Ley de financiamiento: una reforma tributaria que ahondará la crisis del país
Por Consuelo Ahumada
Profesora Universidad Externado de Colombia, miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Integrante del Comité Ejecutivo del Partido de Trabajo de Colombia. Tomado del periódico El Bancario, ACEB, noviembre de 2018.
Acorde con su estilo de campaña electoral, el presidente Duque conmemora sus primeros 100 días del gobierno haciendo alarde de sus dotes faranduleras con Carlos Vives y Maluma. Mientras tanto, el país se debate en un fuerte malestar social, que se expresa en dos asuntos centrales. El primero, la persistente lucha de los estudiantes, los profesores y las comunidades, que, en medio de la indolencia del gobierno, desde hace un mes se movilizan por los recursos mínimos para que las universidades públicas de todo el país no se derrumben a pedazos. El segundo asunto es el proyecto de ley de financiamiento, presentado al Congreso el pasado 31 de octubre, cuyos principales criterios y componentes sintetizaremos aquí.
La ley de financiamiento es en lo fundamental una reforma tributaria que profundiza los mismos criterios de las 13 reformas aprobadas durante las últimas tres décadas en Colombia. El nuevo proyecto pretende además venderle al sector privado algunas de las empresas estatales que aún sobreviven a la arremetida neoliberal de todos estos años, con lo que se obtendrán 2,3 billones, y se conseguirán 1,2 billones adicionales con el programa de ahorro y reducción del Estado, que traerá una pérdida considerable de empleo en este sector.
Tal como se afirma en la exposición de motivos, se trata de una ley “por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto nacional y se dictan otras disposiciones”. Es decir, se dice que el objetivo es conseguir 14 billones de pesos faltantes para cubrir el costo de algunos programas sociales que están desfinanciados en el presupuesto del 2019. Se insiste también en la necesidad de cumplir con la regla fiscal o Ley 1473 de 2011, cuyo objetivo es garantizar las prioridades financieras del país: pago de la deuda externa y de las regalías o utilidades de las empresas multinacionales, al tiempo que se restringe el gasto público y social.
Al igual que las reformas anteriores, y contrario a lo que pregona la retórica oficial, esta ley regresiva incrementará la concentración de la riqueza y aumentará la pobreza en el país. Se pretende que los trabajadores y los sectores más vulnerables aporten los recursos faltantes, al tiempo que se favorece con mayores exenciones y beneficios a los más ricos. Por ello el punto que ha generado mayor polémica y rechazo de la reforma presentada es la extensión del IVA y su imposición a casi todos los productos de la canasta familiar en un porcentaje del 18%. Se prevé que este impuesto, de naturaleza profundamente regresiva, deberá generar el grueso del faltante: 11,3 billones en el primer año y 12 billones en el segundo. Al igual que la reforma tributaria aprobada en diciembre de 2016, esta nueva propuesta tiene un carácter recesivo, por cuanto reducirá el consumo e incrementará el desempleo.
En el proyecto se contempla una devolución bimensual anticipada de $99,468 pesos a los hogares más pobres del país, pero no es claro el procedimiento para hacerlo. Se partirá de la base de datos del Sisben para Familias en Acción, que está desactualizada desde hace una década. Tampoco se sabe de dónde saldrán los recursos para la devolución. En el hipotético caso de que se pudiera hacer, sus resultados serán mínimos. Primero, porque esa devolución corresponde al impuesto causado por un gasto mensual en alimentación de aproximadamente $280.000, lo que es un cálculo muy bajo. Segundo, este mecanismo incrementará el clientelismo y la corrupción, sobre todo en la mira de las elecciones regionales. Y tercero, la medida no beneficiará a los trabajadores de salarios más bajos, por cuanto no pertenecen a dicho programa de subsidios.
Como si dicha medida no fuera suficientemente grave, el proyecto busca también ampliar la base tributaria, de manera que los trabajadores de menores salarios paguen más. El ingreso de las personas incluidas como contribuyentes baja ahora de $4.770.000 a $4.268.059 y la retención en la fuente partirá de 85 UVT (Unidades de Valor Tributario), es decir, $2.818.260 pesos.
Por el contrario, el proyecto de financiamiento le baja la carga tributaria a los empresarios, del 33 al 30% en dos años. Les permite deducir el 100% del IVA por la compra de bienes de capital. Plantea también la reducción en 10 puntos de la tarifa efectiva de renta para mejorar la competitividad de las empresas del país y anuncia el desmonte paulatino del impuesto a la renta presuntiva. Se establece de nuevo el impuesto al patrimonio, de carácter temporal, por cuatro años, para personas con patrimonio superior a los $3.000 millones de pesos, con tasas de entre el 0,75% y el 1,5%.
Se contemplan también algunos incentivos tributarios para quienes inviertan en las zonas más afectadas por el conflicto armado (Zomac). En cambio, nada se dice en el proyecto del catastro multipropósito, uno de los puntos centrales contemplados en la Reforma Rural Integral del Acuerdo de paz con las Farc. Esta es una medida estratégica que no solo permitiría formalizar la propiedad rural sino recaudar importantes recursos para el desarrollo rural, estableciendo las bases para que los grandes propietarios de la tierra empiecen a tributar de una vez por todas. Por obvias razones, ha sido uno de los puntos más rechazados por el uribismo.
La Ley de financiamiento favorece ampliamente a los dueños del capital, en especial extranjero. Anuncia un régimen tributario especial para las Compañías Holding Colombianas, CHC, que busca proporcionarles todos los incentivos para fomentar la competitividad de capitales, “tal como se impone en todo el mundo”. De acuerdo con el texto de la reforma, se otorgarán beneficios especiales a aquellas que tengan como objeto la tenencia de valores, inversión o holding de acciones o participaciones en el exterior y/o administración de dichas inversiones. Estas deben contar con una participación de al menos 10% de capital extranjero por un mínimo de 12 meses. Para pertenecer a este régimen, se exige como requisito contratar al menos un empleado y contar con una dirección corporativa propia en Colombia. Por su parte, el impuesto a los dividendos seguirá entre el 5 y el 10%, es decir, en lo fundamental no se afectará el mercado de acciones, cuya propiedad está muy concentrada en el país.
Por último, el proyecto parte de dos falacias que los economistas neoliberales pregonan desde hace tiempo, en contra de toda evidencia histórica. La primera es que las empresas en Colombia son gravadas en exceso, lo que desestimula la inversión y la generación de empleo. Este argumento, defendido ampliamente en la campaña electoral por el entonces candidato Duque y por entidades como Fedesarrollo, no corresponde a la realidad. No es cierto que las empresas paguen impuestos excesivos. En general, las grandes empresas, nacionales y extranjeras, gozan de grandes privilegios tributarios, exenciones, deducciones y subsidios públicos. Tienen al Estado a su servicio y se han beneficiado mucho con las 13 reformas tributarias que se han aprobado y puesto en práctica durante los últimos 28 años.
Los grandes empresarios trasladan sus ganancias al exterior y las dedican a operaciones financieras. Por lo tanto, no generan nuevos empleos, tal como lo muestran las mismas cifras oficiales. De acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio e Industria, de 2017, el 80,8% del empleo en Colombia proviene de las pymes, que registran alto nivel de informalidad, tienen poco acceso a créditos y una baja capacidad de innovación y de exportación.
La segunda falacia que se repite una y otra vez desde el gobierno anterior, es que Colombia es un país de clase media, en donde la demanda, y por tanto, el mercado interno, han crecido mucho. No obstante, en este punto también las cifras del Dane son contundentes: El 61,5% de los trabajadores gana menos de un salario mínimo. Según las cifras del Ministerio del Trabajo, del total de empleados del país, solo un 8%, o sea 1.647.000 personas, ganan un salario mínimo. Entretanto, 10,7 millones de trabajadores ganan un salario inferior al mínimo.
En síntesis, la reforma tributaria propuesta y defendida en el Congreso por el Ministro de los bonos de agua, Alberto Carrasquilla, no responde a la necesidad de construir un país más equitativo, en el que se sienten las bases del desarrollo económico y social, una vez superado el conflicto armado.