A destechados y personas en discapacidad de Bogotá: Con gases y fuego responde la administración Peñalosa

Redacción La Bagatela

A través del Decreto 131 de 2017, la administración de Enrique Peñalosa redujo de manera significativa los subsidios de transporte para las personas con discapacidad, pasando de 50 a 25 los pasajes mensuales a los cuales se les aplica el descuento diferencial. Aunque esto fue informado por los medios, el cubrimiento no mencionó que la reducción aplicó igualmente para las personas mayores e incentivos por Sisben, poblaciones a quienes se les redujo el porcentaje del subsidio y el número de pasajes con este beneficio.

En el primer caso, la administración desconoció lo definido por la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por las Naciones Unidas y convertida en norma nacional mediante la Ley 1346 de 2009, que estableció la necesidad de adoptar medidas que permitan la realización efectiva de derechos para la igualdad social, entre ellos el acceso al transporte. Una condición necesaria, si tenemos en cuenta que en una gran proporción estos subsidios son usados por las personas con discapacidad y sus cuidadores para el desplazamiento hacia los tratamientos médicos necesarios.

Por si fuera poco, el 19 de abril las personas con discapacidad, en el ejercicio constitucionalmente reconocido de la protesta, se concentraron en la plaza de Bolívar para protestar por lo que consideran, de manera legítima, una medida injusta. Aun cuando esta jornada se desarrollaba de manera pacífica, la policía metropolitana de Bogotá sin medir las consecuencias agredió con gases lacrimógenos a los manifestantes, en una acción violenta y desmedida que parece caracterizar a la actual administración ante el creciente descontento que reflejan las encuestas y que ya suman más de medio de millón de firmas por la revocatoria de su mandato.

Reducir subsidios no es una medida aislada para la actual administración. Valga recordar que en la última asamblea distrital de la Alianza Verde en la cual participó Enrique Peñalosa, en su intervención crítico los avances en materia de política social realizados por la Bogotá Humana, y que durante la aprobación del actual Plan de Desarrollo en el Concejo de Bogotá el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, hizo todo lo posible para negar el artículo que permitía la tarifa diferencial para estudiantes, algo que por fortuna no se aprobó.

Aunque la administración se defiende aduciendo que fue la actuación aislada de un agente que será retirado, prueba de que la violencia y la represión son acciones sistemáticas de la administración, es la forma en que se produjo el desalojo en el barrio Bilbao de la localidad de Suba.

Aunque las 500 familias y más de 1.300 personas que se ubicaban allí estaban sobre la ronda del río Bogotá, en un serio riesgo contra sus vidas ante un posible desbordamiento, y efectivamente ocupando de manera ilegal un terreno que constituye espacio público, la administración distrital a través de un desalojo violento pasó por alto que quienes residían en esta zona son “(...) familia(s) humilde(s), en condición de desplazados”, tal como consta en la demanda interpuesta contra el Distrito y en la cual se reclamaba la protección de sus derechos fundamentales a la vivienda, la integridad personal y dignidad humana.

Está fuera de debate el que la manera en que estas personas ocupaban el territorio estaba lejos de cumplir estos principios, y que la restitución de sus derechos no pasaba por un desalojo violento como el realizado el pasado 24 de abril, sino por la atención necesaria que permitiera una reubicación en condiciones dignas, restableciendo sus derechos previamente, y lejos de las manos de urbanizadores piratas que aprovechando la pobreza y las necesidades se apropian de terrenos indebidamente.

La concertación y las vías del diálogo parecen ser desconocidas por Enrique Peñalosa, tal como ocurrió en el cabildo citado a propósito de la venta de la ETB. Este caso no fue la excepción: antes que la oferta de soluciones se procedió con el bolillo. Una de las habitantes de la zona señaló: “Si nos tumban los ranchos, volvemos a levantarlos hasta que nos reubiquen” (Caracol TV), afirmación que evidencia que la reubicación no fue una oferta que antecedió al desalojo violento, tal como sugieren las propias cifras presentadas por un concejal del Centro Democrático, quien en un intento desesperado por defender a Peñalosa, indicó que 117 familias están inscritas en subsidios de vivienda, lo que constituye menos del 23% del total que allí reside.

Aunque el secretario de Gobierno señaló tajantemente que la conflagración fue iniciada por los habitantes de la zona, estos afirman que ello implicó la destrucción de lo poco que poseen. Es importante señalar que gran parte de la población allí se dedicaba al reciclaje, lo que supone la acumulación de materiales como papel y plástico, altamente inflamables, pero de cuya venta se obtiene el poco dinero con el que subsisten, aspecto de la vida material que hace en lo absoluto creíble las afirmaciones de Miguel Uribe.

Bajo este panorama, esta es una población que tiene una doble condición de víctima: en primer lugar del conflicto armado que los desplazó de sus territorios, y en segundo de la violencia de la administración distrital que les niega el derecho a la vivienda en condiciones dignas en lugares seguros. Condiciones estas que evidencian la necesidad de revocar el mandato de un alcalde cuya única interlocución ciudadana es mediante el bolillo, los gases y el fuego.

Horror. El estilo de gobierno peñalosista: gasear a los discapacitados.