Sobre el Plan de Desarrollo del presidente Petro

Al momento de cierre de la presente edición de La Bagatela el gobierno del presidente Gustavo Petro dio a conocer su Plan de Desarrollo “Colombia, potencia mundial de la vida”. La premura del tiempo y la extensión de los documentos apenas permiten hacer una primera aproximación, en la seguridad de que será tema tratado en la profundidad debida en próximas ediciones del periódico.

El diseño del plan

De acuerdo con lo establecido en la Constitución Nacional, el nuevo gobierno en el término de medio año debe dar a conocer su plan de desarrollo y tres meses después debe empezar a ejecutarse. Eso implica que en los primeros meses de cada nuevo gobierno el presidente termina de ejecutar el plan de su antecesor mientras prepara el suyo propio.

Como es de suponer, el plan de desarrollo debe contener los puntos centrales de las ofertas de campaña y debe precisar las metas y los medios a través de los cuales se materializarán. De ahí que los cinco apartados del Plan del gobierno Petro se presenten como cinco grandes transformaciones: Ordenamiento del territorio alrededor del agua, Seguridad humana y justicia social, Derecho humano a la alimentación, Transformación productiva, internacionalización y acción climática y Convergencia regional.

Una gran diferencia entre este plan y el resto de los que ha habido en el país es que los anteriores se hicieron en las oficinas de los técnicos (muchas veces extranjeros, como ocurrió con el primer plan que tuvo el país a mediados del siglo pasado) mientras que para el actual el equipo del Departamento Nacional de Planeación realizó más de medio centenar de asambleas públicas regionales en las cuales los pobladores de muy diversas procedencias e identidades hicieron sus planteamientos. La tecnocracia neoliberal y sus plumíferos en los medios denostaron contra este ejercicio democrático tachándolo de populismo y augurando que de esas reuniones solo saldría una colcha de retazos. Medio año de trabajo mostró cuán equivocados estaban sobre la efectividad de la democracia como mecanismo para atender los requerimientos populares.

La economía política del Plan

El primer punto que llama poderosamente la atención de defensores y opositores del gobierno es el hondo viraje que se propone en el modelo de desarrollo del país. Como es sabido, desde los inicios del neoliberalismo en Colombia en 1990 uno de los objetivos evidentes fue acabar con la industria nacional para convertir al país en consumidor de cuanta manufactura se requiere, proveniente de Estados Unidos, lo que se materializó en el tratado de libre comercio que se empezó a diseñar para la región por Washington desde la Iniciativa de las Américas de Bush, pasando por el Área de Libre Comercio (Alca) de Clinton hasta llegar al TLC que Uribe negoció y que se puso en marcha en el primer gobierno de Santos.

A cambio de la desindustrialización del país se fue poniendo en marcha un modelo ya aplicado en estas latitudes desde mediados del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, el agroexportador o primario exportador, pudorosamente llamado ahora minero-energético.

Pues bien, una línea notable en Colombia, potencia mundial de la vida es un conjunto de medidas dirigidas a reindustrializar al país. Evidentemente no plantea volver a la típica fábrica de la primera y segunda revoluciones industriales sino a los procesos productivos de punta hoy en el planeta. A no dudarlo acá volverán las aves de mal agüero que plantearán que esa historia ya se intentó en tiempos pasados pero que “el modelo se agotó”. Por el momento lo único que se les puede decir es que afortunadamente el desarrollo de Corea del Sur no dependió de ellos o si no esa pujante economía puntera en la industria seguiría exportando pelo de mujeres, pescado y carbón, sus productos de hace medio siglo, y no los chips más avanzados del mundo.

Otro aspecto que caracteriza el modelo aperturista puesto en marcha por Gaviria en 1990 es lo que se denomina la financiarización. En síntesis significa que el capital financiero intermedia todas y cada una de las actividades sociales. Esa política, que refleja la etapa más rapaz del imperialismo, el capital financiero, se materializó en Colombia con la creación de las Empresas promotoras de salud (EPS) y en las Administradoras del régimen pensional (ARP) o fondos pensionales, entre otras formas. Con ello los recursos para la salud y las pensiones (y otros varios) ya no son administrados por el Estado sino por los particulares, los dueños de esos negocios. Eso no solo significa que los recursos no los puede usar el gobierno sino que la ganancia por su tenencia queda en manos de los propietarios de esas empresas y además cobran un porcentaje nada desdeñable por la administración. Contra ese estado de cosas también va dirigido el plan de desarrollo de Petro.

Estos dos aspectos reseñados del Plan –reindustrializar al país y achicar la acción del sector financiero en los servicios esenciales para la población– chocan de frente con los intereses de la élite económico-política del país, es decir ataca directamente sus ganancias. De ahí que no se haya hecho esperar la rabiosa reacción de los voceros neoliberales en sus agremiaciones y partidos en contra, como lo estuvieron en la campaña electoral durante la cual Petro planteó estos aspectos como centrales en su gobierno.

La financiación del Plan

Para la ejecución del Plan de desarrollo el gobierno anuncia la destinación de 1.154 billones de pesos para los cuatro años de vigencia, en el denominado técnicamente presupuesto plurianual de inversión. Vale la pena acá hacer una precisión. Cada año el gobierno cuenta con un presupuesto anual, tasado en 405 billones para el año 2023. Esa cifra se reparte entre las diferentes agencias del Estado y cada una de ellas a su tuno la distribuye entre gastos de funcionamiento e inversión. La suma de lo que las entidades van a invertir es de aproximadamente 74 billones en el 2023. Pues bien, el presupuesto total del plan de desarrollo (los $1.154 billones) es la suma de los recursos de inversión que habrá en cada uno de los cuatro años del gobierno de Petro. Hay otros recursos de inversión que no están en el presupuesto ordinario anual sino en otros presupuestos, siendo uno de los más importantes el llamado presupuesto bianual de regalías.

En síntesis no es que haya unos recursos anuales de inversión y otros recursos para los cuatro años del plan, sino que la suma de inversión de los cuatro años constituye el presupuesto plurianual de inversión. La diferencia esencial es que bajo la figura del plan de desarrollo la inversión es más eficiente y a más largo plazo que la hecha año por año sin plan.

Un dato significativo surge de la comparación del presupuesto del plan de desarrollo del gobierno Duque, el cual estuvo tasado en algo más de 1.000 billones de pesos, pero de esa cifra el 33% no provenían de recursos públicos sino de aportes del sector privado. Obsérvense las tablas 1 y 2 que muestran el origen de los recursos en el plan presentado a discusión del Congreso por cada gobierno.

Tabla 1. Fuentes que financian el Plan de inversiones públicas – Gustavo Petro. Cifras en billones de pesos de 2022.

Tabla 2. Fuentes que financian el Plan nacional de desarrollo – Iván Duque. PGN: Presupuesto general de la nación. SGP: Sistema general de participación. SGR: Sistema general de regalías.

Eso quiere decir que durante Duque el presupuesto del plan con recursos públicos era de unos 733 billones de pesos. El salto que da el gobierno Petro a la suma indicada es más significativo cuando se tiene en cuenta ese dato de la inclusión en el total de solo los recursos públicos con lo cual podría afirmarse que el plan pasa de los 733 billones de Duque a los 1.154 billones de Petro. Los nuevos recursos provienen de la reforma tributaria del año pasado (cuyos beneficios se seguirán percibiendo a partir de este año hasta que no se tramite otra reforma), del aporte territorial a obras y de ayuda externa. Esos recursos del presupuesto pasan de ser el 32% en el Plan de Duque al 50% en el de Petro.

Los ajustes en el aparato estatal

Es común que en el plan de desarrollo el gobierno pida facultades extraordinarias para hacer ajustes en la máquina del Estado para poder ejecutar el mismo plan, como se observa por ejemplo en el presentado por Duque y ahora en el de Petro. De manera que la bulla que están haciendo los senadores del Centro Democrático sobre este punto solo es una muestra más de la doble moral con la que actúan.

Evidentemente las reformas administrativas que vienen tienen que ver con la nueva estructura del Estado para poner en marcha la reindustrialización y la desfinanciarización de los servicios puestos de ejemplo en este documento. Debe recordarse que entidades que tuvieron un papel central en el impulso industrial anterior a la apertura económica como el Instituto de Fomento Industrial, IFI, fueron borrados de un plumazo, al igual que otros muchos, valga decir varios centenares, que atendían la dinámica industrial y agraria del país.

Así que una primera conclusión es que el Plan de Desarrollo del gobierno de Petro apunta directamente a cumplir con los asuntos centrales que ofreció al país durante la campaña. De lograr su realización el país dará un verdadero salto adelante en la dirección en que están corriendo los países más importantes del mundo, la industrialización, luego de predicar los neoliberales durante décadas que Colombia saldría del atraso con el modelo minero energético. Tres décadas de experimentación muestran qué equivocados estaban.