El gota a gota del destape de Odebrecht

La corrupción en Colombia

El gota a gota del destape de Odebrecht

Jorge Enrique Charry

Jefe de Redacción de La Bagatela

Poco a poco se va sabiendo lo que pasó. Los medios no pudieron callar la magnitud del escándalo. Pero las investigaciones van tomando un camino que de una u otra manera dejan “limpios” a personas e instituciones que deberían ser investigadas, como el fiscal general y el poderoso Luis Carlos Sarmiento Angulo (Grupo Aval, con cinco bancos y Corficolombia).

Veamos. La revista Semana(marzo 12 de 2017) estima que son cinco los frentes de investigación que hasta ahora están andando –otros medios hablan de 11 líneas de trabajo–:

Ruta del Sol Tramo II: 2009, gobierno de Uribe. Ya está preso el viceministro de Transporte del gobierno Uribe Gabriel García Morales, quien confesó haber recibido 6,5 millones de dólares, y está colaborando con la Fiscalía.

Adición Ocaña Gamarra: Otto Bula, exsenador que reemplazó en el Senado a Mario Uribe, primo hermano de Álvaro Uribe, cuando este fue capturado por parapolítica, aceptó que recibió 4,6 millones de dólares.

Carrusel de la contratación en Bogotá: Contrato del túnel Tunjuelo Canoas. Hablan de que aquí los hermanos Moreno Rojas recibieron un millón de dólares.

Navelena y el crédito del Banco Agrario por 120 000 millones de pesos, crédito que se usó para pagarle una obligación al Banco de Occidente (Grupo Aval), que se otorgó cuando ya Odebrecht estaba en serios problemas en Colombia.

Campañas presidenciales de  2010 y 2014. Ahora se sabe de la campaña de Santos en 2010.

Pero lo que comenzó con un viceministro preso por la adjudicación de una carretera, ha terminado en el fuerte escándalo de la financiación ilícita de las campañas electorales. Inicialmente a la de Zuluaga pero terminó en que también involucra la del actual presidente de la República.

La mano de los gringos

Lo primero que hay que resaltar es que las investigaciones de las denuncias en Colombia sobre Odebrecht se inician y causan revuelo general es porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió investigación a la multinacional brasileña. De no ser así, tal vez no estaría pasando nada, como ocurre en muchos casos de corrupción de las multinacionales en contratos con agencias estatales en todos los campos: infraestructura, comunicaciones, feria de entidades públicas, etcétera.

La investigación del Departamento de Justicia se debe a que Odebrecht utilizó el sistema bancario norteamericano para mover los millones de dólares con los que pagaron los sobornos, fundamentalmente a través de los denominados paraísos fiscales alrededor del mundo: Hong Kong, Andorra, Panamá, entre otros.

Estos paraísos fiscales son parte fundamental de la red bancaria del imperialismo para burlar leyes fiscales no solo en Estados Unidos sino en el resto del planeta. En este momento hay 170 funcionarios de Odebrecht respondiendo ante la justicia norteamericana y colaborando con ella. Es por ello que se destapa el embrollo, tanto en Colombia como en América Latina.

Muy pocos medios de comunicación hablan de este hecho. Sin embargo, un editorial El Espectadorseñaló: “Tal vez lo más diciente de todo esto es que sin el actuar de la justicia extranjera, el país posiblemente seguiría ingenuo sin conocer la influencia indebida en las elecciones y todo el entramado que hay detrás del ‘juego’ de la política” (15 de marzo de 2017).

En segundo lugar, es evidente que Estados Unidos utiliza políticamente estas investigaciones. Es por ello que fijan la mira en Brasil para, inicialmente, golpear a los gobiernos del PT de Lula da Silva y Dilma Rousseff. Pero las actuaciones dolosas de Odebrecht se desarrollaron en varios países, sin importar el matiz político de sus gobiernos. Para la muestra un botón: el dinero que lograron infiltrar en las campañas de Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos en 2014.

El fiscal general y el Grupo Aval

¿Cómo se adelantan las investigaciones en Colombia? Hay que resaltar dos aspectos fundamentales:

El ente encargado de investigar es la Fiscalía General de la Nación, dirigida por Néstor Humberto Martínez, recientemente posesionado. Y ahí hay una contradicción de bulto.

El fiscal Martínez, en principio, tendría varios impedimentos. Está demostrado que fue abogado, él y su firma de abogados, de Luis Carlos Sarmiento, dueño del Grupo Aval. Y este grupo es el socio de Odebrecht en la Ruta del Sol II por intermedio de la compañía Corficolombia que tiene el 33% de ese contrato.

El fiscal Martínez era ministro de la Presidencia (un cargo inventado por Santos), es decir era el jefe de los ministros del Gabinete, y en calidad de tal, participó en el Conpes que aprobó la adición (el otrosí) a la Ruta del Sol II para entregar a Odebrecht y Corficolombia el tramo Ocaña Gamarra y además alargar por cinco años más toda la concesión y regalarles nuevos peajes. Por ese otrosí están llamadas a declarar la exministra de Transporte Cecilia Álvarez y la exministra de Educación Gina Parodi, esta última porque su familia es dueña de un puerto sobre el río Magdalena que se construirá, precisamente en Gamarra. Pero si hay alguna sospecha sobre las ministras, ¿por qué no se investiga a Néstor Humberto Martínez?

Pero el Grupo Aval está más que inmerso en este contrato. Daniel Coronell denunció en su columna de Semana(marzo 12 de 2017) que la funcionaria Victoria Guarín de la corporación financiera internacional (Banco Mundial) participó en la estructuración de la licitación Ruta del Sol, y que ella es la esposa de Diego Solano, vicepresidente financiero del Grupo Aval. Si el fiscal Néstor Humberto Martínez era un empleado de Luis Carlos Sarmiento, ¿será imparcial en las investigaciones? Si el fiscal Néstor Humberto Martínez era el jefe del Gabinete cuando se adjudicó Ruta del Sol II, ¿será imparcial en esta investigación? El senador Jorge Robledo ya denunció ante la Comisión de Acusaciones y la Procuraduría al fiscal Martínez para que se declare impedido en todo este caso.

Hay algo más, por ahora. En el caso de Navelena empresa que logró un crédito por 120.000 millones de pesos de una entidad estatal como es el Banco Agrario, y que después modificaron el objeto del crédito para pagar una deuda de Odebrecht con el Banco de Occidente (Grupo Aval), ¿podrá el fiscal ser imparcial en esta investigación? ¿Qué papel cumplió en este caso el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, quien preside la junta directiva del Banco Agrario? ¿Desembolsaron 120.000 millones de pesos “a sus espaldas”?

Odebrecht en la política colombiana

Está demostrada la participación de esta multinacional en sobornos a muchos gobiernos de América Latina. En Perú, por ejemplo, investiga que el entonces presidente Alejandro Toledo recibió 20 millones de dólares. En Colombia, la multinacional financió la primera campaña de Santos en 2010 con 400 000 dólares, y que en 2014 financió a Óscar Iván Zuluaga con el pago a un publicista de Brasil, Duda Mendoça, con 1,6 millones de dólares y la de Santos con uno o con dos millones de dólares.

La opinión pública ya ha conocido la confesión de Otto Bula en el sentido que recibió 4,6 millones de dólares de Odebrecht en el 2014. Pero Otto Bula es un personaje siniestro, enredado con la Oficina de Envigado, suplente de Mario Uribe (el primo de Álvaro Uribe), al que ya le están incautando múltiples bienes.

La confesión de Roberto Prieto

Cuando comenzó el escándalo el presidente Santos alcanzó a decir que el gerente de sus campañas era una persona honesta y de su entera confianza. Pero a los pocos días la situación de este personaje cambió radicalmente, al punto que tuvo que aceptar públicamente que sí sabía de la financiación de Odebrecht en la campaña de 2010 con 400.000 dólares y que eso era irregular. A pesar de su “entera confianza”, el presidente tuvo que salir a pedirles perdón a los colombianos por estos hechos “bochornosos”.

Lo cierto es que Prieto resultó ser otro personaje siniestro. Durante el gobierno de Santos pasó a ser un megacontratista de una treintena de dependencias oficiales a través de una empresa familiar (Marketmedios). También se sabe ya que ha utilizado su cercanía con el presidente para intervenir en las entidades estatales encargadas de la infraestructura, particularmente están comprobadas sus reuniones con el director de la ANI, Luis Fernando Andrade, para averiguar por proyectos en los que estaba interesada Odebrecht y otras firmas internacionales.

Lo curioso del caso es que Prieto no tiene acciones en la empresa familiar, además no tiene una sola propiedad en Colombia. Sin embargo, El Tiempo reveló, en su edición del 20 de marzo de 2017, que “Prieto es dueño de una valiosa propiedad en Boca Ratón, Florida. Además, de una filial de Marketmedios que, según libros contables, tiene nexos con la empresa familiar que él ha gerenciado en Colombia”. El mismo artículo establece que “Prieto tendrá que empezar por explicar cuestionados aportes a la campaña que ya suman 1.200 millones de pesos. Hasta ahora, ha admitido haber ejecutado 400.000 dólares que Odebrecht le hizo llegar por fuera de la contabilidad y que se usaron para 2 millones de afiches. Pero ya empezaron a aparecer otros, Rodrigo Jaramillo confesó que el Grupo Interbolsa transfirió 150.000 dólares después de la campaña”.

¿Cuántos implicados faltan por conocer?

No se sabe todavía. Pero se debe investigar al exprocurador Ordoñez por haber “engavetado” expedientes sobre el mismo caso. Tampoco está clara la inocencia de Germán Vargas Lleras en el asunto: ¿cómo es posible que el encargado de coordinar todo lo relacionado con la infraestructura del país no se hubiera percatado de absolutamente nada? Además, el partido del hoy exvicepresidente, Cambio Radical, tiene varios gobernadores departamentales en líos con la justicia, dos de ellos presos; y Plinio Olano, con el apoyo de Cambio Radical, fue recientemente nombrado director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos y acaba de ser sindicado como parte del equipo de Odebrecht en Colombia, e hizo parte del acoso para asegurar la adjudicación de la Ruta del Sol II a Odebrecht y Corficolombia.

¿Y Álvaro Uribe está limpio? ¿No supo de ningún aporte ilegal a la campaña de Zuluaga? Hace rodar la cabeza de Óscar Iván Zuluaga, pero al otro candidato, Iván Duque, que viajó con Zuluaga a Brasil para reunirse con Duda Mendoça durante la campaña presidencial 2014, a instancias de Odebrecht, ¿no le pasa nada?

Fue a mis espaldas

Tanto Roberto Prieto como otros directivos de las campañas presidenciales han insistido en que no supieron de ningún aporte ilegal. Por ejemplo, Óscar Iván Zuluaga ha dicho que no supo que la multinacional brasileña pagara al publicista Duda Mendoça 1,6 millones de dólares por su asesoría. Pero como lo dijo el profesor Wasserman, “cuesta creer que Odebrecht hiciera donaciones con la condición de que los candidatos no se enteraran”.

La conclusión principal es que el sistema electoral y político colombiano es totalmente corrupto. Eso lo percibe la opinión hace más de un siglo. Los políticos que defienden al establecimiento utilizan los cargos públicos para enriquecerse. ¿Cómo esconder el hecho evidente del trasteo y la compra de votos, la utilización del aparato estatal, a todo nivel, para favorecer a uno u otro candidato? Y mil triquiñuelas más que distorsionan el aparente sistema democrático en Colombia.

Pero en el caso que se destapa con Odebrecht pareciera que esto se sale de madre. Banqueros, altos funcionarios del Estado, personas con vínculos con la mafia y el paramilitarismo, “respetables empresarios”, en fin, lo que llamamos el establecimiento, están implicados.

Conclusión

Frente al renovado vuelo que ha tomado la oposición al gobierno por parte de Uribe y los sectores de la extrema derecha que lo acompañan, la opinión democrática debe aclarar que Juan Manuel Santos en la campaña presidencial de 2010 era el candidato del uribismo, debe quedar claro que Odebrecht, más que “acercarse” a Santos, con sus aportes estaba complaciendo al gobierno de Uribe Vélez en 2010. El escándalo de Odebrecht no debe desviar al país de que lo principal es consolidar el proceso de paz con las Farc, obviamente para continuar en mejores condiciones políticas la movilización por la soberanía nacional, la lucha contra la corrupción y las reivindicaciones más sentidas del pueblo colombiano.