¿Qué ha cambiado en la mentalidad de los colombianos con el Paro Nacional?
Durante el gobierno Duque, y a pesar de este, la ciudadanía se ha apropiado de los diversos mecanismos de participación ciudadana que garantiza la Constitución. No sólo se trata de las votaciones masivas que han visibilizado a los sectores alternativos a partir de 2018: las consultas populares, los referendos mineros y las revocatorias de mandato han dado voz a un pueblo que antes sólo se resignaba a bajar la cabeza ante sus mandatarios, sin importar lo desastroso de sus administraciones. Si bien, la protesta social ha tenido sus logros y tiene sus tareas pendientes, queda claro que nada dentro de este movimiento tendrá sentido si no se ve correspondido con una masiva votación en contra de los grupos políticos que han promovido y defendido la violencia como método de solución de las problemáticas sociales. Las consecuencias de la victoria electoral de la ultraderecha en 2018 son visibles.
Por Juan Orlando Bonilla Peñaloza
El proceso de movilizaciones sociales acontecido durante el gobierno de Iván Duque ha permitido consolidar elementos muy valiosos dentro de la conciencia política de una buena parte de la población colombiana, generando espacios para el desarrollo de una vida democrática bajo el amparo de la Constitución de 1991.
Hoy en día el Paro Nacional continúa siendo percibido de manera positiva por buena parte de la población colombiana. Según encuestas de Hora 13 Noticias publicadas el jueves 3 de junio, 70% de los habitantes del Valle de Aburrá apoyan el Paro Nacional, cifras que se corresponden con las encuestas publicadas por Datexco, Semana y Forbes, en las cuales el movimiento figura con un apoyo de entre 72 y 75% por parte de los colombianos, con un importante 81% de apoyo en la población menor de 30 años (fuente: CM&). Esto se contrasta con las últimas encuestas sobre imagen favorable de personajes como el presidente Iván Duque (18%) y el jefe del partido de gobierno, Álvaro Uribe Vélez (20%). La imagen favorable del Paro Nacional se sostiene pese a las sistemáticas campañas de estigmatización por parte del gobierno nacional, con la evidente complicidad de los medios de comunicación tradicionales, que minimizan el impacto de la movilización pacífica y limitan sus cubrimientos e informes a los desórdenes presentados durante la protesta; logrando incluso sostener su aceptación por encima de la del sector político que actualmente ostenta el poder.
Pero esto no es algo súbito. Durante el gobierno Duque, y a pesar de este, la ciudadanía se ha apropiado de los diversos mecanismos de participación ciudadana que garantiza la Constitución. No sólo se trata de las votaciones masivas que han visibilizado a los sectores alternativos a partir de 2018: las consultas populares, los referendos mineros y las revocatorias de mandato (que han sido utilizadas de manera oportunista por el uribismo para disimular sus fracasos electorales) han dado voz a un pueblo que antes sólo se resignaba a bajar la cabeza ante sus mandatarios, sin importar lo desastroso de sus administraciones. La protesta social llega como un complemento necesario a este proceso de apropiación de las garantías constitucionales. 30 años después de la publicación de la Constitución la ciudadanía empieza a aprender que los espacios de expresión política deben trascender las urnas y crearse desde los territorios.
El proceso de movilizaciones de 2019 y 2021 ha permitido un mayor grado de organización dentro de los grupos movilizados en las jornadas de protestas, introduciendo al contexto de la movilización social nuevos términos como APH, Primera Línea, Puntos de Resistencia y normalizando la presencia de la prensa independiente en las manifestaciones, esta ha sido fundamental en la construcción de espacios de visibilización de la protesta social a través de la utilización de las redes sociales. Igualmente el debate social ha trascendido a las expresiones artísticas por medio del derribo de monumentos y la creación de murales, los cuales han sido fuertemente censurados por la fuerza pública y los uribistas radicales. La protesta social se ha transformado entonces en un espacio para la convivencia de la diversidad, donde las arengas se complementan con muestras artísticas y teatrales, a diferencia de las marchas progobiernistas, donde las personas uniformadas y en silencio hacen homenaje a la militarización de la vida cotidiana y la censura impuestas por Iván Duque.
Aunque Iván Duque es un presidente marioneta (que incluso fue llamado títere de Uribe en entrevista en CNN durante los primeros días del paro) no puede esquivar la responsabilidad de lo acontecido durante su gobierno; gobierno que ha oscilado entre lo ridículo (denunciando ante la ONU la presencia del ELN en Venezuela con fotos de campamentos en el Cauca) y lo macabro (como los múltiples bombardeos contra los niños secuestrados por los grupos terroristas en las zonas más apartadas del país). Por eso, no podemos olvidar que la situación social en que surgió el Paro Nacional es responsabilidad directa del gobierno. Fue el gobierno Duque el que decretó cierres y cuarentenas sin asegurar el sustento básico de la población, fue el gobierno Duque el que prefirió regalar dinero de la nación a empresas extranjeras en lugar de subsidiar la industria local, fue el gobierno Duque el que decretó la virtualidad de la educación sin asegurar el acceso a internet de los estudiantes, causando una masiva deserción educativa durante la pandemia. Igualmente es responsable por los gastos extravagantes realizados en tiempos de pandemia como la compra de arsenales para el Esmad, los miles de millones que se gastaron en su programa de televisión, las limosinas, aviones y vacunas compradas tarde y muy por encima de su costo normal. Mientras tanto, la población colombiana, que con trapos rojos en sus ventanas denunciaba que se moría de hambre, tuvo que defenderse con unos subsidios de burla, de 70 mil pesos al mes, mientras más de 500 mil emprendimientos se veían forzados a cerrar (fuente: La República) y millones de personas perdían sus trabajos y fuentes de sustento.
Igualmente es claro que la ciudadanía cada vez está más decepcionada de las instituciones del Estado. La queja por la entrega de los organismos de control a los amigos personales del presidente se complementa con el cansancio ciudadano por la demorada acción de la Fiscalía y la inacción absoluta de la Contraloría, Procuraduría y Defensoría del Pueblo. No se puede culpar a la ciudadanía de falta de cultura política por no conocer las funciones de estas instituciones, pues estas no las están cumpliendo. El Congreso también está en la mira de la opinión pública. La mayoría de los sectores que apoyan el paro, e incluso algunos que no, claman urgentemente una reestructuración de esta entidad, que es reconocida por la gran mayoría de los ciudadanos como la cuna de la corrupción en el país.
Pero el Ejército y especialmente la Policía han sido las instituciones más cuestionadas durante el Paro Nacional. La Policía Nacional ha sido la directa responsable de miles de violaciones a los derechos humanos durante las jornadas de protestas, desde detenciones arbitrarias, heridas, violaciones, homicidios y desapariciones forzadas. La actuación de esta institución es defendida de manera desesperada por el uribismo y sus estructuras publicitarias, pero es fuertemente cuestionada por la comunidad internacional, las organizaciones defensoras de derechos humanos, las organizaciones civiles movilizadas en el Paro y el Comité Nacional de Paro; el cual, en sus negociaciones con el gobierno ha pedido una reforma profunda a esta, pero el gobierno se ha burlado de esta petición limitándose a un cambio de uniformes.
La reacción del uribismo no se ha hecho esperar. Como toda bestia acorralada se defiende con garras y colmillos revelando su peor faceta. La intolerancia, el racismo, el clasismo y por supuesto la violencia han sido la marca de esta reacción. En estas semanas de paro los uribistas han demostrado que en efecto como fuerza política su principal aporte a la nación es la generación de violencia. Los discursos violentos en que tratan a los manifestantes de “vándalos” y “guerrilleros” se han complementado con episodios de paramilitarismo urbano, en que camionetas sin placas o civiles armados han sido los verdugos de jóvenes manifestantes como Lucas Villa, o los más de 40 que han sido asesinados en Cali en medio de las protestas; han sido los directos responsables de los ataques armados a la Minga Indígena y no se duda su participación en las centenares de desapariciones forzadas ocurridas en estas semanas de paro, aspecto más macabro de las protestas y sobre el cual todavía no se tiene respuesta institucional.
Pese a esto, alrededor de la movilización social se intenta consolidar los espacios democráticos que se han venido construyendo al amparo de la Constitución. La sociedad diversa descrita en nuestra carta magna y atacada y desconocida por el uribismo se manifiesta en las calles cuando los indígenas marchan junto a la población Lgtb; cuando los estudiantes marchan junto a los pensionados o cuando la música tradicional convive con el grafiti en los espacios de movilización. La ciudadanía está aprendiendo que los espacios de expresión democrática trascienden al ejercicio electoral y se toma las calles como expresión de ello y que es posible construir consensos como el pliego nacional de emergencia y expresiones de dirección como el Comité Nacional de Paro, así algunos sectores periféricos no se sientan representados, pero es quien guía la táctica a nivel nacional; y que tiene su asiento en ciertas expresiones sociales como el sindicalismo y otras organizaciones. Pero la violenta reacción uribista (por medios institucionales y paraestatales) es evidencia de que debe ser la misma ciudadanía la que defienda estos espacios.
En un hecho insólito en las últimas décadas, una porción importante de la juventud colombiana muestra su rechazo a los proyectos armados y a la economía ilegal como opciones de vida. Igualmente se empieza a dejar de lado la apatía política que por lo general distingue a los jóvenes latinoamericanos, los jóvenes colombianos empiezan a tomar postura y dar los primeros pasos para la creación de espacios de expresión democráticos que puedan representarlos. Ante la decepción general que la juventud colombiana ha empezado a expresar frente a las instituciones (sindicatos, movimiento estudiantil, partidos políticos y Comité de Paro incluidos) esta ha avanzado en la creación de espacios alternativos como las Asambleas Populares, que si bien dan la impresión de complicar las salidas generales al paro, se vuelven expresión directa de las necesidades de las comunidades en cada territorio y prometen aportar a futuro para la construcción de paz y democracia desde los escenarios locales; además debe resaltarse la labor de los comités departamentales, regionales y municipales de paro, que han sido fundamentales para sostener el movimiento desde los territorios.
En los últimos días las redes sociales se han llenado con llamados a inscribir las cédulas para el proceso electoral de 2022. Si bien, la protesta social ha tenido sus logros y tiene sus tareas pendientes, queda claro que nada dentro de este movimiento tendrá sentido si no se ve correspondido con una masiva votación en contra de los grupos políticos que han promovido y defendido la violencia como método de solución de las problemáticas sociales. Las consecuencias de la victoria electoral de la ultraderecha en 2018 son visibles: centenares de masacres, miles de crímenes cometidos por la fuerza pública, desconocimiento de los acuerdos de paz y el poco honroso reconocimiento de Colombia como el país más peligroso para defender el medio ambiente y los derechos humanos en los años 2019 y 2020 son muestra de ello.