Muchas cosas trajo el año de 1971

Los movimientos estudiantiles universitarios son una constante en Colombia desde inicios del siglo veinte¹. En lo fundamental es una historia de demandas y luchas por mejorar la calidad y contenidos de la educación superior y ser sujeto activo de su funcionamiento e instituciones. Así mismo, por una educación que cuente con recursos suficientes y cumpla su rol transformador de la sociedad.

Hace justamente 50 años tuvo lugar el movimiento estudiantil de mayor envergadura que ha visto Colombia. En esa época estudio Física en la Universidad Nacional de Bogotá y es desde esa mirada que escribo estas líneas, dirigidas en particular a las y los jóvenes estudiantes de hoy. Siempre es importante conocer experiencias pasadas de cara al presente y futuro. Me refiero al movimiento que se inicia con el paro de los estudiantes de la Universidad del Valle y a los hechos que como efecto dominó recorren el país y terminan involucrando a treinta y tres universidades.

En Cali, el 26 de febrero de 1971, ocurre una masacre en la que mueren cerca de 20 personas, entre ellas el estudiante Édgar Mejía de la Universidad del Valle, en enfrentamientos con la policía y el ejército. En la mañana hay refriegas en lugares aledaños al campus que pronto se trasladan a otros puntos de la ciudad, en las que también participan estudiantes de secundaria y habitantes venidos de barrios populares. El evento torna en motín: quema de llantas, incendio de vehículos, saqueo de almacenes, daño en fachadas de bancos y negocios, decenas de heridos y cientos de detenidos, a pesar de que el gobernador decreta el toque de queda en la ciudad al comienzo de la tarde².

En la década del setenta, ya la televisión trae imágenes de sucesos nacionales en los noticieros de la noche, además de que la radio, el medio de comunicación popular, informa en general sobre lo que ocurre. La autocensura es constante, el estado de sitio es casi permanente desde 1949³. Aún no hay teléfonos celulares con sus cámaras ni internet con sus medios alternativos y redes sociales; sin embargo la noticia sacude al país por su dimensión. En la noche el gobierno del presidente Pastrana Borrero instaura nuevamente el estado de sitio, que regirá hasta diciembre de 1973.

Todo comienza a principios de febrero cuando estudiantes de esa universidad pública, la tercera del país, protestan por el veto que el rector impone a la candidatura de un profesor a la decanatura de Ciencias Sociales y Económicas. El tema no es de poca monta, desde los años sesenta se venía cuestionando el autoritarismo de las directivas, la hegemonía de las “roscas” y la falta de democracia en los claustros universitarios. En una asamblea los consejos estudiantiles aprueban un cese de actividades por veinticuatro horas, declaran persona non grata al rector y piden su renuncia.

En las dos semanas siguientes el conflicto se deteriora y la crispación crece como espuma: los estudiantes bloquean las instalaciones de la rectoría y se declaran en huelga, el ejército nacional rodea la universidad y la policía desaloja los estudiantes, se producen marchas, manifestaciones y enfrentamientos, las directivas de la universidad amenazan con expulsión de estudiantes y cierre de la universidad, la Asociación Colombiana de Universidades declara el movimiento “típicamente subversivo”, distinguidos profesores se ponen al lado de la causa de los educandos, el comité de huelga intenta entrevistarse con el gobernador pero éste lo evade, el movimiento estudiantil gana el apoyo de sindicatos y la opinión pública rechaza el uso desproporcionado de la fuerza pública⁴.

En las universidades Nacional, Pedagógica, de Antioquia, Industrial de Santander y de Pereira, los estudiantes se declaran en alerta y convocan asambleas al conocerse la masacre. En la ciudad blanca⁵ el auditorio de Derecho⁶ está colmado de estudiantes de todas las facultades. Se proponen acciones de apoyo a los estudiantes del Valle pero pronto el debate gira en torno a la situación de la educación superior: carencia de democracia en la elección de las autoridades académicas, consejos superiores universitarios en donde tienen asiento sectores externos al Alma Máter (clero, industria, banca y comercio), relación autocrática profesor-alumno, no obstante los nuevos modelos pedagógicos, injerencia confesional de la iglesia en la educación del país⁷, escasos recursos para el mantenimiento y modernización de las instalaciones, influencia en ciertas carreras de agencias de Estados Unidos⁸, y no adecuación de los currículos académicos a las necesidades y visión de país.

En esos años, una efervescencia de ideas y anhelo de cambio se apodera de nosotros, los jóvenes universitarios. Como ocurre también con todas las generaciones, influidas cada una en su momento por corrientes culturales, contextos locales y eventos nacionales e internacionales. En la Universidad Nacional, por ejemplo, entre otras vivencias, algunos se apasionan por la salsa y el rock, otros hacen teatro, otros más descubren la ciudad capital y sus dificultades, y muchos se interesan por la política y lo que pasa en el país. El consumo de drogas muy poco o casi nada se ve. Es un estudiantado de cuna popular en su mayor parte, colorido, entusiasta y reflexivo. Y receptor de los impactantes acontecimientos de actualidad: las denuncias de fraude en las elecciones presidenciales de 1970, las protestas contra la guerra del Vietnam, la lucha contra el apartheid en Suráfrica, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, las protestas de Mayo del 68 en Francia, la contra-cultura del movimiento hippie, las revoluciones de China y Cuba, y la gesta del Che Guevara, entre otros.

En las universidades públicas existe un movimiento estudiantil relativamente organizado, resultado de las luchas por la autonomía universitaria de los sesenta9. Se cuenta con consejos representativos, circulan periódicos y volantes, las asambleas y ágoras de debate son concurridas. Surgen líderes como Marcelo Torres, Moris Ackerman, Ricardo Sánchez y Leonardo Posada¹⁰, entre otros. Se realiza un Pleno Nacional Estudiantil que convoca entonces un paro nacional de solidaridad para inicios de marzo. A partir de allí, como onda expansiva, se multiplican las protestas, marchas, mítines y paros de los estudiantes universitarios en todo el país y a lo largo del año, y el gobierno responde con represión brutal, militarización, toques de queda, expulsiones y arrestos. Es la escalada.

A mediados de marzo, el II Encuentro Nacional Universitario aprueba el Programa Mínimo de los Estudiantes Colombianos: abolición de los consejos superiores universitarios, creación de organismos de gobierno con participación de estudiantes y profesores (cogobierno), reforma de la Ley Orgánica de las universidades, elección democrática de las autoridades universitarias públicas y privadas, cumplimiento del presupuesto asignado a la Universidad Nacional, financiación estatal de la educación superior y cubrimiento de los déficits, congelación de matrículas de educación media y superior pública y privada, liquidación del Icfes, investigación científica financiada enteramente por la nación y planificada por investigadores nacionales, revisión de los contratos celebrados con entidades extranjeras y publicación de los mismos. Luego, en mayo y junio, el programa se amplía en los encuentros nacionales estudiantiles de Bogotá y Medellín mediante la Plataforma de Reforma Universitaria sobre el funcionamiento de la universidad y el sistema educativo nacional¹¹.

Desde abril el 80% de estudiantes de las universidades está sin clases¹² y a mediados del año ya se habla de la posible pérdida del semestre académico en algunas universidades y se percibe cierto desinterés o cansancio de sectores de la ciudadanía ante la duración del conflicto. De otra parte, el vandalismo en varias manifestaciones y marchas de parte de grupos muy pequeños o de agentes infiltrados, socava el respaldo de la opinión pública. Hábilmente, el gobierno propone entonces una reapertura condicionada al cese del movimiento y anuncia estar dispuesto a discutir una reforma universitaria cuando haya normalidad académica, al tiempo que mantiene las medidas represivas.

También afloran las diferencias entre los activistas y dirigentes estudiantiles sobre el levantamiento del paro y el cogobierno, según afinidades o militancias políticas. Un sector plantea que no hay la correlación de fuerzas suficiente para obtener el cogobierno, y el cierre prolongado de las universidades dispersa a los estudiantes y debilita su movilización. Conviene, dicen, el regreso a clases para reagruparse y ver la forma de continuar la lucha. Arguyen que el cogobierno fortalece la “universidad burguesa” y no es posible modificar su naturaleza antes de cambiar el régimen. Otro sector sustenta que pese al cierre y la violenta represión, el movimiento estudiantil gana fuerza en medio de un movimiento de masas creciente (la Anuc¹³ protagoniza grandes invasiones de tierra y el magisterio está en huelga, hay movilización sindical) y es posible exigir al gobierno su compromiso previo de aceptar el cogobierno y revocar las medidas represivas como condición para levantar el movimiento. Los cambios culturales, plantean, anteceden los grandes cambios sociales y políticos, es necesario transformar la universidad. El comité de huelga de la Universidad del Valle, con mayoría de un tercer sector, se opone al cogobierno y presenta un Programa Reivindicativo alterno.

En el segundo semestre el gobierno comienza a reabrir las universidades pero no logra la estabilidad académica¹⁴. Continúan las expulsiones y se mantiene la militarización. En las universidades privadas también sigue la agitación¹⁵. Finalmente el gobierno crea una Comisión de Notables para intentar llegar a un acuerdo. De la negociación resulta la aceptación de un nuevo gobierno para las universidades Nacional y de Antioquia conformado por el rector, cuatro decanos, dos profesores, dos estudiantes y un exalumno. Este cogobierno es una importante conquista para el movimiento estudiantil, sin antecedentes, y la elección de sus representantes se realiza a finales de 1971.

Entre otras medidas, el cogobierno de la Nacional reintegra estudiantes y profesores, triplica el presupuesto de la universidad y duplica el de bienestar estudiantil; el de la Antioquia reintegra estudiantes y profesores, reglamenta el nombramiento de los decanos y ordena la revisión de los contratos con entidades extranjeras. Sin embargo, la experiencia es corta: el gobierno nacional incumple lo acordado y disuelve el cogobierno en mayo de 1972¹⁶ justificando la no apropiación fiscal de los recursos por el Ministerio de Hacienda, y aprovechando la división del movimiento estudiantil y el temor de los estudiantes de ver afectado el semestre académico que se inicia.

Cinco décadas después el movimiento estudiantil de 1971 está presente en los avances posteriores: autonomía universitaria, participación de estudiantes y docentes en la marcha del Alma Mater, mayor presupuesto para las universidades públicas, programas académicos más pertinentes, cambios en la relación pedagógica profesor-alumno, investigación científica nacional, entre otros. Desde luego, son muchos los aspectos por mejorar y transformar, sigue teniendo plena vigencia la movilización y lucha por el fortalecimiento y desarrollo de la educación superior de Colombia.

Bogotá, abril 2021