El plan de desarrollo de Duque: empobrecimiento e inequidad

Por Carlos Raúl Moreno Parra

Integrante Junta Directiva Nacional de Aceb

Tomado de El Bancario 13 / marzo de 2019

Un plan de desarrollo no es un plan de gastos

Un plan de desarrollo puede convertirse en una potente palanca de progreso de un país como lo ponen de presente ejemplos tan diversos como la extinta UURRSS y sus planes quinquenales o la República Popular China en la perspectiva marxista del progreso de las naciones, o los de Corea del Sur o Taiwán en economías capitalistas, para mencionar unos cuantos. En América Latina fue famoso el plan del presidente brasileño Kubitschek que denominó “Cincuenta años en cinco”.

Si algo hay común en estos planes es un motor o sector dirigente alrededor del cual se organiza toda la actividad productiva del país y ese eje se corresponde con lo que la historia ha decantado como la polea del desarrollo en los últimos dos siglos, la industrialización.

La diferencia entre un plan de desarrollo y un presupuesto nacional no es solamente el plazo de aplicación, cuatro años y un año respectivamente para el caso de Colombia, sino que el presupuesto es una lista de gastos mientras que el plan es un programa de desarrollo.

Otro elemento que debe tenerse en cuenta es que en la tradición colombiana el debate gira en torno a dos documentos. Uno, el plan en sí (“Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, es nombre que tiene el de Duque, en mil y pico de páginas) y el otro es un proyecto de ley que al convertirse en ley se supone que desarrolla el Plan (lo que presentó Duque al Congreso es un proyecto de 183 artículos).

Conviene destacar los principales yerros que trae el Plan y que permiten concluir que el país en nada mejorará su suerte y en cambio sí es altamente probable que empeore.

Nada para el desarrollo

Ante todo, se echa de menos una estructuración alrededor de una política moderna de desarrollo. El Plan está compuesto por quince “pactos”. Tres de ellos los llama “estructurales”. El más importante está anunciado en el título (equidad) y los otros dos son el emprendimiento y la legalidad. Desde ahí ya puede concluirse que no hay política de desarrollo sino un listado de gastos para alcanzar los tres pactos (más la otra docena de “pactos” no estructurales).

Pero no es claro de qué manera se alcanzará la tal equidad, pues ni siquiera plantea una adecuada medida de qué es la inequidad y cuales las causas para así mismo proponer las políticas para enfrentarla y las herramientas para evaluar si se mejorará o no la suerte del país. El mismo raciocinio se puede hacer en torno al emprendimiento y la legalidad: Ni se plantea qué son esos dos asuntos, ni porqué el país carece de ellos ni cómo es que si se alcanzaran redundarían en el desarrollo. Evocar en el primer párrafo del plan a Álvaro Uribe Vélez como gran artífice de la futura Colombia con todo lo que el expresidente ha significado en cuanto a promoción de la ilegalidad –según se sabe sobre su oscura historia desde sus épocas de gobernador de Antioquia hasta la manera como se aprobó la reelección, pasando por los falsos positivos–, no es buen punto de referencia de “legalidad”.

Proponer como gran herramienta del emprendimiento y del desarrollo algo tan deletéreo y vacuo como la economía naranja, no pasa de ser un gracejo como tantos en los que ha mostrado ser experto el presidente Duque.

Micos a tutiplén

El articulado del Plan exhibe una gigantesca manada de escandalosos micos.

La norma que regula la elaboración del plan establece que debe haber unidad de materia, es decir, que el articulado del Plan apunte a materializar los objetivos. El resto son los “micos” que están prohibidos teniendo en cuenta que la discusión de la ley del plan es la menos democrática de las que hay para elaborar leyes porque se aprueba por el Congreso en tres meses, en una sola vuelta de discusión (o no lo aprueba y entonces queda en pie el proyecto que presentó el gobierno). Por eso se exige que haya unidad de materia, para que solo se discutan asuntos del desarrollo y no se use el Plan para meter de contrabando reformas a leyes que poco o nada tiene que ver.

Pues bien, Duque usa los artículos para meter de contrabando piezas de una reforma pensional, elementos de recorte de gasto que no pasaron en la ley tributaria del año pasado como lo atinente a subsidios a los sectores más pobres del país (el 85% de la población gana menos de dos salarios mínimos), crea impuestos como el de parqueaderos que ha sido derrotado muchas veces, apunta a acabar instituciones que tienen recursos parafiscales al establecer que ahora entrarán a la caja común, da entierro de tercera al Departamento Nacional de Planeación al dejar en manos de Hacienda la distribución de los recursos del Plan, y más micos que han sido pillados por los analistas. Este recuento ocuparía páginas y páginas pues además los artículos tienen una redacción tan arrevesada que no siempre es fácil captar la proterva intensión del gobierno.

Más locomotora minero-energética

Pero el problema central del plan de desarrollo de Duque es que apunta a fortalecer lo peor del modelo que se le ha aplicado a Colombia en la etapa neoliberal, las actividades minero-energéticas a manos de los grandes monopolios. El Pacto por la legalidad no es otra cosa que sacar del camino a los productores pequeños o artesanales para despejárselo a los emporios y monopolios que están al frente de las explotaciones de minas, pozos y latifundios.

No hay un plan de modernización o, lo que sería lo mismo, de industrialización, que ponga al país en el camino de lo que es el motor hoy en el mundo, la llamada cuarta revolución industrial, sino que ahonda más en el viejo modelo de saqueo de los recursos naturales.

El “Pacto por los recursos minero-energéticos” absorbe casi 100 billones de pesos del Plan (que totaliza un poco más de un mil billones de pesos) y uno de los componentes de la “legalidad” es la “seguridad energética” que absorbe 85 billones de pesos. En cambio la tan cacareada economía naranja tiene cinco billones y ciencia y tecnología (componente para entrar en el mundo de la revolución industrial) 20 billones.

Finalmente hay que destacar que el gobierno pide facultades extraordinarias en el Plan para reorganizar el Estado de acuerdo con las líneas que quedan mencionadas, es decir, para mantener el atraso, la sojuzgación y la antidemocracia.