Iván Duque o el engaño como defensa de la política económica

Realizar una nueva reforma tributaria que recaude el señalado valor, equivalente a 2% del PIB, no sería en absoluto una tarea ardua ni contraria al interés nacional si se propusiera encaminarnos hacia un sistema fiscal progresivo, como ordena la Constitución. Colombia dispone de buen espacio fiscal, sostienen los expertos tributarios. Bastaría con revertir las gabelas obsequiadas a los grandes capitales en la pasada Ley de Crecimiento de Duque ($9,8 billones) y completar el monto con un impuesto al patrimonio o eliminando algunas de las más regresivas exenciones para obligar a pagar al 10% más rico de la sociedad impuestos en proporción a sus ingresos… al menos en un porcentaje igual al que paga en promedio cada colombiano. ¡Así de inequitativo es nuestro sistema tributario!

Por Arturo Cancino C.

Economista, profesor universitario

¿Cómo mostrar una gran operación de salvamento sin hacer nada efectivo? Hace unas semanas, en una de sus diarias apariciones en su espacio de promoción de imagen, el presidente Duque afirmó ostentosamente que su gobierno ha gastado $117 billones en enfrentar la pandemia y mitigar sus efectos económicos. Una suma de semejante magnitud, equivalente a más de 11% del PIB, llevó a muchos a preguntarse dónde están los destinatarios y los beneficios de ese enorme gasto. El Observatorio Fiscal de la U. Javeriana tuvo que rectificar al Gobierno señalando que no se puede pretender hacer pasar como gasto efectivo los $60,2 billones en garantías al sistema financiero sobre eventuales créditos bancarios (de muy incierto desembolso, además). Así mismo, los $25,4 billones que suman las líneas de créditos de Bancoldex-Findeter y las medidas del Banco de la República no pueden contarse como transferencias reales a las empresas y los trabajadores, sujetos como están a la intermediación de los bancos privados. Ni la reducción del recaudo de impuestos de 2020 por $2,2 billones, que no han sido rebajados sino su pago únicamente diferido por la Dian.

Pero tampoco los fondos dispuestos para la pandemia -que escasamente llegan a $28,9 billones, menos del 3% del PIB, como reconoce también Fedesarrollo- significan recursos realmente ejecutados en afrontar la emergencia. La triste realidad según dicho Observatorio es que, al finalizar junio, lo ejecutado de este fondo solo alcanzaba los $3,6 billones, equivalentes a un gasto fiscal de 0,34% del PIB: Una miseria que no tiene presentación después de más de tres meses de confinamiento, cuando el colapso económico en el cual ya han sucumbido, total o parcialmente, 34% de las empresas que crean la mayoría del empleo (Mipymes) ha destruido no menos de 5 millones de puestos de trabajo. Un fracaso total en la tarea de mitigación de la crisis. Y, al mismo tiempo, los contagios han sobrepasado los 160.000 casos y en algunas ciudades las UCI ya llegan al 100% de ocupación. Mientras tanto, los respiradores mecánicos faltantes empiezan apenas a llegar con cuentagotas, pero el personal sanitario especializado, que es insuficiente, todavía no cuenta debidamente con los elementos de bioseguridad necesarios para evitar contagiarse.

En este último aspecto, si bien el Gobierno afirma haber comprometido $7,3 billones en fortalecer el sistema sanitario, la mayor parte ($5,7 billones) no son inversiones sino pagos atrasados y los ha desviado hacia las EPS, intermediarias creadas por la Ley 100 –igual que las ARL y los fondos privados de pensiones– que son las mayores responsables de las crisis económicas de hospitales y clínicas con los que las primeras acumulan deudas de más de $11 billones. Por eso, no es de extrañar que a las crecientes bajas por el contagio de covid-19 en el personal sanitario que atiende la pandemia, se sumen las renuncias de algunos médicos, enfermeras y auxiliares ante la nula mejoría de las condiciones laborales precarias e inestables a las que están sometidos más de la mitad de los trabajadores de la salud. Ni siquiera en un momento tan crítico como el actual se ve llegar una respuesta efectiva del Gobierno a este problema de fondo, resultado de las políticas neoliberales. No hay avances reales en materia de contratación más allá de su retórica hueca sobre el mérito del sacrificio de estos profesionales, que para nada se traduce en soluciones a los abusos inaceptables en su situación laboral.

Por otra parte, respecto al gasto social de respuesta a la emergencia (adicional al gasto asistencialista ordinario), hasta comentaristas indulgentes con el Gobierno, como la decana de Economía de Uniandes, Marcela Eslava, lo califican de “tímido en su magnitud” comparado con las necesidades y con lo que están haciendo otros países. En términos más precisos: es un gasto extremadamente escaso no sólo por la precariedad de la ayuda a los hogares (insignificantes $160 mil mensuales por 3 meses en el nuevo programa Ingreso Solidario) sino porque deja por fuera a la mitad de las más de 9 millones de familias vulnerables que requieren apoyo económico suficiente y por varios meses para no hundirse en la pobreza y la desnutrición. Sin duda, el ínfimo valor asignado a este rubro (cerca de 0,3% del PIB) refleja la irrelevancia que el Gobierno atribuye a la crisis social. Igual que a la preservación de los puestos de trabajo, para cuya conservación por las empresas decidió tardíamente concederles unos subsidios exiguos que sólo han llegado a una insignificante proporción de las empresas pequeñas y microempresas que más lo necesitan (5% en Bogotá). Y, por tanto, no han frenado el aumento de un desempleo cercano ya al 30%... pero sirven para aparentar interés en hacerlo.

No es fácil encontrar en la región latinoamericana y el mundo un ejemplo más deplorable de miopía económica e insensibilidad social que el de éste gobierno. En Suramérica incluso los países más pobres, como Paraguay, han destinado al menos 6% de su PIB para hacerle frente a la crisis. Otros, que vienen de una recesión profunda y prolongada anterior a la pandemia, como Argentina, han aprobado un Ingreso Familiar de Emergencia que cubre a 9 millones de familias en un país con menos población que Colombia. De ahí que Iván Duque, siguiendo su reiterada maña de disfrazar la realidad cambiándole de nombre a las cosas, no ha encontrado una salida mejor que inflar el deficiente gasto público destinado a la emergencia y manipular las cifras para presentar como un derroche de generosidad fiscal el manejo mezquino del mismo por su gobierno. Pero su hábito de subestimar a sus conciudadanos y verlos como espectadores sin criterio de su show televisivo, no le permitió anticipar que muchos se irían a preguntar, con sobrada razón, a dónde fue ese supuesto gasto de $117 billones. Si el hecho de apoyarse en un discurso lleno de engaños es el significado de demagogia, evidentemente tenemos un avezado demagogo a la cabeza del Estado.

La ruta para la recuperación económica proyectada por Carrasquilla

La mayoría del país sabe (vox populi, vox Dei) que la notoria incapacidad del primer mandatario y su subordinación a Uribe lo ha llevado a delegar las decisiones importantes en los ministros escogidos por el expresidente; y, en tales temas, Duque se desempeña principalmente como comunicador oficioso. En lo económico, donde este gobierno se rige por la cartilla neoliberal, el poder recae en el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el “ministro estrella” para los bancos y los grandes grupos económicos, los verdaderos favorecidos con su política fiscal. Cabe recordar que éstos fueron los que financiaron la elección de Duque, al lado de los terratenientes y ciertas fuerzas de la economía subterránea y el paramilitarismo, viejas aliadas tanto de este sector retardatario y usurpador de tierras como de los clanes políticos regionales.

Para la concepción neoliberal, que ve esencialmente a las naciones como segmentos del mercado y fuentes de rentas para el capital financiero y otros grupos rentistas, el desarrollo, el bienestar social y el empleo son, si acaso, subproductos no indispensables de la prosperidad de los multimillonarios. En eso se centra la llamada “confianza inversionista” que Uribe hizo su consigna. Por eso mismo, aun en las graves circunstancias de esta pandemia, la prioridad del gobierno de Duque en la política económica ha seguido siendo proteger al máximo esas rentas privadas al costo de minimizar el gasto público y mantener el inequitativo sistema fiscal que él mismo ha contribuido a empeorar con sus reformas tributarias de 2018 y 2019.

Dentro de tal agenda excluyente y rígida de las finanzas públicas, la política social durante la pandemia se sigue limitando a unos programas para repartir migajas entre una parte de los damnificados; no más de lo indispensable para procurar disimular, con la ayuda de los medios y apologistas afines, el uso masivo de los recursos públicos en asegurar la liquidez de los prestamistas y buscar la calificación favorable de las Calificadoras de Riesgos, que les abre a éstos una puerta más cómoda y rentable al mercado de capitales. Muy ilustrativo es el hecho de que en una reunión reciente de algunos mandatarios latinoamericanos con el FMI, el BID y otras agencias financieras, mientras varios de los jefes de Estado plantearon claramente la necesidad de una rebaja al menos parcial de la deuda o una moratoria en su pago, la posición del presidente Duque fue completamente distinta. Su único comentario fue para quejarse por el rigor de los criterios de evaluación de las Calificadoras de Riesgos.

Es inexacto que la política de escatimar los recursos del Estado para el gasto social y las ayudas compensatorias al sector productivo haya sido, como suele presentarse, consecuencia de un exceso de prudencia dictado por la responsabilidad de controlar el déficit fiscal, causado más por los bajos ingresos fiscales que por el gasto público. Y no es cierto que el Ministerio de Hacienda, bajo el imperativo de las circunstancias, ha venido flexibilizando su excesiva ortodoxia doctrinaria para dar gradualmente espacio a un proceso progresivo de inyección de recursos públicos a la economía, como sostiene la narrativa que le hace el juego a Duque y Carrasquilla. La composición del gasto de la emergencia económica explicada al comienzo de este artículo es un retrato fiel de las prioridades elitistas reales del Ejecutivo. Se deriva de una política económica neoliberal coherente, tal como se confirma en el remedo de estrategia del Gobierno para la recuperación económica en 2021 contenida en el nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) que el ministro Carrasquilla le ha presentado hace poco al país.

En dicho marco fiscal se prevé un recorte del gasto público el año entrante de $27 billones, casi equivalente al valor de los recursos presupuestados en 2020 para afrontar la emergencia sanitaria. Significa no solamente que supone que la pandemia habrá desaparecido y la vida se habrá normalizado en lo que queda del año, sino que los estragos sociales y la destrucción económica producida por la peor recesión de nuestra historia se revertirán; o bien, que la sociedad colombiana se resignará a convivir con semejante retroceso en el nivel de vida y el empleo sin reclamar ayudas e inversiones del Estado.

No hay en este plan una verdadera estrategia de crecimiento jalonada por la inversión pública, similar a la que han empezado a poner en práctica muchos países y han propuesto varios economistas colombianos (obras públicas, empleo de emergencia, gastos en salud pública, etcétera). Muy por el contrario, mediante un reciente decreto de la emergencia (1009 de 2020) se inicia una campaña de austeridad en el gasto gubernamental cuyo eje es la restricción en contratación de personal con cargo al presupuesto nacional.

Como algunos analistas han advertido, el MFMP más parece un ejercicio contable para un país imaginario, con el objeto de alcanzar en 2021 el tamaño económico de antes de la crisis. Y ¿cómo se logrará este excepcional resultado? No lo dice. Para la estrecha mentalidad de los tecnócratas neoliberales seguramente bastará con “la mano invisible del mercado”. En la visión de Carrasquilla y su escuela monetarista eso implica simplemente recuperar cuanto antes una relativa estabilidad macroeconómica para atraer capitales de cualquier clase, con tal que con ellos se pueda continuar financiando el déficit crónico de la balanza de pagos, resultados de una economía primario-exportadora atrasada y dependiente en exceso de las importaciones, que no se piensa tratar de superar. No se tiene en cuenta que sin restablecer al menos los niveles previos de la demanda interna, es decir el consumo de las familias y las empresas, no habrá recuperación productiva ni tampoco utilidades empresariales qué gravar que ayuden a equilibrar las finanzas públicas. Ni que decir que estos cálculos para nada suponen reformas económicas socialmente progresivas, que implicarían un mayor gasto público en salud, educación, vivienda, formalización del empleo, seguridad social, etcétera.

Como atinadamente han observado exministros como Caballero Argáez, no parece nada realista que la economía colombiana termine este año con una contracción de apenas 5,5% y alcance un crecimiento de 6,6% en 2021, en vez de menos 7,8% que prevé el FMI en 2020 y un rebote en el PIB del año entrante no superior a 4%. Las del MFMP son metas macroeconómicas desmedidas de improbable cumplimiento en medio del ajuste fiscal draconiano que plantea, por completo incongruente con las políticas expansivas del gasto público en la que se apoya necesariamente una reactivación económica.

Por otro lado, frente a la meta de sostener el déficit del 8,2% que proyecta para este año -debido no propiamente al modesto gasto público sino a la caída de los recaudos tributarios por la crisis económica- Carrasquilla ha dejado claro que no buscará, como sería lógico, una rebaja ni una reestructuración de la deuda para disminuir los cerca de $100 billones anuales que cuesta su servicio. Tampoco recurrirá a un préstamo del Banco de la República por una pequeña fracción de los redundantes USD$ 56.000 millones de las reservas internacionales, como sugieren muchos economistas. En su lugar tiene previsto, además de gestionar onerosos créditos externos, la enajenación de activos públicos por $12 billones y una reforma tributaria el año entrante para recaudar $20 billones adicionales.

En cuanto a lo primero, las valiosas empresas del Estado apetecidas por los inversionistas privados como Isa, Ecopetrol y su subsidiaria Cenit, le generan hoy al gobierno central ingresos de no menos de $20 billones al año. Carece de toda lógica económica transferir la propiedad y los actuales ingresos fiscales, en todo o en parte, al sector privado. Pero hay además una grave falla de lógica política en los tecnócratas del gobierno: no están considerando la resistencia denodada de los trabajadores y demás fuerzas patrióticas del país al inaceptable detrimento del patrimonio nacional que significarían esas privatizaciones.

En cambio, realizar una nueva reforma tributaria que recaude el señalado valor, equivalente a 2% del PIB, no sería en absoluto una tarea ardua ni contraria al interés nacional si se propusiera encaminarnos hacia un sistema fiscal progresivo, como ordena la Constitución. Colombia dispone de buen espacio fiscal, sostienen los expertos tributarios. Bastaría con revertir las gabelas obsequiadas a los grandes capitales en la pasada Ley de Crecimiento de Duque ($9,8 billones) y completar el monto con un impuesto al patrimonio o eliminando algunas de las más regresivas exenciones para obligar a pagar al 10% más rico de la sociedad impuestos en proporción a sus ingresos… al menos en un porcentaje igual al que paga en promedio cada colombiano. ¡Así de inequitativo es nuestro sistema tributario!

Referencias

Colombia invierte cerca $117 billones para atender la Emergencia Económica por la pandemia del covid-19. Id.presidencia.gov.co, mayo 27 de 2020.

¿Cuánto ha gastado el Gobierno en la lucha contra la pandemia? Portafolio, junio 25 de 20220.

Decreto 1009 del 14 de julio de 2020. Https://dapre.presidencia.gov.co.

Desplome de la economía colombiana sería peor: FMI lo calcula en -7,8%. Revista Semana, junio 26 de 2020.

Encuesta de Acopi mes de mayo. Valora Analitik, junio 11 de 2020.

Gobierno confirma que será necesaria una reforma tributaria. Revista Semana, junio 26 de 2020.

Presidente: ¿Dónde están los $117 billones? Cristina de la Torre, El Espectador, junio 29 de 2020.

Proyecciones económicas y riesgos políticos. Carlos Caballero Argáez, El Tiempo, julio 3 de 2020.

Plan de reactivación. Indalecio Dangond B., El Heraldo, julio 3 de 2020.