¿Se garantiza el derecho a la pensión en Colombia?

El descontento generalizado de los pensionados por los fondos privados con la mensualidad recibida es un problema de magnitud superlativa. Adicional al conflicto ético, moral y humano presentado –de lejos el más importante- debe preocupar también el significativo impacto económico negativo. Desde hace algunos años, Hollywood viene descubriendo que la tercera edad vive mucho mejor sus últimos años que antes y, por lo tanto, tendrían la facilidad para ir a una sala de cine. De ahí vendría una línea de producción específica para ellos. Así, hoy en día, series y películas lidiando con problemas de personas mayores son regulares en las pantallas grandes y chicas, además de exitosas. 

Los pensionados son personas consumidoras por excelencia, en cuánto solo tienen la obligación de disfrutar sus últimos años de vida. Infortunadamente, Colombia y el resto del mundo en general, han permitido la entrada de actores privados para administrar el ahorro de los trabajadores, siendo los encargados de entregar las mesadas pensionales una vez finalizado su periodo de cotización. El problema radica en que los ítems presentados por los privados como justificación para convencer a las sociedades de legarles ese oficio (mejor gerencia, manejo técnico, inversiones basadas en criterios especializados) jamás son más importantes que la filosofía dominadora de sus negocios: el afán de lucro. 

En Colombia, los fondos privados de pensiones son propiedad de banqueros y, para todos los prestatarios del mundo, su principal negocio es el encaje: tomar dinero de sus clientes y que ellos nunca lo saquen de sus arcas. Es tan conocido como cierto el argot popular que dice que: si todos los clientes de los bancos fueran mañana a retirar su dinero, el banco no podría entregar tal cantidad y quebraría ipso facto. Por eso para los banqueros el negocio de las pensiones es tan relevante: porque tienen depositantes que, por cerca de 30 años, nunca podrán retirar sus ahorros.

El problema del negocio se presenta al momento de entregar las pensiones. Para un banquero no es redituable, desde ningún punto de vista, satisfacer ese derecho de sus clientes. De hacerlo a cabalidad, como se merecen, los rendimientos y rentabilidades de sus empresas comenzarían a caer en picada. De ahí que, como sucede hoy, cercenen ese gasto en lo máximo posible, afectando el disfrute merecido de sus cotizantes e impactando negativamente la dinámica económica de las naciones.

Los bancos son expertos en crear crisis en la que ellos terminan enriqueciéndose. Gracias a su capacidad de prestar a una tasa variable, pueden ofrecer préstamos a bajo precio con colaterales importantes, los que luego encarecen hasta imposibilitar el pago de los acreedores y tomar su bien en prebenda. La crisis de la deuda de América Latina en la década de 1980, la crisis de las hipotecas subprime en los Estados Unidos en 2007 y, en el caso colombiano, la crisis del UPAC, todas tuvieron esa exacta misma dinámica.

¿Habría de ser diferente con las pensiones? Indudablemente que no. La banca es un negocio, por definición, rentista. Viven de ser poseedores de un activo que los demás agentes económicos requieren para funcionar. En su caso específico: el dinero. Desde siempre, su éxito y poder radican en su capacidad para tomar el dinero de los ahorradores, ponerlo en actividades de alto riesgo y privatizar las ganancias de sus apuestas, mientras socializan las pérdidas. Con las cotizaciones de los trabajadores, hacen exactamente lo mismo.

La figura de los auto préstamos debería alertar a cualquiera del riesgo corrido al depositar sus ahorros pensionales en un fondo privado de pensiones. Argucia financiera hecha ley para los fondos privados de pensiones, gracias al ministro de Hacienda de Juan Manuel Santos, el señor Mauricio Cárdenas, los auto préstamos son de trágico recuerdo para las finanzas privadas nacionales. La debacle de Interbolsa y la del Grupo Grancolombiano, tienen como principal causante a esta figura.

Así, gracias a esta ley, los grupos empresariales dueños de los fondos privados de pensiones tienen potestad sobre el ahorro de los colombianos y pueden, sin quebrantar la ley, tomar ese dinero e invertirlo en sus operaciones privadas. Lamentablemente, esas destinaciones no son necesariamente técnicas y responsables y, muchas veces, son impulsadas por ambiciones desenfrenadas. Los fracasos empresariales mostrados anteriormente son muestra de eso.

El miedo de los analistas pro-mercado favorables a los fondos privados de pensiones es que el gobierno tome el dinero de los pensionados y los inviertan en gasto o inversión pública. Pero ese miedo es infundado, porque el gobierno por ley no tiene esa potestad. Lo tiene prohibido, de hecho. Irrisorio es que guarden absoluto silencio sobre ese mismo derecho que sí tienen los grupos empresariales dueños de los fondos privados de pensiones. O son ignorantes, o son cómplices.

Por estas incompatibilidades, entre los intereses del sector privado y los derechos de los ciudadanos, es que un sistema como el colombiano, donde la mayoría de los cotizantes se encuentran en los fondos privados de pensiones, es que no hay una garantía del derecho a la pensión. El traslado a Colpensiones es una decisión a tomarse con premura.