supervivencia humana era el momento de sacarle hasta el último suspiro a un pueblo en medio de la adversidad, se volvieron a equivocar. La decisión de enfrentar la avalancha gubernamental es oportuna y correcta. El paro es justo y adecuado.

Lo que no puede pasar por alto ha sido la respuesta de un alucinado gobierno que creyó aplacar la profunda crisis con la violencia, como si la penosa situación de la población, el crecimiento de la pobreza y su estado de ánimo no contara. Se equivoca de nuevo al pretender sofocar la revuelta mostrando los dientes del Esmad, ese represivo cuerpo policial con técnicas y armas más sofisticadas y asesinas. Las denuncias sobre la crueldad de las operaciones militares en contra de las movilizaciones aparecen por todas partes, las cifras de muertos, desaparecidos, detenidos, heridos, mutilados, mujeres agredidas sexualmente y otros vejámenes, son inconmensurables e inaceptables. El paro ha dejado al desnudo el carácter violento y represivo que proviene de las entrañas del actual gobierno, su respuesta a los puntos del pliego de emergencia ha sido la militarización y ningún interés ha mostrado por adelantar una negociación. El paro logró el retiro de la reforma tributaria, la renuncia del equipo económico gubernamental, tumbar la canciller y ahora la caída de la reforma a la salud presentada al Congreso. Nunca antes un paro había llegado tan lejos, parece que Duque no se percata de su desprestigio. Mientras tanto la movilización se mantiene.

Las denuncias contra el proceder violento del gobierno contra el paro hechas fuera de la frontera colombiana, provenientes de innumerables gobiernos extranjeros, organizaciones de derechos humanos, ONG de diverso origen, organismos internacionales y múltiples manifestaciones en todo el planeta rechazando la brutalidad militar sobre la protesta han retumbado y la descalifican. Como quien dice, el paro se discute internacionalmente y hace estragos en el gobierno colombiano, en el preciso momento de la crisis del aparato diplomático.

Made in USA

Por la influencia que tradicionalmente ha ejercido sobre nuestros gobernantes y su posición dominante sobre la nación, es necesario mirar el comportamiento y la postura política sobre el tema en EE. UU.

El martes 4 de mayo, una semana después de iniciado el paro nacional, el Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su “profunda tristeza” ante los fallecidos en las protestas y a paso siguiente urgió “a la máxima moderación a las fuerzas públicas para evitar más pérdidas de vidas” y añadió: “en todos los países del mundo los ciudadanos tienen el derecho a protestar de manera pacífica”, aunque rechazó el “vandalismo”. Declaración ambigua pues si bien reconoce el derecho a la protesta y lamenta los muertos, deja las puertas abiertas a nuevos choques letales tal como sigue sucediendo al pedir “máxima moderación” que precisamente es lo que no ha habido. De ese día para acá las muertes y los abusos policiales se han multiplicado. Al final, la declaración “apoya” al Gobierno de Colombia en su búsqueda por solucionar las alteraciones de orden público mediante el “diálogo”, instrumento que no pertenece a la agenda de Duque, quien he saboteado cualquier compromiso de negociación con el CNP.

“En todo caso Biden ha sido muy cauteloso en no marcar mucha distancia con Duque” afirmó el experto en seguridad y paz en Colombia, Adam Isacson. Además, ante la reactivación del conflicto con Palestina, Biden ha declarado: “Israel tiene derecho a defenderse de los ataques”, que coincide conceptualmente con el trino que mereció una condena pública a Uribe por justificar la violencia contra los manifestantes en Colombia: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad”. Biden ya dio otro paso, autorizó la venta de armas de gran precisión al ejército israelí.

Por otro lado han surgido pronunciamientos de congresistas estadounidenses. La presidencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a través de su cuenta oficial en twitter en manos del demócrata Gregory Meeks fue contundente con sus declaraciones: “Estoy extremadamente preocupado por las respuestas brutales de la Policía Nacional y el Esmad a las protestas en Colombia. Estoy particularmente alarmado por el desarrollo en Cali y llamo al presidente Iván Duque a desescalar la violencia y hacer claro que el exceso del uso de la fuerza es inexcusable”, aseveró y añadió: “Es imperativo que la Ley Leahy de EE. UU. se aplique plenamente, ya que dejamos en claro que Estados Unidos no apoyará a las fuerzas de seguridad involucradas en violaciones graves de derechos humanos”.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el congresista estadounidense Jim McGovern afirmó que su país no debe financiar al Esmad de Colombia, debido a los graves casos de violación a los derechos humanos y exceso de fuerza que se han registrado en los últimos días en varias ciudades del país. “Estoy profundamente preocupado por la brutal respuesta de la Policía Nacional de Colombia (PNC) a las protestas pacíficas durante el fin de semana. Esto es parte de un patrón perturbador de uso excesivo de la fuerza, asesinatos y violaciones de derechos humanos contra manifestantes en noviembre de 2019, septiembre de 2020 y abril-mayo de 2021”, escribió McGovern en su cuenta de twitter. Sus denuncias también tuvieron eco en el Congreso. Un total de 55 congresistas estadounidenses, todos ellos demócratas, enviaron una carta al secretario de Estado, Anthony Blinken, en la que le piden suspender toda la ayuda a la policía colombiana y bloquear la venta de equipo militar como consecuencia de los desmanes que, dicen, han cometido en el marco de las protestas sociales que sacuden a Colombia desde el pasado 28 de abril, e instan al gobierno del presidente Joe Biden a “denunciar clara e inequívocamente la brutalidad policial en Colombia” y facilitar soluciones inclusivas para la situación política y social en Colombia", escriben en la carta. La misiva está encabezada por los representantes a la Cámara, James P. McGovern, Mark Pocan, Jan Schakowsky y Raúl M. Grijalva.

Por su parte la demócrata en el Congreso, Alexandria Ocasio-Cortez, pidió “rendición de cuentas por la larga serie de abusos a los derechos humanos ejercidos por el Gobierno colombiano. Debe haber”, manifestó la neoyorquina en línea con los reclamos que han ventilado otros legisladores como Jim McGovern e Ilhan Omar, del partido del presidente  Biden.

En medios escritos el cubrimiento a la protesta es abundante. Escogimos la opinión escrita en el New York Times el 4 de mayo de Adam Isacson. Entre enfilados planteamientos dice: “Duque y su partido no son populares. El índice de aprobación del mandatario es de menos del 35 por ciento. El miembro más influyente del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe, tiene un índice de aprobación del 38 por ciento. El partido enfrenta un camino difícil para mantener el poder cuando Duque termine su presidencia de un periodo en agosto de 2022”. La tormenta arrecia sobre Duque, ya no es solo con los colombianos, el mundo está notificado y “Se le debe dar prioridad al diálogo antes de que haya más muertes, antes de que se extinga la posibilidad de resolver las diferencias por la vía pacífica” atestigua Isacson.

En comunicado de prensa del 14 de mayo, expertos en derechos humanos de la ONU y OEA condenaron la violenta represión de las protestas pacíficas en Colombia, y han pedido al Gobierno que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre muertes reportadas, violencia sexual, alegaciones de tortura, casos de presuntas detenciones arbitrarias y de desaparición forzada. "Estamos profundamente consternados por el uso excesivo e ilegal de la fuerza por parte de la policía y los miembros del Esmad contra manifestantes pacíficos, defensores de los derechos humanos y periodistas en varios lugares del país ", dijeron los expertos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) solicitó una visita de trabajo a Colombia para observar en terreno la situación de los derechos humanos en el entorno de las protestas sociales que dieron inicio el 28 de abril. El gobierno colombiano aún no ha respondido.

La protesta en Colombia debe agradecer estos gestos y tenerlos en cuenta para futuras negociaciones sobre otros temas vitales para la relación bilateral. Entender que en EE. UU. también existe una opinión que respalda posiciones democráticas que son útiles a la hora de resolver conflictos.

La jornada de paro del 19 de mayo mostró de nuevo la indignación de los colombianos, la fuerza y la firmeza de la protesta. Los testimonios de las movilizaciones atiborran las redes. La negociación como tal está pendiente de la elaboración de un documento conjunto entre el Comité de Paro y la comisión gubernamental que de garantías a la protesta pacifica. Se requieren soluciones inmediatas a problemas inaplazables.