Editorial. El uribismo fragua autogolpe, el pueblo y su juventud reivindican un nuevo país

El anuncio de Duque como gobernante del uribismo sobre el empleo de la fuerza para acabar los bloqueos empuja al país a un punto límite, que puede resultar de no retorno. Casi simultáneo con la reunión con el Comité Nacional de Paro, CNP, ese anuncio apareció como categórico rechazo a la exigencia de los voceros del Comité de ponerle fin inmediato a la matanza oficial, y como el descarte del gobierno de toda negociación en serio. Quiere el gobierno ignorar que la ONU acepta los bloqueos en las protestas, y que el Comité manifestó su conformidad con los corredores humanitarios de alimentos, salud y combustibles.

Desde el Ubérrimo se quiere obligar a una salida de fuerza mediante un choque que eleve el actual clima de incidentes violentos generalizados. Escalar el nivel de violencia mientras que se atiza por otro lado la vociferación de grupos financieros, gremios económicos, grandes contratistas y la consabida galería de políticos gobiernistas exigiendo restablecimiento del orden y la autoridad, le permitiría al régimen “justificar” medidas excepcionales más allá del Estado de Conmoción Interior.

Lo cual no sería más que el remate de la política oficial adoptada ante el paro iniciado el 28 de abril, que combina la mayor ferocidad de la brutalidad policial desatada contra la inatajable marejada humana de la protesta con los ataques sistemáticos contra los manifestantes por bandas de matones de civil protegidos por la Policía, a la par que perpetran buena parte de los daños contra la propiedad pública y privada.

El autogolpe, que así se auspicia, suprimiría la Constitución y el Estado de derecho en una u otra de sus modalidades, sea que les convenga arrojar por la borda a Duque −con el argumento bastante obvio de declararlo inepto e incompetente–, o mantenerlo nominalmente como presidente.

Autogolpe no sólo para aplastar la protesta social concebida como conspiración comunista por la doctrina de la “revolución molecular disipada”, la doctrina neonazi imbuida por el expresidente Uribe a las Fuerzas Armadas, sino para impedir o aplazar la realización de las elecciones presidenciales de 2022. O para que resulten amañadas, como las de 1949, en las cuales el liberalismo declaró la abstención luego de ser excluido a bala de los comicios, en tanto que Laureano Gómez era elegido como único candidato participante.

Para el efecto, repetidamente, se ha tratado de excluir al principal competidor del uribismo, Gustavo Petro, mediante maniobras calumniosas para inducir su descrédito, la negación de personería jurídica a su movimiento, recurrentes denuncias penales y de tipo administrativo. Todo eso ha fracasado. Hoy, en medio de la peor crisis, durante la más formidable sublevación social desde el asesinato de Gaitán, en lugar de afectarse el liderazgo de Petro por la responsabilidad que el gobierno le atribuye en la turbulencia, su influencia no sólo se mantiene sino que se acrecienta. El Pacto Histórico, la coalición democrática que ha jalonado Petro con fuerzas diversas, se perfila como el aglutinante capaz de hacer frente al uribismo gobernante, ganar las presidenciales del 2022 y dar inicio con un nuevo gobierno a las grandes transformaciones.

El uribismo experimenta un notable retroceso. Tan saludable fenómeno político se manifiesta en una secuencia clave para descifrar el desespero actual del presidente eterno y la pasmosa obediencia del submandatario Duque. Manifiesta en su pérdida de las elecciones de octubre 2019, la caída en picada de la imagen de Duque, la repercusión nacional y mundial del hecho de que las víctimas de los “falsos positivos” durante los gobiernos de Uribe ascendieron a 6.402, la activa crítica que varios de los mejores periodistas del país vienen ejerciendo para vigilar, denunciar y difundir las acciones antidemocráticas, antinacionales, legales e ilegales, del actual gobierno y de su mentor.

Y sobre todo, en la justa indignación de los sectores populares y de las capas medias ante las ejecutorias de la administración uribista, causantes del aumento del hambre, la pobreza y la miseria, del desempleo, del deterioro de los derechos de los trabajadores y de la falta de oportunidades y de futuro para la juventud de las masas urbanas empobrecidas, como de la intensificación y extensión del dolor, las penurias y las muertes por la pandemia. El fondo del asunto reside en la agudización del hambre y el empobrecimiento. La pobreza monetaria aumentó 6,8 puntos en 2020, lo cual significa que casi 3,6 millones de personas terminaron arrojadas a esa condición, elevando la cifra de pobres a 21,2 millones, el 42,5 por ciento de colombianos, cerca de la mitad de la población total, que no tiene suficiente ingreso para costear sus necesidades básicas.

Una ira social, incontenible y justa, reventó el cuello de botella de la repetición de las fórmulas antisociales y ruinosas del neoliberalismo, apretado con obstinación por el gobierno, que habían provocado los desastrosos efectos, las mismas que ahora se pretendía aplicar como su solución.

El encargado de poner el detonante –el proyecto de reforma tributaria−, en su infinita estulticia, fue el abominable ministro Carrasquilla, defenestrado por la erupción volcánica de la protesta social que inundó a Colombia y ha tenido como epicentro a Cali y a su heroica juventud, excluida y rebelde.

Al Pliego de Emergencia, elevado al gobierno por el CNP varios meses antes del paro del 28 de abril, se agregan la exigencia de garantías para la protesta, la vida y la integridad de los manifestantes y de las desplegadas reivindicaciones de los jóvenes. El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha sido identificado sin ambigüedad como principal artífice de los padecimientos y frustraciones del país, y como cabecilla de las fuerzas opresoras y explotadoras. Y calada la naturaleza verdadera del gobierno que preside su subordinado: el fascismo del régimen de Duque.

El uribismo y su jefe lo saben, maniobran y conspiran. Ven con claridad que de desarrollarse las elecciones presidenciales de 2022, incluso en las condiciones habituales de la recortada democracia colombiana, la posibilidad de su derrota y el triunfo de la candidatura de Petro son altamente probables. Enfrentan un sinnúmero de dificultades en su propio campo, no siendo la menor el descrédito generado por su pupilo de la Casa de Nariño. No es menor la riña de Vargas Lleras ni la negativa de César Gaviria a respaldar una política de represión sin retorno, pese a que extendiera su apoyo a la continuidad de Duque.

Tampoco lo es la actitud contraria o renuente de algunos mandatarios seccionales –como el de Medellín y varios otros– a la militarización de sus centros urbanos o departamentos. Ni la expresa inconformidad de algunos alcaldes como el de Yumbo, de cuyas facultades municipales, como sucede en la generalidad de los municipios, el gobierno central sustrae el manejo de la Policía.

Están también al tanto el uribismo y su caudillo del aislamiento y la condena internacional sin precedentes que recaen sobre su gobierno. Por vez primera, y debido las recientes circunstancias de la gran metrópoli, no cuentan con la luz verde del imperio gringo. Está por verse, empero, qué tanto pesarán las reconvenciones imperiales en sus decisiones. No puede perderse de vista que, en fin de cuentas, Uribe encabeza en Colombia la misma corriente mundial neofascista que lidera Trump con los supremacistas blancos en Estados Unidos, los grupos racistas y xenófobos neonazis en Europa y camarillas militaristas como la de Birmania.

Uribe y sus ultras de derecha comparten con las oligarquías financieras del planeta su apego al esquema neoliberal, pero discrepan acremente en cuanto propugnan abiertamente el fascismo como su forma de realización. Saben que si las cosas se desenvuelven como en Chile, aún en el marco de una democracia restringida, lo que les espera es la derrota a lo Piñera, y pueden por eso optar por el desesperado recurso del autogolpe.

El pueblo, los jóvenes, los indígenas, los afros, las mujeres, los lgtbi y las nuevas ciudadanías, los de abajo en general, también somos conscientes del impacto tangible y positivo de la lucha, de la fuerza propia que despliega. Que el poder democrático y transformador reside en la movilización masiva.

La sublevación de los pobres, de su juventud, de los trabajadores, con y sin empleo, hundió primero el alcabalero proyecto de la reforma tributaria y ahora el antisocial que pretendía empeorar todavía más la salud. Tumbó ya dos ministros: el de Hacienda y la de Cancillería. Exige la renuncia del de Defensa. Reclama justicia para que no queden impunes los crímenes cometidos contra los jóvenes; los asesinados, heridos, lesionados, y las víctimas de violaciones. Condiciona el inicio en firme de la negociación a que la matanza oficial sea detenida de inmediato. Negociaciones que deben ser adelantadas por el gobierno con el Comité Nacional de Paro, los jóvenes, los indígenas, los camioneros y todos los sectores sociales protagonistas de la gran revuelta.

Estamos avisados de los propósitos golpistas. La respuesta al anuncio de Duque de utilizar la fuerza contra los bloqueos repletó de nuevo este miércoles 19 de mayo las calles y plazas. Prueba de que el 28 de abril arrancó un paro de largo aliento, con fuerza para derrotar a los enemigos de la paz, la vida, la democracia y el bienestar del pueblo. Y los derrotaremos.

19 de mayo de 2021