El falso positivo que Molano quiere negar
Son reiteradas las denuncias de la comunidad sobre la masacre que se cometió en Puerto Leguizamo por parte del ejército. La versión del gobierno en boca de mindefensa, Diego Molano, que tilda a Petro de embustero por rechazar la acción militar, es contraria a los hechos narrados por los pobladores que aseguran estaban recogiendo fondos en un bazar cuando llegaron hombres vestidos de negro disparando indiscriminadamente. La Bagatela ilustra el tema con columna de María Jimena Duzán y video del defensor de los Derechos Humanos, Camilo González.
Por María Jimena Duzán
El lunes 28 de marzo, nuestro ministro de Defensa, Diego Molano -el mismo que justificó el bombardeo de niños, que le declaró la guerra a Irán y que propuso encerrar en un protestódromo a los que salen a protestar en las calles- anunció en su cuenta en Twitter, con gran orgullo patrio, que la fuerza pública había “neutralizado” a once miembros de las disidencias en Puerto Leguízamo. Su trino lo remató con un hashtag más propio de Batman, el caballero de la noche: #ConTodasNuestrasFuerzas protegemos a Colombia de estos #simbolos del mal.
Sin embargo, en Puerto Leguízamo no parece que haya triunfado el bien sobre el mal ni que el ejército haya actuado pensando en proteger a Colombia. Según la comunidad de la vereda y la Organización de Pueblos Indígenas (Opiac) esa operación militar de la que tanto se ufana el ministro Molano, no fue un operativo contra las disidencias sino una masacre. La comunidad asegura que las once personas que murieron en la vereda El Remanso, no fueron “neutralizadas”, sino asesinadas y que lo que sucedió en esa madrugada del lunes 28 de marzo no fue un triunfo militar, sino un nuevo y atroz falso positivo.
Nada de lo que dijo el ministro concuerda con lo que vieron los habitantes de la vereda de El Remanso. El ministro Molano ha informado que cuatro personas fueron capturadas en el operativo pero la comunidad sostiene que su detención se hizo de manera ilegal.
Tampoco hubo combate contra las disidencias, como lo dice en otro trino el ministro Molano. Según la Opiac, el ejército llegó de repente, vestido de negro, e irrumpió en la vereda cuando sus habitantes estaban realizando un bazar con el propósito de recolectar fondos para la comunidad. Los militares abrieron fuego y de un tacazo mataron a 11 civiles colombianos. Entre los “neutralizados”, están el presidente de la junta comunal Divier Hernández y su esposa, padres de dos menores de edad de 6 y 2 años -al momento de su muerte tenían en su poder los once millones de pesos recolectados por el bazar- y Pablo Panduro Coquinche, gobernador del Pueblo Kitchhwa quien fue rematado con sevicia en la cancha de futbol.
También se ha sabido que la operación militar llevada a cabo en Puerto Leguízamo fue confirmada por un oficial vinculado a varios casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en 2007. Se trata del mayor general Édgar Alberto Rodríguez, comandante del Comando Conjunto N.3, del suroriente. Su nombre aparece en el informe que le fue entregado a la JEP por el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos Paz y Territorio y en el que se documentan los casos de cincuenta víctimas de ejecuciones extrajudiciales ocurridas cuando el mayor general Édgar Alberto Rodríguez era comandante del Batallón Magdalena.
En la época en que más se produjeron falsos positivos, el ejército contabilizaba sus bajas matando civiles y los hacía aparecer como guerrilleros muertos en combate. Les cambiaban la ropa, les ponían el uniforme de las Farc y les ponían en las manos armas que nunca habían usado. Se aseguraban de que las víctimas fueran jóvenes desempleados o pequeños malandros que se dedicaban al robo de billeteras. De esa manera justificaban sus asesinatos, como una forma de limpieza social.
En Puerto Leguízamo también se vio el mismo modus operandi. Las personas fueron asesinadas con tiros de corta distancia y varios cuerpos aparecieron con armas en sus manos. Sus víctimas no eran jóvenes desadaptados de los barrios populares, pero sí campesinos pobres, cocaleros, considerados por el ejército como sujetos ilegales que además se oponían a la erradicación forzosa. Eran desechables.
Sorprende que el presidente Duque y el ministro Molano sigan insistiendo en que la operación fue legítima cuando hay tantas evidencias de lo contrario. También preocupa el silencio del ejército, que nos debe muchas explicaciones. Todo indica que la operación fue un fracaso, que el ejército estaba persiguiendo a la disidencia y que tenían información de que iba a estar en ese evento de la comunidad. Sin confirmar la información, entraron a matar. Ahora que la comunidad ha salido a contar la verdad están intentando maquillar el horror para justificar lo injustificable.
El ministro Molano debería renunciar, si le queda un poco de dignidad, pero no lo va a hacer. En este gobierno no se caen ni los cocos.
Un ejército que entra a una vereda y abre fuego sobre la población civil, da miedo. Y que lo puedan hacer sin que el ministro ni el presidente los llamen al orden, da aún más susto. Algo muy podrido debe estar pasando en el poder para que estemos devolviéndonos al asesinato de civiles como vía para maximizar los éxitos militares.
El defensor de los Derechos Humanos, director de Indepaz, Camilo González.