En Bogotá: Golpe a la democracia para desconocer revocatoria de Peñalosa

Al igual que en la consulta en Cajamarca en la cual triunfó el no a la explotación minera, en el caso de la revocatoria del mandato de Peñalosa se busca burlar la participación ciudadana y golpear de manera contundente la democracia. Lo que temen son los resultados: la posibilidad cierta de una revocatoria para Enrique Peñalosa, lo que sería, sin duda, un precedente de la debilidad de una institucionalidad y élites corruptas, cuyo desprestigio podría canalizarse en una gran acción política de la ciudadanía. 

Redacción La Bagatela

Un golpe de mano pretende realizar el Consejo Nacional Electoral (CNE), ante la iniciativa que busca revocar el mandato de Enrique Peñalosa. A través de un proyecto de resolución, próximo a oficializarse en la audiencia pública del 15 de mayo, este cuestionado organismo delimitará los alcances de la Ley 1757 de 2015 en lo correspondiente a las revocatorias de mandatos que se adelantan en todo el país.

De acuerdo con esta ley estatutaria, y en consecuencia de rango constitucional, la ciudadanía podrá promover mediante un comité o ciudadano a título personal, la inscripción de una iniciativa de participación, entre ellas la revocatoria, con la presentación de los datos de quien(es) inscribe(n) la iniciativa, el título de la misma y una exposición de motivos.

Aun cuando esta norma se hizo vigente a partir del 6 de julio de 2015, y en su artículo 14 estableció que el CNE contaba con seis meses a partir de allí para expedir un acto administrativo que señale los procedimientos a seguir para la verificación de la autenticidad de los apoyos, sólo hasta pasado un año y medio después este organismo se pronuncia, justo en el momento en el que la revocatoria de Peñalosa no sólo es necesaria para el bienestar de la ciudad, sino viable ante el descontento generalizado que se expresa en las encuestas y con el respaldo de 700.198 firmas radicadas el pasado 2 de mayo.

Esto constituye un cambio de las reglas de juego en medio del proceso ciudadano que actualmente se adelanta, contraviniendo los principios de un Estado y haciendo de hecho una suerte de ejecución retroactiva de la ley, en tanto que aplicará para los comités revocatorios que ya se inscribieron y cuentan con apoyos recolectados.

Aunque en el país se adelantan alrededor de cien procesos revocatorios, hay varios elementos que evidencian que la acción del CNE está en correspondencia con el interés del establecimiento en preservar a Peñalosa en el mandato, aun a costa de quebrar la ley y burlar a la ciudadanía.

En la resolución, se reglamentan dos aspectos centrales: las condiciones para la validación de la iniciativa de revocatoria que se pretenda realizar y la negativa a la unificación de comités cuando se presenten varios para revocar al mismo mandatario.

En adelante, las iniciativas deben optar de manera expresa por una de las dos motivaciones para revocar un mandato: incumplimiento del programa de gobierno o insatisfacción generalizada. Esto, en regla, ya estaba definido en el artículo 65 de la Ley 134 de 1994 que reglamentó lo dispuesto en la Constitución de 1991 en materia del derecho que le asiste a la ciudadanía para revocar a un(a) mandatario(a) elegido.

Lo particular, es que ahora el CNE exigirá las pruebas que fundamentan la exposición de motivos y cuya base debe estar en el incumplimiento del programa inscrito para las elecciones, dado que en el caso de la insatisfacción ciudadana esta es considerada por el CNE una “abstracción que no es causal de inscripción a este mecanismo de participación ciudadana”.

De facto, fue derogada la Ley 1757 de 2015 de Participación Ciudadana y la Constitución, en tanto que una iniciativa no podrá inscribirse para la recolección de las firmas necesarias que validen, precisamente, esta insatisfacción ciudadana y que de lograr las exigidas permitan la expresión libre en las urnas, sino que la misma habrá que demostrarla de manera previa a la inscripción.

Tamaño absurdo, se constituye en un requisito adicional frente al ya dispuesto por la Registraduría y a través del cual se verifica que las firmas recolectadas se encuentren dentro del censo electoral del lugar en donde se pretenda realizar la revocatoria.

En el caso de Peñalosa, resulta demostrable que éste incumplió el programa de gobierno con el cual se inscribió. Para sólo mencionar un ejemplo, en ninguna de sus páginas se lee que la financiación del futuro plan de desarrollo se realizará mediante la venta de la Empresa de Teléfonos de Bogotá, o que para la protección del medio ambiente y la construcción de las viviendas prometidas en campaña sea necesario urbanizar la reserva Thomas van der Hammen.

Por si fuera poco, aun cuando se logre probar las dos causales para la revocatoria y se inicie dicho proceso, el CNE podrá ordenar el archivo de la iniciativa en cualquiera de las etapas del proceso, por considerar irregular la exposición de motivos.

Lo dispuesto sobre la exposición de motivos, no por azar, coincide con las acciones de la Fundación Azul, dirigida por Andrés Villamizar y creada para la defensa de Peñalosa. De manera descarada, y pretendiendo deslegimitar los comités legalmente inscritos, en entrevista para la W Radio Villamizar reconoció que habían realizado la inscripción de un comité pro-revocatoria con una exposición de motivos que va desde responsabilizar a Peñalosa por el cambio climático hasta del hambre que padecen los niños en el Chocó.

Una burla a la participación ciudadana que ahora parece agenciar el propio CNE, al colocar la carga de la prueba en el comité o en el ciudadano que pretenda iniciar un proceso revocatorio y que contraviene el principio legal de la protección y primacía del derecho del elector y no del elegido, tal como establecen las sentencias del Consejo de Estado.

Al igual que en la consulta en Cajamarca en la cual triunfó el no a la explotación minera, en el caso de la revocatoria del mandato de Peñalosa se busca burlar la participación ciudadana y golpear de manera contundente la democracia. Lo que temen son los resultados: la posibilidad cierta de una revocatoria para Enrique Peñalosa, lo que sería, sin duda, un precedente de la debilidad de una institucionalidad y élites corruptas, cuyo desprestigio podría canalizarse en una gran acción política de la ciudadanía.