Editorial. La situación del país: signos alentadores en medio de grandes dificultades

Prosiguen los tormentos y muertes por Covid 19 sobre Colombia. Con uno de los peores desempeños en el registro mundial de contagios y fallecimientos por país provocados por la pandemia, el gobierno de Duque añade ahora el retraso en la vacunación de nuestra población. Demora tanto más alarmante cuanto que ocurre en el preciso momento en que tiene lugar un veloz escalamiento hacia el tercer pico pandémico en el país y el mundo.

Padecemos ya un visible aumento de contagios y más frecuentes pérdidas de vidas humanas en varias ciudades y regiones. La región Caribe, Antioquia y Bogotá, entre otros varios territorios, se debaten cercanos a umbrales críticos o ya los transitan. La ruindad presupuestal para con el pueblo, la improvisación y la declarada incapacidad del gobierno central, sintetizan una de las peores y más grotescas políticas ante la peste global.

En el afán de imponer coercitivamente su ficticia “nueva normalidad” económica y social, el gobierno Duque ha dictado la denominada alternancia escolar en las instituciones de educación incluyendo las públicas. Dicha alternancia, que restablece la presencialidad en las aulas −a todas luces inconveniente en las públicas por el desastroso estado de edificaciones e instalaciones donde funcionan la mayoría de ellas–, cuenta con el deplorable respaldo de la administración distrital de Bogotá.

Más riesgosa aún cuando se registra la mayor agresividad de las nuevas cepas del virus, que empiezan a extenderse a la población joven y, según se prevé, alcanzará a los niños. Fecode, la agremiación nacional de docentes, opuesta a la irracional medida, desafiando la campaña de macartización oficial desatada contra los maestros, y sin que se haya priorizado la vacunación a los educadores como sector social, defiende la salud y la vida de los niños y profesores, de sus familias y de millones de colombianos más.

La respuesta, pronta y contundente, se plantea ante las iniquidades y atropellos sin fin del actual régimen uribista: la jornada de protesta nacional del próximo 28 de abril, concretada en un gran paro nacional. Una minuciosa verificación del real estado de ánimo de los más amplios sectores sociales permitiría percibir su disposición, o que aún se requiere más preparación, para pasar a la acción callejera en escala masiva.

Su efectiva realización, convocada por la Central Unitaria de Trabajadores y el Comité Nacional de Paro, revelaría que podría constituir la grandiosa continuación del paro nacional del 21 de noviembre de 2019. Encarnaría la reanudación del hilo de la movilización y la explosiva rebeldía popular, roto de modo transitorio por la pandemia, la crisis económico-social desatada, el mal gobierno y su pérfida política. Posibilitaría la materialización de la comprobada experiencia resumida en que cuando el pueblo ruge los poderosos se arrugan, y de que resurjan o se vigoricen condiciones propicias para que la correlación general de fuerzas alcanzara un punto más alto y se trocase favorable a los de abajo. Y podría dotar así a la salvadora política unitaria, por estos días en marcha en todo el país, de una sólida y ancha base social. Ninguna participación o esfuerzo para que los colombianos del común decidan movilizarse y reemprender la lucha abierta, masiva y organizada contra el gobierno Duque, pueden considerarse de más o excesivos.

Al cabo de más de un largo año de padecimientos y mayores privaciones, parece que lo peor está por venir. Todos los estratos sociales, pero de modo principal los de la gente sencilla que constituye el grueso de nuestra población, se vieron afectados por los quebrantos de salud y las muertes de seres queridos o allegados causados por el coronavirus, del terrible zarpazo del desempleo masivo, la pérdida o la reducción de ingresos y el hambre.

El país entero sigue asistiendo al sombrío espectáculo de un gobierno que continúa impertérrito, con su negligencia criminal y su inalterable mezquindad ante el dolor de las mayorías nacionales, de espaldas a sus reclamos, poseído en cuerpo y alma por el uribismo y los supermagnates del capital financiero y del latifundio que gobiernan a Colombia.

Y he aquí que es entonces, en medio del peor descenso económico y el acusado desbalance de las finanzas públicas, al tiempo que la pandemia con su renovado embate empeora los viejos males descargados sobre el pueblo y recrudece los nuevos, cuando el que Uribe eligió descarga sobre un país exhausto su terrible reforma tributaria.

La voluntad del monarca que reina desde El Ubérrimo, transmitido por su delfín al vicemandatario, es que quienes más han sufrido y llevado del bulto son los mismos a los que se exigirá el mayor esfuerzo fiscal, así revienten. El alcabalero proyecto choca de modo tan ostensible con el interés general, que no sólo los partidos de oposición objetarán el mismo; el expresidente Gaviria, por ejemplo, llamó a la bancada liberal a votarlo en contra.

Ni por asomo el agobio impositivo evocará el esquema del sistema de impuestos directos y progresivos según la riqueza y la naturaleza productiva o parasitaria de los contribuyentes, como debiera ser. Por el contrario, exenciones, estímulos y privilegios serán, como siempre, para el todopoderoso circulito de los megabillonarios y grandes señores de la tierra.

En cambio, los principales paganinis serán los asalariados, los servidores públicos cuya remuneración se congelaría por cinco años, los que reciben modestas pensiones, las capas medias, la mediana y pequeña empresa. También, por supuesto, junto con todos ellos, los más pobres y desvalidos, mediante el tipo universal del más regresivo impuesto, el IVA, inventado por el FMI en la era neoliberal contra la pobrería del mundo. Que entre nosotros es el grueso de la Colombia que trabaja en la multidiversidad informal, en la tierra que labra y de la cual recoge lo que aún puede cosecharse, en las labores domésticas e inclusive la que malvive y tributa hasta en los más pequeños consumos.

Pese a toda esta situación injusta y compleja, Colombia no llega aún a resultado definitivo alguno en el gran pleito social entablado. Todo está por definirse en la trascendental pugna entre la minoría que todo lo tiene y gobierna y las grandes mayorías trabajadoras, sin fortuna y sin derechos, con sus capas medias empobrecidas y endeudadas. Pero marchamos hacia ese punto culminante, las presidenciales del 2022.

Lo cierto es que el uribismo y su caudillo han perdido más terreno en los últimos dos años y medio que en los 20 anteriores. Aunque aún conservan importante influencia sobre una porción considerable de la sociedad colombiana y controlan los decisivos resortes del Estado, ha sido tal la magnitud de la protesta social, la intensidad y el cúmulo de denuncias en su contra, el agravamiento de la situación económica y social, que grandes sectores antes vacilantes o bajo su embrujo, vienen percibiendo con mayor claridad su naturaleza fascistoide, su carácter de fuerza enemiga de la paz y del progreso.

La mayoría de las más destacadas figuras del periodismo colombiano han tomado partido por la democracia y contra el despotismo uribista. Entre los jóvenes se acentúa con fuerza creciente una tendencia que rechaza el tradicionalismo, que proclama su independencia frente a la vieja política y cada vez menos imbuida de los valores neoliberales, incluso entre sectores de los estratos altos. Con excepción de una minúscula esfera de encumbrados tecnócratas y rábulas, la intelectualidad y los medios académicos del país enfilan su crítica sobre el régimen uribista.

Desde luego, el movimiento obrero organizado, la fuerza social más constante en la lucha que ha jalonado la resistencia civil del país, continúa a la cabeza de la protesta social. El ímpetu juvenil del movimiento universitario, aunque más fluctuante, complementa la misma batalla social y propósito. Y los sucesos que más rotundamente comprueban el ascenso del movimiento democrático antifascista: los más de 8 millones de votos obtenidos por el líder de la oposición Gustavo Petro, y como reveladores del retroceso de la extrema derecha, la caída en picada de la imagen de Duque y de su patrón, y los aprietos judiciales del expresidente Uribe.

No hay ningún viso de que el uribismo y su jefe se retiren voluntariamente del escenario del poder, ni siquiera de que se sometan a las reglas establecidas en la Carta Política para los cambios de gobierno. Lo que se ve en ininterrumpido tropel son actos oficiales tan erráticos y atentatorios del Estado de derecho como desesperados.

No es corta su enumeración: el vocerío del Centro Democrático y del gobierno niegan la elevada cifra de víctimas de los falsos positivos, recién revelada por la JEP a Colombia y al mundo. De nuevo se bombardea un campamento señalado como de la disidencia de las Farc con numerosos niños que resultan muertos y a los cuales se les tilda de “máquinas de guerra”. En plena penuria, se plantea el absurdo gasto de 14 billones en la compra de 26 aviones de guerra. La Fiscalía se suma al séquito de la defensa de Álvaro Uribe en el sonado proceso judicial por definirse. El vocero del gobierno se retira de la audiencia de la Corte Interamericana que ventila el caso de Jineth Bedoya. Maniobras legislativas se emprendieron para dotar a la derecha pro Uribe de la ventaja de agruparse en una sola lista para Congreso. Se hunde el burdo conato de prolongar el gobierno del subpresidente por dos años más, en medio de la rechifla general. Si de tiempo atrás se negó la personería jurídica a Colombia Humana, recientemente la Fiscalía inculpa de modo cuestionable y dudoso al candidato del centro político, Sergio Fajardo, por contrato suscrito en su administración como gobernador de Antioquia. Por decreto, Duque escoge su juez a conveniencia, designando para ello al Consejo de Estado. Una maestra pretendió ser acallada porque en clase de historia procura que sus alumnos se preocupen e indaguen sobre el horror de los falsos positivos…

Y sin embargo, Colombia también registra el movimiento hacia adelante: el Pacto Histórico recibe numerosas adhesiones, elabora su programa, sigue conformando en todo el país el poderoso escudo de masas contra el fascismo y apuntala la gran base social sobre la cual se funde la nueva democracia.

11 de abril de 2021