Por una nueva política macroeconómica en Colombia

En las discusiones en los medios sobre la reforma tributaria, que el gobierno tuvo que retirar esta semana ante la masiva protesta ciudadana, se difundió la idea de que entre los “economistas” había consenso y que el país estaría mejor con esta reforma tributaria que sin ella. Después de su retiro, muchos dicen que la nueva propuesta debería retomar lo esencial del articulado anterior, aunque añadiendo algunas medidas compensatorias, como suelen aconsejar, para salvar la cara, desde que tenemos memoria.

En las últimas cuatro décadas se ha repetido sin cesar y con fe de carboneros que “no hay alternativa”. Quienes firmamos esta carta pensamos que sí hay alternativas, que son posibles otras políticas económicas y sociales, como las que han adoptado los países que mejor han enfrentado la crisis actual, incluso Estados Unidos desde el reciente cambio de gobierno. Por ello, manifestamos a la ciudadanía que no hay tal consenso, que la visión cuestionada por la pasada crisis financiera, desacreditada además por la pandemia, y la falta de pluralismo en la disciplina excluyen otras interpretaciones de la realidad económica y, en particular, de las finanzas públicas. Con respecto a estas últimas, las interpretaciones más realistas han propuesto medidas distintas a la reducción de impuestos a los ricos y la austeridad fiscal que han sido adoptadas por gobiernos más sensibles a las necesidades de los ciudadanos. Para abrir la conversación y para que la ciudadanía sepa que hay otras opciones de política y encauce de manera informada sus manifestaciones ponemos a su consideración los puntos siguientes.

• La propuesta de reforma tributaria, que pese a los eufemismos no es solidaria ni sostenible, trata las finanzas públicas como si fuesen las finanzas de un hogar o las del tendero del barrio. Sostiene que un país puede quebrar como quebraría un negocio, de suerte el Estado debe buscar dinero como lo tiene que buscar una familia o una empresa. Eso sería cierto si el gobierno sólo gastara en dólares, euros u otra moneda extranjera, pero no es así: también gasta en moneda nacional. Además, la sostenibilidad fiscal de un país no debería ser un problema cuando se endeuda en su propia moneda. Como se sabe desde hace décadas, los impuestos no financian los gastos de un país con moneda fiduciaria y tasa de cambio flexible.
• La idea del dinero como algo externo al sistema de crédito que defienden nuestros economistas más influyentes es la que lleva a creer que el gobierno necesita pedir financiamiento. No obstante, si el dinero es una deuda, y no un objeto externo, no hay ninguna razón para seguir considerando que la moneda es un bien escaso como el oro o la plata. Como dijo Keynes “podemos permitirnos todo aquello que seamos capaces de hacer”. La restricción no es financiera, es de recursos reales.
• El proyecto de reforma tributaria desestimó la fuerte redistribución regresiva del ingreso que se ha presentado en las dos últimas décadas desde los salarios hacia las ganancias, pese a que era fácilmente observable en las cifras que publican el Dane y el Banco de la República. La consecuencia más visible de esa redistribución ha sido el enriquecimiento de unos pocos y el deterioro continuo de la situación económica y del nivel de vida de la mayoría de la población.
• La menor participación de los salarios en el ingreso de la economía y la caída del nivel de vida de la población, que se agravaron en este último año, son resultado del desmonte de la función del Estado como prestador de servicios públicos y garante de los derechos económicos y sociales promovido por los últimos gobiernos, la concentración de la propiedad y la riqueza propiciada por sus políticas y el mayor margen de ganancia impuesto en particular por las grandes empresas en los diversos sectores de la economía.
• El proyecto de reforma no abordaba el problema de fondo, pues no tocaba la creciente concentración de la propiedad y la riqueza, ni buscaba modificar los determinantes de la distribución del ingreso. Por ello, apenas afectaba la parte del ingreso que reciben los grandes propietarios de tierras y de capital, y que la supuesta “solidaridad” con las víctimas de la pandemia consistía en realidad en redistribuir la porción restante del ingreso. Es decir, redistribuir el ingreso de trabajadores asalariados, independientes, campesinos y pequeñas empresas entre trabajadores informales, desempleados y grupos marginales, o sea, trasladar parte del ya bajo ingreso de la clase trabajadora y la clase media en vía de empobrecimiento a los sectores ya empobrecidos.
• En contra de la orientación de los últimos gobiernos, la política fiscal de este gobierno y de los venideros debería reducir los márgenes de intermediación bancaria en el país, entre los más altos del mundo, así como el gran poder de mercado y el alto grado de monopolio de los grandes bancos y consorcios empresariales. Igualmente gravar sus grandes utilidades y los dividendos de los accionistas, de modo que los gastos sociales del gobierno ayuden a mejorar la distribución del ingreso después de impuestos y la situación de la gran mayoría.
• El último informe del Dane muestra que el número de personas en pobreza monetaria llegó a más de tres millones de personas en 2020, lo que muchos atribuyen a la pandemia. Aunque no es así, pues no fue un fenómeno natural, y sus consecuencias fueron agravadas por las políticas de gobiernos anteriores. Las políticas de austeridad y de finanzas sanas, que promueven y apoyan el supuesto consenso de los economistas han perjudicado la economía restringiendo la demanda efectiva. La pobreza y el desempleo son muy preocupantes (sobre todo para los jóvenes y las mujeres) y son producto de las medidas de austeridad que perjudican a la mayoría de la población. El gráfico 1 contrasta el tamaño del gasto público para enfrentar la covid-19, un vergonzoso 2,8% del PIB en Colombia, con las tasas de desempleo en algunos países de la Ocde, a febrero de 2021. 

Tasas de desempleo y gasto público por COVID-19, Febrero de 2021 (Porcentaje del PIB)

• Las políticas adoptadas para enfrentar la pandemia afectaron en mayor medida a las mujeres, como muestran estudios del FMI y del Banco Mundial. Colombia no es la excepción. Los datos del Dane indican que la tasa anual de desempleo de las mujeres aumentó al 19,3% en marzo de 2021. La pobreza monetaria también afectó más a las mujeres; según esta clasificación, hoy un 46,7% son pobres y un 17,8%, pobres extremas. De modo que se debe repensar la política fiscal en clave de género para enfrentar esta desigualdad estructural.
• Un programa de empleo público y de renta básica universal son las bases de un plan creíble de recuperación y estabilización de una economía restringida por la demanda y con baja utilización de la capacidad instalada. Las políticas de flexibilización laboral deben sustituirse por acciones dirigidas a mantener el pleno empleo en la economía. Las agendas de mejoramiento de los derechos de los trabajadores y de políticas de empleo garantizado en las que el Estado actúa como empleador de última instancia deben ser la base para reducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso con el fin de promover la reactivación económica. Esto debe complementarse con la puesta en marcha de políticas de corte universal e incondicional en materia de educación y salud, en especial para las y los jóvenes del país.
• El problema actual más grave es el desempleo, y no se puede tratar con el instrumental microeconómico del siglo XIX, pues es un fenómeno monetario y macroeconómico, y requiere técnicas de la macroeconomía del siglo XX y XXI. El Estado debe actuar como empleador de último recurso. Ante la caída de la demanda efectiva ocasionada por el colapso del gasto privado en bienes de consumo e inversión, el único agente estabilizador es el Estado, recurriendo por ejemplo a un buffer de empleo público, que actúe como estabilizador automático. Utilizando las cifras de desempleo del Dane estimamos un modelo de buffer cuyos resultados muestran que en cuatro años el desempleo se podría reducir del 14,2% al 5,2% de la población económicamente activa. El primer año se inicia con 547.997 jefas y jefes de hogar, en el cuarto año habría 2.191.989 jefas y jefes de hogar en el sistema. El salario sería de $800.000 mensuales y el costo fiscal pasaría del 0,49% del PIB en el primer año al 1,5% en el cuarto año. Los efectos multiplicadores del buffer llevarían a que en el último año el PIB aumente en un 1,5% y los ingresos tributarios en un 0,24% del PIB.
• Por su parte, el temor a perder las calificaciones de crédito tiene que ver más con el alarmismo para crear pánico, sin hechos que respalden ese temor. Como señaló Daniel Munévar, experto en deuda, “el grueso de nuestra deuda tiene tasas de interés fijas [...], y no hay razón para que no puedan seguir siéndolo a futuro si el gobierno hace bien su tarea ante los prestamistas internacionales, además de que el Tesoro ha fijado un límite máximo de amortizaciones del 8% del monto total actual de la deuda. Es decir, que incluso si perdemos el grado de inversión, el aumento de tasas de interés sólo afectaría eventualmente a la deuda nueva”. Así, la política interna parece estar determinada por las agencias calificadoras, las cuales, vale la pena recordar, contribuyeron a la crisis financiera global de 2007 por sus malas prácticas. Como dice Srinivas Raghavendra: “la política emergente de la crisis actual está impulsada por el poder coercitivo de las agencias de calificación sobre las instituciones del Estado mediante la desvinculación de la democracia deliberativa en la conducción de la política económica en general y de la política fiscal en particular”.
• Pensar que la redistribución del ingreso se logra con mayor “libertad económica” es ignorar la historia de los países desarrollados, que no sólo se apoyaron en el “mercado” sino también en el uso de políticas estatales como herramienta de desarrollo: el país necesita políticas de industrialización y reformas tributarias progresivas. Pero en la crisis causada por la pandemia, las personas y las mipymes necesitan un apoyo inmediato para atenuar o subsanar su pérdida de ingresos monetarios al igual que medidas claras que mitiguen los efectos de las políticas convencionales. Sin embargo, ello requiere liberarse de dogmas que impiden actuar con diligencia y eficiencia.
• Los banqueros centrales no son dictadores benevolentes y tampoco pueden seguir promoviendo la idea de que la política monetaria es una materia puramente técnica. Como lo dijo James Tobin, la política monetaria es un problema político. Digan lo que digan, los bancos centrales más importantes del mundo están actuando como prestamista de primera instancia del Gobierno Central, sin que ello implique en modo alguno desconocer que los grados de libertad de una financiación de gasto público vía la banca central deben condicionarse a la conservación de la capacidad efectiva de manejo de la política monetaria de la banca central frente a la eventualidad de dinámicas inflacionarias.
• En un país con elevada dolarización de sus activos y pasivos externos en el marco de una profunda liberalización de su cuenta de capitales, como Colombia, es necesario acompañar estas políticas monetarias no convencionales con medidas que controlen los flujos de capital, ciertamente de manera sopesada de suerte que no haya lugar a una desestabilización mayor de la tasa de cambio. Estas medidas van en la dirección correcta en una situación de emergencia y es pertinente ponerlas en práctica.

Para enfrentar una situación de calamidad pública como la que padece el 99% de la población, una reforma tributaria sigue siendo una alternativa irrelevante en medio de la pandemia y la crisis económica. Los ciudadanos deben saber que hay otras maneras de pensar y de entender la economía, que entre los economistas no hay un consenso de toda la profesión, como tampoco lo fue el Consenso de Washington. Solo una ciudadanía bien informada puede presionar para que los gobiernos desatiendan las teorías anticuadas y las políticas contrarias al bienestar que prometen.

Gonzalo Cómbita (Universidad Nacional de Colombia), ), Nohora García (Universidad Nacional de Colombia ), Alejandro Garay (University of Missouri - Kansas City), Cesar Giraldo (Universidad Nacional de Colombia), Camilo Guevara (Universidad Nacional de Colombia), Diego Guevara (Universidad Nacional de Colombia), Forrest Hylton (Universidad Nacional de Colombia, Medellín Manuel Martinez Mantilla (Universidade Estadual de Campinas, Brasil Stanley Malinowitz (Universidad Nacional de Colombia), Hernando Matallana (Universidad Nacional de Colombia), Guillermo Maya Muñoz (Universidad Nacional de Colombia, Medellín), Carolina Méndez (Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá), Laura Moisá (Universidad Nacional de Colombia, Medellín), Andrés Felipe Mora (Universidad Nacional de Colombia), Fernando A. Morales (Universidad de Bio, Chile), Álvaro M. Moreno Rivas (Universidad Nacional de Colombia), Manuel Muñoz Conde (Universidad Nacional de Colombia), Elizabeth Oviedo (Universidad Cooperativa de Colombia), Vanessa Ramírez Quintana (Universidad de Buenos Aires, Argentina Liliana Elizabeth Ruiz (Universidad Militar Nueva Granada), Flor Esther Salazar (Universidad Nacional de Colombia), Rafael Orlando Suárez (Universidad Nacional de Colombia), Carlos Suescún (Universidad Nacional de Colombia), Luisa Fernanda Tovar (Universidad Nacional de Colombia), Iván D. Velásquez (Bemidji State University, Estados Unidos), Pablo Bortz (Universidad Nacional de San Martín, Argentina), Sonia López Cerón (Pontificia Universidad Javeriana), Juan David Parra (Universidad del Norte), Florencia Médici (CONICET/Universidad Nacional de Moreno, Argentina), Camila Niño Fernández (Estonian Business School Helsinki), Martha Susana Jaimes (New School for Social Research, Estados Unidos), Pedro Clavijo (University of Utah, Estado Unidos), Carlos Mejía (Universidad del Valle), David Cano (Università degli Studi di Siena, Italia), Jairo Parada (Universidad del Norte)