A propósito de la violencia contra la mujer en Colombia
A propósito de la violencia contra la mujer en Colombia
Consuelo Ahumada
Directora del Centro de Estudios Nueva Gaceta, coordinadora del Colectivo MALÚ-PTC, integrante del Comité Ejecutivo del PTC y profesora universitaria
En el transcurso de este siglo, marcado por el afianzamiento y profundización de políticas cada vez más excluyentes y por la extrema concentración de la riqueza en unos pocos, las condiciones económicas y sociales de la mayor parte de las mujeres parecen deteriorarse, a la par con su situación laboral. Llama la atención las extremas dificultades que viven las migrantes en los países del Centro, frente a políticas abiertamente xenofóbicas y racistas. En términos generales, se ha retrocedido con respecto a avances importantes alcanzados en la legislación internacional y en las luchas de más de un siglo por la igualdad de género y por los derechos sociales, individuales y colectivos de la mujer.
En el caso de América Latina, la violencia generalizada contra las mujeres, cuya expresión más extrema son los feminicidios, es decir, el asesinato de una mujer por su condición de mujer, se ha incrementado de manera notable en diversos países, en especial en Argentina, México y la región centroamericana. Los datos de Colombia, escondidos en las noticias de la violencia generalizada de las últimas décadas, también son escalofriantes; en el país hoy se registran cuatro feminicidios al día, con una impunidad del 90% (Oficina de la Equidad de la Mujer, enero 2016)1. Buena parte de estos crímenes tienen connotaciones sociales y políticas, pero también reflejan el arraigo de una cultura feudal, profundamente patriarcal, que ha sido amparada durante siglos por las creencias religiosas, en particular las que provienen del oscurantismo católico. Es precisamente en esta cultura que se afianzan los señores de la guerra y los políticos que los representan, tanto en Colombia como en el mundo entero.
Por ello, a comienzos de año las huestes femeninas tomaron la delantera en la lucha en Estados Unidos y el mundo entero contra el avance del fascismo, representado con la llegada al poder de Donald Trump en el imperio, y el avance de la extrema derecha en algunos países de Europa. Por otra parte, el pasado 8 de marzo las mujeres convocaron a una huelga general en el continente y se movilizaron en varias capitales contra todo tipo de violencia contra la mujer, bajo el grito colectivo que emanó desde Argentina “Ni una menos”.
Las mujeres en Colombia han debido afrontar también el creciente recorte a la inversión pública y social, que responde a las políticas de ajuste fiscal, y el deterioro en la prestación de los servicios sociales básicos, en especial la salud, la educación, el acceso a guarderías, por parte de sucesivos gobiernos, que han acogido con entusiasmo y sin el menor reparo las imposiciones de los organismos internacionales y de los dueños de las finanzas en el mundo. En este punto preciso, el de la política social, tampoco hemos contado ni remotamente con gobiernos nacionales que privilegien la inversión social, tal como sucedió durante una larga década con los gobiernos alternativos del Sur del continente2.
En medio de esta situación tan dramática, marcada por múltiples formas de violencia, la mujer colombiana, en especial la del sector rural, ha sido especialmente afectada por el conflicto armado y por sus estragos. Las cifras de violencia sexual en el conflicto armado, así como el número de mujeres y niños desplazados, han sido ampliamente documentados, tanto por la Comisión de memoria histórica como por distintos organismos y entidades internacionales y nacionales. En este respecto, el papel de la Corte Constitucional ha sido fundamental en cuanto a darle visibilidad a tan grave situación. El 14 de abril de 2008 emitió el Auto 092, con respecto a la protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado. En dicho Auto identificó diez riesgos o factores de vulnerabilidad específicos a los que están expuestas las mujeres por causa de su condición femenina, al tiempo que explicó el impacto desproporcionado del desplazamiento forzoso sobre las mujeres y le ordenó al gobierno la adopción de un programa para la prevención de dichos riesgos.
Por todo lo anterior, la firma e implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las Farc, a pesar de sus dificultades de toda índole, representa un paso muy importante para empezar a superar tan difícil situación. La generación de unas condiciones democráticas, que permitan el debate civilista en Colombia, propiciará también un escenario más propicio en lucha por alcanzar en Colombia la equidad de género y los derechos de la mujer.
Notas
1. Por ello, resulta indignante la convocatoria a la Selección Colombia a un jugador cuya última noticia fue propinarle una violenta golpiza a su esposa en Miami. La actitud complaciente de la gran mayoría de los medios frente al personaje es altamente reprochable y es una muestra fehaciente de esta cultura machista y mafiosa.
2. Por ello, no puede dejar de reconocerse los importantes avances en materia de inversión social y de fortalecimiento de lo público que se dieron durante la Bogotá Humana de Gustavo Petro.