La desfachatez como política: a propósito de la nueva tentativa en torno a la Ley de Garantías

Que la política colombiana sea altamente contradictoria y corrupta, es una afirmación que hoy no sorprende a nadie. La existencia de clientelismo a gran escala y en gran parte del territorio, de tendencias peligrosamente autoritarias, y de un debate político dominado por el personalismo y las agendas oscuras, con intenciones mezquinas y electoreras, tampoco asusta a nadie, pero indigna a muchos. Sorprende tal nivel de descaro, de ausencia por lo menos de las “apariencias”, de las “formas”, de las medidas, de las proporciones. Es tal la desfachatez, que parece irreal. Vivimos en medio de un gran atolladero de corrupción, ilegalidad, irresponsabilidad e impunidad, propiciada e impulsada desde el ejecutivo actual.

No deja de sorprender, sin embargo, la nueva desfachatez, la última, la más reciente. Pretenden derogar un pequeño fragmento de la Ley de Garantías (minúsculo, sin importancia dicen los sectores gobiernistas que creen que es viable), con la idea de favorecer la supuesta reactivación económica, ya que la pandemia no permitió a los mandatarios locales desarrollar cabalmente sus planes de gobierno en obras públicas e infraestructura. Esta preocupación tiene que ver con que se dejaría de desarrollar el país y de generarse empleo, algo que parece solo interesarles en época preelectoral y que más bien oculta otras motivaciones.

Dicha ley pretende como principio central, suspender la contratación pública en época electoral, y muchos de los que ahora quieren debilitarla, la defendían vehementemente hace poco tiempo. Pero ahora, sorpresivamente, nos dicen que es lo peor de lo peor. No tienen en cuenta los niveles casi inverosímiles de corrupción en el país, ni la perspectiva de “buscar botín” que tienen muchos falsos servidores públicos, ni las redes clientelares que compran votos a 50.000 y 60.000 pesos, ni tampoco las altas tasas de impunidad que reinan y campean entre los políticos tradicionales de la amalgama de partidos gobiernistas. No, eso no existe para estos prohombres al servicio de los intereses superiores de la patria, ellos solo se están preocupando por el desempleo, la reactivación y la reconfiguración económica, nos aseguran.

Pero la verdad va más allá de ese bello discurso que repite el actual ministro de hacienda José Manuel Restrepo[1] y los aduladores senadores del Centro Democrático (que no es ni de centro, ni democrático). Esta jugadita no hace más que abrir una tenebrosa puerta que llevará a la más terrible corrupción para las elecciones de 2022. Sin embargo, para estos “padres de la patria”, que se ven beneficiados de estas maquinarias politiqueras, y de estas formas de hacer política (sin ideas, y con una gran billetera disponible siempre), esta ley está buscando el bien de la ciudadanía del país y la mejoría en las condiciones de las personas. 

Como dice Ana Bejarano[2] en su reciente columna de opinión en el portal de Los Danieles, lo que quiere el actual gobierno (que dicho sea de paso, es un desastre en todos los aspectos), consiste en dejarle al uribismo y sus más cercanos amigos un legado valiosísimo para ganar de alguna manera (o como sea), las elecciones del año venidero, luego del desprestigiado gobierno del “eterno aprendiz”. Sí, esa es en el fondo la gran idea, dejar todo listo para que puedan imperar el clientelismo y la corrupción en los comicios de 2022. Nada de ideas, nada de legado político, nada de ideología, nada de debate; lo que les importa es conservar el poder como sea, por medio del “todo vale”, que en el fondo es lo que pretenden. Les conviene que nada cambie, que todo siga igual, como va, o sea bastante mal para las mayorías del país.

En un artículo de Consuelo Ahumada[3] se resume el legado de este gobierno por medio de un balance poco más que desastroso: reaparición de la violencia, crisis social en aumento, precarización laboral, etc. A esto quieren sumar la nueva perla de permitir la contratación pública para traficar con votos, porque se sabe que si algo se mueve en las elecciones es plata. Por sobre todo tipo de debate serio, el uribismo quiere conservar el poder del Estado, para que todo siga igual, o peor de como está, pues después de Iván Duque, sabemos que hasta un inepto como ese, siendo el ungido, puede llegar a manejar el destino de millones de personas.

Duque ha hecho un gobierno perverso, pero por lo menos tratará de perpetuar a su jefe y a su fuerza política en las elecciones que vienen. Si bien todos quieren desmarcarse de uno de los protagonistas de la debacle actual, el presidente sabe que le debe un favor a su benefactor, y tratará de pagarle el hecho de que lo haya sacado de las sombras del anonimato y la insignificancia.