Buenaventura y el Pacífico colombiano necesitan un Plan Marshall ¡ya!

Explicar, como lo hace el gobierno nacional y sus áulicos en la gran prensa la actual ola de violencia en Buenaventura como un problema exclusivamente de seguridad, de enfrentamiento entre bandas armadas que se disputan el territorio, funcional a la producción y exportación de cocaína, es un reduccionismo deliberado que solo conduce a enviar más ejército y policía como solución a sus problemas ancestrales e históricos, dejando de lado los asuntos estructurales que han hecho y hacen del puerto una cuidad de pobres, olvidada, abandonada, segregada, fragmentada, aspectos todos que configuran un puerto opulento y una cuidad empobrecida.

Más policías y más ejército es el remedio que han aplicado desde Bogotá, y desde siempre, como vacunas, cuando el brote de la enfermedad de la segregación, la pobreza y la miseria se expresa en violencia, asesinatos, control del puerto, como ahora, en el duro presente del Pacifico colombiano y de su principal urbe, un crisol de sus problemas, en donde la gente siente que la autoridad son los bandidos[1] y la oferta de los llamados agentes de las economías criminales superan las del Estado.

Mientras las causas de los padecimientos que aflora en los pliegues de la sociedad, permanecen en el tiempo. Y, claro, la violencia: Entre 1991 y 2013, Buenaventura experimentó una de las tasas promedio más elevadas de homicidios en el país, 69,58% por cada 100 mil habitantes, por encima del promedio nacional que fue del 50%.

Buenaventura es un infierno de pobreza donde la violencia se manifiesta en bucles de asesinatos, de muertes tempranas, de miedo generalizado, que se agudiza ahora con la presencia de los distintos frentes armados que se disputan el territorio como plataforma de exportación de la abundante producción de cocaína sobre todo el andarivel pacifico en aprovechamiento de la geografía, potenciado por el olvido estatal que propicia que decenas de jóvenes sin empleo, sin estudio, sin esperanzas, en medio de una gran incertidumbre, Sergios Stepankys[2] que se juegan su vida incierta y encuentren en la cadena de la coca los ingresos que no provee la economía formal.

Sin ingresos permanentes y dignos para la población, sin cambiar sus condiciones de vida radicalmente y en plazos razonables, de corto plazo, por fuera de las inconvenientes, inoportunas y desfasadas políticas de austeridad que dominan, aun ante los desastres de la pandemia, la toma de decisiones económicas del gobierno nacional[3], es imposible alcanzar la pretendida paz con legalidad, que en el fondo es una declaración de hostilidades contra el proceso de paz en dos de sus aspectos centrales: la política de tierra y la solución del problema de las drogas ilícitas, que el gobierno ha traducido exclusivamente en la guerra contra las drogas y en la fumigación con glifosato, es decir, guerra contra los campesinos cocaleros, el primer eslabón de la cadena y el más débil, mientras el negocio vive una verdadera bonanza.

Lo que se viene es una agudización de ese problema. Los campesinos cocaleros van a defender a muerte la única actividad económica de la región que le ofrece ingresos. El gobierno no les deja otra alternativa. La sangre no se va a secar sobre los campos de Colombia:

“Además, ¿cómo olvidar que las discordias de nuestra injusticia de décadas han hallado un alimento inmenso en la absurda guerra contra las drogas, esa multinacional primitiva en cuyas riquezas nunca se seca la sangre? El que pretenda decretar la paz sin asumir ese problema no podrá impedir este goteo de muertos que cada vez más es aguacero”[4].

La guerra contra las drogas, uno de cuyos escenarios es Buenaventura, un teatro cada vez más extendido en la geografía nacional, en condiciones de pobreza y miseria, es solo una cruzada contra una población atrapada entre los fuegos cruzados de sus infames condiciones de vida, las pretensiones de los ejércitos narcos y de las económicas ilícitas y la hostilidad del Estado despótico y ausente que reproduce sus difíciles circunstancias con su políticas económicas, que como la privatización de la infraestructura portuaria separaron el puerto de la comunidad y ahondaron la pobreza de sus mayorías.

Buenaventura sufre además la corrupción, que se regodea ahora con las prebendas del narcotráfico, a las buenas o a las malas, que ha sido tradicional de su dirigencia política que ha gobernado sus destinos que se ven rebasados por el entorno de las economías criminales que lo controlan y que también son responsables del actual estado cosas: “Tradicionalmente las alcaldías distritales han pasado agachados frente al problema. Ninguno los enfrenta. Por una parte, porque no tienen capacidad, los criminales y los bandidos son más fuertes que el estado local”.

Muchos de los miembros de la policía del puerto son cooptados por los señores de la droga que se expresan en la región y controlan el puerto. Habría que cambiarlos en su gran mayoría[5]. El Estado pierde la guerra contra las drogas en toda la línea.

Los bonaverenses, en su inmensa mayoría descendientes de la diáspora africana regada por estos territorios huyendo de la esclavitud en la que, bajo las formas de la miseria y el apartheid aún se mantienen, con los señuelos de una libertad inexistente, subsumidas en algunas conquistas, han peleado desde siempre contra la pobreza producto del legado colonial y de la incapacidad de los distintos gobiernos a todos los niveles de cambiar tan aberrante condición.

Desde 1964, cuando se realizó el primer paro o movimiento cívico registrado en una ciudad entonces de menos de cien mil habitantes, por las mismas reivindicaciones que llevaron a la realización del paro de 2017[6] por la Dignidad de Buenaventura, los distintos acuerdos a los que ha llegado la población con el gobierno nacional han sido incumplidos o cumplidos a medias.

Igual que los diferentes documentos Conpes, que al calor de los reclamos se han diseñados y recorren el camino de la realización a exasperantes pasos de tortuga. Entre tanto, la población sigue viviendo en la pobreza, en la miseria, sin viviendas dignas, sin agua potable, ni alcantarillado, sin empleo, cuya tasa es mayor al 60% y la mayoría de la población se desenvuelve en la informalidad.

La ley 1872 de 2017, producto del paro, mediante la cual se creó el Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura para la realización de una serie de obras prioritarias se han quedado en el papel: En algunos sectores llega agua día de por medio y en otros no llega y la surten por carga. Cuatro años después del acuerdo, la ciudad de medio millón de habitantes solo tienen un hospital de cuarto nivel, los colegios están en mal estado, no tienen escenarios deportivos ni culturales. El dichoso fondo aún no cuenta con gerente[7].

Al contrario de más policías y más ejército, lo que Buenaventura y el pacifico colombiano necesitan es una intervención masiva del Estado, vía un Plan Marshall, como ha reclamado con clarividencia el padre de Roux para la región[8], lejos de las políticas de austeridad. Las difíciles condiciones de vida de los habitantes del Pacifico colombiano viene vale una amplia emisión de dinero del Banco de la Republica para invertir ya en la región, porque el drama es humano, no pueden esperar a que a Carrasquilla le cuadren las cuentas del equilibrio fiscal. El campesinado excluido, expropiado y expulsado del mercado formal, sin crédito, ni tierra ni títulos ni vías ni tecnología, se amarró a la coca para salvarse y la guerra lo clava.

Desarrollar integralmente las regiones cocaleras hubiera podido ser el único punto de las negociaciones de La Habana, aparte de la seguridad y el desarme de los combatientes y la justicia con reparación, porque la transformación de las regiones cocaleras arrastra toda la reforma rural integral[9]. Mientras exista y persista este tratamiento de guerra contra las drogas ilícitas no habrá programas de desarrollo con enfoque territorial que valgan, ni habrá paz en las regiones.

Por lo pronto y urgente, todo el Pacifico colombiano requiere un esfuerzo fiscal importante para garantizar a la inmensa mayoría de la población una renta básica universal que le abone ingresos básicos y dignidad de vida. Las perspectivas, desafortunadamente, no son optimistas.