Revocatoria de alcaldes alternativos ¿Qué se esconde? El caso de Daniel Quintero

La Constitución Política de 1991 reconoce la participación ciudadana como un principio y un valor fundante del Estado Social de Derecho, que es el modelo de Estado que nos define. En desarrollo de esta idea, un deber del Estado es promover formas democráticas en los procesos de decisión y de control de la gestión pública. En el artículo 2° de la Constitución Política se dice:

“ARTÍCULO 2- Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación...” (Subrayado del articulista).

Uno de los mecanismos de participación democrática establecidos en los artículos 40, 103 y 259 de la Constitución Política es la revocatoria del mandato. Este mecanismo está diseñado para defender el voto programático como una aspiración cualificada de la población en los procesos electorales. En consecuencia, los habitantes de una entidad territorial pueden promover que sus alcaldes o gobernadores sean revocados cuando se presente incumplimiento del Programa de Gobierno o cuando exista una insatisfacción general de la ciudadanía frente a su gestión. Los diversos mecanismos de participación han sido precisados en leyes estatutarias como la 131 y 134 de 1994, y la Ley Estatutaria 1757 de 2015.

Para poder utilizar este mecanismo se requiere que haya transcurrido por lo menos un año de gobierno, no obstante a escasos días de transcurrida la posesión de algunos alcaldes, que hoy enfrentan procesos revocatorios, ya se escuchaban voces que evidenciaban esa pretensión.

En Medellín se han conformado tres movimientos que se proponen revocar el mandato del alcalde de Medellín Daniel Quintero. Son ellos Primero Antioquia, Más Medellín y Medellín Cuenta Conmigo. Los argumentos utilizados nada tienen que ver con las causales legales establecidas en las leyes estatutarias pues plantean como central la supuesta amenaza que representa el alcalde para la joya de la corona de la ciudad que es EPM, y con lemas como ‘El pacto por Medellín te salvará: porque te amamos te vamos a recuperar’ que pretende esconder el amor toxico de grupos económicos y políticos de la región con la ciudad y EPM que el alcalde tuvo el valor de denunciar. Los voceros que tienen los promotores de la revocatoria y los intereses que dicen defender expresan claramente que las motivaciones son más una mezcla de intereses políticos y económicos huérfanos de poder y de contratos, que una insatisfacción general o incumplimiento de algún punto de su programa de gobierno.

Una reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) indica que el 62% de los ciudadanos de Medellín se oponen a la revocatoria y para el caso de Bogotá la cifra asciende al 78%. Esto indica que no existe una insatisfacción general de la población a pesar de la campaña mediática negativa que han realizado los promotores de la revocatoria y los errores cometidos por estos mandatarios en su gestión que tampoco podemos ocultar.

Las razones políticas de la revocatoria tienen en la mira las elecciones presidenciales del 2022 y las elecciones del 2023 en la ciudad, por lo que se proponen polarizar el clima político y estigmatizar a estos gobiernos como parte de una estrategia de oscuros intereses de la izquierda y probablemente de una conspiración internacional promovida por los llamados “ejes del mal” según la geopolítica de los EE. UU. sobre la cual giramos en la política global.

Adicional, el proceso de revocatoria tendrá un efecto distractor en el gobierno local frenando la ejecución de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo y en la opinión pública para hacerlos olvidar de los desaciertos en las inversiones de EPM en proyectos regionales, nacionales e internacionales que han representado pérdidas acumuladas por más de $20 billones y en las cuales se encuentran comprometidos los alcaldes y miembros de juntas directivas anteriores.

No desconocemos el estilo egocéntrico del alcalde Quintero y la ambigüedad de sus políticas en torno a EPM, como lo muestra lo relacionado con el cambio de su objeto social, su desacertada autorización para la intervención del Esmad en la Universidad de Antioquia, la política de contratación de favorecimiento a sus amigos y probablemente a los financiadores de su campaña, y la de precarización laboral de los trabajadores de la salud. Actuaciones que reprobamos y rechazamos pero que no son ajenas a las administraciones anteriores, de allí que poca autoridad moral tienen los sectores políticos y grupos económicos que han controlado la contratación en la ciudad y saqueado a la joya de la corona que dicen defender, para promover una revocatoria resaltando malas prácticas en las que han sido maestros aventajados.

Pero reconocemos por otra parte el valor para denunciar las irregularidades y conflictos de intereses que se presentaban en EPM, la ampliación de la infraestructura de salud para atender la emergencia, el programa de matrícula cero en los centros de educación superior de la ciudad, su compromiso con el Metro ligero de la 80 y otras obras estratégicas de ciudad que se vienen adelantando.

Lamentamos que un mecanismo de participación ciudadana, como la revocatoria del mandato de los gobernantes territoriales, se venga desgastando por el mal uso y abuso de este derecho democrático al convertirse en una estrategia revanchista por parte de las expresiones políticas y los intereses que pierden el poder en las elecciones territoriales.

No obstante, al alcalde le haría bien un poco de humildad y un diálogo fluido con los colectivos organizados que por décadas han venido pensando y reflexionando sobre la ciudad para contribuir a una mejor gestión pública. Esto le podría ayudar a contrarrestar con mayor fuerza la contracorriente revocatoria y a mantener un futuro político en el país.

A propósito del tema publicamos sendos comunicados acerca de la revocatoria de los alcaldes alternativos de Medellín y Cali.