¡El PTC no se presta para la farsa uribista! por Yezid García
Por Yezid García
Secretario (e) del PTC y exconcejal de Bogotá
El PTC es, quizas, el sector político de la izquierda democrática que mantuvo con las Farc-EP mayores discrepancias y contradicciones a lo largo de muchísimos años de lucha política en Colombia. Siempre defendimos la tesis de la inexistencia de condiciones favorables a la lucha armada, condenamos sin tapujos los métodos terroristas y sufrimos en carne propia la violencia de algunos de sus integrantes sobre nuestros militantes y amigos. Pero, una vez firmados los acuerdos de paz y cumplida la palabra de las Farc de desterrar la violencia de la lucha política, la única posición consecuente es respaldar los esfuerzos de la corriente reinsertada a la vida civil y del Estado por lograr la necesaria reconciliación de los colombianos.
Por ello, condenamos todos los intentos del uribismo por “volver trizas los acuerdos” y, que aprovechando de manera oportunista el caso Santrich, hacer creer al pueblo colombiano que los acuerdos de paz extendieron un manto de impunidad sobre los integrantes de las Farc respecto al delito de narcotráfico. Además, no compartimos la actitud de los partidos políticos independientes, partidarios de la paz, y de algunos congresistas de la Alianza Verde, que hacen a un lado los principios democráticos de la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho de todo imputado a ser vencido en un juicio. Y se suman sin pudor al coro que irreflexiblemente sostiene que cualquiera que sea pedido en extradición por Estados Unidos es automáticamente culpable por anticipado, antes de ser vencido en los estrados judiciales.
El PTC no se resigna tampoco a que en Colombia quien cuestione la política antinarcóticos norteamericana y, en especial, la extradición de colombianos a Estados unidos “se exponga a ser considerado como apologista de los carteles del narcotráfico o a sueldo de los mismos”. Y muchísimo menos se sumará a incrementar el clima de linchamiento contra la Corte Suprema de Justicia, contra la JEP y, en general, contra el aparato judicial colombiano, cuando éste no acata la voluntad imperial y procede en derecho.