A propósito del 1º de mayo. Colombia, muy cerca de una situación límite

Muy claro se veía ya, con antelación a las movilizaciones y concentraciones del este 1º de mayo, que estaba en curso una nueva medición de fuerzas entre el Gobierno Petro y la oposición de derecha. Es la cuarta confrontación en este cuatrienio entre las fuerzas del viejo y del nuevo país, los dos bandos que libran el pulso por definir si se abren paso las transformaciones del cambio, o, por el contrario, si les será cerrado el paso abruptamente.

Sucesos que elevan la temperatura política 

Abril se vino con sucesivas descargas de ramalazos mediáticos y políticos contra el Gobierno Petro. A primeros del mes el estruendo fue por las intervenciones del gobierno de las EPS Sanitas y la Nueva EPS, coetáneas a la solicitud de intervención de Compensar, seguido por el estrepitoso festejo de los medios oligárquicos por el hundimiento de la reforma a la salud en el Senado, que amplificaron a más no poder. 

Y aunque la suerte corrida por la reforma pensional en la Cámara no fue tan drástica, es un hecho que la oposición melló su filo: de la propuesta de hasta los 3 salarios mínimos que el Gobierno proponía inicialmente para que los trabajadores pasaran a Colpensiones se quedó en 2,3 salarios mínimos, una reducción considerable, que obligó a la CUT a pronunciarse en contra de ella, a pesar de su acuerdo con otros aspectos de la reforma así negociada.

A mediados de la segunda semana de abril, echando atrás una jurisprudencia anterior de la Corte Suprema, favorable a los trabajadores, la Corte Constitucional decidió que, en adelante, las personas que quieran trasladarse de un fondo privado a Colpensiones deben sustentar con pruebas que recibieron poca información o que fueron desinformadas al momento de pasarse a la AFP. Fue claro que la medida de la Corte apuntaba en sentido contrario al proyecto de reforma pensional del Gobierno Petro. La decisión acerca al punto de cierre completo del cerco creciente tendido por las demás ramas del poder del Estado en torno al Gobierno Petro. Unas entidades públicas primero ─la mayorías tradicionales del Congreso, la Fiscalía, la Procuraduría─, y otras después ─las altas Cortes─, se turnan para hostigar y sitiar al Ejecutivo en una obstinada defensa del antiguo orden de cosas. La cadena de sucesos políticos recientes apunta inequívocamente en esa dirección desde meses atrás. 

Y a fines de la tercera semana del mismo abril se anunció en el Consejo Nacional Electoral la presentación de un proyecto de resolución para formular cargos contra el presidente Petro, el gerente de campaña y hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y contra los auditores de la campaña presidencial de 2022 por presunta violación de topes y financiación irregular. Al igual que lo hizo la Fiscalía de Barbosa, una fracción de la magistratura del órgano electoral se dedica con gran tesón a demostrar que la donación de $500 millones, de Fecode a Colombia Humana, habría terminado en las cuentas de la campaña presidencial de Petro, como otro aporte de la Unión Sindical Obrera (USO). Otro tanto, con un empeño igual o superior, efectúa el mismo Consejo Nacional Electoral, investigando los vuelos de la empresa Sadi realizados a la campaña presidencial de Petro y cuáles fueron y en cuánto se tasan los presuntos aportes a ella del empresario Euclides Torres. A su turno, la tarea también emprendida antes por el exfiscal Barbosa con marcado ánimo persecutorio en el proceso judicial adelantado a Nicolás Petro, se prosigue por el fiscal del caso con el mismo celo y diligencia con que inició las incriminaciones hechas al hijo del presidente. 

El asunto dista mucho de una pesquisa rutinaria. Como nunca antes con ninguna otra campaña presidencial, el Consejo Nacional Electoral se concentra en un escrutinio milimétrico de los gastos de campaña de Petro y la mayoría derechista en la Comisión de Acusaciones de la Cámara se apresta a recibir la correspondiente imputación de cargos del caso. 

Cuán diferente la actitud de los organismos de control, de la Fiscalía y del aparato entero de justicia cuando en las presidenciales de 2014, el entonces candidato del uribismo, Zuluaga, viajó en vuelo de urgencia al Brasil, acompañado por quien después, en uso de su turno en la fila uribista, Iván Duque, llegó a la presidencia de la república en 2018. Ese vuelo pedigüeño y cómplice, para recibir la plata del soborno de la multinacional Odebrecht, jamás fue investigado con el celo que ahora les sobra, como no fuera para el acostumbrado simulacro de las investigaciones exhaustivas que a nada conducen o a casi nada. Esta demasía de hoy, este rigor excesivo para escarbar hasta la más mínima falla del Gobierno Petro, incluida su vida familiar y privada, no son casualidad. Obedecen no a un abstracto apego a la justicia, tampoco a un democratismo que nunca se vio antes. Actúan al servicio de intereses de clase muy concretos, de la insaciable voracidad de una oligarquía que no sólo quiere incrementar más y más su ingente riqueza, sino que no admite la más mínima tentativa de un gobierno popular como el actual, de ponerle control y de reducir su rapaz acumulación. 

A pesar de que los gastos de campaña de Petro estuvieron por debajo de los topes tanto en primera como en segunda vuelta, la consigna es hallar a toda costa cualquier cosa utilizable, demostrable o no, convertible en escándalo mediático, es decir, en cabeza de proceso para sentar al presidente en el banquillo en un juicio político en el Congreso y cumplir el designio oligárquico de defenestrarlo, como no tienen empacho en proclamarlo en sus diarios y noticieros, por el cargo de “indignidad”.

Y el 21 de abril, alentadas desde los campanarios más retrógrados de la extrema derecha, tuvo lugar, orquestadas con bombos y platillos por la prensa y los medios masivos de comunicación de propiedad de la bancocracia, tuvieron lugar marchas de protesta contra el Gobierno Petro en distintos lugares del país. Un llamamiento, a plena luz del día, vociferado por los segmentos más ultras de la reacción colombiana, a derrocar el Estado de derecho, a oponerse con furia a las reformas sociales, a pisotear las libertades y mayores conquistas populares, al atentado, a las represalias y a la violencia. Como nos enseñan la experiencia histórica y las noticias diarias de la regresiva tendencia neonazi internacional ─que incluyen nuestro vecindario latinoamericano─, se trata de las clásicas turbas enajenadas que anuncian la cercanía del fascismo. 

Tan inquietante o más que las anteriores, la circunstancia que exige ojo avizor es la procedente del Departamento de Estado norteamericano. El 23 de abril, varias publicaciones reprodujeron las menciones del informe sobre los derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos de 2023, en uno de cuyos capítulos sobre Colombia se señala que la Fiscalía investiga al hijo y al hermano de Petro “presuntamente” por “aceptar pagos irregulares” que habrían entrado a la “campaña 2022” del presidente de Colombia. El informe, elaborado con base en informes del embajador Francisco Palmieri, fue publicado por el despacho del secretario de Estado Anthony Blinken. El vocero del Departamento de Estado, Vaden Patel, respondió a un periodista colombiano que su publicación obedecía a que esa entidad del gobierno estadounidense consideraba tales informaciones como “creíbles”. Aquello provocó una altiva nota de protesta de la cancillería colombiana en rechazo a las afirmaciones del portavoz del Departamento de Estado. Resulta en extremo significativo que el gobierno norteamericano haya sumado su apoyo a la pieza clave del tinglado en curso ─el supuesto ingreso de dineros ilícitos a la campaña presidencial de Petro o a la pretendida violación de topes─, indispensable para la culminación del llamado “golpe blando”. Apenas normal resulta que se hayan disparado las alertas tanto de la Casa de Nariño como de los sectores democráticos del país. 

Petro ha respondido de modo inmediato y contundente a las falsedades e incriminaciones contra su gobierno. Al gran estrépito mediático que las intervenciones del Gobierno a las EPS provocaron en los medios masivos de comunicación al servicio del gran capital privado, el presidente Petro presentó una rotunda réplica: “Es inmoral -dijo- que las EPS hayan dejado deudas por 25 billones de pesos sin pagar a hospitales y clínicas”. Y denunció que “en los últimos 10 años, las EPS dejaron morir 340.000 colombianos, mientras recibían recursos del Estado”. El presidente ha recalcado que la furiosa negativa de la élite plutocrática al cambio se reduce, en últimas, a proteger sus negocios billonarios. Botón de muestra, los fondos privados de pensiones, que en sólo 2023 generaron $50 billones de ganancias para el capital financiero. Que, en ese mismo año captaron ahorro de los trabajadores por $405 billones cuando, según la amarga queja de Santiago Montenegro, el director del gremio Asofondos, sin los traslados efectuados de afiliados de dichos fondos a Colpensiones tan voluminoso ahorro habría ascendido nada menos que a “unos $560 billones”. Se entiende por qué a los megarricos de los fondos privados no les entusiasman las reformas sociales y en especial la pensional. Sobre las marchas de la derecha del 21 de abril, expresó el presidente Petro: fueron más o menos 250.000 los asistentes [el informativo Infobae calculó unos 180.000] y reiteró no olvidar que se basan en el odio, “Un odio que yo no quiero que regrese al poder porque mataría mucha gente, quizá peor que como lo hizo en el pasado. Lo que añoran es la represión abierta, las masacres paramilitares y los asesinatos de jóvenes. Ese pasado de mafiosos en el poder no debe volver” (subrayados nuestros). 

La ofensiva mediática aupa la conspiración golpista

Comenzada esta nueva prueba de fuerza a fines del año pasado, 2024 se inició con la virulenta campaña de ataques de la oposición derechista contra el Gobierno. La recrudecida embestida contra el presidente comprendió las andanadas mediáticas de enero, febrero y marzo, y se ha extendido durante el tormentoso y entero mes de abril, con sus máximos picos manifiestos en las marchas de la derecha del 21 del mismo mes y las movilizaciones obreras y populares del 1º de mayo. 

La situación que aquí describimos corresponde al momento de mayor intensidad y antagonismo alcanzado por la lucha política en el actual gobierno. No es otra cosa que el resultado provocado por la ofensiva política contra el Gobierno Petro que alcanza su punto más alto en el año y 9 meses que lleva el cuatrienio. Revela un decidido empeño de empujar el país hacia una crisis nacional que nos acerca de hecho a una situación límite, de impredecibles consecuencias. Buscan con ello que brinde el momento propicio para derrocar al presidente. La fuerza detrás de tal arremetida, la coalición de sectores de la élite plutocrática del país y de sus agentes y subalternos; y la acción mediante la cual se ejecuta, una conspiración de sello ultraderechista en marcha, cuyo objetivo es el golpe de Estado. 

Mientras los círculos oligárquicos adelantan una verdadera cruzada difusora de mentiras a granel sobre el Gobierno Petro, magnifican sus fallas ─ciertas o inventadas─, y tergiversan con descaro sus actos y medidas, también ocultan, oscurecen o minimizan todos sus logros. Ningún reconocimiento al mejoramiento de de todos los índices económicos y al prestigio internacional ganado por las posiciones del gobierno colombiano en el ámbito global. Silencian cuidadosamente toda denuncia sobre la megacorrupción, los nexos con el narcoparamilitarismo o fechorías similares de los grupos super ricos, de sus empresas o personajes. Y en su pérfida operación de colocar una imagen invertida, cabeza abajo, de la realidad colombiana actual en la mente de millones y millones de colombianos, requieren así mismo un camuflaje constitucional que les provea la “justificación” para su objetivo golpista. Hoy no hay nada más importante de percibir, nada más amenazante y terrible para Colombia que la inminencia de esta mortal emboscada que quiere propinársele a la democracia, al proyecto de cambio que echó a andar este gobierno.

De seguro que, en la Casa de Nariño, el presidente y su círculo más cercano están por completo conscientes del mortal peligro que acecha y del golpe que se fragua. La decisión de Petro de marchar con los trabajadores, muy positiva, corresponde enteramente al momento aunque el esfuerzo principal sigue recayendo sobre los hombros del movimiento obrero. Como señaló desde los “balconazos”, la clave de todo reside en movilizar al pueblo, factor decisivo y fiel de la balanza en la pugna en desarrollo. Desafortunadamente, no vemos indicios de que ese mismo estado de alerta y de los consiguientes preparativos de defensa del proceso de cambio, se avive entre el grueso del equipo de gobierno, ni entre el del Pacto Histórico, ni en la mayoría de su bancada parlamentaria, ni en gran parte de sus efectivos y activistas a escala nacional. Y mucho menos en el grueso de la gran corriente popular que respalda al gobierno y sigue a la expectativa de los cambios. No son pocos los parlamentarios del Pacto Histórico cuyo foco central de interés son las elecciones de 2026, y cómo mantener sus curules; y entre muchos de los que no lo son y aspiran a serlo, en cómo van a quedar para entonces en las listas. Embelesados en las cuentas de la lechera, no quieren ver el abismo frente a sus pies. 

Hacia una nueva fase del gran pleito político y social

Que esto se veía venir lo corroboran las varias advertencias hechas por el mismo presidente Petro desde mediados del año pasado. Y en especial en sus impactantes pronunciamientos de primeros de febrero de 2024. Alertó entonces que el Fiscal Barbosa había ordenado allanar la sede de Fecode con la pretensión de volver gasto de campaña el aporte de Fecode al partido del hoy presidente, y que aspiraba a investigar al primer mandatario a pesar de que la Constitución no lo autoriza. Denunció que la toma mafiosa de la Fiscalía configuraba una verdadera ruptura institucional, y el propósito del Fiscal Barbosa de propiciar un golpe de Estado. Y con los pies en la tierra, le pidió a la ciudadanía conformar, en todos los municipios del país, en todos los barrios y veredas, las coordinadoras de organizaciones y fuerzas populares para defender el primer gobierno progresista.

El pronunciado aumento de la agresividad de las fuerzas de derecha y ultraderecha, característico de su actividad en el más reciente tramo, arreció contra las reformas para hundirlas o congelarlas. El conjunto de la derecha, jalonada por las fuerzas enemigas de la paz y del progreso, de la oposición pasa a la conspiración. Pero ya no se trata simplemente de obstruir o paralizar toda acción del gobierno del cambio; ahora su guerra mediática muestra cada vez más un propósito golpista. Al estruendo de los medios, a la oposición en el Congreso, y a la basura ideológica de los llamados tanques de pensamiento del capital financiero y de otros gremios económicos, ahora se le une cada vez más una especie de cerco creciente de las demás ramas del poder del Estado para sitiar y boicotear al Gobierno Petro.

Por todo esto, con el alto grado de agudización del pulso que viene librándose entre las fuerzas del cambio y las radicalmente opuestas a su avance y realización, nos acercamos a una situación límite. Esta, que no es más que el umbral de entrada en una nueva y superior fase de escalonamiento del conflicto, al cual puede ser arrojado el país por la intransigente negativa de los superricos no sólo a enrutar la nación en un proceso de cambio negociado, sino a toda reforma o modificación parcial del estatu quo. En otras palabras, el rechazo de la oligarquía al acuerdo nacional propuesto por el Gobierno Petro, y su plan de cortar en seco el proceso de cambio, configuran un desafío y una voluntad de burlar toda aspiración y anhelo popular de cambio, tan intensa y vehementemente expresados en los paros tumultuarios de 2019 y 2021. La fase a que daría lugar consistiría, lisa y llanamente, en un choque abierto entre las fuerzas de los dos bandos. Porque traspuesto el umbral límite señalado, descartada y dejada atrás la fase de posibles compromisos y transacciones entre los bandos enfrentados, implicaría, en el gran conflicto político y social entablado en Colombia, un choque frontal, abiertamente antagónico y explosivo. Tal enfrentamiento directo entre los dos bandos opuestos conllevaría una brusca alteración de la correlación de fuerzas, que incidiría de modo sustancial en el rumbo del país en el futuro inmediato. Que, de inclinar la balanza del lado del progresismo y la izquierda, del pueblo, abriría la puerta a transformaciones fundamentales, al desarrollo nacional y al ascenso del nivel de vida de los colombianos. Pero que, si opera en pro de las fuerzas derechistas, padeceríamos un retroceso de consecuencias incalculables, de seguro con terrible costo en vidas, libertades públicas, represión extrema, cruel aumento de la desigualdad social, la pobreza y el hambre, y el ahondamiento del desastroso modelo neoliberal. 

Sólo falta el clamor del día internacional de los trabajadores para decidir el desenlace de la reñida prueba de fuerza en curso. Que eche abajo diques y barreras, entrampamientos y conspiraciones, para que el sol de los de abajo ilumine la inmediata sendero de Colombia. Y más allá. 

30 de abril de 2024