La tributaria de Duque y Carrasquilla: Se tiende una celada

Los sucesos que vive la sociedad colombiana a lo largo y ancho del país en ciudades y campos a partir del paro nacional iniciado el 28 de abril, ordenado por las centrales obreras, constituyen la más grande revuelta social desde el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, ultimado por las oligarquías colombianas y que inauguró el período conocido como La Violencia, conflicto que no cesa, con las mutaciones que los complicados tiempos que pasan le abonan a la difícil situación colombiana.

La explosión de indignación que se expresa en todas las regiones del país no es sino el producto de lo sembrado a lo largo de cuarenta años de neoliberalismo que arruinó el campo, desindustrializó el aparato productivo, privatizó la salud, la educación, las pensiones; incrementó la pobreza y ensanchó la enorme desigualdad que ha caracterizado desde siempre la sociedad colombiana. Un sistema que siempre tuvo oídos sordos a cualquier posibilidad de reformas democráticas que permitieran alguna posibilidad de mejora y de bienestar a la pobresia y a las clases medias, mientras privilegiaba con exenciones a los pulpos financieros, a las transnacionales mineras y petroleras y a los grandes conglomerados empresariales.

El establecimiento colombiano está recogiendo la cosecha de esa siembra infame: en las ciudades colombianas muy buena parte de sus habitantes pasan hambre, los ingresos no alcanzan para llegar a fin de mes, los jóvenes no encuentran empleo ni oportunidades educativas y muchos caen en el escenario de barbarie que se vive en la regiones periféricas del territorio. Igual que los líderes sociales, indígenas y afrodescendientes, las mujeres son discriminadas por la economía en boga víctimas de un desempleo atroz y sojuzgadas y violentadas por un machismo impenitente; los colombianos que llegan a la edad de jubilación en un 60% no la obtendrán nunca, y las regiones acusan el olvido y el abandono del Estado central al que solo le ven su rostro despótico.

Afirmaciones corroboradas por el último informe de pobreza del Dane a 2020, donde se confirma que la pobreza y la miseria de amplísimos sectores de la población rebasan todo índice de tolerancia. La calle lo está gritando. El modelo económico les estalló en las manos y no saben qué hacer. El país se aboca hacia una deriva autoritaria donde el reclamo popular consignado en el pliego de peticiones de la dirigencia obrera no tiene cabida en los estrechos moldes de la ortodoxia económica, base del edificio de este capitalismo financiero y de servicios, de la que se deriva la insulsa economía naranja, que ha profundizado la crisis de la mano de la pandemia. Solo los ataja, en su proterva intención, la condena internacional que ha generado la actuación oficial ante el manejo de la crisis y la fuerza del movimiento popular.

En el nuevo escenario, luego de la caída de la reforma tributaria y del nefasto, imprudente y poco ético ministro Carrasquilla, el Gobierno Nacional ha declarado que no tiene líneas rojas para un diálogo nacional en busca de contener el encono popular en las calles y en las barriadas de toda Colombia. No es así. El Gobierno Nacional tiene líneas rojas e inamovibles: El Banco de la Republica y su torva negativa a otorgarle un préstamo al Gobierno a tasa cero. Utilizar la maquinita para emitir en el mismo sentido: inyectarle dinero a la economía para reactivar la demanda que nos podría acercar a un proceso de reactivación económica. Utilizar las reservas internacionales que se cifran en alrededor de US$ 59.000 millones a enero de 2021 a las que se podrían recurrir en un tramo para superar la coyuntura. Todas medidas que harían innecesaria una reforma tributaria. Esa línea el Gobierno Duque no la traspasará.

Al contrario, como se observa, el Gobierno pretende solucionar los problemas de las finanzas públicas con las mismas recetas que incubaron la crisis: activos colombianos estratégicos como Ecopetrol, (vital para las regiones) e ISA están en la mira para liquidarlos y encontrar en su venta los recursos que les otorgaron a los grandes conglomerados con la reforma tributaria de 2019 que sumó alrededor de cuarenta billones de pesos. Y hay un coro de los beneficiarios de sus dádivas a favor de la iniciativa. El nuevo ministro de Hacienda la tiene en su carpeta.

Mientras Estados Unidos y la Unión Europea gastaron billones de dólares en estímulos sin apenas hacer ruido en sus mercados de deuda, la tecnocracia del gobierno está desesperada por evitar la ira de los vigilantes de los bonos, la inflación y el déficit fiscal. En el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2020 está el origen de todo este desorden económico, social, político e institucional al que asistimos.

La caída reforma tributaria de Duque y Carrasquilla contemplaba servir en bandeja el bienestar de la nación por complacer a las calificadoras de riesgo: para el 2020 el déficit fiscal del país está contemplado en 8,5%, para el 2021 este caería al 5,2% y en el 2022 las finanzas públicas volverían al dogal de la Regla Fiscal. Todo acompañado del estricto cumplimiento de las obligaciones de deuda que medio mundo está revisando ante la incidencia de la pandemia. Este nocivo vademécum hace parte del bagaje del nuevo encargado de la hacienda nacional.

Todo lo contrario de lo que están haciendo en Europa, Asia y Estados Unidos, donde el gasto público se ha incrementado notoriamente, donde ni la inflación ni el déficit fiscal entran en las preocupaciones de los diseñadores de política. Y los bancos centrales han ido más allá de una política monetaria expansiva para apoyar la reactivación y procurar el bienestar general, como es el caso del agresivo programa económico del gobierno Biden destinado a crear millones de empleos bien pagos, invertir para fortalecer la infraestructura, la investigación y el desarrollo, en la electricidad, en banda ancha y en la economía del cuidado, en una economía lastrada por la fiera competencia internacional.

La crisis generada por la pandemia ha expuesto un abismo entre países ricos y naciones pobres y al interior de ellas, que no es sostenible, así como han puesto en cuestión las teorías económicas que han propiciado el despojo y profundizado la desigualdad a nivel global. Las ayudas de las que se precia el gobierno para gestionar la pandemia están basadas en la cicatera filosofía del director de la Andi: cuando se tiene menos recursos también se tiene menos gastos. El actual director del Banco de la Republica lo ha dicho en todos los tonos, respaldado por la insensible burocracia de los organismos multilaterales, el Banco Mundial y el FMI, arrodillados ante el chantaje de las calificadoras de riesgo al servicio de los tiburones del capital financiero internacional.

Alejandro Werner, encargado para el hemisferio occidental del FMI, respaldó de forma contundente al gobierno Duque y al ministro Carrasquilla en su intención de imponer la austeridad como requisito del saneamiento de las finanzas públicas. Una obsesión espuria e imprudente que Joe Biden ha relegado al cuarto de lo inservible: “Creemos que la reforma fiscal presentada recientemente ayudara a poner las finanzas públicas en una senda sostenible y al mismo tiempo mejorar la progresividad y equidad horizontal del sistema impositivo (...) Así mismo, en el FMI consideramos importante el retorno a la regla fiscal dentro de un marco fiscal fortalecido consistente con un ajuste gradual y la estabilización de la deuda pública”[1].

Las políticas de austeridad económica impidieron que el país se embarcara provisoriamente en las investigaciones sobre el virus que los laboratorios farmacéuticos abrieron al principio de la pandemia, tal como lo hizo Chile para el suministro de vacunas resultantes de la investigación científica. Hoy, Colombia está pagando con muertos su apego a las formulas de la austeridad y la falta de visión del gobierno. Al ritmo de vacunación actual, los especialistas calculan que la inmunidad de rebaño se alcanzaría en el país a mitad del 2022, con lo cual una reactivación económica pos pandemia se aleja del escenario. Gasolina para un bosque seco.

Una consecuencia fatal de este errático manejo es que se están muriendo colombianos en edad de vacunación. En abril, las muertes de personas entre 70 y 79 años fueron 2.744 y representaron el 26,62% de las 10.298 reportadas. En esta tercera ola de la agresiva enfermedad por las causas aquí anotadas, Colombia ocupa el cuarto puesto en el mundo en muertos, detrás de la India, Brasil y Estados Unidos. Y en número de muertos por millón de habitantes el 13 puesto a nivel mundial, cuatro veces más que la India y Estados Unidos. Colombia solo ha vacunado al 4,3% de la población contra el 37% en Chile.

Equilibrar las finanzas públicas no es un imperativo de la hora. Más importante que resolver el déficit fiscal son medidas tendientes a fortalecer el sistema de salud ante la crudeza de la pandemia, aumentar el gasto público para incentivar el empleo y la demanda de la economía, generar ingresos para la población con la concreción y fortalecimiento de una renta básica universal permanente de alrededor de un salario mínimo mensual que cubra las necesidades de las miles de familias acosadas por el hambre y las privaciones, así como garantizarle a la juventud colombiana el acceso a la universidad de manera gratuita. De lo contrario, el que siembra viento cosechará tempestades.