De nuevo suena en Colombia: La tierra para el que la trabaja

El régimen de propiedad de la tierra en Colombia es uno de los más desiguales del mundo. El 1% de la población en Colombia es dueña del 81% del territorio, según la ONG Oxfam. Abundantes estadísticas se pueden añadir a este simple dato que además muestran que la concentración de la propiedad en el campo se ha incrementado en los últimos años debido a la violencia que ha llevado al desplazamiento de pequeños y vulnerables propietarios y a la apropiación por la fuerza de predios por parte grandes propietarios. La altísima concentración de la tierra obedece además a que un muy reducido sector de la población invierte cuantiosos capitales en la tierra mientras el resto de la sociedad con los planes de desarrollo y el pago de las obligaciones tributarias las valoriza permanentemente mediante la construcción de vías, de redes de servicios públicos y el mejoramiento de la infraestructura en general.

El proceso de ocupación del territorio por parte de los grandes propietarios que corren permanentemente sus cercas se hace sacando al campesinado de las mejores tierras, las planas y fértiles aptas para la agricultura, obligándoles a moverse hacia la frontera de colonización selvática o a las laderas de las montañas, confinándolas en las zonas marginales de las urbes. Esta usurpación sistemática de la tierra fértil ha sido tolerada por la ley que se ha esmerado por consolidar los títulos de la gran propiedad monopolista, dejando al campesinado sin opción de poseer una parcela para trabajar.

En Colombia la ocupación poblacional es inversa a lo que debe hacerse para incrementar la producción de alimentos y proveer a la industria de adecuada materia prima. La población está en el lugar equivocado. En vez de tener la mayor densidad de habitantes donde está la oferta de los suelos fértiles y planos aptos para la agricultura, éstos están vacíos o dedicados a la ganadería extensiva, a la captura de dividendos por el incremento del valor de la hectárea, verdadero negocio de los grandes terratenientes.

Se estima que 39 millones de hectáreas están dedicadas a la ganadería, pero Colombia al tener 28 millones de cabezas de ganado ni siquiera es considerado un país productor de reces como es Argentina que posee un hato ganadero tres veces mayor. La verdadera función del ganado en estas condiciones no es producir carne, leche o cuero, es ocupar extensivamente las mejores tierras y ser celador de la propiedad terrateniente. Los ganaderos han aceptado que el hato existente en Colombia se puede tener en menos del 60% de la tierra ocupada actualmente por esa actividad, permitiendo dejar aproximadamente 15 millones de hectáreas disponibles para la agricultura, más del doble de las que hoy se destinan a esta actividad, y cuya adecuada producción de alimentos permitiría eliminar la importación de ellos, combatir el hambre y el costo de vida.

Los intentos por hacer una reforma agraria que altere esta forma de propiedad de la tierra y estimule la producción agrícola no han existido, por el contrario, el régimen terrateniente se ha consolidado protegido por normas cada vez más drásticas que fortalecen su poder económico y político. La lucha campesina por la tierra, que no la posee y es indispensable para su existencia, se ha silenciado a punta de encarcelamiento, persecución y muerte, hasta prácticamente olvidar el tema en Colombia. Este asunto vital para el desarrollo de una nación no ha sido propuesto por ningún gobierno en los últimos treinta años.

A buena hora, el gobierno de Gustavo Petro reconoce la necesidad de entregar la tierra en propiedad a los campesinos y adopta medidas para fortalecer la producción agraria. Estas son: -Entrega de títulos que venían represados por años a propietarios que los habían solicitado pero que en medio de la maraña burocrática y el engaño se los negaban. -Revisión de las propiedades adquiridas con dineros y métodos ilegales e ilícitos, que en gran proporción seguían en manos de sus propietarios o de testaferros que los usufructuaban o cuyos documentos estaban escondidos en los cajones de la autoridad judicial responsable del tema, para entregárselos a asociaciones de campesinos.- Destinación de una parte considerable del presupuesto del Ministerio de Agricultura a la compra de tierras fértiles a los grandes propietarios que mediante acuerdo escrito entre la federación de ganaderos y el gobierno nacional se comprometieron a negociar una parte de su propiedad.

La propuesta del gobierno del cambio ha despertado el entusiasmo del campesinado, cuya lucha había sido adormecida por persistentes golpes y engaños. Se han revivido asociaciones de labriegos que no realizaban mayor actividad y se han creado nuevas a lo largo del territorio nacional. La meta es entregar 3 millones de hectáreas contempladas en el acuerdo de paz de La Habana, pero está distante de esa cifra. La real voluntad de los grandes propietarios por vender es dudosa, muchas veces ofrecen la peor tierra de sus predios, o baldíos de los que se han apropiado valiéndose de influencias y transacciones indebidas, o pidiendo cifras de dinero más allá del valor de la tierra. Eso ha llevado incluso a negociaciones indebidas que han sido denunciadas por el propio gobierno y que están en manos de la justicia. Debe anotarse que un pequeño grupo de propietarios han reconocido la justeza del propósito de cambio del gobierno y han llegado a acuerdos que han permitido negociar su propiedad.

La Constitución contempla la figura de la extinción de dominio sobre la propiedad rural si se deja la tierra ociosa. El fundamento de la norma es que la tierra tiene una función social, porque es un bien único, es el planeta que todos compartimos y de ahí sale el agua, el oxígeno y el alimento que todos necesitamos para sobrevivir. Sin embargo, el actual gobierno optó por adquirirla mediante negociación y pago buscando mediante el entendimiento entre los colombianos, solucionar una inequidad con los habitantes del campo y una traba al desarrollo nacional.

En un régimen, donde pocas familias ha sido amos de regiones enteras por décadas, donde ha imperado la sumisión y explotación del campesinado, para el Estado repartir la tierra se presenta como un reto descomunal. Es la lucha entre dos concepciones, entre el atraso y la posibilidad de trasformar unas relaciones sociales de épocas remotas superadas por la humanidad en sociedades avanzadas, es la posibilidad de poner un activo en beneficio de la economía y el progreso nacional, es el propósito de convertir al campesinado en motor del cambio entregando la tierra al que la trabaja y convertir al campo en un medio de riqueza y prosperidad.

Con la derogación de las normas que protegen esa propiedad monolítica y la consolidación de la organización campesina que rompa con las relaciones patriarcales en la ruralidad, que denuncie a los funcionarios corruptos y reciba la anhelada tierra, se podrá alcanzar la prosperidad agraria y la paz.