La matrícula cero, una necesidad democrática

Las luchas del movimiento estudiantil han sido diversas y victoriosas: como la del cogobierno en 1971, que democratizó la dirección de la universidad de manera temporal en cabeza de la Juventud Patriótica, la que archivó la reforma de la ley 30 (que mercantilizaba la educación) en cabeza de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil -Mane- en 2011 y la más reciente, la de 2018 por financiación adecuada -protagonizada por el Frente Amplio en Defensa de la Educación Superior -FADES- donde sobresalieron la UNEES y la ACREES-* cuya portentosa movilización social y civilista obligó al gobierno a sentarse a negociar una adición presupuestal por 5.85 billones en un cuatrienio para las Instituciones de Educación Superior -EIS- públicas.

Sin embargo hoy nos vemos en una situación especial, se trata de una pandemia mundial que dejó al descubierto la enorme vulnerabilidad del aparato productivo nacional, los derechos básicos como salud, empleo y educación producto de las políticas neoliberales impuestas en los años 90s que han desmantelado y debilitado lo público.

A inicios de esta las micro, pequeñas y medianas empresas (el 80% del empleo del país) -Mipymes- se cerraban -65,7 % sin caja, 53% con disminución de ventas en un 50% y 10% en quiebra- (Forbes, 2020) y miles de colombianos eran arrojados al desempleo -con tasas históricas del 20% en mayo de 2020 según el DANE y un desempleo juvenil del 26% todo ante la vista gorda del Gobierno Nacional. Se desató una discusión al interior del movimiento estudiantil, donde organizaciones como el Consejo Nacional Superior Estudiantil de Colombia CONSEC llamaron a mantener la universidad abierta -para aportar en la contingencia- y a implementar la Matrícula 0 como una necesidad ineludible ante la coyuntura viral, además de garantías tecnológicas, alimentarias y psicológicas, entre otras. (CONSEC, 2020)

Se inició así un clamor generalizado en todo el país exigiendo la matrícula 0 desde el año pasado. El movimiento estudiantil en todo el país empezó a protagonizar de manera pacífica y civilista un repertorio de protestas para visibilizar la proclama, que tuvo eco en los movimientos sociales y en la oposición. Lo que motivó que algunas IES junto con los gobiernos locales y regionales lograran ofrecerla basados en sus propios esfuerzos (U del Valle, U de Cundinamarca, U de Magdalena, Univ. Tecnológica de Pereira, Univ. de Atlántico, el Pascual Bravo, Colmayor e Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín.) Aunque la situación de las IES del país no es igual.

En Medellín la situación ha sido más favorable ya que el alcalde Daniel Quintero procedió a invertir $20 mil millones adicionales para beneficiar a 24 mil estudiantes de tres IES municipales (Instituto Tecnológico Metropolitano, Institución Universitaria Colegio Mayor y la Institución Universitaria Pascual Bravo) además de entregarles 3.000 computadores, esto producto de la voluntad política y de la fortaleza de contar con una empresa pública pujante como Empresas Públicas de Medellín-EPM-.

Aunque sigue siendo la responsabilidad del Gobierno Nacional la provisión de estos recursos, la gestión de los mandatarios locales en medio de la pandemia sirvieron para presionar y consolidar este clamor nacional.

Ante esta nueva situación el Gobierno Nacional giró mediante el Decreto Legislativo 622 (Fondo Solidario para la Educación, 14 de mayo de 2020) de unos 97.5 mil millones para el semestre 2020-2, destinados a 596 mil estudiantes de estratos 1 y 2 (el 78% de los matriculados) de 63 IES públicas y para el 2021-1giró $98 mil millones, esto a pesar que los el costo por concepto de matrícula ascendía (para 2019) a $890.000 millones según el Sistema de Universidades del Estado -SUE-. (Leonardo, 2021). La “matrícula 0” del Gobierno apenas cubrió un 12% del coste total de matrícula por estudiante de las IES públicas en 2020 y en total solo un 10% del costo real por estudiante.

La Universidad Nacional, recibió del Gobierno $5.200 millones y pero aportó recursos propios por $3.200 millones. En la Universidad Distrital -UD- ante la negativa de la Alcaldesa Claudia López de adicionar nuevos recursos, bajo el argumento que es competencia exclusiva del Gobierno Nacional, se procedió a una reasignación presupuestal, que deja a la universidad vulnerable por el aumento de la deuda, -en diciembre de 2020 el Concejo de Bogotá autorizó un aumento del presupuesto hacia la UD del 6,9% para el 2021 pero para la matrícula 0, es decir no hubo progresividad en la base presupuestal- que sigue siendo insuficiente para su más de 27 mil estudiantes. De la misma manera la Universidad de Antioquia tuvo que proceder a aplicar políticas de recorte de personal, austeridad financiera y acomodar los recursos para brindar esta posibilidad a unos 17 mil estudiantes -tuvo que poner 5 veces los recursos girados por el Gobierno Central: $2000 millones, junto a $3.269 millones de la Gobernación frente a $10.196 millones asumido por la institución-.

Según el Ministerio de Educación -MEN- esta adición presupuestal se suma a los $798.200 millones dispuestos por el MEN y el Departamento de Prosperidad Social -DPS- pero estos recursos no son nuevos, son fondos que ya estaban establecidos como Generación E, Jóvenes en Acción y otros, alcanzando un total de $895.700 millones. (MEN, 2020) donde además están subsumidos los $83.590 aportados por alcaldías y gobernaciones…

Lo anterior sin perder de vista que $2 billones han entrado a la universidad entre 2019 y 2021, gracias al acuerdo del Frente Amplio por la Defensa de la Educación Superior -FADES- en 2018-.

Críticas a la “Matrícula 0” del Gobierno Nacional

El Gobierno dice “matrícula cero para estratos 1, 2 y 3 en instituciones estatales en pregrado”. La oposición va más allá: “Gratuidad universal en pregrado y posgrado en todas sus modalidades”.

La estrategia cínica del Gobierno Uribe-Duque es aflojar la presión del Comité Nacional de Paro, el Paro Nacional y el portentoso Estallido Social, ofreciendo una medida provisional y temporal con recursos mínimos, que implican la participación de los entes territoriales pero sobre todo requieren ingentes esfuerzos de las IES públicas, motivo por el cual undió las iniciativas legislativas de la oposición para lograr la gratuidad universal.

Si bien ha habido un aumento importante del índice de cobertura: pasamos de 85 mil estudiantes en los 70s -3.90%- a 934.085 en los 2000 -13.82%- y luego a 2.396.250 en 2019 -52.23% (Observatorio, 2019) el sector privado ha crecido más que el público: En 2005 había 75 IES públicas y 178 IES privadas, en 2021 las IES públicas pasaron a ser 86 y las privadas 231, un aumento del 14,7 % de en públicas frente a un 29,8 % de privadas; esto teniendo en cuenta que la financiación ha venido decreciendo en términos reales, pues las transferencias de la nación se han mantenido a precios constante por décadas, mientras han crecido los costos, dejando una deuda acumulada que supera los 18 billones de pesos. Entre 2003 y 2020 se han asignado entre 4.9 y 10.8 billones para financiar la educación superior del país, un 4,13% y el 3,21% del Presupuesto General de Nación -PGN- pero los costos de esta crecen más rápido que la inflación medida por el IPC. Entre enero de 2010 y diciembre de 2018, el IPC ha variado de forma acumulada en 23,91%, mientras que los costos de la educación superior han incrementado en 45,2%.

Lo anterior ha impedido la expansión, la regionalización y el desarrollo del sistema de educación pública de forma integral, dejando como consecuencia que aproximadamente de 5 millones de jóvenes que aspiran a ingresar a la educación superior, la mitad queda por fuera, osea que solo la mitad de los colombianos entre los 17 y 21 años pueden acceder a la educación superior.

En 2021 el presupuesto de las IES es aproximadamente de $4,9 billones por transferencias, $3,8 billones por recursos propios de matrículas y $1 billón por otras fuentes para un total de 9,7 billones. $1,24 billones provienen del pago de matrículas de cerca de 700 mil estudiantes de estrato 1, 2 y 3, que sería el valor por año que el Gobierno debería disponer como recurso adicional para el programa de “matrícula cero”(Hernando Bayona, 2021) , aunque el anuncio del Ministerio de Educación -MEN- es solo de 600 mil millones, que implicara además el concurso de Alcaldes y Gobernadores para ajustar la cifra, más el esfuerzo de las IES.

La “matrícula cero” del Gobierno no aumenta la cobertura. No subsana el desfinanciamiento estructural de las universidades públicas (Andrés Mora, 2021) es apenas una medida de urgencia, transitoria e insuficiente.

Además se están quedando por fuera de la “matrícula 0” 43.185 estudiantes de posgrado en universidades y otros 72.259 alumnos que incluyen posgrado de las Instituciones Tecnicas Profesionales y Tecnológicas Universitarias -ITTU-, además de los estratos 4, 5 y 6 de pregrado. Para el caso de posgrados, el SUE estima que su costo de matrícula es de 346 mil millones anuales.

Ante esta política que se queda corta, voces como las de Jairo Miguel Torres Oviero (Rector de la Universidad de Córdoba y presidente del SUE) han propuesto regionalizar la educación mediante el trámite directo de impuestos territoriales para invertirlos en aumentos de cobertura y para subsanar la deuda.

Si no se produce la modificación de los artículos 86 y 87 de la ley 30, ya no habrá recursos adicionales después del 2023 y regresamos al cálculo tradicional de la base presupuestal cuya indexación se establece al ritmo del IPC de final de cada año.

Ante esto el SUE ha propuesto una actualización de la base presupuestal más allá del IPC que tenga en cuenta factores como el (i)índice de costos a la educación superior –ICES-, (ii) la acumulación de nuevos puntos docentes derivados del decreto 1279 (iii) la creación de nuevas plazas docentes y administrativas (iv) los costos asociados a nuevas disposiciones del ejecutivo o legislativo que afecte el presupuesto de las universidades (v) los costos por ampliación de cobertura (vi) el cierre de brechas y (vii) los presupuestos del Estado para inversión.(Ramón, 2021)

Para el rector de la Universidad Pedagógica, Leonardo Fabio Martínez, el tema es estructural, pues Colombia invierte en educación el 4,5 % de su Producto Interno Bruto -PIB-, por debajo de Brasil con un 6,7 %, o Ecuador con 5,5 %.

Según el Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior – SPADIES – en 2016 la tasa de deserción cohorte universitaria fue de 45.1% y la tasa de deserción cohorte para técnicos y tecnológicos fue de 53.2%. La mitad de quienes inician sus estudios no logran culminarlos. El Banco Mundial identificó que la deserción universitaria de Colombia es del 42%.

En Colombia quienes logran el título de educación terciaria son menores que en los otros países. El país en 2019 logró el 30% de personas entre los 25 y 34 años alcanzaran la educación superior, en los demás países de la OCDE el 45% han logrado la educación superior. Colombia es el país de la OCDE que menos invierte. Para el 2020, la OCDE invertían 16,329 dólares por estudiante de educación superior en promedio, Colombia solo invertía 2,335 dólares.

De la misma manera la Corte Constitucional mediante jurisprudencia ha establecido el principio de progresividad en la educación, relacionada con la gratuidad y la garantía de acceso (Sentencia T-698 /10 y Sentencia T-375/13) el carácter progresivo y su imposibilidad de retroceso, es decir no permite la suspensión de beneficios económicos otorgados. Lo anterior aplica tambień para la educación básica y preescolar (Sentencia T-066/07), estableciendo esta progresividad como un principio supralegal o constitucional que encuentra sus consagración formal en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el Artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. (Red, 2021)

En su Sentencia T-743 del 23 de octubre de 2013 también estableció que el Estado debe garantizar su prestación eficiente y continua a todos los habitantes del territorio nacional, en cumplimiento de los principios de universalidad, solidaridad y redistribución de los recursos en la población económicamente vulnerable. Que es un derecho fundamental en conexidad con la dignidad humana, la igualdad de oportunidades, el mínimo vital, la libertad de escoger profesión u oficio y la participación política.

Y finalmente en la sentencia SU-624 del 25 de agosto de 1999 dijo que el Estado debe ampliar la educación pública dotando de recursos suficientes y progresivamente superiores empleando todas las herramientas posibles para que haya soluciones definitivas.

Que el Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia la establece como un derecho fundamental, que debe ser gratuita garantizando condiciones necesarias de acceso y permanencia. Los artículos 44 y 69 de la misma dicen que el Estado debe asegurar su acceso a niños, niñas y adolescentes, que se garantiza la autonomía universitaria, la investigación científica y mecanismos financieros adecuados para el acceso a la totalidad las personas aptas.

En conclusión el Estado no solo debe mantener el aumento del valor de la inversión en educación frente a la devaluación del IPC – por si sola no brinda progresividad en el gasto- sino que está obligado a aumentar el financiamiento y gasto en cobertura y calidad de manera efectiva y real.

La propuesta del Comité Nacional de Paro -CNP-

Esta importante instancia social y política colombiana que aglutina las principales organizaciones obreras, estudiantiles y campesinas que ha encabezado el glorioso levantamiento civil y democrático sin precedentes en el país por su magnitud y extensión -iniciado el 28 de abril- propone que la financiación provenga de recursos adicionales establecidos por la ley 1955 de 2019 y los artículos 243 numeral 5 y 468 literal b del Estatuto Tributario, además de los fijados por la ley 30 de 1992.

Según el MEN el costo de matrícula por pregrados de IES públicas es de $700.000 millones de pesos por semestre. Según la Asociación Sindical de Profesores Universitarios -ASPU- las IES e ITTUs públicas recaudaron para 2018, $1.326 billones por estudiantes de pregrado, osea 663,000 millones por

semestre y $387,322 millones por concepto de posgrado. Es decir el Gobierno Nacional debe girar recursos adicionales de $1.4 billones por año en pregrado y 406,688 millones por posgrado, para un total de 1.8 billones por año.

La ley 1955 de 2019 dispone que el Gobierno hará un gasto de $216 billones entre 2018 y 2022 en materia de educación, por lo que la matrícula cero que propone el CNP solo representaría el 3,3% de esta inversión. Además de los recursos progresivos por concepto de impuestos a los más poderosos y adinerados del país, “con una ampliación de la base gravable del impuesto del patrimonio y un aumento de tarifa de impuesto de renta al 1% más rico de la población, se podrían cubrir los recursos faltantes” (Proyecto de Ley Matrícula 0, 2021)

Esta inversión sería compatible con los esfuerzos planteados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo -MFMP- y daría cumplimiento a lo estipulado por la Constitución, la ley, la jurisprudencia colombiana y el clamor popular, masivo y nacional por ofrecerle un futuro a esa juventud que hoy se está movilizando por una educación pública nacional, científica, democrática y por una nueva democracia en Colombia.