Se acumula la inconformidad. Negarse a negociar es agudizar el conflicto
Por Alberto Herrera
Director de La Bagatela
Las cargas económicas agobian a los colombianos. Los reclamos vienen de los trabajadores y de los pensionados ante los permanentes recortes a sus ingresos, los universitarios exigen cumplimiento de acuerdos pactados, la informalidad crece en medio de las dificultades; las negritudes, los indígenas, las mujeres y los LGBT reclaman trato igualitario e incluyente. El gobierno niega llegar a cualquier entendimiento ante las innumerables peticiones del paro y por el contrario, en lugar de atender los justos reclamos, anuncia y aprueba nuevos recortes y más cargas.
Al pliego de peticiones se añade el inconformismo nacional por la escalada de asesinatos a líderes populares y el constante saboteo a los acuerdos de paz, por el intento a destrozarlos. Como si las demandas no fueran adecuadas y pertinentes, el gobierno se niega a considerarlas y por el contrario da a la movilización más importante de los últimos 70 años, un trato despótico y violento.
El gobierno no considera válido el pliego de peticiones, ni viables las reclamaciones, ni genuinamente representativos sus interlocutores: el Comité Nacional de Paro. Ha optado por darle un trato de montonera a las afugias de la población para así no atender ninguna ni comprometerse con ningún sector. Cree que el movimiento obedece a una minoría y dilata cualquier negociación buscando que la protesta se apacigüe sola, se diluya por agotamiento. De ahí su respuesta de entablar una “conversación nacional” sin rumbo ni compromiso.
Qué confundida y equivocada actitud gubernamental; piensa que está lidiando con una masa timorata, dispersa y confundida, que no sabe para dónde va. Por el contrario, los trabajadores llevan 30 años mostrando el camino, desde la implantación de la apertura económica luchando contra el neoliberalismo, modelo responsable de forjar la sociedad colombiana más desigual y excluyente de la historia. Ha sido un trágico período de corrupción, de feriar de los bienes públicos, y de recortar los derechos ciudadanos, todo respaldado con una represión violenta y asesina. Han sido 30 años que no han pasado desapercibidos. Se han dado valiosas luchas por la defensa del espacio público, de las empresas estatales, de las conquistas laborales y sociales, y por exigirle al Estado que cumpla con las obligaciones con una nación que se siente cada vez más desvalida, más expuesta[1]. La población ha visto pasar los años y como el panorama no se despeja, sale a la calle a expresarlo. Las movilizaciones nacidas el 21N juntaron las querellas populares de diversos sectores contra el gobierno, se está exigiendo una real y apremiante solución a los problemas nacionales.
La rebeldía juvenil que sobresale en el empuje de la movilización, ve en la educación pública su mejor opción por adquirir conocimientos y una vida digna. Las mujeres se levantan por un trato igualitario. Los indígenas exigen tierras para realizar sus labores ancestrales y todos unidos con los trabajadores organizados, han conformado un férreo contingente, como nunca en muchos años, y han salido a reclamar lo suyo. Esto no se detiene ni se calma con Esmad, al contrario, se puede agravar. Desde el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán no se registra un movimiento de esta magnitud. Con una diferencia: esta vez se cuenta con una dirección múltiple, aglutinada en el representativo Comité Nacional de Paro.
La falta de argumentos del gobierno para responder los puntos del paro, evidencian su obstinada defensa de una concepción económica y social que favorece con creces a los privilegiados de Colombia y su negativa siquiera a negociar reflejan su interés en profundizar en las reformas neoliberales. En diciembre se aprobó la reforma tributaria que exoneró a los potentados de pagar 12 billones en impuestos, que elimina la renta presuntiva a los poseedores de tierra y que aumentó los impuestos a la población. Están anunciada nueva reforma laboral y pensional con el mismo rumbo, que hacen parte del “paquetazo” que originó la actual protesta. El poco interés en encontrar soluciones a los problemas de las masas se suple con una respuesta de fuerza, autoritaria y militar, propia de un régimen de corte fascista. La respuesta identifica al Centro Democrático como su inspirador y gestor. No es con la lluvia de gases, ni el disparo a quemarropa, ni las detenciones, ni la invasión de los campus universitarios como se calmarán los ánimos. Actuar así y no negociar equivale a distanciar las partes y agudizar el conflicto.
El país presenció por más de cinco años la negociación de los acuerdos de paz que tan buen ambiente ha generado en Colombia. Fue la mejor manera de resolver un conflicto de 54 años ¿Cómo es que el gobierno no negocia con los más necesitados unas condiciones favorables para su desarrollo y supervivencia, y prefiere agudizar las diferencias en una de las sociedades más desiguales del planeta?
Los marchistas entre sendas consignas corean “perdimos el miedo”. El balón esta en las manos de Duque, su favorabilidad sigue bajando. La desatención a las justas reclamaciones del paro lo llevan a un mayor desprestigio. El país democrático está expectante pero decidido a continuar la lucha.
[1] El mundo se enfrenta hoy a una pandemia que causa estragos en todo el mundo. Los colombianos no contamos con un sistema de salud público robusto y con capacidad de enfrentar al coronavirus, ha sido desmantelado y convertido, a través de los años, en un negocio privado excluyente e inalcanzable para la mayoría de la población.