¿Hubo fraude electoral?

Se quiere hacer creer que el único caso que puede aceptarse como fraude masivo ocurrió en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, cuando el conteo oficial se suspendió abruptamente mientras ganaba el general Gustavo Rojas Pinilla y, al final del día, se dio como ganador a Misael Pastrana Borrero. Pero no ha sido así. En este artículo mostraremos una secuencia de hechos que nos llevan a un estado de profunda confusión, duda o desconcierto y que, mediante datos, cifras y hechos, nos permiten corroborar lo que en algunas demandas ha quedado consignado sobre la validez de las cifras emitidas en dos momentos diferentes: el preconteo —informativo y rápido, a cargo de la Registraduría— y el escrutinio —información oficial y jurídica, a cargo de comisiones de jueces y notarios—.

Algunos antecedentes

A mediados del 2023 se abrió un debate sobre los datos de los colombianos y la soberanía digital del país frente a la multinacional Thomas Greg & Sons, debate que se intensificó de forma exponencial en febrero de 2024. El foco se centró en cuestionar que la información biométrica y personal de la ciudadanía estuviera centralizada por un privado que tenía el control sobre la emisión de los pasaportes desde 2007. Sin embargo, el debate se sustentó en la afirmación de que la firma controlaba datos sensibles en entidades como la Misión de Observación Electoral (MOE). Tanto la derecha como sus medios de comunicación afines y pertenecientes al conglomerado más rico del país sostuvieron hasta el cansancio que Thomas Greg & Sons no era propietaria ni controlaba las bases de datos de la Registraduría o de los pasaportes, sino que únicamente tenía permisos de consulta y validación de identidad, similares a los de los bancos, y que el control legal siempre había permanecido en manos del Estado.

Sin embargo, en julio de 2025, durante el discurso sobre la «Soberanía Digital», Petro trasladó formalmente el debate al ámbito de la seguridad nacional. Fundamentó la salida definitiva de la empresa del negocio de los pasaportes bajo la tesis de la «defensa de la soberanía digital», afirmando que los datos de los colombianos debían ser manejados única y públicamente por el Estado colombiano para evitar riesgos de dependencia extranjera o privada. A comienzos de 2026, el Gobierno exigió formalmente a Thomas Greg & Sons la entrega total y el empalme de los históricos de las bases de datos de pasaportes a la Imprenta Nacional de Colombia, hecho que se produjo semanas antes de que se completara la salida definitiva de la firma de este sistema, el 30 de abril de 2026, cuando el control tecnológico total pasó a manos públicas.

En paralelo, y debido a un fallo de la Sala Plena del Consejo de Estado de 2018 —derivado de las demandas de nulidad electoral y del caso del movimiento MIRA—, mediante el cual se exhortó y ordenó al Estado colombiano adquirir y ser propietario de su propio software de escrutinio, el 31 de mayo de 2026, coincidiendo con la jornada de la primera vuelta presidencial, el entonces presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, solicitó públicamente a la Registraduría Nacional que acatara esta sentencia.

El Consejo de Estado, en su Sala Plena, ordenó que el sistema y el software de conteo y escrutinio de votos, pertenecieran de forma soberana al Estado, garantizando el control público de los algoritmos. Esta orden siguió sin ser atendida por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, bajo el argumento de que se defiende la contratación de proveedores tecnológicos externos y esquemas de auditoría internacional, como los de Capel o firmas privadas, bajo estrictas normas de ciberseguridad. Recordemos que en Colombia Capel actúa como auditor externo e internacional de los sistemas tecnológicos electorales.

Vale recordar que existieron peticiones previas en las que se solicitaba, mediante derechos de petición presentados en febrero y marzo de 2026, el código fuente, con el fin de dar cumplimiento a disposiciones según las cuales los sistemas de preconteo y escrutinio debían ser desarrollados y administrados directamente por el sector público y no por firmas privadas.

Sobre la soberanía nacional y la privacidad de los ciudadanos

Víctor Muñoz, exsecretario general de la Presidencia durante el gobierno de Iván Duque, quien actualmente participa activamente con análisis especializados y declaraciones de opinión en redes sociales y medios informativos como Infobae y El Tiempo, propuso integrar la tecnología de Palantir Technologies a las bases de datos de inteligencia estatal y seguridad del país. La propuesta buscaba centralizar toda la información de los ciudadanos colombianos contenida en las FF. MM., la Policía, la Fiscalía, Migración y la UIAF, presentando la iniciativa como una enorme solución de seguridad.

Hay evidencia de que durante el gobierno de Iván Duque hubo un acuerdo con Palantir relacionado con los datos de CoronApp. En abril de 2020, el DAPRE suscribió un acuerdo tecnológico con Palantir Technologies que permitió a la compañía acceder a información de CoronApp Colombia, aplicación móvil oficial del Gobierno de Colombia, creada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) junto con el Instituto Nacional de Salud (INS) durante la pandemia de COVID-19 para monitorear riesgos de salud, reportar síntomas e informarse sobre el virus.

Esta aplicación recopiló datos personales y de salud de los usuarios, incluida información relacionada con síntomas y localización. El Gobierno señalaba que dicha información se utilizaba para vigilancia epidemiológica. En una respuesta oficial al Congreso, el INS afirmó que el responsable del tratamiento de los datos era el Instituto Nacional de Salud y que la Agencia Nacional Digital actuaba como encargada. También señaló que, para el almacenamiento en la nube, se utilizaba AWS en Estados Unidos.

La Corte Constitucional posteriormente examinó el tratamiento de los datos de CoronApp y dejó constancia de que existía un Acuerdo de Transmisión de Datos Personales y de que dicho acuerdo había sido prorrogado varias veces, hasta septiembre de 2021. La Corte incluso ordenó posteriormente adoptar medidas adicionales para proteger y custodiar los datos personales de los usuarios de CoronApp.

Esta situación resulta muy preocupante, ya que estamos hablando de información sensible recopilada por una aplicación estatal y de la participación, en su procesamiento, de una empresa estadounidense especializada en análisis masivo de datos, cofundada por Peter Thiel[1]. Fue así como, según esta perspectiva, se entregaron el manejo soberano de los datos estatales y de la información sensible del país, así como parte del poder de control, a grandes multinacionales tecnológicas.

Son conocidas las intervenciones de la empresa de análisis de datos Palantir Technologies en procesos electorales y dinámicas políticas en el continente americano, las cuales se dividen en dos frentes principales: sus vínculos históricos con el escándalo de Cambridge Analytica en Estados Unidos y su reciente expansión tecnológica hacia América Latina.

Se trata de un tema de gran envergadura, ya que la postura del gobierno de De la Espriella consiste, como se ha manifestado, en la intención de incorporar inteligencia artificial y trazabilidad digital para auditar recursos estatales y combatir estructuras criminales, alineándose con un modelo tecnológico de seguridad estricto. Es de advertir el riesgo de poner información estratégica y pública del Estado colombiano en manos de una compañía privada extranjera, especialmente cuando Palantir Technologies ha enfrentado cuestionamientos internacionales por parte de organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, debido al uso de sus herramientas en operativos de vigilancia y control migratorio en países como Estados Unidos y de su espantosa participación en el genocidio de la población Palestina por parte de Israel. Por esta razón, se debe exigir que, de adoptarse este tipo de herramientas de análisis masivo, existan marcos regulatorios rigurosos para evitar posibles abusos de perfilamiento o filtraciones de datos sensibles.

Este abre bocas nos lleva a hablar de Hondurasgate.

Hondurasgate

El narcotraficante y exmandatario indultado por el presidente Donald Trump, cuya liberación sacudió el panorama político, es el hondureño Juan Orlando Hernández. El Departamento de Justicia de EE. UU. demostró durante su juicio que no dirigía una empresa comercial legítima, sino que operaba el propio aparato estatal de Honduras como una masiva empresa criminal dedicada al narcotráfico y al fraude electoral.

Su modo de operación consistía en utilizar sistemáticamente a la Policía Nacional de Honduras y a las Fuerzas Armadas como su brazo armado y logístico para resguardar y transportar cientos de toneladas de cocaína. El dinero recaudado tenía como principal función inyectar «millones de dólares de múltiples organizaciones narcotraficantes» directamente en las campañas políticas del Partido Nacional, con el objetivo de asegurar el control de las elecciones presidenciales de 2013 y 2017.

Actuó en sociedad directa con los carteles más grandes de la región, destacándose un soborno de un millón de dólares recibido de Joaquín «El Chapo» Guzmán, líder del Cartel de Sinaloa, a cambio de protección total dentro del territorio hondureño.

El contexto del indulto y la intervención electoral

Donald Trump le otorgó un indulto presidencial total, anulando su condena de 45 años de prisión. Los críticos y analistas internacionales señalaron que la liberación ocurrió estratégicamente a menos de 48 horas de las elecciones generales de Honduras, en las que Trump respaldó públicamente al candidato oficialista Nasry Asfura. Diversos sectores denunciaron que este indulto constituyó una intervención política directa de Estados Unidos para manipular e incidir en el desenlace de los comicios locales a favor de los aliados políticos del exmandatario liberado.

El Hondurasgate es un escándalo internacional desatado a finales de abril de 2026, tras la filtración masiva de audios de aplicaciones de mensajería —WhatsApp, Telegram y Signal— que exponen una presunta trama de injerencia política y desestabilización regional en América Latina.

Esto sería tan solo una anécdota si no hubiesen existido unas filtraciones que fueron lanzadas y publicadas a finales de abril y principios de mayo de 2026 por el portal web especializado hondurasgate.ch, en colaboración con el medio estadounidense Dropsitey[2] con el respaldo de análisis de auditorías forenses independientes y otros medios alternativos.

Los audios exponen supuestas conversaciones atribuidas al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, junto con otros actores políticos de derecha, en las que se abordan redes de influencia, estrategias de desinformación y operaciones en contra de gobiernos progresistas en América Latina.

Los audios apuntan a la existencia de un plan internacional coordinado para financiar campañas de desinformación y ataques mediáticos contra gobiernos de izquierda en la región, específicamente contra administraciones como las de México y Colombia. En ellos se mencionan figuras de la derecha hondureña —como el exmandatario Juan Orlando Hernández—, además de alusiones a sectores políticos de Estados Unidos, Israel y Argentina, con objetivos políticos clave: buscar influir en procesos electorales, consolidar esferas de poder mediante estrategias de confrontación y utilizar tácticas de guerra digital o lawfare.

Desde luego, ninguna agencia internacional ni perito independiente ha avalado oficialmente la información, determinando la autenticidad absoluta de los audios, por lo que el caso se mantiene en el centro de un intenso debate geopolítico y mediático.

Los anteriores acontecimientos forman parte de la base argumentativa del expresidente Gustavo Petro para señalar principalmente a la firma privada Thomas Greg & Sons y a la agencia de espionaje corporativo israelí Black Cube[3] de intervenir e influir de forma irregular en el escrutinio de las elecciones presidenciales de 2026.

Según Petro, estas intervenciones se habrían producido de la siguiente manera: por un lado, y en el marco de sus disputas con Thomas Greg & Sons, afirma que la entrega de la administración de datos, el preconteo y el software de escrutinio a este operador privado representó un riesgo sistémico. Asimismo, sostiene que, tras la segunda vuelta, el manejo de la información colombiana y la recolección de datos por parte de esta empresa facilitaron alteraciones en los resultados electorales, especialmente en el exterior.

Igualmente, el exmandatario denunció públicamente una presunta trama de «fraude informático y algorítmico» transnacional. Según sus afirmaciones en redes sociales, ciudadanos israelíes adinerados e intermediarios vinculados a esta firma de espionaje habrían intervenido digitalmente en la votación desde el extranjero para manipular cerca de dos millones de votos a favor de Abelardo De la Espriella.

Demandas presentadas por indicios de fraude e información complementaria

Se han presentado aproximadamente 40 demandas en contra del acto que declaró la elección del presidente Abelardo De la Espriella. La gran mayoría de estos recursos de nulidad electoral se han interpuesto ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, que es el máximo tribunal competente en Colombia para definir la legalidad de las elecciones de carácter nacional.       
Estado actual de los procesos ante el Consejo de Estado

Aunque el alto tribunal ha admitido formalmente algunas de estas demandas para su estudio de fondo (como las interpuestas por el exmagistrado del CNE Luis Guillermo Pérez y por el ciudadano David Fernando Cano), ha rechazado de forma unánime todas las solicitudes de medidas cautelares que pretendían suspender provisionalmente la elección o frenar su posesión del pasado 7 de agosto.

Solicitud de nulidad electoral - Presidencia Colombia 2026

Como acciones importantes ante el fraudulento resultado electoral, se presentó una demanda por William Roy Villanueva y otros ciudadanos ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, solicitando la nulidad de la elección presidencial y vicepresidencial para el periodo 2026-2030, declarada mediante la Resolución Sala Plena No. E-3181 del 24 de junio de 2026. Los demandantes son ciudadanos que ejercen el derecho de control de legalidad sobre los actos electorales, argumentando que se vulneraron garantías de autenticidad, integridad y trazabilidad de los resultados electorales. Esta demanda se encuentra admitida y en etapa de estudio jurídico de fondo, sin que hasta el momento se haya dictado un fallo definitivo o una suspensión de la elección.

La demanda sostiene que la autoridad electoral degradó, sin justificación técnica suficiente, los controles digitales de los formularios E-14 respecto al modelo de 2022, dificultando la verificación ciudadana y judicial de los resultados. Se estructuran varios cargos:

* Inverificabilidad estructural por violación de normas de transparencia y seguridad documental.

* Vulneración del principio de publicidad y falsa motivación.

* Otros cargos derivados del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

La demanda contiene unos hechos relevantes de suma importancia: a) Se presentaron acciones de tutela antes de la declaratoria de elección, advirtiendo la degradación de controles digitales. b) Dictámenes periciales demostraron la ausencia de metadatos[4], hash[5], y separación de firmas en los E-14 de 2026, a diferencia de 2022, y c) La Registraduría reconoció cambios técnicos en boletines y comunicados, pero no identificó el acto administrativo que los sustentara ni justificó la regresividad en transparencia.

En esta demanda se solicita la preservación y entrega de todos los archivos, logs[6], metadatos, rutas, servidores y documentos técnicos relacionados con la generación y publicación de los E-14. Y se pide la práctica de pruebas periciales, grafológicas y documentológicas, así como la verificación de la trazabilidad de los votos en el exterior y de la creación de nuevas mesas.

Es cierto que la demanda no afirma fraude ni alteración de votos, sino que la opacidad y degradación de los controles digitales impiden la verificación ciudadana y judicial, comprometiendo la confianza y la legalidad del proceso electoral. Por estas razones se solicita la nulidad del acto de elección o, subsidiariamente, medidas de auditoría y corrección, y la modulación de los efectos de la sentencia para garantizar la continuidad institucional.

Aquí la leyenda de los 150.000 pueblos.
Con cariño para ustedes (Versión Larga). pic.twitter.com/MZge1OJSj8

— Carlos Oñoro (@CarlosOnoro) August 7, 2026

Testigos Digitales - Rueda de prensa 2026-08-03

Esta presentación expuso el trabajo de una coalición ciudadana apartidista que realizó una auditoría digital independiente sobre la segunda vuelta presidencial de Colombia en 2026. El objetivo fue cuestionar la transparencia, integridad y seguridad del sistema electoral digital, especialmente en la publicación y custodia de los formularios E-14 (actas de mesa). El origen y la motivación de esta presentación pública surgió por la falta de transparencia y respuestas vagas de las entidades electorales a pocos días de la elección y exigió acceso a metadatos y estampillas de tiempo de los formularios E-14 para garantizar trazabilidad y control ciudadano. En ella se refutaron declaraciones oficiales que afirmaban que el sistema era "manual"; en realidad, el proceso es eminentemente digital (captura, sumatoria, publicación y almacenamiento de actas), y se demostró que la "estampilla de tiempo" usada no era criptográfica, no garantizaba integridad ni origen del documento, igualmente manifestó que el hash publicado por la Registraduría no permitía verificar la integridad real de los E-14, solo la disponibilidad del servidor, y que además la eliminación de metadatos en los E-14 de 2026 (a diferencia de 2022) rompió la cadena de custodia y la trazabilidad documental.

En la creación de esta presentación participaron más de 75.000 voluntarios que auditaron el 100% de los formularios E-14 en menos de 48 horas, revisando metadatos, sellos de tiempo y hashes, detectado que el 99,9% de los E-14 carecían de metadatos; y que solo 42 formularios los conservaban.       
Dentro de los hallazgos expuestos se encuentran:

• Alteración sistémica: Se identificaron 1.521 mesas con alteraciones en el hash, lo que indica modificación de los E-14.
• Anomalías estadísticas: En municipios atípicos, el censo electoral superaba al censo poblacional y los resultados favorecían sistemáticamente a un solo candidato.
• Patrones matemáticos imposibles: Se detectaron agrupamientos de victorias consecutivas para un candidato, seguidos de transiciones abruptas, con una probabilidad de ocurrencia natural prácticamente nula.
• Ruptura de la cadena de custodia: Uso de canales no oficiales (bots de WhatsApp[ ]), retrasos en la publicación y reemplazo de documentos sin rastro.

Y se manifestaron implicaciones legales y ciudadanas evidenciando el incumplimiento de la Ley 1475 de 2011 y la Ley 1712 de 2014 sobre transparencia y publicación inmediata de los E-14.

En conclusión, esta auditoría ciudadana demostró graves fallas y posibles manipulaciones en el sistema electoral digital colombiano de 2026, resaltando la importancia de la vigilancia ciudadana y la necesidad de mecanismos técnicos y legales robustos para garantizar la integridad electoral.

Agosto del 2026