El proyecto de Ley de TIC. Una iniciativa de desconectividad democrática y fiscal en Colombia

Análisis de las consecuencias funestas para la televisión estatal si se llega a aprobar en el Congreso el Proyecto de Ley TIC. Seguramente, empujados por un puñado de ilusiones para la inclusión de las regiones y por el espejismo de la comunicación y las nuevas tecnologías, algunos se sumarán a las mayorías que sacarán adelante la iniciativa legislativa con algunos remiendos. Para cerrar la brecha digital en Colombia, dicho proyecto de ley pretende recaudar en cuatro años el equivalente a 6,4 veces la reforma tributaria que hoy se denomina Ley de Financiamiento.

Juan Carlos Garzón Barreto

Abogado especialista en regulación y gestión de telecomunicaciones y nuevas tecnologías de la Universidad Externado de Colombia.

En el año 2017 los prestatarios de redes y servicios de telecomunicaciones facturaron en el mercado colombiano 32,8 billones de pesos y en el servicio de televisión 4,3 billones de pesos. En total estos operadores privados solo le aportaron al Fontic y al Fontv la suma de un billón 280 mil millones de pesos, en un país en el cual, cada uno de los ocho canales públicos regionales de televisión recibió del nivel central la suma promedio de 8 mil 500 millones de pesos anuales en el año 2017.

En toda la década comprendida entre 2008 y 2018, el conjunto de estos operadores públicos de televisión regional, recibió 575.229 millones de pesos, es decir, el 13,6% de lo que factura la empresa privada de la televisión en un solo año, cifra que equivale a que los privados facturan en un año 7,3 veces lo que reciben los canales públicos regionales en toda una década.

Aun así, el proyecto de Ley de TIC que actualmente se aprueba en el Congreso, además de entregar a la empresa privada el espectro electromagnético por 30 años prorrogables, inclusive en forma gratuita, y crear un mercado secundario especulativo con este bien público, propone eliminar de las leyes de televisión los artículos que le imponen a RCN y Caracol el pago del 1,5% de sus ingresos y el 10% a los operadores de televisión por suscripción, en un país en el cual una sola empresa extranjera controla el 42,7% del mercado de televisión cerrada, cableada y satelital.

Además, el proyecto de Ley de TIC del gobierno pretende recibir las contraprestaciones económicas de los operadores en especie y en obligaciones de hacer, empujando la disminución del flujo financiero de la comunicación y la televisión pública, lo cual estimula la consolidación de prácticas monopólicas y contrae la dinámica del mercado audiovisual y de TIC, al impedir que otros ofertantes públicos o privados de esos mismos bienes y servicios del sector puedan concurrir a las convocatorias abiertas para competir por esa contratación pública.

Entre los años 2015 y 2017 los operadores de televisión cerrada incrementaron su mercado en 437.724 nuevos suscriptores, mientras que en el mismo período desaparecieron de los registros oficiales de Colombia 186 canales de televisión local y comunitaria. Se esfumaron 186 televisiones del pluralismo y de las otras ciudadanías sin ánimo de lucro, mientras en el año 2017 los operadores de la televisión cerrada y por pago mensual alcanzaron los 5.568.655 suscriptores.

Adicionalmente, al revisar las cifras oficiales de la Antv de los años 2016 y 2017, se advierte un curioso fenómeno en la dinámica de pago de las contraprestaciones económicas en el mercado de la televisión por suscripción, por cuanto, entre más ingresos reciben los prestatarios privados del servicio menos le aportan al Fontv, pues, los que en el año 2016 percibieron ingresos por 1,3 billones de pesos y aportaron al fondo público 115 mil millones de pesos, en el año 2017 incrementaron sus ingresos a 1,4 billones de pesos y disminuyeron sus aportes a 87.969 millones de pesos. Triste realidad la del potrero televisivo en Colombia, entre más vacas audiovisuales menos leche financiera para el fondo público de televisión.

Entre el año 2001 y 2017 las universidades colombianas formaron en las regiones a 31.383 comunicadores sociales, periodistas y de carreras afines, quienes –seguramente– perseguidos por el Icetex aún aguardan una oportunidad profesional en Colombia para obtener un poco de tasa de retorno por la inversión económica que las familias hicieron en sus procesos de educación superior.

Según cifras oficiales, se estima que entre 1990 y 2015 el Fontic, el cual recauda los recursos públicos del sector, recibió y ejecutó 12 billones de pesos; y entre 2010 y 2017, recaudó y gastó 9,9 billones de pesos. Recaudo aproximado total de 15 billones de pesos entre 1990 y 2017. Recursos todos estos que entre el año 2010 y el primer trimestre de 2018, se tradujeron en la celebración y ejecución de 626 contratos públicos de TIC, gratuitos u onerosos, los cuales no lograron romper la brecha de la inequidad digital en Colombia.

En este contexto, en un país donde está en curso otra reforma tributaria (ley de financiamiento) para conseguir 14,5 billones de pesos para garantizar la financiación del presupuesto del año 2019, estimado en la suma de 258,9 billones de pesos; el Mintic pretende y guarda la ilusión de que con el proyecto de Ley TIC 152/18-Senado, 220/18-Cámara que, además abarata las contraprestaciones económicas de los agentes del sector, se puedan recaudar 93 billones de pesos en un cuatrienio, cuando entre 1990 y 2017, en casi tres décadas, escasamente el Estado logró recaudar 15 billones de pesos como contraprestaciones aportadas por los operadores privados de redes y servicios de telecomunicaciones que monopolizan este mercado en Colombia.

En conclusión, para cerrar la brecha digital en Colombia, el proyecto de la Ley de TIC, pretende recaudar en cuatro años el equivalente a 6,4 veces la reforma tributaria que hoy se denomina Ley de financiamiento.

Seguramente, empujados por un puñado de ilusiones para la inclusión de las regiones y por el espejismo de la comunicación y las nuevas tecnologías, algunos se sumarán a las mayorías que sacarán adelante la iniciativa legislativa con algunos remiendos, pero, con el optimismo moderado que me caracteriza, me atrevo a decir que por esa vía al final del día no lograran ajustar cuentas con la brecha digital en Colombia, simplemente porque sin contar otras externalidades la caja fiscal del proyecto de Ley de TIC no cuadra.

La situación que generará el proyecto de Ley de TIC duele por el futuro de la producción independiente en el país y por el destino profesional de muchos de esos excelsos trabajadores de la cultura, a quienes la irracionalidad gerencial, la falta de pudor burocrático y el déficit de sentido de país, ya les empieza a correr la butaca audiovisual. Estas y estos juglares colombianos del audiovisual, hacen parte de esos equipos creativos y de realización y producción que durante décadas acumularon experiencia, conocimiento y saber, para posesionar a Colombia como una de las mejores televisiones públicas, educativas, culturales, universitarias, étnicas e infantiles de América Latina, cuyos premios, galardones y reconocimientos nacionales y extranjeros hablan por sí solos.

Finalmente, como sabiamente lo señala la doctora María Teresa Herrán, decana de quienes tenemos por oficio defender la libertad de expresión en Colombia, “La televisión pública no es la que el gobierno decide tener”.

En suma, por el bien audiovisual del país y por el cierre de la brecha digital, deseo profundamente estar equivocado en mis apreciaciones económicas, fiscales y financieras, pero cada vez que vuelvo y reviso las cifras del proyecto de la Ley de TIC, no tengo otro remedio que desechar esas vanas ilusiones.

Consulta el documento completo en: http://juancarlosgarzonbarreto.blogspot.com/2018/