El conflicto fronterizo y el proyecto de la extrema derecha

Las desavenencias entre Colombia y Venezuela se han expresado por décadas en la zona fronteriza entre los dos países. Sin embargo, durante el gobierno de Duque la alta tensión entre los dos países ha sido permanente, como consecuencia del cerco impuesto por EEUU, con el apoyo de Colombia, al país vecino.

Hace una semana empezaron a registrarse enfrentamientos en el estado de Apure, hacia el sur de la frontera, en el límite con Arauca, entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y grupos armados irregulares procedentes de Colombia. Como consecuencia de ello, cientos de desplazados de ambas nacionalidades están llegando a poblaciones del lado colombiano, en medio de muchos sufrimientos. Estos grupos irregulares fueron identificados como disidentes de las antiguas FARC, que no se acogieron al acuerdo de paz.

El gobierno colombiano insiste en reducir las penurias de la población expulsada a la acción unilateral del gobierno venezolano. Una explicación muy conveniente, que los medios de Colombia y del mundo por lo general repiten, sin ningún cuestionamiento.

Por su parte, el país vecino se refiere a la existencia y operación de grupos irregulares en la frontera colombiana, a lo que se suma su abandono histórico de la zona por parte del Estado. El canciller Jorge Arreaza señaló que el gobierno vecino le ha otorgado un consentimiento más que tácito a la actuación de diversos grupos criminales que operan en la zona.

Los determinantes del conflicto fronterizo

La situación de la frontera, la más conflictiva del continente, es mucho más complicada de lo que se pretende mostrar. De acuerdo con William Cañizares, director de la Fundación Progresar, con sede en Cúcuta, la violencia está desbordada en el Catatumbo, lo que genera un incremento del desplazamiento forzado. Esta situación es producto de los enfrentamientos del Ejército colombiano con el ELN y el EPL, cada uno por su lado, por el control de las rutas del narcotráfico y de las diversas economías ilegales que allí se manifiestan.

La guerra entre las dos organizaciones guerrilleras se desató en marzo de 2018 y ha dejado a la población civil y a los/as líderes/as sociales en el medio. A ella se suman las disidencias de las FARC. El punto más crítico es la región del Catatumbo, pero su impacto se extiende por toda la frontera. El director del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo de Colombia, Mateo Gómez, explicó que “los actores violentos regularmente discriminan el territorio y sus pobladores como afectos a uno u otro grupo, volviéndolos de esa manera objetivos militares”[1].

En medio de una situación de tanta violencia, el trabajo de Progresar se ha centrado en investigar la conformación de grupos armados en la región y en su distribución a lo largo de la frontera. También se ha dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas y han logrado información y localización de fosas comunes y lugares donde podrían están enterradas la mayor parte de las víctimas.

Sin embargo, no ha contado con ningún apoyo de las autoridades de la región. Existen evidencias claras de que muchas de ellas están comprometidas con el proyecto paramilitar de la extrema derecha.

 Hay que recordar que Cañizares fue quien denunció y publicó fotografías sobre la alianza de Juan Guaidó con los Rastrojos para cruzar la frontera y llegar al mal llamado concierto humanitario de Cúcuta en febrero de 2019, promovido por Trump y Duque, con el apoyo de Almagro y otros presidentes de la región. Después de esa denuncia recibió diversas amenazas[2].

Debe señalarse que en el Catatumbo hacen presencia la Fuerza de Tarea Vulcano y la Fuerza de Despliegue Rápido #3, del Ejército Nacional. Allí también hay un grupo de los militares estadounidenses que llegaron al país el año anterior. De acuerdo con los defensores de derechos humanos, la queja más recurrente se da por empadronamientos y detenciones en retenes militares. También hay denuncias por atentados y montajes judiciales por parte de la fuerza pública.

Pero hay factores adicionales que incrementan los riesgos para los/as líderes/as en la región, como la defensa del acuerdo de Paz o el impulso el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Según la Oficina de las NU para la Droga y el Delito, hay tres municipios del Catatumbo entre los diez de mayor siembra de coca en el país: Tibú, Sardinata y El Tarra. Desde marzo de 2020 se intensificó la erradicación forzada, lo que ha generado mayores tensiones entre las comunidades y la Fuerza Pública.

Pero además del narcotráfico, el robo de petróleo del oleoducto Caño Limón-Coveñas y el contrabando de gasolina, ambos históricos, son la base de la economía ilícita de hidrocarburos en el Catatumbo, y lo convierten en escenario de disputa entre los grupos armados ilegales[3].

En un riguroso y documentado estudio sobre la situación económica y la geopolítica de la frontera, el analista venezolano Franco Vielma analiza lo que él denomina la configuración de un “hábitat” económico idóneo, compuesto por diversas actividades que estructuran el tejido criminal. Describe la conformación de un territorio “con gestión difusa o comprometida, espacio de la disolución parcial de la jurisdicción estatal y teatro de operaciones de mafias y factores armados”[4].

Es un corredor fronterizo atravesado por un marco de ilegalidad, con economías formales e informales, ajeno al control de los dos gobiernos. Fue constituido para el lavado del dinero de las grandes operaciones de narcotráfico, en el que Estados Unidos y Colombia son actores principales.

Es decir, el narcotráfico y la legitimación de capitales están estrechamente ligados en la frontera. En estas actividades, altamente lesivas para le economía venezolana, la proliferación de casas de cambio legalizadas en Colombia desempeña un papel fundamental.

Así, en ciudades como Cúcuta y Maicao (en la Guajira), florece un sinnúmero de actividades comerciales legales e ilegales, a partir de la incorporación de capitales del narcotráfico. El contrabando de gasolina está conectado con la producción de cocaína. Los grupos irregulares armados de todo tipo se fortalecen en ese entorno tan propicio.

Lo cierto es que esta frontera ha sido el teatro de la embestida de EEUU contra Venezuela, con el respaldo de Duque, “han instalado un corredor de actividades ilegales como el tráfico de personas, la explotación ilegal de minerales y el narcotráfico, destinado a financiar la instrumentalización de estos grupos armados contra Venezuela”[5]. El concierto fronterizo y la Operación Gedeón son solo algunas expresiones de dicha estrategia.

 ¿A quién beneficia la guerra?

Frente a la exacerbación del conflicto fronterizo, tendríamos que preguntarnos quién se beneficia. Por supuesto que el gobierno de Iván Duque, al menos por tres razones:

Primero, esta situación se convierte en un foco de distracción de la terrible crisis humanitaria, social y económica que vive el país, y que se ha visto agravada en el 2021: masacres, asesinato de líderes/as sociales, desplazamientos forzados y amenazas en varios departamentos del país.

El gobierno colombiano busca también pasar la página sobre otros escándalos recientes, que han despertado indignación nacional e internacional. La denuncia del reciente bombardeo del Ejército a un campamento guerrillero, con el asesinato de niños y niñas reclutados.

Segundo, el Presidente Duque necesita congraciarse con Joe Biden, mostrarle su absoluta fidelidad y sumisión, después de haberse alineado incondicionalmente con Trump durante las elecciones, lo que provocó el disgusto de los demócratas. Ahora quiere mostrarle al imperio que Colombia sigue siendo su mejor aliado en contra del gobierno vecino. La escandalosa decisión del gobierno de invertir 14 billones de pesos en la compra de 24 aviones F-16 confirma su irrevocable voluntad de hacerlo.

Tercero, la exacerbación del conflicto fronterizo atenta contra el maltrecho y debilitado Acuerdo Final con las antiguas FARC. El gobierno no cesa de desprestigiarlo y culparlo de todos los males que sufre el país. La extrema derecha uribista, cercada por la crisis y el desprestigio, hace cálculos para las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2022.

Frente a esta gravísima situación y más allá de las diferencias políticas, se impone reanudar de inmediato las relaciones diplomáticas, institucionales y humanitarias que permitan un acuerdo mínimo para aliviar la tensión en la frontera y las condiciones de vida de sus habitantes en ambos países.