Refutación de las falacias en contra de los acuerdos de La Habana

¿Se dice sí a la paz votando no al plebiscito?

No. Esa maniobra propagandística del uribismo incurre en una incoherencia total. Tal contrasentido cantinflesco, es como jurarle a Cristo adorando al diablo. Su único propósito es impedir que el pueblo colombiano refrende los acuerdos de La Habana en el plebiscito y sabotear la paz. Así sea una perogrullada feliz, la única manera de decirle sí a la paz es votando Sí en el plebiscito. 

¿Se debe rechazar la participación política de las Farc después
de la dejación de armas? 

No. La esencia central de los acuerdos es la entrega de las armas por parte de las Farc y su transformación en fuerza política, y fue esto lo que se pactó. Las Farc han aceptado que es el Estado el que detenta el monopolio de las armas. Esta es la ganancia mayúscula que los colombianos obtienen con los acuerdos de La Habana. Es apenas natural que dentro de las garantías que el Estado debe ofrecer para la reincorporación de los alzados en armas, una vez las dejen, se haya acordado la participación política de los mismos, con algunas concesiones inevitables o previsibles en una negociación de tan compleja naturaleza.

¿Habrá impunidad para la guerrilla de la Farc?

No. Los acuerdos de La Habana se basan en el principio de verdad, justica, reparación y no repetición, que permitirán aplicar una justicia de carácter transicional que sintetiza la experiencia del mundo entero para que el tránsito entre la guerra y la paz se pueda realizar con éxito. Su atención se centra primordialmente en las víctimas, y después en los victimarios. Se trata primero de restañar el dolor humano hasta donde sea posible, y luego en aplicar reglas universales de justicia, en circunstancias extraordinarias, a los responsables del daño infligido sin imposibilitar la paz.

Los acuerdos de paz han sido avalados por la Corte Penal Internacional a través de la fiscal Fatou Bensouda, quien dijo: “es sin lugar a dudas un logro histórico para Colombia y para el pueblo colombiano, cuyas vidas se han visto profundamente afectadas por el conflicto armado de 52 años. Saludo el anuncio del acuerdo final de paz como un paso crucial hacia el fin del prolongado conflicto durante el cual numerosas atrocidades fueron presuntamente cometidas por todas las partes”.

¿El país se le va a entregar a las Farc y al Castro-Chavismo?

Esta gran mentira es la invención más disparatada y perversa que las huestes del uribismo hayan difundido durante las negociaciones de paz. A excepción de apartes relativos al agro y a los cultivos ilícitos, el núcleo de los acuerdos se limita en su totalidad a la desmovilización y dejación de las armas por las Farc y a sus garantías para reincorporarse a la vida civil. Como pocos en el mundo, los acuerdos de paz de Colombia no solo fueron laboriosamente negociados durante más de cuatro años sino que constituyen uno de los más sistematizados y completos de nuestra época. Ninguna de las grandes reformas económicas y sociales que necesita Colombia se ventiló ni quedó acordada. Y nadie puede confundir al presidente Santos con un personaje distinto a lo que es: un clásico exponente de las altas clases dominantes. La paz le conviene a todos los sectores de la nación, pero especialmente al pueblo. 

¿Se les pagará un salario de $1.800.000 a los guerrilleros?

La cifra no es correcta. El gobierno apoyará la reincorporación de todos los miembros de las Farc a la vida civil en lo psicológico, lo político, y también en lo económico. Los excombatientes trabajarán en labores de desminado, sustitución de cultivos ilícitos y protección del medio ambiente, entre otras labores clave en el posconflicto, y tendrán un apoyo del 90% de un salario mínimo o sea la suma de $620.000 y solo por 24 meses. Y dos millones de pesos por una sola vez, y la posibilidad de ocho millones para proyectos personales de pequeños negocios una vez presentados y aprobados. Un costo exiguo teniendo en cuenta que la cifra total del gasto proyectado para la desmovilización y reintegro a la vida civil de los exguerrileros se estima en el 0,1% del PIB anual, y por un decenio.