El fallido proceso penal contra Marcelo Torres. EMPIEZA A DESMORONARSE UN VIL MONTAJE
Redacción de LA BAGATELA
El pasado jueves 13 de abril por la tarde, Marcelo Torres, acompañado de sus abogados, su esposa y su hijo mayor, varios miembros del Comité Ejecutivo del PTC, el Secretario General (e), Yezid García, y otros integrantes de la organización, se presentó ante la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá. Nuestro compañero, quien tenía una orden de captura en su contra desde primeros de junio del año pasado, compareció ante las autoridades judiciales con el fin de responder la acusación del Fiscal 24 de Magangué, que lo acusó de peculado por apropiación, a partir de un contrato de remodelación del Coliseo de Boxeo de ese municipio donde Marcelo fue alcalde hasta diciembre de 2015.
El proceso
Conocida su orden de captura, sus abogados defensores habían solicitado en su nombre a la Fiscalía, desde el 25 de junio del año pasado –varias veces durante el segundo semestre de 2016 y de nuevo a comienzos de este año–, la reasignación o traslado del proceso abierto en su contra por el mencionado fiscal de Magangué. La razón: el alto riesgo que para él y su familia implica su presencia en Magangué, habida cuenta de las múltiples amenazas recibidas, entre ellas, el intento de asalto a su domicilio cuando se desempeñaba como alcalde de Magangué, la inclusión de su nombre como blanco de ataque en un panfleto de una de las denominadas Bacrim, al igual que el disparo de fusil, nunca explicado, hecho una madrugada frente a su lugar de habitación en dicho municipio. Así las cosas, debido a que nueve meses después, hasta el 13 de abril de este año, la Fiscalía no había respondido la solicitud del traslado del proceso ni positiva ni negativamente, tomó la decisión de presentarse, como quedó dicho, ante la autoridad judicial.
La orden de captura contra el exalcalde Marcelo Torres Benavides había sido expedida el 3 de junio de 2016 por el Juez Promiscuo municipal de Magangué a petición del Fiscal 24 del municipio, por el presunto delito de peculado por apropiación. Dicha orden se basaba en la presunta responsabilidad del exmandatario municipal derivada de la acusación de haber autorizado el pago del anticipo y de un acta parcial de una obra de remodelación del gimnasio de boxeo del municipio. Aunque dicho anticipo se había hecho en cumplimiento del contrato y su plazo de ejecución iba hasta febrero de 2016, más allá de la finalización del período como alcalde de Marcelo Torres, ya bajo la nueva administración municipal, el juez prestó mérito a las incriminaciones del fiscal y aprobó por eso la solicitud de la orden de captura. Posteriormente se ha establecido, mediante análisis grafológico de empresas habilitadas para el efecto, que las firmas del exsecretario de Planeación del municipio, Álvaro Escorcia Arrieta, de la administración de Marcelo Torres, una autorizando el segundo de los pagos mencionados, y otra autorizando la suspensión temporal de la obra, eran ambas falsas. Estos resultados fueron presentados por el exsecretario de Planeación en Magangué como fehacientes pruebas de su inocencia, días antes de la realización su audiencia de imputación de cargos, que fue aplazada el mismo día en que debía efectuarse. Tales evidencias, como es obvio, sacaron a flote un elemento ajeno a la responsabilidad de la administración de Marcelo Torres y se atravesaron en contravía del propósito del mencionado fiscal de Magangué de inculpar al exalcalde y a su entonces secretario de Planeación.
Juez penal concluye la inexistencia de delito
Al día siguiente de su presentación ante la Fiscalía en la capital de la República, el viernes 14 de abril, se celebró la audiencia de imputación de cargos en el Juzgado 19 penal con funciones de control de garantías, y la conclusión, después de varias horas en la diligencia y de la controversia entre el Fiscal asignado al caso y los abogados defensores, la expresó el juez: libertad inmediata e incondicional a Marcelo Torres porque la Fiscalía no pudo demostrar la existencia del delito ni la supuesta culpabilidad de Marcelo. En la clara y rotunda conclusión del juez, el fiscal que hizo de acusador simplemente no pudo establecer las razones o fundamento en el cual se basara su acusación. Por el contrario, según palabras textuales del juez, el intento del fiscal no pasó de ser “confuso, ambiguo y oscuro”. El Fiscal, como era de suponerse, apeló la decisión del juez, lo que no impidió el cumplimiento de las decisiones judiciales tomadas. Lo ocurrido deja en claro, no obstante, que lo que estaba en curso no era más que un burdo montaje de naturaleza política y sin asidero legal.
El proceso abierto contra el exalcalde y dos de sus funcionarios, el secretario de Planeación y el Director Financiero, debe ubicarse en el contexto más amplio de una maniobra instigada por los poderes oscuros a los cuales derrotó su elección a la Alcaldía de Magangué en el 2011. Enmarcada en la clara tendencia del recurso de judicializar dirigentes de izquierda para excluirlos de la vida política, con esta decisión se trataba no solo de una muy obvia vendetta política contra el exmandatario municipal sino del intento de escarmentar a todo un pueblo y con ello, por anticipado, a toda iniciativa que en el futuro cercano vuelva a alzarse contra el gobierno de la mafia y la opresión tanto en Magangué como en otros tantos municipios olvidados de Colombia, si se hubiese dado la orden de castigar la osadía de haber desafiado y derrotado dicho poder en las urnas, con tanta saña y contundencia, que en adelante el “correctivo” no se limite a provocar el desánimo a los líderes políticos y sociales que perseveren en este mismo camino democrático, sino que intimide y paralice por el miedo a la masa de ciudadanos.
Tan turbio fin político se enmascara con el expediente de tratar de enlodar mediante infundios a un líder de izquierda con la presunta comisión de un delito común depredador de los recursos públicos para desacreditar su causa. Porque el entonces alcalde no transigió con la pretensión de que siguiera gobernando a la antigua, una caterva de politiqueros y leguleyos, cuyo cabecilla es tío del actual alcalde del municipio, se dedicó sin pausa ni medida durante los cuatro años de su administración a atiborrar los despachos y oficinas de los entes de control y de fiscales y jueces con infundios contra cada acto y decisión de la misma.
Es muy probable que la ofensiva de judicialización contra Marcelo Torres, el dirigente del PTC, de clarísimo origen político, continúe. Pero el país debe registrar que, en su inicio mismo, ha sido revelada su raíz arbitraria y oscura, procedente de los más turbios y peores intereses de Colombia.
¿Qué se pretende escarmentar?
Debe repetirse que el exalcalde encontró en Magangué una administración pública en ruinas y la entregó en pleno proceso de reconstrucción y modernización. Sin siquiera tener empalme, recibió el municipio con una deuda y un desorden mayúsculos en sus finanzas públicas, caído en el sótano de la sexta categoría –la última– de los municipios, prácticamente sin recursos propios para invertir, descertificado tanto en agua potable y saneamiento básico como en vivienda de interés social, con unos pésimos servicios públicos domiciliarios, y por supuesto, con una ciudadanía que había padecido los embates del amordazamiento, la intimidación, el asesinato de periodistas y gentes de toda condición social, el saqueo de los recursos públicos y una supresión prácticamente completa de la vigencia de la ley.
Su administración logró que Magangué pasara en sólo un año, 2012, en el Índice de Desempeño Integral de los Municipios del Departamento Nacional de Planeación, del lugar 1.065 al 329, (un salto de 736 lugares). Al finalizar su mandato, entregó a Magangué con sus finanzas públicas saneadas: se evitó la caída del Acuerdo de Pasivos, se regularizaron los pagos y el municipio ya pagó más de la mitad de su deuda; se renegoció la deuda pública liberándose recursos para la inversión; el recaudo de los impuestos municipales aumentó, entre 2011 y 2015, más de un 130%; quedó listo para ascender a la categoría siguiente de municipios. El impulso que recibieron las obras civiles se muestra, con una inversión del municipio de casi $29 mil millones, en un total de 150 obras construidas, ampliadas, remodeladas, adecuadas, cofinanciadas o simplemente gestionadas ante el gobierno central, entre las cuales se destacan 2 centros de desarrollo integral infantil, el muelle fluvial de pasajeros, 8 comedores escolares en la zona rural, 730 viviendas palafíticas en los corregimientos, 573 viviendas para damnificados de la ola invernal en la zona urbana, numerosas vías públicas, y se inició la reconstitución del banco de maquinaria que había desaparecido.
En educación se puso fin al negocio de la matrícula contratada con instituciones privadas, aprovechando la suficiente capacidad de las instituciones educativas públicas para atender esos estudiantes. Se puso en práctica un nuevo modelo llamado de matemática articulada, una intensa capacitación de los docentes con talleres, diplomados y conferencias y la publicación de una cartilla de primaria de la historia del municipio, todo lo cual se reflejó en que, entre los 94 municipios certificados en educación del país, Magangué llegó a ocupar el 8º lugar en matemáticas y comprensión de lectura. Se avanzó positivamente en las Pruebas Saber en 3º, 5º y 9º de las 20 instituciones educativas, disminuyendo en un 17,9% el “nivel insuficiente”, con respecto al 2012. Se financiaron carreras técnicas con recursos propios del municipio a 180 estudiantes de estratos 1 y 2.
En lo social se activó un observatorio de políticas públicas para la infancia, la adolescencia, los jóvenes, la mujer, el adulto mayor, los discapacitados y las minorías o sectores sociales diversos y discriminados, cuyos resultados, si no mayores sí muy significativos, se concretaron en: procesos de resocialización de antiguos miembros de pandillas juveniles, las jornadas del Día del Niño, las movilizaciones en repudio a la violencia contra la mujer, y en considerables avances de reconocimiento social de la comunidad lgtbi. El programa de “Más Familias en Acción” pasó de 7.000 a 14.300 hogares y 27.000 niños de escasos recursos. Lo más destacado, empero, fue el logro del suministro de agua potable, por primera vez, a 16 corregimientos del área rural mediante la construcción de 14 pozos profundos, algunos de ellos dotados de equipos de energía solar, con sus respectivas redes de distribución del líquido vital hasta la puerta de cada vivienda. Al igual que la solución dada, en materia de obtención de recursos del gobierno central, al problema del suministro de agua potable con sus redes en el área urbana: $33.000 millones quedaron contratados para garantizar la satisfacción de tan vital necesidad.
Naturalmente que el avance más notable de Magangué consistió en su reinserción en el Estado de derecho que posibilitó el retorno de las libertades, derechos y garantías ciudadanas, y de la observancia de la Constitución y la ley. Quizá por ello su nombre estuvo entre los 45 mejores alcaldes del país en la lista escogida por la Fundación de la Revista Semana, y fue situado en el tercer lugar a nivel nacional entre los alcaldes de municipios de hasta medio millón de habitantes.
Al terminar su mandato, en Magangué había empezado a implementarse el Meci (Método Estándar de Control Interno), el gobierno en línea, la actualización de la página web del municipio, la digitalización de archivos y documentos, y se había practicado con rigor la rendición periódica de cuentas. Gestionada ante el Igac, se había emprendido la actualización catastral de Magangué. Por primera vez se completó un estudio que estableció contablemente cuántos y cuáles son los activos reales del municipio.
Nada de esto ha sido proseguido por la actual administración de Magangué. No es extraño. Contó con el apoyo de uno de los alcaldes aupados por Enilse López, Arcesio Pérez Bello, y varias otras fichas del mismo clan; la campaña del actual alcalde fue bendecida por Alex Char, el expedidor de avales de Cambio Radical en la Región Caribe, el partido del exvicepresidente y aspirante a la presidencia, Germán Vargas Lleras. El que avaló a la exgobernadora de la Guajira, Oneida Pinto, apoyada por el grupo de Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez y al exalcalde de Riohacha. Los hechos siguen siendo el mejor material para un lúcido aprendizaje del país, o por lo menos la indispensable materia prima para que ello suceda.