Sobre la extradición y el proceso de paz. Decisión de soberanía de la Corte Constitucional

Marcha en Bogotá el 18 de marzo en defensa de los acuerdos de paz y la JEP en la Plaza de Bolívar

Por la Redacción

En un claro y contundente mentís contra la posición del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, de que la JEP no puede pedir ni decretar pruebas en casos de extradición de implicados principales en el proceso de paz, y en un adelanto a las objeciones del gobierno de Duque contra la Ley Estatutaria de la JEP, la Corte Constitucional, al resolver una demanda contra la ley de procedimiento de esa justicia transicional, dictó cátedra de soberanía jurídica y dignidad nacional.

La triada diabólica en que se han convertido la DEA, el fiscal general y Álvaro Uribe contra el proceso de paz y la JEP, su institución insigne, utiliza como instrumento principal la extradición de Jesús Santrich. El montaje lo preparó la DEA, lo legalizó la fiscalía y lo utilizó Uribe y su gobierno títere con el fin de debilitar y hacer trizas los acuerdos de paz, empezando por minar y desprestigiar la trascendencia de la JEP en el conocimiento de la verdad, la reparación de las víctimas y la no repetición, es decir, la justicia restaurativa.

La Corte Constitucional decidió que la JEP sí puede pedir y ordenar pruebas en los casos de extradición de personas sometidas a esta jurisdicción, para establecer la fecha en que supuestamente se cometieron delitos que sustenten este pedido. Con ello la Corte ratifica un fallo anterior en el que resolvió una colisión de competencias entre la Fiscalía y la JEP a propósito del caso de Santrich.

Esta determinación de la Corte es un duro golpe al fiscal Néstor Humberto Martínez, quien ha sostenido que con la posición de la JEP en el caso de Santrich “ha quedado amenazada la institucionalidad democrática, las competencias del Congreso, la integridad de la jurisdicción ordinaria y la cooperación judicial internacional en la lucha contra el delito”. También a la postura del gobierno de Estados Unidos, que a través de su vocero, el director de la oficina de asuntos internacionales, Vaughn A. Ary, escribió, en carta del Ministerio de Justicia que tramitó el pedido de pruebas solicitado por la JEP en el caso de Santrich, que esto era “evidencia innecesaria para decidir sobre esta solicitud de extradición”. Y sin duda un revés para Álvaro Uribe, el Centro Democrático y el gobierno de Duque que han sostenido por boca del expresidente que "queremos que no hubiera JEP (pero) la realidad del país muestra que hoy no es posible eliminarla, pero sí reformarla".

La Corte Constitucional en su posición digna y soberana va más allá y decide que en los casos de extradición de personajes sometidos a la JEP y que se compruebe que han cometido delitos después del 1 de diciembre de 2016, la Corte Suprema de Justica está obligada a “ponderar la obligación del Estado de investigar y juzgar las graves violaciones de los derechos humanos, particularmente de los máximos responsables” y “debe reivindicar los objetivos del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, y los derechos de las víctimas.” Es decir, se debe privilegiar el derecho de las víctimas a la verdad, antes de extraditar.

Además, la Corte ente esta demanda decidió declarar inexequible el artículo que creó un procedimiento de juzgamiento especial para los militares, el cual había sido introducido por el Centro Democrático para debilitar la JEP. La Corte también tumbó la norma según la cual los militares no tienen la obligación de revelar el plan macrocriminal bajo el que miembros de la Fuerza Pública cometen delitos.

La opinión democrática del país, los organismos internacionales como la ONU, los países garantes del proceso de paz, Human Rights Watch y millones y millones de personas en Colombia y en el mundo vienen rechazando las maniobras de la “triada diabólica” contra los acurdo de paz, cuya última manifestación fue la objeción a seis artículos de la ley estatutaria de la JEP, realizada por el gobierno de Duque, obedeciendo los mandatos de Estados Unidos la Fiscalía y el uribismo. En este marco, las decisiones de la Corte Constitucional fueron recibidas con alborozo por la opinión pública. Así se vio este lunes 18 de marzo en la marcha mundial en defensa de la paz en Colombia, por las calles de París, Bogotá y Tumaco retumbó el grito de miles de gargantas juveniles: ¡A la plaza a defender los acuerdos y la JEP!