¿Quién se beneficia con el ajuste fiscal?
El Estado colombiano en 1991 renunció a muchas de las fuentes de recaudo de la ya raquítica hacienda pública tomando ingresos públicos para dárselos a los privados, y todo ello se suma a la bicentenaria tradición de no cobrarle impuestos a los más ricos (ni a sus patrimonios ni a sus ingresos). Y cada fuente de ingresos a la que renunció no lo hizo para mejorar el bolsillo de las grandes masas (o digamos del 80% de la población o si se quiere de los ocho primeros deciles poblacionales) sino para dejárselos a una muy reducida élite dueña del sector financiero y de infraestructura, los grandes ganadores a costa del resto de la sociedad. Esas fuentes son: la deuda pública, las empresas públicas para atener variados aspectos de la vida económica que hoy son rentas privadas (construcción de infraestructura, cobro de peajes, transporte público, manejo de dineros de pensiones, salud y cesantías).
Por Pascual Amézquita
Que hay hueco fiscal en Colombia, es una verdad incontrovertible. Lo que debería avergonzar a quienes han dirigido al Estado colombiano es que hayan permitido que la situación de las finanzas públicas llegara al punto calamitoso que hoy exhibe y que el ajuste fiscal buscado a través de reformas –como la que acaba de hundir la lucha en las calles– no resuelvan el problema de fondo.
Un vistazo a la historia económica…
En los dos siglos de conformación del Estado colombiano las clases dominantes se han caracterizado por una michicatería en materia de pago de impuestos que ha pasado su propia cuenta de cobro pues la hacienda pública nunca ha contado con la solvencia necesaria para apoyar la consolidación de la economía. Por la cortedad de mira no han entendido que si quieren construir empresas de corte capitalista con alta productividad deben meterse la mano al bolsillo para financiar el Estado que actúe como palanca del desarrollo.
El capitalismo de Estado o el Estado empresario es un monumento que las burguesías progresistas de otras latitudes idolatran así durante períodos –relativamente cortos para los parámetros de la historia– busquen achicarlo. Pero aun en los momentos de oro del predominio del pensamiento neoliberal los Estados de los países desarrollados sufrieron un recorte significativo si se mira desde la perspectiva del gasto público y de la otra cara de la moneda, el ingreso público. Basta con calcular su proporción en relación con el PIB durante el siglo XX para constatar que ni siquiera bajo el gobierno ferozmente neoliberal de Estados Unidos, el de Reagan, tales indicadores no cayeron de sus promedios históricos. Es así como se tiene que tanto gasto como ingresos públicos han rondado en este país entre un 30 y un 40 por ciento del PIB desde comienzos del siglo XX, para no mencionar otros países desarrollados cuyo recaudo es mayor.
La lógica macroeconómica en este fenómeno es el multiplicador keynesiano o multiplicador del gasto que, en breve, plantea que cada peso que gaste el Estado (extraído del bolsillo de quienes tienen para pagar, de manera progresiva) se convierte en más de un peso en el crecimiento del PIB cuando se emplea en dar subsidios a productores y consumidores, es decir, cuando se construye infraestructura, se garantizan servicios públicos, educación y salud, todo lo cual redunda en que los productores pueden desarrollar de manera mucho más prometedora sus negocios. A la vez contarán con un universo de compradores con capacidad de demanda para permitir que los productores hagan cada vez más mercancías sin riesgo de que se queden en los estantes.
… olvidada en Colombia
Pero las clases dominantes en Colombia nunca han querido entender este principio elemental del funcionamiento de su Estado. Nunca en Colombia ni el ingreso ni el gasto han superado el 20% del PIB, y así la economía cae en un círculo vicioso cada vez más destructor: como no hay recursos estatales para apoyar la marcha económica, los negocios van cada día más mal, y como cada vez empeoran, los cabilderos mueven sus palancas para obtener una nueva disminución de los impuestos, única manera, por primitiva que sea, de aumentar sus ganancias. A diario ahondan así el hueco de su propia tumba.
Cuando ocurren circunstancias que exigen grandes desembolsos públicos –crisis como la de las hipotecas en 1999, los coletazos de la mundial en 2008 o el cóvid-19–, sencillamente no hay ahorro público y como se torna imprescindible buscar recursos se apela a lo mismo de siempre, a apretar a las grandes masas con nuevas cargas impositivas y a más endeudamiento que condiciona las políticas públicas. Lo irónico del asunto es que, por ejemplo, si hubieran logrado aprobar la primera versión de la reforma que la lucha de las calles sepultó, el recaudo esperado por Carrasquilla, $26 billones, no hubiera aumentado sino en 2,2 del PIB el recaudo tributario total en Colombia, es decir nada (a un 18% del PIB), comparado con el de otras latitudes (el promedio en los países OCDE es 35% del PIB).
La Constitución de 1991 al servicio del ideario neoliberal
La debilidad de las finanzas públicas de Colombia se agravó a partir de la expedición de la Constitución de 1991, pues si hay campo donde el neoliberalismo se explayó a su gusto fue en el manejo de la hacienda pública.
Con el supuesto absolutamente contraevidente de que reduciendo la carga impositiva y secando las fuentes de financiamiento del Estado se estimularía la inversión privada (efecto expulsión, es el nombre técnico de ese embuste), la Constitución dio los pasos requeridos: dio vía libre al incremento de las más regresivas formas de los impuestos como el IVA (ver anexo Algunas peculiaridades del sistema tributario colombiano para mayor información sobre el tema de impuestos en Colombia), elevó a rango constitucional la privatización de las empresas del Estado. Además limitó al Banco de la República (BR) en sus posibilidades de manejo de la hacienda pública al ponerlo solo como autoridad para controlar la inflación y no para preocuparse por el desarrollo (como sí ocurre aún en países típicamente neoliberales como Estados Unidos o el Reino Unido) y de paso quitarle a la nación el acceso a buena parte de las ganancias del banco y prohibirle casi absolutamente la posibilidad de darle préstamos al gobierno a través de la emisión
Mientras se reducían los ingresos del Estado se le dejó la puerta abierta al sector financiero para sacar su tajada de ese ajuste. En el marco de la apertura económica el gobierno Gaviria expidió unas leyes para aceitar el funcionamiento del sector financiero que en esencia se traducen en que ahora la única forma en que el Estado puede obtener préstamos es a través del sector privado por medio de las llamadas operaciones de mercado abierto (OMA). Para entender lo que sigue es necesario recordar que cuando el BR emite (imprime) un billete, tiene una ganancia que se denomina señoreaje. Hacer un billete de cualquier denominación tiene un costo que hoy está por debajo de los 1000 pesos. Si el billete es de 2.000 estará ganando 1.000, si es de 10.000 ganará 9.000 y si es de 50.000 la ganancia será de 49.000 pesos.
Pero de acuerdo con la prohibición constitucional casi absoluta el BR no puede prestarle plata al gobierno a través de emisión, supuestamente para evitar la inflación. Pero en cambio sí tiene vía casi libre (con aprobación del Congreso) para aumentar la deuda pública a través de la expedición de papeles para realizar OMA. De manera que si el gobierno necesita un préstamo de 50.000 pesos no le pide al BR que emita un billete de esa denominación sino que el Ministerio de Hacienda emite un Título del Tesoro (TES) por esa suma y se lo vende al sector financiero privado.
Tomando en cuenta solo los TES y otros títulos emitidos por el Gobierno Nacional para captar recursos en el país, es decir para endeudarse, comprados por los bancos en el país, el total era de poco menos de 55 billones de pesos según informó la Superintendencia Financiera Colombia en septiembre del año 2020 (hay otros agentes compradores y otros títulos públicos no incluidos en este total).
¿De dónde saca esa plata la banca privada? De emisión (técnicamente se denomina emisión secundaria) y usando el ahorro de la sociedad expresado en los recursos de pensiones, cesantías y salud. Es decir las OMA y la emisión de TES tiene el mismo efecto sobre la inflación (verdad que es sabida por los técnicos del gobierno e interesadamente callada) pero con una notoria diferencia: el señoreaje ahora no queda en manos del BR sino de los operadores privados.
Otros de los muchos negocios a los que renunció el Estado en desarrollo del dogma neoliberal fue el de la infraestructura. Lo ideal es que las carreteras (o internet) no tengan peajes pues son potente pedal para el desarrollo de la productividad. Argumentando la falta de recursos el Estado colombiano le dio su manejo al sector privado (muchas veces de todos modos poniendo dineros públicos, como ocurre en las asociaciones público-privadas) convirtiendo a los peajes en fuente de ganancia pujante, como lo muestran las arcas de los operadores privados. Algo similar ocurre cuando el Estado deja de construir y vender directamente las casas de vivienda social y le deja el negocio al sector privado. Ahí están los balances de los grandes constructores (casi los mismos de infraestructura) para corroborarlo.
El resultado
De manera que, en síntesis, el Estado colombiano en 1991 renunció a muchas de las fuentes de recaudo de la ya raquítica hacienda pública, tomando ingresos públicos para dárselos a los privados, y todo ello se suma a la bicentenaria tradición de no cobrarle impuestos a los más ricos (ni a sus patrimonios ni a sus ingresos). Y cada fuente de ingresos a la que renunció no lo hizo para mejorar el bolsillo de las grandes masas (o digamos del 80% de la población o si se quiere de los ocho primeros deciles poblacionales) sino para dejárselos a una muy reducida élite dueña del sector financiero y de infraestructura, los grandes ganadores a costa del resto de la sociedad. Esas fuentes son: la deuda pública, las empresas públicas para atener variados aspectos de la vida económica que hoy son rentas privadas (construcción de infraestructura, cobro de peajes, transporte público, manejo de dineros de pensiones, salud y cesantías).
Sobre las privatizaciones, una primera aproximación muestra la magnitud de lo que dejó de percibir el Estado: Durante el gobierno de Uribe, cuando se aceleraron las p,rivatizaciones se vendieron 500 empresas por un valor de 13 billones de pesos de la época (2Orillas, 13 de enero de 2016). Suponiendo que se hayan vendido por un valor ajustado al costo (dato que no es cierto cuando se analiza por ejemplo la venta del 10% de Ecopetrol). El solo recuento de los ejemplos de los malos negocios en la venta y de las ganancias dejadas de percibir por el Estado o los entes territoriales llenarían montones de páginas.
El cálculo general es muy simple: Si el Estado en Colombia obtuviese el mismo porcentaje sobre el PIB que los países de la OCDE (no el actual 15% sino el 35%) el recaudo por ese solo concepto implicaría pasar de 150 billones de pesos año a 310 billones año. Esa cifra no incluye (ni en el promedio OCDE ni en Colombia) los recursos obtenidos a través de préstamos (de OMA). A ello podría sumársele otros ingresos no tributarios como los provenientes de empresas públicas (una parte importante de los recursos de Medellín emanan de ISA y EPM, no obstante el saqueo a que las tiene sometida el Sindicato Antioqueño), el manejo de los multibillonarios fondos de pensiones, salud y cesantías, el recaudo de los peajes (sin llegar a las abusivas astronómicas cifras que hoy enriquecen al sector privado).
La modernización que requieren la economía y el Estado colombiano pasa por un ajuste no por el lado del gasto como pregona el neoliberalismo sino por un incremento sustancial del recaudo público, empezando por la imposición de un real sistema tributario progresivo (en el que las tarifas sobre el impuesto sean más altas a medida que aumenta el ingreso o el patrimonio) de base amplia, es decir donde los grandes capitales y los ingresos de capital también tributen.