Hidroituango, su desarrollo encierra muchísimas realidades del país

Es de considerar que acercarse a su estudio va a requerir de la mirada de múltiples disciplinas, la economía, la ingeniería, la geología, la ecología, la sociología, la historia, la biología, entre otras, que además de sistematizar toda la información haga el examen crítico de la documentación y sintetice las enseñanzas del caso.

Se puede afirmar que tal proyecto de generación de energía hidráulica es estratégico para Colombia aun en el periodo de transición energética que se viene asomando. La posibilidad de generar 2400 MW que representa un 17 % de la demanda energética del país no es despreciable, aunque esté muy por debajo de los 22400 MW que genera la central hidroeléctrica más grande del mundo la de “Las tres gargantas” en China, que para su construcción fue necesario evacuar un millón de habitantes, y la desaparición de más de 300 poblaciones etc. El impacto ambiental donde se construyen tales centrales se hace inconmensurable, además de los impactos socioculturales, socioambientales y aun espirituales, que casi siempre quedan a un lado frente a los asuntos económicos.

Para el caso que nos atañe, a 26 octubre 2022 el costo del proyecto era de 17,6 billones, según Valora Analitik y para la gerencia de EPM es de 20 billones incluyendo los recursos de la recuperación de la contingencia y 2 billones por perdida por lucro cesante y no 8 billones como se proyectó inicialmente. Los estimativos del IDEA (Instituto para el Desarrollo de Antioquia) están entre 18,5 y 22.5 billones, unas cuatro veces el estimado inicial que fue de 5 billones. ¿Quién dirá la última palabra?

Por la emergencia ocurrida el 28 de abril de 2018, la aseguradora MAPFRE reconoció 4,3 billones a EPM, a pesar de que la póliza se estableció por 14 billones y se generaron críticas hacia el alcalde de Medellín por dicha negociación, la cual recibió aval de la Contraloría General DE LA República, además, imputó cargos de responsabilidad acerca de 26 funcionarios públicos, lógicamente, también quedaron exonerados.

Ese solo capítulo podría ser uno de los tomos de la Enciclopedia universal, así como las auditorías forense que contrataron ante las dudas formuladas por especialistas en cuanto al origen de la contingencia señalada, que permitieron esclarecer que la causa no dependió de acto fortuito de la naturaleza, sino por decisiones erróneas, particularmente por parte de quienes promovieron el plan de aceleración de la obra en 2015 bajo la alcaldía de Federico Gutiérrez, autorizando la construcción de una Galería Auxiliar de Desviación (GAD) sin licencia ambiental, cuando los canales de desviación del río Cauca se taponaron y el techo de la GAD colapsó, ya que solo tenía recubierto el 5% en concreto, lo que implicó proceder a evacuar las aguas a través de los cuartos de máquinas, destruyendo todo lo que aparecía en su paso. El Board internacional de expertos que asesoró a EPM revisó el informe de la firma Jahv McGregor el 18 de diciembre de 2020 y consideró que los riesgos técnicos asociados con la aceleración no son aceptables para un proyecto de esta envergadura. Por lo tanto, recomendó ejecutar el diseño original. Es decir, EPM actuó, contrariamente a todo lo que se le dijo y a todo lo que se le advirtió.

Es de anotar, que en ese entonces todavía la cota de la presa no llegaba al 50 % de lo actual que es de 415m. También se acudió a la construcción de un vertedero o desaguadero que es lo que ha permitido aliviar la presión que ejerce el agua represada, esa medida, que debió ser temporal, aun no se sabe qué impacto tendrá en la erosión de las montañas circundantes, ni de su estabilidad, que de fallar estaría permitiendo el paso de unos 368.000 metros cúbicos de agua por segundo. Tampoco se sabe del estado del principal punto crítico de estabilidad del macizo rocoso de la parte derecha de la presa ya que las unidades de generación de energía más cercanas las, 5, 6, 7 y 8, siguen taponadas. Los geólogos estudiosos del proyecto Hidroituango han demostrado, con la información disponible, que no se realizaron los estudios de estabilidad o de deslizamientos de las montañas aledañas con la suficiente rigurosidad, esto demanda costos y generalmente son las contradicciones entre economista del mercado y el rigor de los ingenieros, a sabiendas que por tal zona pasa el sistema de fallas geológicas Cauca y Romeral y que se tiene registros de grandes deslizamientos en esas latitudes como el megadeslizamiento llamado “El Guásimo” de unos 10 millones de metros cúbicos.

El Servicio Geológico Nacional instaló a final de 2018 una abundante y variada instrumentación para monitorear el comportamiento del macizo rocoso pero hasta el 2022 no ha dicho nada. El correspondiente estudio de riesgos y amenazas debe ser lo primero en abordar en todo tipo de proyecto de infraestructura ya que siempre afectaran a los pobladores de las zonas de influencia en primera instancia y que determinarían su viabilidad, es de preguntarse: ¿Por qué, Daniel Quintero no planteó su inviabilidad? Hidroituango seguirá siendo una amenaza para las poblaciones ubicadas aguas abajo de la presa.

La auditoría realizada por la empresa Poyry afirmó que para evitar el colapso del proyecto lo indicado era poner en funcionamiento las ocho turbinas y así reducir al máximo los riesgos de estabilidad.

Hasta el presente las unidades 1 y 2 pasaron las pruebas requeridas y están matriculadas en la CREG, lo que le permitió a EPM afirmar el no incumplimiento de ofrecer energía en firme a la fecha pactada y, por ende, evitar la multa de 192 millones de dólares. El presidente Gustavo Petro advirtió “Antes de prender cualquier turbina en Hidroituango se debe evacuar la población en riesgos como medida de precaución que es un principio universal” esto implica reubicar temporalmente unas 3500 personas de los municipios desde Puerto Valdivia, hasta Caucasia en condiciones dignas, se espera que tal condición sea satisfecha para entrar a la generación continua de energía por esas dos unidades en los próximos días. ¿Por qué esa reubicación no es definitiva y sus costos haber hecho parte del proyecto?

Al consorcio CCC Ituango (integrado por Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa Ramón H), se les dio por terminado el contrato y en una nueva licitación se asignó la responsabilidad de la construcción de las unidades 3 y 4 al consorcio PC-SC conformado por dos empresas Chinas y la empresa colombiana Schrader Camargo S.A.S, ésta, cuestionada por carecer de experiencia, lo que obligó a rebajar la exigencia de haber construido 94.500 metros cúbicos en experiencia constructiva a solo 28.350 metros cúbicos, aunque ya se le había entregado por parte de EPM el contrato para terminar los concretos de las unidades 3 y 4, que deben entrar en operación en noviembre de 2023. Es de resaltar que el empalme con CCC puede tardar unos seis meses. El monto del contrato asciende a cerca de un billón de pesos.

Los intereses por embarcarse en el proyecto Hidroituango parece que no fueron los mismos que indujeron a los chinos para abordar la construcción de la mencionada represa y en otras por ellos construidas, es decir, no solo era el asunto de la necesidad de producir energía para el desarrollo productivo, los chinos tenían la necesidad de domeñar el rio Yangtzé por las constantes inundaciones que les causaban, además, por su visión estratégica de aprovecharlo para el transporte de cargas; en nuestro caso se dice que había más interés por controlar la zona cercana al Nudo de Paramillo que ha sido históricamente un corredor del narcotráfico y de las fuerzas insurgentes e ilegales, de las cuales el paramilitarismo quería ser su apoderado. El 11 de junio de 1996 cerca de 22 miembros de un grupo paramilitar se dirigieron al corregimiento de La Granja, Ituango, donde asesinaron a un grupo de pobladores. Es de precisar que de este proyecto se viene hablando desde 1969 y su ejecución se inició en 2012.

Las cifras oficiales de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), a noviembre del 2017, reportaron 2238 personas víctimas de desaparición forzada en los 12 municipios afectados por Hidroituango. Según EPM hasta el presente ha invertido unos 2,5 billones de pesos en resarcimiento a las comunidades ubicadas agua abajo.

Otro especto que no se puede soslayar es la batalla política e ideológica que asumió el actual alcalde de Medellín, en términos de enfrentar al mayor grupo económico de Antioquia (GEA) por su injerencia en la administración del patrimonio público y en particular en una empresa eminentemente pública como lo es EPM, sus críticas al denominado gobierno corporativo establecido, la “puerta giratoria”, al papel de los socios estratégicos, etc. etc,. Fueron argumentos de su campaña y ha sido coherente con su discurso, esta temática será meollo del debate electoral en curso y para que el Estado se fortalezca será necesario romper con ese matrimonio y se restituya a cabalidad la autonomía de esa emblemática empresa de los antioqueños, también se debe garantizar su fortalecimiento técnico y financiero para abordar bajo la dirección de personal colombiano los retos del futuro cercano y para que sus trabajadores gocen de plenas garantías laborales.

Los antioqueños y en particular los medellinenses se benefician de las regalías que genera EPM, que en los últimos años ha estado cercanas a los 1,4 billones de pesos anuales, lo que les exige hacer una estricta veeduría y por ende una valerosa defensa ante cualquier asomo de amenaza de privatización, de debilitamiento financiero u obsolescencia tecnológica. Los sindicatos SIMPRO y SIMTRAEMSDES no han tenido coincidencia argumentativa asumiendo el primero una posición contra el alcalde y el segundo, con sus reservas frente al mismo, ha mantenido la bandera de la defensa de EPM como patrimonio público.

 El Partido del Trabajo de Colombia, regional Antioquia, no ha estado ausente en este asunto y públicamente dio su respaldo al alcalde cuando decidió entablar demanda contra los presuntos responsables de la contingencia de 2018, no obstante, también se opuso al interés promovido por el alcalde de cambiar el objeto social de EPM y promovió un espacio virtual titulado “EPM es Nuestra” con la participación de ciudadanos preocupados por el futuro de esa empresa. De la misma manera promovimos varios foros y debates virtuales con algunos actores sociales y políticos de la región.

Solo resta plantear la necesidad de disponer de todos los estudios previos que obras de tamaña envergadura demandan, la ciencia y la ingeniería deben ser las verdaderas orientadoras y sus estudios deben anteponerse al mero interés económico. Las famosas “confidencialidades” se vuelven casi una contantes y terminan deslegitimando una auténtica democracia, particularmente cuando está por medio recursos públicos, además, son el fiel reflejo de la vulneración del derecho a la información que a su vez es una herramienta idónea en contra la corrupción.