La mayor corrupción anida en altos cargos del Estado, con la complicidad de sectores privados que se benefician de ella
Estas breves líneas tratan de llamar la atención, con cuatro ejemplos recientes, que la corrupción anida en altos cargos del Estado. Los implicados son ministros, gobernadores, alcaldes, generales, coroneles y funcionarios públicos de rango superior. Y que esa corrupción en el Estado necesita la complicidad de sectores privados que se benefician, a veces mayoritariamente, de ella.
Por Yezid García Abello
Secretario general (e) del PTC / Bogotá D.C., 29 de abril de 2020
Hay tantas noticias y denuncias sobre corrupción en este gobierno de Duque-Uribe y, sobre todo, corrupción para beneficiarse ilegalmente de dineros públicos destinados a aliviar a algunos sectores de las consecuencias económicas, sociales y de salud de la pandemia, que muchas de ellas pasan desafortunadamente desapercibidas para la opinión pública. Refresquemos la memoria sobre cuatro hechos investigados por la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía que han escandalizado al país.
En publicitada rueda de prensa los entes de control revelaron que de los contratos para aliviar las necesidades de los colombianos más vulnerables en la pandemia hay, hasta ahora, 53 procesos contractuales con graves irregularidades por “más de 135.000 millones de pesos”. Con estas irregularidades están comprometidos gobernadores, alcaldes y funcionarios de alto rango, 41 funcionarios públicos investigados por la apropiación de recursos de la emergencia. Se han encontrado contratos para suministrar canastas alimenticias hasta con el 100% de sobrecostos. De tal magnitud son las irregularidades que, asustados, varios funcionarios cambiaron a última hora los contratos, lo que arroja una disminución de 6.584 millones de pesos, según la Contraloría. Claro está que la modificación de estos contratos no exonera de culpa a los defraudadores del erario que deben seguir siendo investigados hasta que les caiga todo el peso de la ley.
Un caso aberrante en el cual debió haber mucho dinero bajo la mesa es el de los créditos de fomento agropecuario que debió administrar el Fondo Financiero Agropecuario (Finagro) por 226.000 millones de pesos en un programa denominado “Agro Colombia Produce”. Créditos para pequeños productores del campo con bajos intereses (subsidiados por el Estado). A las dos horas, óigase bien, a las dos horas de expedido el decreto que establecía la línea de crédito, ya habían otorgado préstamos por más de 50% del total disponible. Esos préstamos finalmente se distribuyeron, de manera abiertamente ilegal, así: 213.000 millones para grandes productores, 8.500 millones para medianos y sólo 4.500 millones para los pequeños. Cómo sería de protuberante la irregularidad que hasta al ministro de Agricultura le formularon cargos y algunas grandes empresas devolvieron a las volandas buena parte de los recursos recibidos, lo que no las salva de la investigación y la condena ciudadana. Una gran empresa avícola, por ejemplo, recibió dos préstamos por valor de 20.000 millones de pesos, casi 9% del total de recursos disponibles.
En las Fuerzas Armadas la corrupción en el alto mando hace mucho tiempo campea impunemente. A los escándalos denunciados por los medios el año anterior ahora se suman una serie de contratos con evidentes sobrecostos, que pasarían al bolsillo de los oficiales que participaban en la adjudicación y las compras. Hasta ahora, por las investigaciones de los entes de control van tres altos oficiales separados de sus cargos y se anuncian nuevas separaciones de otros que aún permanecen en la sombra. De lo más aberrante fue la compra de tapabocas para la tropa a $45.000 cada uno y la respuesta dada por el Ejército a la Procuraduría ante la indagación: ¡que ese era un tema reservado por seguridad nacional!
Y un caso más, el del director general de la Policía Nacional, general Óscar Aterhortúa. El Fondo Rotatorio de la Policía contrató en 2012 con la empresa Socar Ingeniería Ltda. la construcción de 51 casas fiscales para adjudicarlas a las familias de los comandos “Jungla”, encargados de operaciones especializadas de ese cuerpo armado. Esas casas, que han debido ser entregadas por los constructores en 2014, nunca fueron terminadas ni entregadas en condiciones de ser habitadas. Ese “elefante blanco” causó un detrimento patrimonial, según la Contraloría, de 5.364 millones de pesos. La Procuraduría llamó a juicio disciplinario al general Aterhortúa en marzo pasado porque siendo director del Fondo Rotatorio declaró que recibió las casas a entera satisfacción y, además, “presuntamente habría intentado usar sus influencias para obtener información privada del proceso que se sigue por esos hechos internamente en la Inspección General de la Policía”, según el diario El Tiempo. La Contraloría también adelanta una investigación fiscal sobre este grave asunto.
Estas breves líneas tratan de llamar la atención, con cuatro ejemplos recientes, que la corrupción anida en altos cargos del Estado. Los implicados son ministros, gobernadores, alcaldes, generales, coroneles y funcionarios públicos de rango superior. Y que esa corrupción en el Estado necesita la complicidad de sectores privados que se benefician, a veces mayoritariamente, de ella. No se trata, como dijo el presidente Duque ayer en la asamblea anual de la Cámara de Comercio Colomboamericana, “de atizar resentimientos sociales, ni estimular la lucha de clases”; se trata de que definitivamente es un exabrupto colocar en el mismo plano a los pobres, desempleados, informales y vulnerables que se manifiestan radicalmente ante las angustias que les ha traído la pandemia y protestan en las calles pidiendo pan y techo, y los burócratas corruptos de altos cargos del aparato estatal, que se enriquecen con el dinero y el sufrimiento de los colombianos.