¿Reforma fiscal solidaria o nuevo “paquete chileno”?

Al carnaval de las mentiras que ha caracterizado al gobierno de Duque, una de cuyas promesas de campaña fue “bajar impuestos y subir salarios”, se agrega su maña de disfrazar sus políticas con nombres engañosos. Así, a esta tercera reforma tributaria de su mandato, con la que pretende recaudar cerca de $30 billones en nuevos impuestos, la ha bautizado como ley de “solidaridad sostenible” o el más pomposo de “reforma social, solidaria y sostenible”. Un somero análisis demuestra que no es ni lo uno ni lo otro.

Las maniobras previas para su legitimación

Desde finales de 2019, Carrasquilla, su ministro de Hacienda reciclado del gobierno de Uribe, recibió la crítica prácticamente unánime de los analistas económicos por haber dedicado las dos primeras reformas tributarias a obsequiar exenciones y descuentos fiscales a los grandes capitales bajo el argumento falaz del neoliberalismo de que los ahorros impositivos de las grandes empresas y sus propietarios se convierten automáticamente en inversión productiva y empleo. La experiencia mundial y latinoamericana de los últimos 40 años ha demostrado que esta doctrina económica solo ha servido para la concentración improductiva de riqueza y el enriquecimiento extremo del 1% de la población, paralelo al estancamiento de los salarios y la precarización de las condiciones de vida del 99% restante. Esta realidad global y regional ha sido exhaustivamente documentada en estudios como los de Piketty, Oxfam o la Cepal.

Pero en Colombia, donde la desigualdad alcanza cotas vergonzosas y el gasto público social además de raquítico es fuente de enriquecimiento ilícito de unos pocos, las dos reformas de Duque-Carrasquilla consiguieron no sólo ahondar la brecha social sino desfinanciar al Estado. Desde antes del inicio de la pandemia, las cifras mostraban la caída del crecimiento y el aumento del desempleo y la pobreza, señal que los supuestos incentivos fiscales a la inversión productiva funcionaban en el sentido inverso. Y el Gobierno ya venía aumentando la deuda pública para tapar el hueco abierto por su generosidad fiscal con los más ricos.

La pandemia no originó sino que acentuó el desequilibrio en las finanzas públicas del modelo Uribe-Duque-Carrasquilla de “confianza inversionista”, cuando los ingresos fiscales ordinarios cayeron con la recesión económica al tiempo que el Gobierno se vio forzado a regañadientes a apuntalar el sistema de salud, largamente debilitado como resultado de la Ley 100. E, igualmente, terminó presionado por la crisis a destinar recursos adicionales a su precaria política asistencialista, representada por programas como “familias en acción” y otros semejantes. Sin embargo, su prioridad y mayor esfuerzo económico fue para auxiliar al sector financiero y a las grandes empresas que pudieron clasificar sin problema como elegibles del crédito generoso y las ayudas de emergencia brindadas por el Gobierno por conducto de los bancos privados.

Entonces, en agosto de 2020, mientras el desempleo, la pobreza, el hambre y la muerte se multiplicaban en todo el país y los alcaldes en Bogotá y las otras ciudades se enfrentaban a la expansión del contagio y a la crisis sanitaria y social (no sin trabas, retrasos y respuestas arrogantes de Duque y sus colaboradores), Carrasquilla convocaba un comité de expertos internacionales para evaluar el sistema fiscal del país en el que no incluyó a ninguno de los muchos expertos colombianos ni a ningún economista sospechoso de heterodoxia económica. Respondía así a la demanda de inconstitucionalidad del Estatuto Tributario presentada previamente por un destacado grupo de juristas y economistas colombianos. Y también reaccionaba, en apariencia, a la presión ejercida por la acogida positiva entre la opinión pública a la propuesta de parlamentarios, fuerzas de oposición y centrales obreras para que el Gobierno estableciera una renta básica de emergencia como ayuda para los millones de damnificados y compensara la pérdida de ingresos de la mayoría de los colombianos debido a la parálisis económica provocada por la pandemia.

Pero, sobre todo, Carrasquilla preparaba el terreno para una nueva reforma tributaria, al mismo tiempo que Duque, constitucionalmente su jefe, lo negaba enfáticamente en todas sus entrevistas con plena desfachatez.

El contenido del proyecto de reforma tributaria

Si bien desde hace varios meses Carrasquilla y su viceministro Londoño empezaron a filtrar fragmentariamente aspectos claves de la reforma, como la ampliación de la base del IVA y de los declarantes de renta o el impuesto a las pensiones, el Gobierno ha querido presentar el proyecto como una reestructuración fiscal orientada por las recomendaciones de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios. Por eso, ha hablado de una “reforma fiscal” y esperó hasta recibir el informe de dicha comisión para empezar a socializar el contenido de su proyecto tributario entre los empresarios. Sobra decir que ni centrales obreras ni organizaciones sociales fueron tenidas en cuenta. Ya el país sabe quiénes son los únicos interlocutores de la sociedad civil reconocidos por el gobierno Duque, un régimen autoritario y excluyente que nunca ha dialogado con nadie distinto a las minorías con poder económico.

En los umbrales de la presentación al Congreso del proyecto, se conoce que sólo ofrece mantener durante menos años la vigencia de varias de las exenciones y gabelas otorgadas en el régimen tributario a los grandes capitales y no se tocarán las de las llamadas “megainversiones”. Tampoco se eliminará el arbitrario 4 por mil ni se desmontarán los privilegios fiscales para los empresarios de las zonas francas (con descuentos tributarios hasta del 50% que discriminan a las demás empresas nacionales), según recomienda la Comisión de Expertos. Al igual que respecto a otras directrices, como la de no afectar el IVA de los bienes básicos sin tener garantizada su devolución efectiva a los sectores populares, el Gobierno se aparta de las recomendaciones de los mismos expertos, tan cuidadosamente elegidos por Carrasquilla.

 Pero más grave aún es el intento de cambiar en el IVA el régimen de “exentos” por el de “excluidos” a alimentos como el pollo, el cerdo, la leche, el queso o los huevos, ya que elimina la posibilidad de descontar este impuesto pagado en los insumos por el productor nacional. No sólo lo pone a competir en desventaja con las importaciones, que no pagan IVA, sino que encarece la canasta familiar. Es un hecho que el mecanismo de devolución del IVA, introducido para compensar a los estratos sociales de menores ingresos, no llega ni a la mitad de las más de 5 millones de familias empobrecidas, la mayoría ni siquiera identificadas ni bancarizadas, y que su monto presupuestado es claramente insuficiente. Se trata, por tanto, de un nuevo engaño como el demagógico “día sin IVA” de la reforma anterior. Pero al mismo tiempo se debilita la producción nacional, reforzando entre los empresarios la convicción aperturista de que en Colombia es mejor negocio importar que producir y crear empleo.

Sin soporte alguno, el Gobierno asegura que los cambios previstos en el IVA no tocan la canasta básica ni afectarán el costo de vida de los colombianos, cuando gremios de productores como la SAC ya han manifestado lo contrario. Algunos han anticipado alzas de precios que estiman entre el 14% y el 17% por incremento de sus costos. Argucias como la de los cambios de categoría fiscal o la eliminación de otras tarifas diferenciales inferiores al 19%, e incluso su rebaja a última hora a 17% para disimular su extensión a más bienes y servicios, constituyen parte de la fórmula para ensanchar la base gravable del IVA con lo cual se planea recaudar $10,5 billones adicionales por concepto de este impuesto indirecto, socialmente regresivo. Es decir, serán los sectores pobres y vulnerables de la sociedad, a quienes más golpea proporcionalmente el IVA, los que en realidad subvencionen la política de mantener, con ligeros ajustes, los cuantiosos incentivos otorgados a las inversiones en hotelería, turismo, “economía naranja”, monocultivos y minería, sectores cuya generación de empleo formal y transferencia de tecnología, es decir su contribución al desarrollo, es mínima.

Sin embargo, la justificación oficial es otra: se trata supuestamente de financiar la prórroga y fortalecer el precario “ingreso solidario” creado por el gobierno durante la pandemia. Incluso si fuese así, en el ambiente de penurias que viven hoy millones de víctimas del desempleo y la pobreza, no pasa de ser una aberración disminuir por medio del IVA los mermados ingresos reales de la gente con el pretexto de financiar los inocuos programas asistencialistas del Gobierno. Los mismos que han demostrado no servir para eliminar la pobreza, pero sí para condicionar a quienes caen en la misma y fomentar el clientelismo político. De igual forma, Duque pretende vender la idea de que la destinación exclusiva de los nuevos recursos es la inversión social, pero en las prioridades reales de “inversión” del Gobierno está la compra de aviones de combate para respaldar la funesta obsesión del uribismo de buscar un conflicto mayor con Venezuela.

El grupo de impuestos con el que el régimen fiscal podría tener un carácter progresivo, por tratarse de impuestos directos o proporcionales a la riqueza del contribuyente, son los de renta y patrimonio. De hecho, buena parte de las exenciones que distorsionan y reducen la contribución tributaria se asocian al impuesto de renta. Sin embargo, el proyecto inicial del Gobierno se enfoca en limitar las exenciones a un solo porcentaje más bajo (25%) en la renta de personas naturales, pero no amplía sino que reduce la escala de tributación de 7 a 3 tasas, es decir, renuncia a establecer un valor más progresivo en el impuesto de acuerdo con la base de ingreso gravable, como en otros países. Esto sin duda beneficia a los más ricos que reciben el mismo tratamiento que otros con ingresos mucho menores.

Se proyecta obtener $17 billones de este rubro, pero se recurre al sistema de extender hacia abajo la base gravable incorporando 1,5 millones más de nuevos contribuyentes al poner a declarar y pagar impuestos a personas con ingresos a partir de $2,5 millones mensuales. Con ello se busca acentuar la tributación sobre las rentas laborales. Y aunque se mantiene el gravamen de 1% al patrimonio a partir de $5.000 millones y se incrementa a 2% desde $15.000 millones (según el último “reversazo” de Carrasquilla, que antes hablaba de subirlo a 3% desde $5.000 millones), hay que decir que este impuesto a la riqueza es descontable del de renta y se calcula sobre el valor que exceda dichos límites. Por tanto, su recaudo esperado no sobrepasa $1 billón, que más adelante se restará del impuesto de renta.

Por otra parte, el tributo de los dividendos que reciben los accionistas de las empresas pasaría de 10% a 15% para ingresos mayores a $29 millones. Tasa muy insuficiente desde el ángulo de la equidad si se considera que el grueso de los dividendos forma parte del ingreso de los colombianos más ricos y con mayor capacidad de pago. En muchos países este impuesto sobrepasa el 25% y escala hasta el 50%. Falta por ver si, a última hora, incluso este modesto reajuste lo ablande o suprima el ministro por orden del partido de gobierno o alguno de sus aliados. O quizás pueda asegurar el apoyo que le falte repartiendo sobornos a congresistas con la “mermelada” de Duque, como denuncia el expresidente Gaviria.

Sólo resta mencionar la imposición de gravámenes a las pensiones, hábilmente introducida como impuesto a aquellas más privilegiadas de $7 millones en adelante, que se encasillan junto a las de más de $30 millones como “megapensiones” para mejorar la presentación de este primer asalto a los pensionados. Así mismo, las contribuciones obligatorias sobre los ingresos de quienes perciben más de $10 millones mensuales, las cuales se pretende enaltecer con el nombre de “impuesto solidario”. La aprobación de estos tributos, si llegare a darse, seguramente será objetada como inconstitucional por vulnerar derechos adquiridos.

Los probables efectos de la reforma

Como muchos ya lo han advertido, la aprobación del proyecto de reforma tributaria del Gobierno, sumada a la anunciada congelación de sueldos de los empleados públicos por 5 años, dificultará aún más la lenta recuperación de la economía al cercenar los ingresos de la clase media y los trabajadores sobre quienes recaerá el peso principal del incremento impositivo. Serán ellos las víctimas reales de la supuesta “austeridad” y esto tendrá efectos depresivos predecibles sobre la demanda agregada, verdadero motor de la economía.

Es cierto que el actual esfuerzo fiscal del país, como máximo el 19% del PIB, es relativamente bajo comparado con países de similar grado de desarrollo, pero eso obedece a que los sectores más ricos contribuyen mínimamente al sostenimiento del Estado. Estudios como los recientes de Garay y Espitia demuestran que los colombianos superricos no tributan más de 2% de sus ingresos. Y este grupo, que representa menos del 1% de la población, es al que con mayor indulgencia se trata en el proyecto de Duque-Carrasquilla -siguiendo la línea plutocrática de toda su política económica- ya que el blanco principal de la tributación serán las rentas del trabajo, tanto por la vía del impuesto de renta como por las consecuencias confiscatorias del aumento de los bienes y servicios gravados con el IVA pleno. Lo anterior, pese a que hoy hasta el FMI sugiere fortalecer las finanzas públicas sólo gravando más a los muy ricos.

Además, se estima que la evasión de impuestos al año sobrepasa los $40 billones, bastante más que lo que se aspira a recaudar con la reforma. La evasión fiscal corresponde esencialmente a capitales en tierras ociosas y activos improductivos que no tributan o riqueza que se oculta en paraísos fiscales, sobre lo cual no hay una acción efectiva del Gobierno ni se anuncia un cambio real en esa dirección. Recuérdese que Carrasquilla y otros personajes vinculados al séquito de Duque y Uribe son algunos de los protagonistas criollos involucrados en el escándalo de los “panama papers” sobre dineros ocultos y lavado de activos. Mientras en Colombia la “lucha” contra la evasión se reduce a imponer la factura electrónica para perseguir al comercio informal, en la OCDE se abre paso un aumento a 25%  de la tasa del llamado impuesto mínimo global para frenar la evasión tributaria de los grandes capitales que se ocultan en los paraísos fiscales.

Tampoco se ve cómo los programas de ingreso solidario van a mejorar en forma significativa la situación de los más pobres, porque las migajas que se les dan con una mano se las quitan con la otra a través del IVA y el impuesto a las rentas laborales así como del mantenimiento del desempleo a niveles devastadores. Los promedios nacionales de desocupación, ya de por sí escandalosos, se elevan a cifras cercanas al 20% en las ciudades principales del país, según el Dane, y no parece probable que retrocedan en este contexto recesivo. En conclusión, no se advierte un efecto reactivador del empleo ni equilibrante de las enormes desigualdades sociales como resultado de este proyecto de ajuste al sistema fiscal que golpea la producción y sigue contrariando los principios de progresividad y equidad social que ordena la Constitución.

Sin duda los intelectuales y sectores democráticos verdaderamente representativos de la sociedad van a rechazar este proyecto que pasará a la historia como una estafa más del gobierno de Duque, uno de los peores y más retrógrados que ha tenido Colombia desde el periodo Ospino-Laureanista del siglo pasado. En cualquier aspecto que se mire.