La nueva Reforma Tributaria de Duque

En el momento de escribir estas líneas no se conoce el texto detallado de la tercera Reforma Tributaria que el presidente Duque y su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentarán al Congreso después de la Semana Santa. Sin embargo, el gobierno ha socializado a los gremios económicos y a los congresistas de la coalición que lo respalda, a través de un resumen ejecutivo que se ha filtrado a los medios, los aspectos centrales de la Reforma, que Duque y Carrasquilla denominan “Ley de Solidaridad Sostenible“, como si cambiándole el nombre al atraco la gente trabajadora del país no supiera que van a meterle la mano al bolsillo sin miramientos.

Pese a los elocuentes anuncios del presidente Duque en el sentido de tildar de “inconveniente” presentar al Congreso un proyecto de reforma tributaria este semestre, el hecho cierto es que las arcas del Gobierno Nacional van por el recaudo de nuevos recursos por $30,3 billones de pesos anuales, echando por la borda algunas de las recomendaciones de la Comisión de Expertos Internacionales que el mismo presidente había convocado, como reducir en algunos puntos la tarifa del 19%, eliminar exenciones, buscar un sustituto del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y eliminar el 4X1.000. En cambio, el Gobierno opta por incrementar la tributación de los sectores productivos y los asalariados, y se mantienen las prerrogativas y exenciones para los grandes capitales, grandes empresas y grandes propietarios. El tema es de tal magnitud que el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, hoy comentarista económico de Caracol Radio y precandidato presidencial del Partido Conservador, afirma que la reforma “le quitaría a las familias el 56% de su ingreso disponible después del consumo”.

De los $30,3 billones, el aumento del impuesto de renta para personas naturales, que ahora cotizarán desde sueldos y salarios de $2,5 millones, y el gravamen a las pensiones superiores a $7 millones, corresponden a $16,8 billones y las modificaciones al IVA, gravando elementos del diario consumo de los colombianos como el café, el azúcar o el chocolate significan $10,5 billones. Es decir, estas tres fuentes de recursos –salarios, pensiones y modificaciones regresivas al cobro del IVA– suman $27,3 billones, lo que representa 90% de lo que aspiran recaudar con la Reforma. En contraste, el impuesto al patrimonio superior a cinco mil millones de pesos, el gravamen a los dividendos y el ligero aumento a la tributación de las grandes empresas sólo asciende a $3 billones.

El IVA, vale la pena recordarlo dado que en Colombia más de 60% del empleo es informal y la pobreza ha crecido enormemente, es un impuesto regresivo, ya que su pago no depende del ingreso ni del patrimonio del consumidor. Paga igual impuesto el pobre y el rico, el desempleado que el rentista. El mayor recaudo del IVA provendrá de ampliar la base de productos gravables y subir de 5% a 19% el impuesto a lo que el Minhacienda considera productos suntuarios: harinas de maíz, sal, pastas, cereales, carnes frías o embutidos. Además, muchos bienes anteriormente clasificados como exentos del pago del IVA serán clasificados como excluidos –carne, leche, pollo, entre otros –, cuya consecuencia inmediata es que los componentes de la cadena productiva de esos bienes sí pagarán el impuesto y ello implica el incremento del precio al consumidor. Esos productos, ahora excluidos, quedan en desventaja frente a productos similares de origen extranjero que no tendrán aumento de precios. La justificación de estos incrementos es que una pequeña parte del recaudo del IVA ($ 45.000 por hogar y por mes) será reembolsada a los sectores más vulnerables (16% de la población, es decir, sólo a la mitad de los pobres que hay en Colombia).

Si se aprobase el texto hasta ahora conocido, 1.300.000 colombianos que antes ni declaraban ni pagaban impuestos, porque su salario era inferior a $4 millones mensuales, se convertirán en nuevos contribuyentes al superar el nuevo límite que se reduce a $2,5 millones mensuales. 

Por el lado de la tributación de grandes patrimonios se propone una tarifa de 3 por mil cuando estos superen los $5.000 millones, lo que aportaría $1 billón al recaudo. Y entre el gravamen a los dividendos y un ligero aumento de la tributación de las grandes empresas, obtendría el fisco $2 billones más para totalizar $3 (10% de los recursos que aspiran recaudar), prueba evidente que la nueva Reforma mantiene los privilegios y las exenciones a grandes capitales y grandes propietarios y se ensaña con los sectores medio y pobre de los colombianos.

Según Salomón Kalmanovitz, ex codirector del Banco de la Republica, el proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible deja vigentes las exenciones que permitieron que en 2020 “el sector financiero pagara solo 1,9% de sus utilidades de $121 billones; las empresas petroleras, el 7% de sus utilidades de $92 billones; y las empresas mineras 6% de $31 billones, cuando debieron pagar 33% que la ley establece para las demás empresas. El costo para el fisco de esos tres sectores fue de un poco más de $80 billones”. Es decir, casi tres veces lo que el Gobierno pretende recaudar con su nueva Reforma Tributaria.

El ministro de Hacienda ha dicho que los nuevos recursos se distribuirían así: el pago de $5,1 billones a las regiones para cancelar su deuda atrasada con el Sistema General de Participaciones (SGP); $15,7 billones para el rubro denominado “ajuste fiscal”, que es el pago de deuda pública; y $9,5 billones para los denominados programas sociales. Esos programas sociales son: Ingreso Solidario que tiene un costo de $7,6 billones y cobijaría 4,7 millones de familias en pobreza extrema y vulnerabilidad a razón hoy de $160.000 mensuales por familia; devolución del IVA por valor $1,5 billones; y $0,4 billones destinados a matrícula cero para estudiantes de bajos ingresos, subsidios al primer empleo y la continuidad del PAEF (Programa de Apoyo el Empleo Formal) hasta diciembre de 2021.  

Vargas Lleras, defensor de la baja tributación de los grandes capitales, sin ninguna sustentación seria a la vista, plantea en su columna dominical en El Tiempo que se trata de “un conejazo que lleva a una tasa de tributación efectiva de 70% y asfixia al sector productivo al quitarle toda competitividad”. Se le olvida a Vargas Lleras, con torva intención, que el recaudo de impuestos nacionales ha sido históricamente inferior a 15% del PIB, con la única excepción del 2020 porque debido a la pandemia cayó más el PIB que el recaudo. Es uno de los porcentajes de tributación, en relación con el PIB, más bajo de los países de la OCDE.

Este gobierno de Duque se ha caracterizado por ser un gobierno que no negocia, que no dialoga, dictatorial, mentiroso y maniobrero. Frente al gigantesco Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019 se las ingenió, con unas estériles conversaciones que convocó con sectores que no eran representativos del paro, para llegar a diciembre sin soluciones y luego, no tuvo hígados, para aprovechar políticamente a su favor la pavorosa pandemia que asola la nación. Sin embargo, a través de las redes sociales y movilizaciones presenciales diversos sectores de trabajadores, indígenas y campesinos levantaron su voz contra las arbitrarias medidas oficiales durante el 2020. Es cierto que nunca, gobierno colombiano alguno, se había atrevido a proponer una reforma tributaria de la magnitud de la Ley de Solidaridad Sostenible, ninguno se había atrevido a tanto; pero también es cierto que, día a día, crece el descontento, se desprestigia el uribismo y se fortalecen los movimientos sociales, alternativos y democráticos.

Las Centrales Obreras han convocado para el 28 de abril un nuevo paro nacional por vida, paz, democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque. Es la mejor oportunidad para la protesta del pueblo colombiano frente a las pretensiones de Duque y Carrasquilla. ¡Acompañemos con decisión esta nueva convocatoria a la movilización!

Bogotá D.C., 2 de abril de 2021

* La foto-caricatura del artículo es de Fabián Díaz.