En los cincuenta años del movimiento estudiantil colombiano. “Te quitaron paisajes y calles de faroles…”

Tomás Quintero, el joven estudiante de bachillerato del Liceo Humboldt de Popayán, no acertaba a comprender por qué yacía en el féretro de la sala el cuerpo de su amigo Carlos Augusto González, “Tuto”, su compañero de clases, de luchas, de risas, de salsa. Desdobla un papel manuscrito que apretaba en su mano y lee transido de dolor: “Te quitaron paisajes y calles de faroles / Y las lunas que viste crecer en tu ventana / Te quitaron las tardes y los árboles / Y los domingos largos / Te Partieron la risa, camarada…”

Corría el mes de febrero de 1971 cuando ya las invasiones campesinas estremecían el poder terrateniente; a su turno, los obreros de la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, y la Central Sindical de Trabajadores de Colombia, CSTC, de tendencia comunista, aprobaban el lanzamiento de un paro nacional el 8 de marzo, al paso que el estudiantado de todo el país se levantaba en contra de la caduca y antinacional estructura de la universidad colombiana. El 26 de febrero, cuando la unidad de los obreros, campesinos y estudiantes había dejado de ser una abstracción para adquirir formas operativas, la fuerza pública, con la aquiescencia nunca negada del presidente Misael Pastrana, dispara contra una nutrida manifestación popular en la ciudad de Cali con resultado de más de una decena de muertos y la consiguiente imposición del Estado de Sitio a escala nacional. Con insolente cinismo “Fueron solo siete los muertos” titulaba El Tiempo su edición del día siguiente. 

La dirección de la Juventud Patriótica, organismo juvenil del Moir–Ptc, interpretó entonces la masacre oficial como un intento de quebrar el espinazo de lo que el presidente consideraba un unificado plan subversivo para la toma del poder. La respuesta del movimiento estudiantil nacional se estructuró en la golpeada Cali del 71 durante el Primer Encuentro Nacional Estudiantil que eligió la llamada Comisión Nacional de Solidaridad, organismo que expresaba en su seno la existente correlación de fuerzas: Camilo González representó al socialismo trotskista, Morits Akerman a la Juventud Comunista, Sergio Pulgarín al Camilismo y Marcelo Torres y Samuel Camargo al Moir–Ptc, agrupación política que introdujo dos miembros en razón de su influencia a escala nacional.

Fue esta Comisión la que sostuvo conversaciones con el ministro de Educación, Luis Carlos Galán, hasta el día en que el alto funcionario se declaró incapaz de avalar una línea del Programa Mínimo de los Estudiantes al aducir que esa aspiración contradecía la vigente Ley Orgánica de la Universidad, la Ley 65 de 1963. “Es esa ley contra la que nos levantamos en lucha hace casi un año, ministro”, intervino quien escribe, y ante el silencio del aludido, los delegados estudiantiles abandonaron la mesa de negociaciones.

Galán no ganaba el afecto de nadie. En carta abierta al Congreso de la República, fechada el 1° de octubre de 1971, el Claustro de Profesores de la Universidad Nacional afirmaba: “Prueba contundente de la carencia de una clara política universitaria del ministro de Educación la constituye el proyecto de ley que en nombre del gobierno nacional presentó ante el Senado de la República. En efecto, no contiene sino una pobre concepción de la universidad cuyo máximo fin es el de “producir profesionales”, pero cultura, ciencia y crítica no tienen cabida allí, salvo las meras menciones huecas de estos conceptos”. Firmaban, Eugenio Barney, Rubén Sierra, Lito Ríos, Carlo Federici, Darío Mesa, Estela de Feferbaum y Javier Esparza. 

La protesta estudiantil en Bogotá no cedía, al paso que más de treinta universidades del país cerraban sus puertas por orden presidencial. El teatrero Ricardo Camacho, Francisco Valderrama y Paula Gaitán Moscovitz celebraban “escaleradas” (asambleas en las escaleras) citadas mediante sketchs teatrales en la universidad de Los Andes y al tiempo Rocío Londoño, que en la Javeriana criticaba la antidemocracia de los jesuitas, presente en asamblea general de la Nacional lograba por unanimidad introducir una exigencia expresa en el Programa Mínimo de los estudiantes: ‘Reapertura de la facultad de Sociología de la Universidad Javeriana’. Cristina de La Torre, socióloga de la UN y hoy columnista de El Espectador como lo es también Lisandro Duque, defensores a ultranza del cogobierno se convirtieron en activistas valiosos del movimiento.

Marcelo Torres, fue arrestado el 9 de octubre por orden del alcalde de Bogotá, Fernández de Soto, que le impuso seis meses de cárcel y días más tarde profesores de la universidad propusieron al presidente la creación de una comisión asesora de notables que oyera a las partes y se pronunciara con una propuesta. Pastrana acepta y designa una comisión, mediante decreto, conformada por el médico José Francisco Socarrás, Adán Arriaga Andrade, Luis Duque Gómez, Manuel Ramírez Montufar, entre otros connotados personajes.

La Asesora presentó su propuesta dentro del espíritu del Programa Mínimo de los estudiantes como quiera que excluía todo tipo de injerencia extrauniversitaria: El Consejo Superior Universitario estaría conformado por un representante del ministro de Educación o en su defecto del rector de la Universidad con voz y sin voto, cuatro decanos de Bogotá elegidos por los profesores, dos profesores elegidos en igual forma, dos estudiantes elegidos por el estudiantado, y un exalumno definido por los decanos, profesores y estudiantes electos. Excluía a la Iglesia, que desde la oscura época de la “Regeneración” de Núñez en 1886, figuraba en la dirección de todas las instituciones de educación. En tales condiciones, la propuesta, que en lo fundamental recogía las peticiones del Programa Mínimo, fue aceptada por el Comité Nacional de Solidaridad y ratificada en Asamblea General.

Celebradas las elecciones, la “Lista única de los Comités de Base” defendida por la Juventud Patriótica del Moir-Ptc, se impuso en una relación de 4 a 1 al siguiente competidor, la Juventud Comunista. Durante uno de los siete encuentros nacionales estudiantiles, el cuarto al parecer, el llamado Bloque Socialista, en kilométrico discurso de Camilo González Pozo, había declarado su oposición total a la idea del cogobierno por considerar que una reforma a fondo de la universidad requería como condición necesaria el derrocamiento del sistema capitalista en Colombia y la implantación de un sistema socialista.

Contra todos los pronósticos de prensa, el proceso eleccionario de representantes estudiantiles al Consejo Superior Universitario, en suma, el cogobierno que formalizaba la autonomía de la universidad, bandera de la lucha, resultó ser el más vigilado, el más pacífico y el más tenso desde los tiempos del liberalismo radical de Tomás Cipriano de Mosquera, el hombre que tuvo la visión de crear una universidad estatal en la República de Colombia.