Locomotora minera piloteada por Gran Colombia Gold

Néstor García Buitrago

Tomado de http://www.vengalecuento.com/ (apartes)

A un mes del cese de actividades adelantado por trabajadores y emprendedores de la minería ancestral y tradicional en los municipios de vocación económica minera del nordeste antioqueño, Segovia y Remedios, y que en solidaridad con sus 20.000 mineros que aún esperan del gobierno la formalización de su ancestral actividad minera ha parado toda la población, al tiempo que la multinacional minera Gran Colombia Gold asume el mando del timón de la locomotora minera y con toda la desfachatez declara, contra toda evidencia, la inexistencia de la minería ancestral y tradicional en la región. Las armas oficiales del Estado puestas al servicio de los intereses de dicha multinacional acaban de asestarle tiro franco de fusil en su pecho al imberbe minero Brandon Stid Ochoa, asesinándolo.

Esto, cuando la única ilegalidad cometida en esa región ancestral y tradicionalmente de vocación minera es la apropiación ilegal y fraudulenta del territorio y de las reservas auríferas de la región acometida por la multinacional Gran Colombia Gold, bajo la anuencia cómplice del Estado.

La presión de las comunidades ha conseguido escalar el conflicto social a una Mesa Minera de Soluciones, Mesa saboteada desde la Gobernación mediante prácticas del más mañoso filibusterismo al programar por decreto unas reuniones que no eran avisadas a los trabajadores y emprendedores mineros, y estos por tanto viéndose obligados a parar en sus labores contractuales con la multinacional Gran Colombia Gold y su filial Zandor Capital S.A. Protesta que a los pocos días ya contaba con todo el apoyo de las mujeres, comerciantes, transportadores, indígenas y estudiantes de las poblaciones de Segovia y Remedios, quienes también se hacen sentir con el paro cívico y cese de sus actividades productivas.

Al día 28 del paro se tiene un negro balance de la represión contra la legítima protesta de 300 habitantes atendidos de urgencia por los letales efectos de los gases lacrimógenos lanzados indiscriminadamente contra toda la población, 15 mineros gravemente heridos y el joven minero alevosamente asesinado, y la única explicación dada por los mandos militares a sus atropellos es, según ellos, la de estar confrontando un paro armado.

Y saber que resultan mucho más letales y lesivos la andanada de proyectiles en forma de incisos, resoluciones, decretos, leyes, en particular los planes nacionales de desarrollo, que en nombre de la seguridad jurídica y el eufemismo “confianza legítima” (léase confianza inversionista) están siendo arrojados por la Locomotora Minera contra la satanizada actividad minera ancestral, tradicional y artesanal. La Locomotora Minera es todo un engranaje de normas al servicio de las multinacionales mineras conformado, entre otras, por el Plan Nacional de Desarrollo ‒Ley 1450/2011‒, el Plan Nacional de Desarrollo ‒Ley 1753/2015‒, el decreto 1073/2015 único reglamentario del sector administrativo de minas y energía, la resolución 40103/febrero2017, el decreto 1102/junio2017, el proyecto de ley 169/2016 a punto de ser ley y el mismísimo Código Penal en acción, mediante las cuales todas a una apuntan a legalizar el despojo y criminalizar a las comunidades por su ancestral actividad minera confinándolas exclusivamente a la minería pequeña de subsistencia, de tal manera que todo lo demás por fuera de la minería de subsistencia entraría a ser ilegal y sospechosa de lavar activos, al menos que se trate de la explotación por parte de honorables compañías multinacionales.

Esto es, la advenediza multinacional aurífera Gran Colombia Gold que mediante fraudulento cambiazo ha pretendido ilegítimamente hacerse a los activos mineros de la otrora Frontino Gold negociados por esta antes de abandonar el país con sus trabajadores como única forma de resarcirles el pago de pasivos laborales pensionales, además de haber incorporado indebidamente de hecho otras minas ancestrales ubicadas dentro de los linderos de su dudosa propiedad, de un momento a otro funge de maquinista de una locomotora que está a punto de darle patente de corzo en su voracidad degradante de fuerza humana de trabajo y depredación del medio ambiente.

Gran Colombia Gold ha impuesto condiciones leoninas al emprendimiento de unidades de producción minera mediante unos contratos de operación de esclavitud que las obliga a cederle el 65% del producido; impone la ilegalización e erradicación de toda práctica de minería ancestral y tradicional; presiona para que no se formalice dicha actividad y se criminalice la compra y venta del oro; opta por deslegitimar la protesta acusando a los mineros de estar al servicio de un cartel ilegal de los explosivos que atentan contra redes del acueducto y de estar al servicio del clan del golfo en lavado de activos; pone al gobierno a pronunciarse no estar dispuesto a negociar con ilegales la legalidad y buenas prácticas mineras exclusivamente ostentadas por Gran Colombia Gold. (ver http://www.elespectador.com/noticias/nacional/no-estamos-dispuestos-nego...).

De qué presume la advenediza Gran Colombia Gold

En artículo publicado el 4 de marzo 2017 en este portal Venga Le Cuento se lanzaba la alerta sobre la inminente demanda que la multinacional aurífera Gran Colombia Gold presentaría contra el Estado colombiano por la presencia de mineros ilegales en el área de la mina El Burro de Marmato, Caldas, y porque la Corte Constitucional había ordenado el cierre temporal de sus operaciones en esta mina hasta tanto se consultara a los habitantes del municipio (ver http://www.vengalecuento.com/dizque-grancolombiagold-tambien-demandara-al-estado/).

En efecto, un mes después en abril la multinacional minera ha formalizado su demanda por USD 700 millones contra el Estado colombiano bajo el tratado de libre comercio entre Colombia y Canadá. Y al mes siguiente, en mayo, hace presencia en la conferencia anual de los CEO ‒directores ejecutivos‒ de las multinacionales mineras que operan en Colombia agremiados en la ACM, y echaba babaza de su santa ira contra la Corte Constitucional y sus fallos. Sobra relatar que el gobierno nacional a través su ministro y viceministro de Minas supo comportarse como los buenos dependientes de las multinacionales mineras que son. En este evento y de corifeos ante sus mandantes el ministro Germán Arce se salió de los chiros imprecando que la Corte Constitucional había excedido su jurisdicción al legislar en lugar de aplicar la ley, y el viceministro Carlos Andrés Cante, el mismo que salió a desconocer la consulta popular de Cajamarca con su cuento de que los habitantes de Cajamarca no podía tomar decisiones en nombre de los 50 millones de colombianos, acusó a la Corte Constitucional de sembrar el caos y la confusión en la industria. ¡Cipayos! (ver http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170524/grupos-mineros-colombia-temen-reaccion-popular-negativa).

Hasta cuándo tener que padecer a la camarilla de inescrupulosos dirigentes que sólo llegan a serlo en la medida que a cambio de una coima se han prestado a la entrega de nuestras riquezas del subsuelo nacional a la voracidad del capital extranjero, los que desde el regalo dorado del tesoro Quimbaya en 1893 por el genuflexo presidente Carlos Holguín a la reina de España María Cristina de Habsburgo no han parado de entregar la riqueza nacional.

Toca investigar a la advenediza Gran Colombia Gold porque de qué callada manera y bajo qué gobierno, qué ministros y demás funcionarios, los canadienses de la Medoro Resources y Pacific Rubiales han sabido disfrazarse de Gran Colombia Gold haciéndose a los títulos mineros del cerro El Burro de Marmato, si desde 2008 las cinco mil familias de los mineros artesanales de las comunidades indígenas y afrodescendientes venían pidiendo a gritos la protección del Estado.

A cuento de qué ¡coima! y con aval de quién aparece la canadiense Gran Colombia Gold comprándole en 2010 a Mineros de Antioquia las minas de la Frontino Gold Mine de Segovia por USD 25 millones, si como se ha dicho los únicos legítimos propietarios de esas minas son los extrabajadores jubilados y activos dolientes de la Frontino que han organizado su emprendimiento en unidades de producción minera tan perseguidas por Gran Colombia Gold.

De un listado oficial de 2004 publicado en cuadro excel por la Superintendencia de Sociedades se lee claramente en la fila o casilla N° 1352 que bajo el código 890903503 aparece la Frontino Gold Mines domiciliada en Bogotá y Medellín, a nombre de Luis F. Alvarado Ortiz, clasificada en el grupo de liquidación concordatos.

De qué presume Gran Colombia Gold, si son los trabajadores hoy precariamente pensionados de Frontino Gold Mines Limited los legítimos propietarios de las áreas del R.P.P (Reconocimiento de Propiedad Privada), usurpada esta R.P.P. desde el año 1979 por la Superintendencia de Sociedades de Colombia, tiempo en el que estas áreas fueron cedidas a los trabajadores activos y jubilados por los antiguos dueños de la Frontino como pago por su pasivo pensional y que aún hoy están a la espera de un fallo de reconocimiento y restitución de sus derechos por parte del Estado colombiano como los legítimos propietarios de la nueva C.I. Frontino Gold Mines Colombia S.A. que son.

¡Cibernautas del mundo, uníos!, que la advenediza y usurpadora Gran Colombia Gold a cambio de un puñado de monedas de plata ha contado con los incondicionales cipayos colombianos para fungir de virrey de Colombia; que ella debe indemnizar y salir de los territorios de Segovia y Remedios.

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